Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 32578-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar la resolución de fojas 60/67 del Tribunal Fiscal de la Nación, como así también el artículo 3º de la Resolución DE PRLA Nº 5570/11 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la AFIP-DGA;
2Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional vencido (art. 68, primer párrafo del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. CAF N° 27402/2023. ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 32578-A)
C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, de julio de 2024.-
I. Que mediante la resolución de fojas 232/6 (de la causa en soporte papel), la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente el artículo 3º de la Resolución DE PRLA Nº 5570 /11 dictada el 23/08/11 por el Jefe de Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires. En consecuencia, declaró que los tributos adeudados por la actora –en su condición de garante- ascendían a la suma de $148.418,35 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e impuesto al valor agregado, con más los intereses que se devengaran hasta el efectivo pago (art. 794, CA). Impuso las costas conforme los respectivos vencimientos. Para así decidir, en primer lugar desestimó el planteo de nulidad formulado por la recurrente.
Al respecto, sostuvo que si bien la notificación de la corrida de vista dirigida a la recurrente se había formulado en base a la instrucción sumaria de fs. 188 (a fs. 260 y 271 de las act. adm.) que fue declarada nula, los hechos, actos, actuaciones y elementos consignados en ese acto son los mismos que se expresan en el referido auto de apertura de la Resolución N° 4036/2006 (DE PLA), siendo esta última un acto administrativo válido a los efectos perseguidos por el Fisco, conforme los términos del artículo 1094 del Código Aduanero. Concluyó por eso que la irregularidad de que pudiere adolecer el auto de corrida de vista de las actuaciones administrativas no había vulnerado el derecho de defensa de la firma responsable y dado que el acto había cumplido con su finalidad, debía estarse por su validez.
Examinó seguidamente el planteo de prescripción, para lo cual reseñó las disposiciones pertinentes del Código Aduanero (arts. 803, 804 y 805). En este punto, indicó que el plazo de prescripción comenzó a computarse a partir del 1º de enero del año 2000, por lo que la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos prescribía el 1º de enero de 2004 (por las DIT nros. 01 001 IT14 005086 C, 4620 S, 4030 N y 01001 IT16 000255 U) y el 1/01/05 (para la DIT n°02001 IT16 000063 5). Sin embargo, expresó que el curso de la prescripción se suspendió desde el dictado del auto de apertura del sumario (14/09/2006) con Alta en sistema: 03/07/2024 efectos hasta el presente. En consecuencia, concluyó que correspondía rechazar el planteo de prescripción formulado por la parte actora.
En cuanto a la cuestión de fondo, consideró que la contribuyente no había reexportado la mercadería importada temporariamente, de modo que se verificaba el incumplimiento del régimen establecido en el artículo 970 del Código Aduanero. No obstante ello, en relación con la liquidación tributaria, sostuvo que eran inexigibles:
i) el derecho adicional, por aplicación de los precedentes “IEF Latinoamericana S.A” y “Frisher S.R.L” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y ii) las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias, con arreglo a lo resuelto por la Corte el 26/11/2019 en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”.
Finalmente, recalculó las sumas exigibles, de acuerdo a lo resuelto en la decisión que aquí se apela.
II. Que la accionante apeló esa resolución y expresó sus agravios en la presentación obrante a fs. 240/50, que recibió replica. En su memorial, luego de recordar los antecedentes del caso, se agravió por el rechazo de la defensa de prescripción. Explicó que debía considerarse la razonabilidad de la aplicación en el caso norma suspensiva del artículo 805 del Código Aduanero, a la luz de la doctrina sentada por la Corte federal en la causa “Losicer” y la garantía convencional del plazo razonable. En ese sentido puso de resalto la injustificable duración del procedimiento, iniciado por el incumplimiento de destinaciones temporaria vencidas en 2003 y 2004, y que culminó recién con el dictado de una resolución por el Tribunal Fiscal en el año 2022. Citó jurisprudencia que –a su entender– respaldaba su postura. En consecuencia, solicitó que se hiciera lugar al recurso y se revocara la resolución apelada, declarándose prescripta la acción del Fisco tanto para perseguir el cobro de tributos como para imponer sanciones, con costas.
III. Que a fs. tomó intervención el Sr. Fiscal Federal (fs. 266/7).
IV. Que en este estado de las actuaciones, corresponde examinar el recurso interpuesto por la accionante. En primer lugar, se Alta en sistema: 03/07/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V analizará la defensa de prescripción planteada por la parte actora, toda vez que una decisión favorable a su postura tornaría insustancial el tratamiento del resto del escrito recursivo.
IV.1. Si bien en el sub lite se discute la procedencia del reclamo de un tributo, y no la aplicación de una sanción administrativa, corresponde examinar las constancias de autos a la luz del estándar fijado por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 335:1126 (“Losicer”), en la inteligencia de que la garantía de un plazo razonable –prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos– también resulta de aplicación al ámbito tributario (esta Sala, in re nº 55643/17 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA”, sentencia del 27/06/2017; entre otros).
Al respecto, el Alto Tribunal, a fin de evaluar si la tramitación del sumario administrativo se ha excedido del plazo razonable (directriz que emerge del art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrante de bloque de constitucionalidad federal, art. 75 inc. 22 CN), ha seguido un test tomado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez ha seguido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho test abarca los siguientes aspectos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) el análisis global del procedimiento. Tales pautas tienen como fin dar un contenido concreto a la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas, que se vincula con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN). El Alto Tribunal ha aclarado que la vigencia de esta garantía no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos 330:3640, citado en “Losicer”).
IV.2. Ahora bien, en el caso de autos el hecho que dio origen al procedimiento tuvo lugar en los años 2003 y 2004 (v. fs. 183/7 del expediente administrativo SIGEA Nº 12040-736-2006, a cuya foliatura se aludirá en lo sucesivo) y la apertura del sumario se dispuso el 14/09 /2006 (v. fs. 168/9). Luego, con fecha 15/04/2011, el servicio aduanero citó a la sumariada (v. fs. 260), quien ejerció su derecho de defensa el 17 /05/2011 (v. fs. 281/93). Finalmente, la Resolución DE PRLA Nº 5570/11 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros el 23 /08/11 determinó los tributos aquí cuestionados.
Con posterioridad, disconforme con dicha resolución administrativa, la aseguradora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación con fecha 03/12/2012 (v. fs. 13/45 de las presentes actuaciones en formato papel, a cuya foliatura se aludirá seguidamente). Como consecuencia de ello, el 29/11/2013 la Dirección Alta en sistema: 03/07/2024 General de Aduanas contestó el traslado del recurso incoado (v. fs. 73 /80). El 12/12/2013 se abrieron a prueba las actuaciones (fs. 82); y el período probatorio se dio por clausurado el 02/06/2015 (fs. 199). La siguiente actuación impulsoria data del 04/07/2022, cuando el a quo puso la causa para alegar (fs. 204).
Finalmente, el Tribunal Fiscal de la Nación dictó la decisión que confirmó parcialmente el artículo 3º de la Resolución DE PRLA Nº 5570/11 (v. resolución de fs. 232/6 del 15/11/2022).
IV.3. En tales condiciones, se verifica en autos una demora irrazonable en el procedimiento administrativo para el reclamo tributario. Tal situación infringe garantías constitucionales expresas, como las que derivan del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) y de duración razonable en los procesos (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
En efecto, se observa que entre la configuración de los hechos que motivaron el inicio de las actuaciones administrativas y el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación transcurrieron casi veinte años, lo cual constituye un plazo excesivo de duración del procedimiento. En este sentido el Alto Tribunal sentó en el precedente “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/ BCRA s/ Resol. 178/93” (sentencia del 19/11/2013) la regla según la cual el “análisis global del procedimiento” en este tipo de casos, debe necesariamente comprender tanto el sumario como la instancia revisora.
Según puede advertirse, las demoras no se deben a la complejidad que pudiera presentar el asunto ni a la actividad procesal de la sumariada, sino al hecho de que la actuación procesal estatal ha sido poco diligente, teniendo en cuenta la nula actividad verificada en determinados períodos en sede aduanera, que han alcanzado lapsos superiores a un año. Además, se ha registrado un período de casi siete años sin actividad alguna en el ámbito del Tribunal Fiscal, lo cual merece especial atención en tanto que este tribunal administrativo debe impulsar de oficio el procedimiento (art. 1143 del Código Aduanero).
A la luz de estos extremos de hecho, y de conformidad con el precedente “Losicer” del Alto Tribunal, se estima que se ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al “plazo razonable” en la duración de los procesos, sin que ello implique ingresar a considerar si los hechos imputados en su oportunidad tenían sustento fáctico o jurídico (esta Sala, causas nº 55643/17 “Alba”, ya citada; y nº 30452/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” Buenos Aires, del 2/05/2019; entre otras). Alta en sistema: 03/07/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V V.- Que por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar la resolución de fojas 232/6 del Tribunal Fiscal de la Nación, como así también el artículo 3º de la Resolución DE PRLA Nº 3400/2009 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la AFIP-DGA. Las costas de ambas instancias se imponen al Fisco Nacional, en su condición de vencido (art. 68, 1º párrafo, CPCCN). El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I. Que con relación al planteo de la parte actora respecto a que en la causa se habría vulnerado el principio de celeridad de los procesos, corresponde señalar que el principio del “plazo razonable” de duración de los procesos fue concebido para ser aplicado en cuestiones relativas a la materia penal, tal como resulta de los términos en que fue redactado el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho concepto fue asimismo aplicado a los procedimientos infraccionales y; en tal sentido, se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de L. 216 XLV “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA” del 26 de junio de 2012, respecto del procedimiento ante el Banco Central de la República Argentina y en el precedente de Fallos 334:1264, en cuanto al procedimiento infraccional ante el servicio aduanero, que en ese caso se había extendido durante 23 años. Por tal motivo, y en atención a que en los presentes autos se discute la procedencia de un reclamo estrictamente tributario, toda vez que la multa no es un concepto que le haya sido reclamado a la compañía aseguradora, no cabe aplicar el referido principio.
En diferente orden de ideas, cabe señalar que el apelante no se hace cargo de lo expresado en la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal en orden a que, si bien fue declarado nulo el auto de apertura de sumario obrante a fs. 188 de las actuaciones administrativas lo cierto es que ello no determinó la nulidad de la corrida de vista dispuesta con posterioridad en la medida en que aquella declaración de nulidad se fundó en que la apertura del referido sumario había sido dispuesta con anterioridad en esas mismas actuaciones. En consecuencia, los agravios planteados por la parte actora, en orden a que la acción del Fisco para exigir el pago de los tributos se hallaba prescripto, no se hallan debidamente fundados.
Alta en sistema: 03/07/2024 Por todo lo expuesto, VOTO POR: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia apelada, sin costas en atención a la inexistencia de actividad procesal de la parte contraria (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación).
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani adhiere al voto del Dr. Treacy.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, y oído el Sr. Fiscal General, por mayoria el Tribunal
1. Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar la resolución de fojas 60/67 del Tribunal Fiscal de la Nación, como así también el artículo 3º de la Resolución DE PRLA Nº 5570/11 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la AFIP-DGA; 2) Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional vencido (art. 68, primer párrafo del CPCCN).
Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 03/07/2024
Fin de la sentencia