Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35058-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de la importadora y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravios, sin especial imposición de costas en esta instancia.
2Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión en cuanto fue materia de agravios por aquél; con costas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 33430/2025 ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF
35058-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 20 de febrero de 2026.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 215/222, el Tribunal Fiscal de la Nación:
(i) Rechazó la excepción de prescripción opuesta por la coactora aseguradora. (ii) Confirmó parcialmente la resolución DE PRLA 7480/13, en cuanto había condenado a la importadora Talleres Gráficos Morales e Hijos SACIFEI al pago de una multa —la que redujo a la suma de $110.040,72— por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, con relación a la totalidad de la mercadería ingresada al amparo de las destinaciones de importación temporaria (DIT) 05001IT16000434A, 05001IT16000437D, 07001IT14001101P, 07011IT13000017T y parte de la importada mediante la 03001IT15000950A. Impuso las costas de este punto conforme los respectivos vencimientos, los que estimó en un 83% a cargo de las coactoras y en un 17% a cargo del Fisco.
(iii) Confirmó parcialmente la exigencia tributaria formulada en la misma resolución contra la importadora y la aseguradora Alba Compañía Argentina de Seguros SA, la que redujo a la suma de USD 35.805,37, con más sus intereses. Revocó la exigencia del derecho adicional y las percepciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias. Aclaró que la aseguradora debía responder hasta el límite consignado en las pólizas 424542, 464635, 424545, 464636, 496656, 503483 y 387620. Impuso las costas de este punto conforme los respectivos vencimientos, los que estimó en un 28% a cargo de las coactoras y en un 72% a cargo del Fisco.
Para decidir de ese modo, comenzó por tratar el planteo de prescripción, formulado con relación a las destinaciones 05001IT16000434A, 05001IT16000437D y 03001IT15000950A. Al respecto, sostuvo que el auto de apertura de sumario —dictado el 28/11/08— cumplía con los recaudos del artículo 1094 del Código Aduanero y había tenido la virtualidad de suspender el curso de la prescripción para percibir tributos (art. 805, inc. a, CA) e interrumpir el plazo para imponer penas (art. 937, inc. a, CA); motivo por el cual, al momento de notificarse la resolución aduanera condenatoria (el 13/08/14), todas las acciones fiscales se encontraban vigentes.
Por otra parte, desestimó el argumento relativo al estado concursal de la importadora. Explicó que los procedimientos contenciosos aduaneros se encuentran excluidos del fuero de atracción y que, según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Supercanal SA”, sentencia del 2/6/03, y “Gauchat, Enrique”, 1 del 4/7/03, el desplazamiento de la competencia al juez del proceso universal solo opera una vez dictada la sentencia definitiva en la sede especializada que determine la obligación tributaria o sancionatoria.
En cuanto al fondo del asunto, recordó que en las transgresiones a los regímenes de importación temporaria la carga de probar el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término recae sobre el beneficiario, produciéndose una inversión de la carga de la prueba. Destacó que las operaciones se habían documentado al amparo del decreto 1439/96, y que resultaba indispensable contar con los correspondientes Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC) para acreditar de modo fehaciente la relación entre los insumos importados y los productos exportados; así como las copias de los permisos de embarque que completaban la descarga de las unidades importadas.
En relación con la DIT 03001IT15000950A, el Tribunal consideró que, si bien existían discrepancias entre la posición arancelaria declarada en la destinación y la consignada en el CTC, de la descripción de la mercadería podía inferirse una coincidencia en el insumo importado. Con sustento en la doctrina del exceso ritual manifiesto, tuvo por probada la reexportación parcial y reliquidó la multa y los tributos solo por el saldo en infracción (17.848,83 metros cuadrados). Respecto de las restantes operaciones (DIT 05001IT16000434A, 05001IT16000437D, 07001IT14001101P y 07001IT13000017T), confirmó lo resuelto en sede aduanera ante la falta de pruebas de su cancelación.
En lo referente a la liquidación, dejó sin efecto el cobro del derecho adicional y las percepciones de impuestos interiores con remisión a la jurisprudencia de la Corte federal en los casos “Frisher SRL” (Fallos: 336:1182) y I.49.XLII “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA”, sentencias del 14/8/13; y CAF 38004/2007/CS001 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ DGA Resol. 2590/06 s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 26/11/19.
Finalmente, precisó que la obligación de la garante comprendía los intereses y determinó la fecha de inicio de su cómputo en función de la notificación de la corrida de vista a la aseguradora o al deudor principal, la que fuese anterior.
2. Que, disconforme, a fs. 225/vta. interpuso apelación la importadora, que se concedió a fs. 258, se fundó a fs. 260/266, y no fue replicada. En sustancia, planteo los siguientes agravios:
(i) El Tribunal Fiscal de la Nación omitió considerar la excesiva prolongación del proceso, que supera todo parámetro de razonabilidad. Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2008, la resolución aduanera fue dictada y notificada en 2014, y la decisión en recurso se dictó en diciembre de 2024; es decir, que transcurrieron dos décadas desde la configuración de las supuestas infracciones. Esta demora injustificada por parte de la administración y el órgano jurisdiccional vulnera el derecho de defensa en juicio y el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 33430/2025 ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 35058-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO debido proceso consagrados en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional.
(ii) Al encontrarse la firma importadora en concurso preventivo (desde diciembre de 2008) y posterior quiebra, los créditos del Fisco poseen carácter pre-concursal. El demandado tenía la carga de verificar su crédito en el proceso universal —aun cuando se tratara de un crédito eventual o en discusión— conforme lo disponen los artículos 32 y 56 de la ley 24.522. Al no haber instado la verificación en tiempo y forma, se produjo la prescripción de la acción fiscal por aplicación del plazo de dos años previsto en la normativa concursal, la cual debe prevalecer por sobre las disposiciones del Código Aduanero en virtud de la unidad del pasivo y la protección de los restantes acreedores.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación a fs. 244/249vta., que se concedió a fs. 258 y fue contestada por la aseguradora a fs. 274/278. En su presentación, solicitó que se revoque la sentencia en cuanto fue favorable a las coactoras, con sustento en los siguientes argumentos:
(i) La decisión carece de fundamentación jurídica y técnica al tener por acreditada la reexportación de parte de la mercadería de la DIT 03001IT15000950A. El CTC en cuestión (nro. 4889/5) no permite establecer la relación insumo-producto ni se relaciona con la destinación en trato, lo que impide comprobar el cumplimiento del régimen de perfeccionamiento del decreto 1439/96. Al tratarse de un régimen de excepción que beneficia a la importadora con un privilegio, la carga de la prueba recae exclusivamente sobre la beneficiaria, quien debe aportar la documentación aduanera pertinente en forma fehaciente. En el caso, las coactoras no cumplieron con la obligación de reexportar en término ni acreditaron debidamente la regularización de las operaciones, por lo que la multa impuesta en sede administrativa aduanera resulta plenamente justificada.
(ii) No corresponde la distribución de costas por su orden en lo que respecta a los rubros de la liquidación que fueron revocados (derecho adicional y percepciones de impuestos interiores). A este respecto, rige el principio objetivo de la derrota consagrado en el artículo 68 del CPCCN, y no concurren razones fundadas para apartarse de dicha regla.
4. Que no puede prosperar la apelación de la coactora importadora en lo relativo a la obligatoriedad de la previa verificación del crédito en su concurso —y consecuente prescripción de la acción de cobro del Fisco por no haber cumplido con dicha carga—.
3 La jurisprudencia de esta Cámara tiene dicho que el eventual crédito a favor del Fisco recién podría verificarse en el concurso del contribuyente una vez que su determinación haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada (cfr. Sala II, causas “Centro de Ayuda Mutua Empalme Sud (TF15925I) c/ DGI”, sent. del 30/5/02, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF22207A)”, sent. del 27/4/10, y “Arcangel Maggio SA (TF24603A) c/ DGA”, sent. del 22/2/11; Sala III, causa “Jonica SRL c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 11/11/14; Sala V, causa “Valle de las Leñas S.A. (TF 14403I) c/ DGI”, sent. del 1/8/05; entre otros).
En esa misma línea, la Corte federal ha sostenido que el fuero de atracción concursal opera una vez finalizado el proceso de impugnación ante el Tribunal Fiscal o, en su caso, ante esta Cámara (cfr. Fallos 326:1774 y 2146; 333:2335; 334:427; B. 109. XLI, “Baterplac S.R.L. c/ A.F.I.P. s/ contencioso administrativo”, sentencia del 18/9/07).
Finalmente, en consonancia con los precedentes vinculados al fuero de atracción supra reseñados, esta Sala tiene dicho que la prescripción de la acción de cobro del Fisco Nacional respecto de un contribuyente concursado debe regirse por la ley 11.683 o las previsiones del Código Aduanero, y no por el artículo 56 de la ley 24.522, ya que de lo contrario las normas tendientes a regular relaciones de derecho privado avasallarían el régimen instaurado para el ejercicio de las acciones y poderes fiscales para determinar impuestos y aplicar multas (cfr. causa “La Mercantil Andina Cía Arg de Seguros SA c/ EN –DGA RESOL 6057/11 (EXPTE 348/05) s/ Dirección General de Aduanas”, sent. del 19/5/15; “La Perseverancia Seguros SA c/ DGA” y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA”, ambas del 16/7/15).
En adición a ello, con relación a los términos del artículo 56, séptimo párrafo, de la ley 24.522, aclaró lo siguiente: “Si el título verificatorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío, si, no obstante haberse excedido el plazo de dos años previsto en el párrafo anterior, aquél se dedujere dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia” (cfr. esta Sala, causa 51359/16 “Caramelino, Dennis Alfredo c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 13/10/16, y sus citas); todo lo cual conduce a desestimar el agravio y confirmar el pronunciamiento apelado en este aspecto.
5. Que, a continuación, se debe examinar la eventual extinción de las acciones del Fisco con sustento en la afectación de la garantía a obtener una decisión en un plazo razonable (doctr. Fallos: 334: 1264; 335:1126 “Losicer”; entre otros). Por razones de brevedad, se remite a la explicación hecha de esta doctrina en la causa 22498/21 “JBS Leather Argentina SA (TF 52824590-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 7/6/22.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 33430/2025 ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF
35058-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Si bien este Tribunal circunscribía su aplicación a la acción que tiene el Fisco para imponer penas (cfr. causa 56632/15 “Iveco Argentina SA c/ DGA”, sentencia del 14/4/16, y sus citas), en forma reciente, y bajo el impulso de las reformas introducidas por la ley 27.742, admitió que cabía rever esa limitación en cuanto a su alcance (cfr. causa 9354/24 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 19717322-A Y ACUM) c/ DGA”, sent. del 11/7/24). Ello es así, en la medida en que la ley 19.549, de aplicación supletoria a la materia (arg. art. 1017, CA), reafirma en su actual redacción que la duración “razonable” es un principio fundamental aplicable a toda clase de procedimientos administrativos (cfr. art. 1° bis, ap. a., pto. iv, ley 19.549; texto según art. 25 de la ley 27.742).
Sin perjuicio de lo expuesto, se adelanta que en esta causa se presenta una situación distinta de las que examinó la Corte en aquellos precedentes en los que resolvió favorablemente planteos fundados en la afectación de ese derecho, porque habían transcurrido quince, dieciocho, veinte años o más desde el acaecimiento de los hechos y el dictado de la resolución definitiva (cfr. Fallos: 335:1126; A.1210.XLVIII “Alvarado, Pedro Alberto Carlos y otro c/ BCRA – resol. 379/08 s/ causa nº 100.298/97”, sent. del 16/04/13; R.769.XLVII “Rezzónico, Edgardo Hugo y otro c/ BCRA – resol 88/08 (expte 100.563/86 Sum Fin 725”, sent. del 26/09/12; B.331.XLVII “Banco de Italia y Río de la Plata (EL) y otros c/ BCRA – resol 49/99 – expte 102.529/85 Sum Fin 531”, sent. del 02/10/12), o bien, porque se corroboró que el procedimiento recursivo, incluyendo la instancia de revisión ante la Cámara, se había prolongado durante más de veintitrés años, excediéndose todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso (cfr. Fallos: 334:1264).
En principio, se observa que la duración de este proceso, incluyendo la instancia de revisión ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ha tenido una extensión similar a la verificada en las causas citadas, ya que se inició por hechos acaecidos entre 2005 y 2008, la resolución DE PRLA 7408 se emitió en 2013 y el Tribunal Fiscal de la Nación recién se pronunció el 27/12/24. Sin embargo, para analizar si en cada caso concreto se configura un retardo injustificado de la decisión, también es indispensable tener en cuenta: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento. En el sub examine no puede pasar desapercibido que quien pretende la extinción de la acción de su contrario por la duración irrazonable del proceso no efectuó ninguna presentación tendiente a la pronta resolución de las actuaciones en sede aduanera, ni 5 esgrimió la afectación de esta garantía al interponer su recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. fs. 52/58). Recién introdujo la cuestión en la expresión de agravios ante esta Cámara, el 11/4/25 (fs. 260/266), por lo que, en definitiva, no se advierte que se haya configurado un retardo de justicia exclusivamente imputable a la autoridad administrativa jurisdiccional.
6. Que, por lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar el recurso de la importadora y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravios, sin especial imposición de costas en esta instancia dada la falta de actividad procesal útil del demandado.
7. Que, aclarada esta cuestión, corresponde abordar los agravios formulados por el Fisco Nacional en relación con la valoración de la prueba efectuada respecto de la DIT 03001IT15000950A.
Al respecto, cabe recordar que la apreciación de las circunstancias de hecho y de la prueba se encuentra, como principio, excluida del examen que corresponde realizar en esta instancia, atento a la limitación prevista para el recurso conforme el artículo 1180, inciso b, del Código Aduanero. Esta Sala ha sostenido reiteradamente que no corresponde apartarse de las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación en ejercicio de sus facultades propias para valorar los hechos de la causa, salvo que se advierta un error de magnitud suficiente, extremo que en el caso no se verifica (doctrina de las causas 2708/12 “Maritime Shipping Agency SRL”, sent. 26/6/12, y 7625/19 “Abbot Laboratories Argentina SA”, sent. 29/8/19, entre otras).
En efecto, de la lectura del pronunciamiento apelado surge que, contrariamente a lo alegado por el recurrente, el sentenciante no basó su decisión en meras conjeturas, sino que brindó una fundamentación jurídica acabada, apoyada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En particular, el a quo aplicó la doctrina del Máximo Tribunal según la cual los jueces deben determinar la verdad sustancial por encima de los excesos rituales, pues el logro de la justicia exige concebirla como una virtud al servicio de la verdad (Fallos: 339:1615; 280:228). Desde esa perspectiva, consideró que la coincidencia de la mercadería podía inferirse de su descripción técnica —“cartulina revestida con polietileno blanqueada”— pese a las discrepancias en la posición arancelaria consignada en el CTC.
Frente a tales fundamentos, el memorial del Fisco Nacional carece de una crítica concreta y razonada que logre desvirtuar la lógica del fallo. El apelante se limita a reiterar de manera genérica el carácter objetivo de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero y la inversión de la carga de la prueba, pero omite rebatir directamente el razonamiento del tribunal administrativo, que priorizó la verdad jurídica objetiva por sobre los excesos formales. Al no haberse demostrado que la resolución incurriera en una valoración arbitraria de los elementos de juicio aportados, corresponde confirmar lo decidido en la instancia anterior sobre este punto.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 33430/2025 ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF
35058-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 8°) Que el agravio vinculado con las costas de la anterior instancia tampoco puede prosperar, pues carece de correlato con lo resuelto por el tribunal administrativo. En efecto, éste no distribuyó las costas por su orden, sino que las impuso en proporción a los respectivos vencimientos, estimación que no fue objeto de cuestionamiento específico. Ello exime a esta alzada de cualquier otra consideración al respecto.
9. Que, por las consideraciones precedentes, corresponde rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión en cuanto fue materia de agravios por aquél; con costas, teniendo en cuenta la contestación de la aseguradora (art. 68, primer párr., del CPCCN).
Por las consideraciones precedentes, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso de la importadora y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravios, sin especial imposición de costas en esta instancia.
2. Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión en cuanto fue materia de agravios por aquél; con costas.
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y siga la causa según su estado (v. DEOX enviado el 6/10/25).
JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia