Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35612-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de la parte actora y confirmar el pronunciamiento de fs. 144/149vta.; con costas, al no advertirse motivos para la dispensa (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 17330/2024 ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF
35612-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 29 de octubre de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 144/149vta., el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría:
(i) Confirmó parcialmente la resolución DE PRLA 1040/10, recaída en la actuación 12039-388-2006, en cuanto había exigido a Alba Compañía Argentina de Seguros el pago de los tributos correspondientes a la destinación suspensiva de importación temporaria 98 001 IT15 000243J; y declaró que la suma adeudada ascendía a $3.180,40 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, más el CER aplicable a la fecha de pago y los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, calculados desde el 13/11/09 hasta el total y efectivo pago; con costas a la actora.
(ii) Revocó la exigencia del derecho adicional y las percepciones del IVA y el Impuesto a las Ganancias; con costas al Fisco. (iii) Declaró que el monto garantizado por la actora en la póliza 154.970 cubría la deuda tributaria, sin perjuicio de los intereses devengados. Para resolver como lo hizo, mencionó —ante todo— que la Aduana no tenía obligación legal de verificar su crédito en la quiebra o concurso de la empresa importadora, como requisito previo a reclamar su crédito a la garante. Remarcó la especialidad de la ley tributaria y el hecho de que la ley concursal debía ser entendida con el alcance de impedir que se realizaran procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores al concurso, o de sanciones vinculadas con ellas. Sobre esa base, rechazó la falta de legitimación opuesta por la actora. Indicó que la prescripción de las acciones del Fisco se regía por lo dispuesto en la legislación especial (arts. 803, 934 y concordantes del Código Aduanero), y no por el artículo 56 de la ley 22.522; por lo que no era atendible el planteo de extinción de la acción con sustento en esta última disposición. En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que la aseguradora no había demostrado la regularización de la mercadería importada en forma temporaria, por lo que correspondía tener por configurada la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, así como el hecho generador de la obligación tributaria prevista en el artículo 274 del mismo cuerpo legal.
Con relación a la liquidación, dejó sin efecto la exigencia del derecho adicional y las percepciones de tributos interiores con remisión a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Frisher SRL” (Fallos: 336:1182) e “IEF Latinoamericana SA”, ambas sentencias del 14/8/13; y “Cladd ITA SA”, del 26/11/19.
A su vez, señaló que la deuda se había originado al vencimiento de la destinación, el 15/2/00; por lo que, al ser anterior a la entrada en vigencia de la ley 25.561, correspondía estar a lo dispuesto en los artículos 4º y 8º del decreto 214/02 y desestimar el agravio relativo a la aplicación del CER. Y agregó, con referencia a precedentes del Máximo Tribunal, que se trataba de un concepto inescindible del capital adeudado.
Por otra parte, aclaró que el importe nominal exigible en concepto de tributos estaba cubierto por el monto en dólares estadounidenses dado en garantía, respecto del cual también era aplicable lo dispuesto en los artículos 4º y 8º del decreto 214/02.
Finalmente, precisó que la obligación de la garante comprendía los intereses y determinó la fecha de inicio de su cómputo en función de la notificación de la corrida de vista a la aseguradora.
2. Que, disconforme con la decisión, a fs. 157, interpuso apelación la parte actora, que se concedió a fs. 159, se fundó a fs. 164/179vta. y fue replicada a fs. 187/189.
En primer término, remarcó que la importadora (Línea RD SA)
se había presentado en concurso de acreedores el 15/3/00 —es decir, con posterioridad al vencimiento de la destinación temporal involucrada en el caso (que operó el 15/2/00)—. Insistió en que ello imponía al Fisco la obligación de verificar su crédito en el concurso, aún antes de que estuviese determinado, y que, al no haberlo hecho en el caso, debía considerárselo prescripto en los términos de los artículos 32 y 56 de la ley 24.522. Argumentó que su obligación era accesoria a la de la importadora, y que, al resolver como lo hizo, el tribunal de origen había obviado la paridad del Fisco con el resto de los acreedores. Citó jurisprudencia en sustento de su posición.
En segundo término, planteó que la acción del Fisco también debía considerarse extinta en razón de la afectación de la garantía constitucional y convencional a obtener un pronunciamiento en un “plazo razonable”, dado que la resolución aduanera se había emitido el 8/3/10 —es decir, 10 años después del hecho imponible— y la investigación no revestía una especial complejidad. Agregó que a eso se debían sumar los 5 años que demoró el servicio aduanero en notificar la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 17330/2024 ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 35612-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO resolución, y los 9 años que duró la tramitación de la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
En subsidio, cuestionó que resultase aplicable el CER porque, a su entender, el importe correspondiente a los tributos reclamados se encontraba expresado en pesos a la fecha de entrada en vigencia del decreto 214/02 y tampoco podía obviarse que se trataba de un mecanismo de actualización proscripto por la ley 23.928.
Por último, planteó que no correspondía aplicar los intereses del artículo 794 del Código Aduanero sobre el importe actualizado por CER porque ello implicaba una doble repotenciación, con mayor razón, prohibida por la legislación vigente.
3. Que no puede prosperar la apelación de la parte actora en lo relativo a la obligatoriedad de la previa verificación del crédito en el concurso de la importadora —y consecuente prescripción de la acción de cobro del Fisco por no haber cumplido con dicha carga—.
La jurisprudencia de esta Cámara tiene dicho que el eventual crédito a favor del Fisco recién podría verificarse en el concurso del contribuyente una vez que su determinación haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada (cfr. Sala II, causas “Centro de Ayuda Mutua Empalme Sud (TF15925I) c/ DGI”, sent. del 30/5/02, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF22207A)”, sent. del 27/4/10, y “Arcangel Maggio SA (TF24603A) c/ DGA”, sent. del 22/2/11; Sala III, causa “Jonica SRL c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 11/11/14; Sala V, causa “Valle de las Leñas S.A. (TF 14403I) c/ DGI”, sent. del 1/8/05; entre otros).
En esa misma línea, la Corte federal ha sostenido que el fuero de atracción concursal opera una vez finalizado el proceso de impugnación ante el Tribunal Fiscal o, en su caso, ante esta Cámara (cfr. Fallos 326:1774 y 2146; 333:2335; 334:427; B. 109. XLI, “Baterplac S.R.L. c/ A.F.I.P. s/ contencioso administrativo”, sentencia del 18/9/07).
Finalmente, en consonancia con los precedentes vinculados al fuero de atracción supra reseñados, esta Sala tiene dicho que la prescripción de la acción de cobro del Fisco Nacional respecto de un contribuyente concursado debe regirse por la ley 11.683 o las previsiones del Código Aduanero, y no por el artículo 56 de la ley 24.522, ya que de lo contrario las normas tendientes a regular relaciones de derecho privado avasallarían el régimen instaurado para el ejercicio de las acciones y poderes fiscales para determinar impuestos y aplicar multas (cfr. causa “La Mercantil Andina Cía Arg de Seguros SA c/ EN –DGA RESOL 6057/11 (EXPTE 348/05) s/ Dirección General de Aduanas”, sent. del 19/5/15; “La Perseverancia Seguros SA c/ DGA” y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA”, ambas del 16/7/15).
En adición a ello, con relación a los términos del artículo 56, séptimo párrafo, de la ley 24.522, aclaró lo siguiente: “Si el título verificatorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío, si, no obstante haberse excedido el plazo de dos años previsto en el párrafo anterior, aquél se dedujere dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia” (cfr. esta Sala, causa 51359/16 “Caramelino, Dennis Alfredo c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 13/10/16, y sus citas); todo lo cual conduce a desestimar el agravio y confirmar el pronunciamiento apelado en este aspecto.
4. Que, a continuación, se debe examinar la eventual extinción de la acción del Fisco con sustento en la afectación de la garantía a obtener una decisión en un “plazo razonable” (doctr. Fallos: 334: 1264; 335:1126 “Losicer”; entre otros).
Por razones de brevedad, se remite a la explicación hecha de esta doctrina en la causa 22498/21 “JBS Leather Argentina SA (TF 52824590-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 7/6/22.
Si bien el Tribunal circunscribía su aplicación a la acción que tiene el Fisco para imponer penas (cfr. causa 56632/15 “Iveco Argentina SA c/ DGA”, sentencia del 14/4/16, y sus citas), en forma reciente, y bajo el impulso de las reformas introducidas por la ley 27.742, admitió que cabía rever esa limitación en cuanto a su alcance (cfr. causa 9354/24 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 19717322-A Y ACUM) c/ DGA”, sent. del 11/7/24). Ello es así, en la medida en que la Ley 19.549, de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia (arg. art. 1017, CA), reafirma en su actual redacción que la duración “razonable” es un principio fundamental aplicable a toda clase de procedimientos administrativos (cfr. art. 1° bis, ap. a., pto. iv, ley 19.549; texto según art. 25 de la ley 27.742).
Sin perjuicio de lo expuesto, se adelanta que en esta causa se presenta una situación distinta de las que examinó la Corte en aquellos precedentes en los que resolvió favorablemente planteos fundados en la afectación de ese derecho, porque habían transcurrido quince, dieciocho, veinte años o más desde el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 17330/2024 ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 35612-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO acaecimiento de los hechos y el dictado de la resolución definitiva (cfr. Fallos: 335:1126; A.1210.XLVIII “Alvarado, Pedro Alberto Carlos y otro c/ BCRA – resol. 379/08 s/ causa nº 100.298/97”, sent. del 16/04/13; R.769.XLVII “Rezzónico, Edgardo Hugo y otro c/ BCRA – resol 88/08 (expte 100.563/86 Sum Fin 725”, sent. del 26/09/12; B.331.XLVII “Banco de Italia y Río de la Plata (EL) y otros c/ BCRA – resol 49/99 – expte 102.529/85 Sum Fin 531”, sent. del 02/10/12), o bien, porque se corroboró que el procedimiento recursivo, incluyendo la instancia de revisión ante la Cámara, se había prolongado durante más de veintitrés años, excediéndose todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso (cfr. Fallos: 334:1264). En principio, se observa que la duración de este proceso, incluyendo la instancia de revisión ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ha tenido una extensión similar a la verificada en las causas citadas, ya que se inició por un hecho acaecido el 15/2/00, se emitió la resolución DE PRLA 1040/10 el 8/3/10, y el Tribunal Fiscal de la Nación recién se pronunció el 31/10/23. Sin embargo, para analizar si en cada caso concreto se configura un retardo injustificado de la decisión, también es indispensable tener en cuenta: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento.
En el sub examine no puede pasar desapercibido que quien pretende la extinción de la acción de su contrario por la duración irrazonable del proceso no efectuó ninguna presentación tendiente a la pronta resolución de las actuaciones en sede aduanera, ni esgrimió la afectación de esta garantía al interponer su recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación el 19/3/15 (v. fs. 11/21). Recién introdujo la cuestión en el alegato que presentó en esa sede, el 20/3/24 (fs. 136vta./141), por lo que, en definitiva, no se advierte que se haya configurado un retardo de justicia exclusivamente imputable a la autoridad administrativa jurisdiccional.
5. Que, corresponde ahora tratar las defensas con que la actora pretende desvirtuar la aplicación del CER, así como el cómputo de intereses sobre el capital ajustado por dicho coeficiente.
Al respecto, el decreto 214/02 (BO 4/2/02) dispuso que, a partir de su dictado, quedaban “transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen —judiciales o extrajudiciales— expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS” (art. 1º).
A su vez, el artículo 4º de la norma estableció: “A los depósitos y a las deudas referidos, respectivamente, en los artículos 2º, 3º, 8º y 11º del presente Decreto, se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina. Además, se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos. El coeficiente antes referido se aplicará a partir de la fecha del dictado del presente decreto”. Mientras que el artículo 8º dispuso: “Las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero expresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculados al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($1)” (cfr. asimismo las disposiciones contenidas en las leyes 25.642 y 25.713). En este caso, tanto el acto de corrida de vista del sumario como la resolución DE PRLA 1040/10 intimaron a la aseguradora a abonar una suma en pesos con expresa reserva acerca de la aplicación del CER (v. fs. 91 y 138/141, act. adm.); esto, en función de la fecha en que se había generado la obligación tributaria (15/2/00).
Es decir que no se afectó el derecho de defensa de la actora, porque ésta tuvo oportunidad de esgrimir sus argumentos al respecto, tanto al contestar la vista en sede aduanera, como al fundar su recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Por lo demás, la cuestión relativa a la moneda de origen de este tipo de deudas y la consecuente procedencia del CER en casos como el presente, fue dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Volkswagen Argentina SA (TF 22179-A) c/ DGA”, sentencia del 23/8/11, en la cual, siguiendo el dictamen del Ministerio Público Fiscal, entendió que el artículo 20 de la ley 23.905 no había sido dejado de lado por la ley 23.928 pues, a tenor de lo dispuesto en su art. 7º, ésta sólo estaba dirigida a las obligaciones de dar sumas de dinero determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte se debatía en la causa debían ser determinadas en dólares.
Allí aclaró también que la ley 23.905 era posterior al dictado de los artículos 637 y 638 del Código Aduanero, y que la vigencia de su artículo 20 ya había sido determinada implícitamente en el precedente B.828.L.XLIII “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16674-A) c/ DGA”, sentencia del 27/04/11. Finalmente, la Corte desestimó el planteo de inconstitucionalidad del decreto 214/02 —consistente en que, por tratarse de un CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 17330/2024 ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 35612-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO decreto de necesidad y urgencia, no podía regular sobre la materia tributaria (art. 99, inc. 3º, C.N.)— alegando que la transformación a pesos y la aplicación del coeficiente indicado también había sido dispuesta por el Congreso Nacional con el dictado de la ley 25.830.
6. Que, en punto a la compatibilidad entre el decreto 214/02 y la ley 23.928, en adición a lo señalado por la Corte en el precedente al que se hizo referencia en el considerando 5°, se remite a lo dicho por esta Sala en la causa 12971/10 “Volkswagen Argentina SA SA (TF 21984-A) C/ DGA”, sentencia del 27/10/10, y sus citas.
7. Que resta aclarar que los intereses deben calcularse sobre el importe de capital ajustado por el CER; sin que ello pueda ser caracterizado como un procedimiento de actualización de deuda prohibido por la ley 23.928. Sobre esa cuestión, se remite a lo dicho por el Tribunal en la causa 7113/11 “Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (TF 27232-A) c/ DGA”, sentencia del 10/8/11, entre otras.
Por las consideraciones precedentes, SE RESUELVE:
Rechazar el recurso de la parte actora y confirmar el pronunciamiento de fs. 144/149vta.; con costas, al no advertirse motivos para la dispensa (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y siga la causa según su estado (v. DEO enviado el 21/10/24).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia