Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 36770-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
A fin de examinar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios de fs. 178, cabe señalar que esta Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que se deben fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aun en los juicios de monto exiguo e, inclusive, sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas, compatible con la dignidad en el ejercicio profesional.
Por ello, y teniendo presente la naturaleza y resultado del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios fijados en la resolución apelada y, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando el resultado del recurso, SE FIJAN los emolumentos de la dirección letrada y representación de la parte demandada en 2 UMAS, que equivalen a $68.764 (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores y arts. 16, 19, 20, 29, 30 y 44 de la ley 27423; Res SGA 12/24).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
Expte. nro. 30439/2023 "ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 36770-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, de febrero de 2024.- MLF Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. El Tribunal Fiscal resolvió a fs. 169/172 confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) nro. 4392, en cuanto exige a la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA el pago de tributos que ascienden a la suma de u$s 6.953,92 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, más los intereses previstos en el art. 794 del código aduanero, calculados desde el 14/4/2015 hasta la fecha de efectivo pago, con excepción de las percepciones del impuesto a las ganancias e IVA adicional. Asimismo, declaró que el monto exigible a la actora es de $56.096,44 en razón de la póliza nro. 421388 obrante a fs. 57, más intereses desde el 14/4/2015 los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del código aduanero. Las costas se distribuyeron según los respectivos vencimientos, estimados en un 11% a cargo del Fisco y 89% a cargo de la parte actora.
Comenzó examinando el planteo relativo a la duración irrazonable del proceso iniciado por el servicio aduanero. Al respecto, señaló que la garantía establecida en el art. 8, inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos incorporada al art. 75, inc. 22 de nuestra Constitución Nacional no puede ser aplicada en la especie puesto que con fecha 26/2/2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la opinión consultiva OC 22- 16 en la que sostuvo que “el art. 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”, por lo que -más allá de la opinión personal de los sentenciantescorresponde aplicar dicha doctrina, al margen de reconocer que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana no poseen los mismos efectos vinculantes que sus sentencias contenciosas. Desde otra perspectiva, advirtió que los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citados por la importadora (“Losicer” y “Bossi y Garcia”) se refieren a la duración del procedimiento infraccional pero en este caso se cuestiona la exigencia tributaria del Fisco por lo que el planteo resulta improcedente.
Luego de poner de resalto que la nulidad es una decisión extrema y que debe decidirse aquella que deje a salvo el acto procesal viciado siempre que se trate de un defecto subsanable, señaló que el auto de apertura del sumario dictado el 26/8/2010 en la Actuación SIGEA 12197-662-2007 cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en el art. 1094 del código aduanero ya que al momento de la apertura del sumario el servicio aduanero contaba con la carpeta original del DIT 05 001 IT14 001560 W y ya había practicado la liquidación tributaria (v. fs. 8 de las act. adm.) con posterioridad a la clasificación y valoración de la mercadería; añadió que la posterior liquidación no obsta a la validez del auto de apertura, dado que esta segunda liquidación rectificó mas no sustituyó a la primera, realizada en los plazos establecidos en el código aduanero.
Como consecuencia de ello, al examinar la prescripción opuesta otorgó efectos suspensivos al auto de apertura mencionado, observando que el plazo quinquenal previsto en el art. 803 CA comenzó a correr el 1/1/2007 (art. 804, inc. b, CA) por lo que al momento en que se dispuso instruir el sumario el 26/8/2010 no había operado la prescripción y el plazo que había comenzado se suspendió en los términos del art. 805, inc. a) del código aduanero y hasta que quede firme la resolución aduanera, notificada, que pone fin al procedimiento. Concluyó así que el procedimiento infraccional en sede aduanera se ha desarrollado dentro del marco normativo y de acuerdo con los plazos allí establecidos, por lo que el planeo de la aseguradora debe ser desestimado. En cuanto al fondo del asunto, puso de resalto que la recurrente no demostró la reexportación de la mercadería pues no acompañó la documentación ni individualizó los permisos de embarque y los certificados de tipificación y clasificación que descargarían efectivamente la importación temporal en trato, lo cual determina la responsabilidad de la aseguradora en su carácter de garante de la importación temporaria, con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria de la importadora. Sin perjuicio de ello, en atención a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Cladd”, sentencia del 26/11/2019, declaró extinguida la facultad CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III del servicio aduanero para reclamar las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las ganancias.
II. El pronunciamiento fue apelado por la aseguradora, cuyo recurso fue concedido a fs180 y fundado a fs 188/206. A fs. 214/227 el Fisco contestó agravios.
En sus agravios, manifiesta no coincidir con lo expresado en los puntos IV y V de la sentencia, relativos a la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, a la validez del auto de apertura de sumario y a la duración razonable del procedimiento administrativo y el posterior trámite ante el Tribunal Fiscal.
Al respecto, estima que si bien es cierto que el art. 805, inc. a) suspende desde la apertura del sumario el plazo de prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos hasta que recaiga decisión que habilitare el ejercicio de la acción, no lo es menos que ello se justifica sólo cuando los procesos fueren cumplidos en su debido tiempo y, en el caso, contabiliza 9 años en sede aduanera (desde la denuncia el 9/1/2007 al dictado del acto el 25/8/2015) y casi 7 años ante el Tribunal Fiscal (desde la apelación del 14/3/2016 a la sentencia del 14/11/2022), es decir 15 años desde la comisión de la infracción (28/2/2006). Entiende que el espíritu de la norma no puede haber sido suspender indefinidamente los procedimientos generando incertidumbre en ambas partes y que la suspensión indefinida del plazo de prescripción ha devenido irrazonable por su extensa duración, lo cual determina la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de la aplicación efectuada por la DGA al art. 805, inc. a) CA.
Insiste en la irrazonabilidad del plazo de duración del proceso aduanero, advierte que la garantía del art. 8, inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos no puede circunscribirse a la materia penal ordinaria sino que su plena aplicación debe extenderse a las extra penales, inclusive aduanera. Manifiesta que la actividad procesal de su parte no ha obstruido de ninguna manera la investigación de la Aduana puesto que recién fue citada en el año 2015; señala que la actividad de la autoridad aduanera no fue ni rápida ni eficaz y que la demora desmedida en el tramite ocasiona un claro perjuicio extra al contribuyente ya que de confirmarse la condena deberá abonar intereses por todo ese periodo de duración del proceso en exceso a lo razonable.
Advierte que también existen prolongados lapsos de inactividad atribuibles al Tribunal Fiscal y que no se observa complejidad que justifique un trámite tan extenso (8 años), y solicita que como parámetro se considere una duración razonable de cinco años de acuerdo a la jurisprudencia de esta Cámara que cita (Sala V, expte. 55643/16, del 27/6/2017).
Por otro lado, impugna la liquidación tributaria, tanto en cuanto a la moneda en que la Aduana efectúa su reclamo, el momento en que se deben convertir las sumas a pesos, la tasa de interés aplicable y el plazo para el cómputo de los intereses. En relación a ello, sostiene que el tributo resulta exigible al momento del hecho imponible por lo que es en dicho tiempo que debe convertirse a pesos (arts. 651, 637, 639 y cc. código aduanero); además entiende improcedente aplicar la RG AFIP 3271/12, ya que constituye un modo de actualización de la deuda tributaria que se encuentra prohibida. También sostiene que la base a fin de calcular los intereses debe ser considerada en pesos y propone que, salvo que se considere una menor, se aplique la prevista en la Res. (MH) 598/19. Finalmente, estima que no corresponde el pago de intereses desde el vencimiento del plazo para contestar vista (14/4/2015) hasta el dictado del fallo en virtud del cual su parte se vea obligada a abonarlos, dado el lapso de tiempo excesivo que ha transcurrido en la tramitación del procedimiento aduanero y su impugnación ante el TF. En esta línea, se pregunta si corresponde computar intereses por el tiempo en el que el expediente estuvo inactivo en forma injustificada y por exclusiva responsabilidad de la Administración y solicita que se ajuste la exigencia fiscal computando intereses sólo por el tiempo de tramitación útil.
III. Cabe comenzar el examen de la apelación poniendo de resalto que, en su queja relativa a la duración del procedimiento, el apelante omite referirse al argumento central que funda la decisión de la instancia anterior, que ha descartado en el caso la afectación a la garantía establecida en el art. 8, inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos incorporada al art. 75, inc. 22 de nuestra Constitución Nacional por entender que sólo las personas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III físicas pueden ser titulares de ella, por lo que en este aspecto el recurso se encuentra desierto (art. 265 CPCCN).
Sin perjuicio de ello, no es ocioso recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha explicado que la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas no puede traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos: 330:3640 y causa L. 216. XLV., in re “Losicer, Jorge Alberto y otros el BCRA - Resol. 169/05 (expte. 105666/B6 SUM FIN 708)”, del 26/06/2012). Bajo las pautas brindadas en dicho precedente, se observa que el presente caso no es asimilable al allí examinado, teniendo en cuenta en particular la actividad desplegada por la actora, quien tampoco ha efectuado presentaciones tendientes a impedir la dilación del trámite (arg. CSJN, Fallos 322:663; esta Sala, exptes. nro. 42279/2012, “Jefferson Sudamericana c/ DGA”, del 6/6/2013 y nro. 30.865/2016; Aseguradora de Créditos y Garantías SA TF 28934-A/1”, del 18/10/16, entre otros). En efecto, nótese que desde la notificación de la corrida de vista (del 25/3/2015) hasta el dictado de la resolución aduanera (del 25/8/2015) transcurrieron cinco meses (v. fs. 23 y 46/50 de las actuaciones administrativas) y que, en la instancia del Tribunal Fiscal, iniciada en marzo de 2016 (v. fs. 1 de esta causa), se produjeron regularmente las dos primeras etapas y la parte actora guardó silencio durante más de cuatro años y medio luego de la vista dispuesta a fs. 149 (con fecha 28/12/2017) reanudándose el trámite por despacho dictado de oficio el 16/8/2022 (fs. 154). En estas condiciones, no se advierte una afectación de la garantía bajo examen.
Por lo demás, tal como fue expresado en la sentencia, el plazo de prescripción de cinco años comenzó a correr el 1/1/2007 y fue suspendido por el auto de apertura del sumario del 26/8/2010 (arts. 803, 804, inc. b) y 805, inc. a) del código aduanero), por lo que ha sido bien rechazado el planteo de prescripción esgrimido.
IV. Las quejas dirigidas contra la liquidación tributaria (tipo de cambio aplicable, momento en que las sumas adeudadas deben ser convertidas a pesos) no han sido oportunamente planteadas en la instancia anterior (art. 277, CPCCN) y, por ser fruto de una reflexión tardía, deben ser desestimadas Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
A fin de examinar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios de fs. 178, cabe señalar que esta Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que se deben fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aun en los juicios de monto exiguo e, inclusive, sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas, compatible con la dignidad en el ejercicio profesional.
Por ello, y teniendo presente la naturaleza y resultado del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios fijados en la resolución apelada y, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando el resultado del recurso, SE FIJAN los emolumentos de la dirección letrada y representación de la parte demandada en 2 UMAS, que equivalen a $68.764 (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores y arts. 16, 19, 20, 29, 30 y 44 de la ley 27423; Res SGA 12/24).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite -en la instancia anterior- su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia