Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 33277-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada, con costas.
393/2025 “ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 33277-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto del año 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 33277-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación admitió el recurso de apelación que interpuso la firma Alba Compañía Argentina de Seguros SA contra la resolución n° 8956/2012 (DE PRLA) dictada por el jefe del departamento de procedimientos legales aduaneros y declaró prescripta “la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12039-1267-2008 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 01 001 IT14 006331 T”. Impuso las costas a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas. Para así decidir, expuso las siguientes razones:
i. “Que sin perjuicio de que la prescripción no forma parte del elenco de los agravios esgrimidos por la recurrente, corresponde su tratamiento de oficio, toda vez que nos encontramos frente a una cuestión de orden público, que se produce de pleno derecho”.
ii. “[E]l juez debe declararla de oficio. Así lo ha entendido el Más Alto Tribunal en consolidada doctrina (Fallos: 207:86; 275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 3111029, 2205; 312:1351; 313:1224; 322:360, disidencias de los jueces Fayt, Bossert, Petracchi y Boggiano y 323:1785; 342:1028, entre otros), sin que ello implique vulneración al derecho de defensa”.
1 iii. “[L]a mentada declaración de oficio no equivale al dictado de una resolución ‘extra petita’”.
iv. “[E]l principio de congruencia tiene su correlación con el de iuria novit curia. Así lo ha explicado la CSJN: ‘El principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas (arts. 34. inc. 4° y 163, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), limitación infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), pero que no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez o quien, en todos los casos, le corresponde ‘decir el derecho’ (iuris dictio o jurisdicción) de conformidad con la atribución iuria curia novit’ (Fallos: 337:1142)”.
v. “[L]os principios antes citados, lejos de ser opuestos, deben interpretarse en forma armónica y complementaria, al declarar la prescripción como en el caso de autos, no se está incorporando al proceso una cuestión extraña, sino únicamente aplicando las disposiciones que el Código Aduanero regula al respecto, es decir, subsumir el hecho en la norma jurídica”.
vi. “En materia de prescripción, así como también en lo relativo a temas sustanciales que traducen el control de legalidad sobre el procedimiento -como por ejemplo, los requisitos del art. 1094 del C.A.- no se trata de suplir las omisiones de las partes o convertirse en intérprete de su voluntad implícita, sino de aplicar institutos -como sucede con la prescripción- que operan de pleno derecho, más allá de ser o no alegados”.
vii. “[E]l Código Aduanero regula el instituto de la prescripción -relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributosen los arts. 803 y concordantes”.
viii. “[E]l art. 803 del C.A establece que: ‘Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera’, comenzando a correr 2 393/2025 “ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 33277- A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.)”.
ix. “[N]o existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria, cfr. fs. 6 de las actuaciones administrativas) se habría cometido el 25/11/2002 (fecha de vencimiento de la prórroga de la destinación suspensiva). Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2003 y que el mismo vencía el 31/12/2007”.
x. “[D]icho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 13/12/2007 (ver fs. 11 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 12 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que –de dicho plazo- restaban cumplirse 19 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión”.
xi. “[A]tento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 13/12/2007) ‘...hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...’”.
xii. “[S]i bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario [13/12/2007] hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 12/12/2012- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 17/04/2013, cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba 3 con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada”.
xiii. “[N]o resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido ‘sine die’, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados”.
II. La Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas apeló y expresó agravios que fueron replicados. Sostuvo las siguientes críticas:
i. “[E]l Tribunal Fiscal de la Nación trató un tema (en detrimento de la pretensión fiscal) que había sido consentido por la contraria. Dicho de otro modo, el Tribunal decidió sobre una cuestión no planteada en la demanda”.
ii. “[E]l recurso interpuesto por la actora ante el Tribunal Fiscal nada dice sobre la prescripción. Sencillamente, dicho tema no integró la litis. El camino elegido por el Tribunal corroe seriamente el principio constitucional operativo (catalogado así en el caso ‘Bramajo’) de ‘afianzar la justicia’, contenido en el preámbulo de nuestra Constitución. Cuando el voto del vocal preopinante decide aplicar jurisprudencia para revertir un punto que no integró el paquete litigioso, tiñe de arbitrario su accionar, violando -además- el derecho de defensa de mi representada”.
iii. “La decisión tomada por el Tribunal atenta […] contra la seguridad jurídica y compromete la actividad jurisdiccional del Estado, al impedir que mi mandante haya podido presentar la batalla legal pertinente”.
III. Cabe remarcar que la parte demanda no cuestionó el computo de los plazos realizado por el Tribunal Fiscal de la Nación ni los hechos que fueron considerados para resolver, sino que se limitó a 4 393/2025 “ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 33277- A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
cuestionar que el citado tribunal introdujo una defensa no planteada por la firma actora.
IV. Es útil retener los siguientes datos que surgen del trámite de la causa en sede administrativa y en el Tribunal Fiscal de la Nación: —El trámite en sede administrativa.
i. El 29 de abril de 2004 el jefe de la sección procedimientos técnicos formuló una denuncia contra la firma Artes Gráficas Yerbal SA por la posible comisión de la infracción establecida en el artículo 970 del Código Aduanero en relación a la destinación de importación temporal 01 001 IT14 006331 T (fs. 7).
Allí se dejó constancia de que el “momento imponible” ocurrió el 25 de noviembre de 2002.
ii. El 19 de mayo de 2004 la división verificación realizó la clasificación arancelaria y la valoración de la mercadería en supuesta infracción y realizó una estimación de los tributos que correspondería abonar (fs. 8).
iii. El 13 de diciembre de 2007 se dispuso la instrucción del sumario (fs. 11).
iv. El 24 de abril de 2008 el departamento de procedimientos legales aduaneros realizó la determinación de los tributos y de la multa (fs. 12).
v. El 26 de marzo de 2012 la responsable de la división secretaría de actuación ordenó correr vista del sumario a la firma importadora Artes Gráficas Yerbal SA y la citación de la aseguradora Alba Compañía Argentina de Seguros SA (fs. 25).
vi. El 24 de abril de 2012 la aseguradora contestó la vista y presentó su descargo. En el punto “V” planteó la “prescripción del crédito fiscal” ya que “al no haber verificado la aduana su crédito ni 5 en el concurso ni en la quiebra de su deudora principal, carecerá de legitimación para continuar con el presente reclamo y aún más, habrá prescripto su acción…” (fs. 37/42).
vii. El 12 de diciembre de 2012 el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros dictó la resolución 8956/2012 que, en lo que ahora interesa, formuló un cargo contra la firma importadora y la aseguradora “por los tributos adeudados, cuyo monto asciende a la suma de $ 80.846” (fs. 50/53).
viii. El 17 de abril de 2013 dicha resolución fue notificada a la firma importadora (fs. 57).
—El trámite en el Tribunal Fiscal de la Nación.
i. La firma actora en su recurso de apelación cuestionó nuevamente la “exigibilidad y existencia de la obligación principal” y sostuvo que dicha obligación se encontraba “extinguida” porque no había sido verificada en el proceso concursal (fs. 10/22).
ii. En el alegato sobre la prueba producida, la asegurara manifestó que “del análisis efectuado sobre las actuaciones administrativas, medida probatoria ofrecida por esta parte oportunamente en su escrito de inicio, no podrá no concluir V.E. que la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos se encuentra prescripta bajos las normas del Código Aduanero…” (fs. 146/161).
V. Como puede apreciarse, la afirmación realizada por la parte demandada en su expresión de agravios —y también por el Tribunal Fiscal de la Nación en el pronunciamiento recurrido— en el sentido de que “la prescripción no forma parte del elenco de los agravios esgrimidos por la recurrente” es incorrecta.
La aseguradora desde un primer momento —contestación de la vista corrida en el sumario infraccional— cuestionó la exigibilidad de la deuda y planteó que la acción de la aduana para exigir el pago de los tributos se encontraba prescripta.
6 393/2025 “ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 33277-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
VI. En suma, como se vio, la defensa de prescripción fue en efecto introducida por la firma actora. Por tanto, corresponde desestimar los agravios ofrecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas y confirmarse el pronunciamiento apelado.
VIII. Las costas de esta instancia deben ser impuestas a cargo de la parte demandada, en tanto resulta vencida (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo:
Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada, con costas. La jueza Clara María do Pico adhiere al voto precedente.
La jueza Liliana M. Heiland no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada, con costas.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia