Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 36777-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación del 28/11/2024, en cuanto fue materia de agravio, con costas (arts. 68, 1° parte y 1163 del C.A.).
14550/2025 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 36777-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”
Buenos Aires, 10 de abril de 2026.
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 28/11/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la Resolución DE PRLA N° 8029/2015, recaída en el expediente administrativo Act. Nro. 12206-10408-2005, declarando que los tributos adeudados ascendían a la suma de U$S 1.406,28, en concepto de I.V.A. adeudado, con más los intereses del art. 794 del C.A, que debían calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista (21/10/2015), hasta la fecha de su efectivo pago. Con costas a la vencida. Declaró que el importe que podría exigírsele a “Alba Compañía de Seguros SA” era el de $ 19.500, con más los intereses devengados desde el 05/11/2015, en los términos del art. 794 del CA hasta la fecha de su efectivo pago. Revocó parcialmente la Resolución DE PRLA N° 8029/2015, respecto al I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias en los términos del Considerando XVIII de dicho pronunciamiento, con costas por su orden (fs. 334/347 de los antecedentes de la causa).
Para así resolver, en cuanto aquí interesa, sostuvo que, en relación a los conceptos I.V.A. Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debía recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Sentado lo que antecede, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada "Cladd ITA S.A. c/ EN — DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA" (TF 22.343-A)", sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que "(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 1 1.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de "obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento" (Fallos: 285:177)".
Refirió que, en el citado precedente, sobre esa base, se concluyó que "(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que éstas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504: 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal".
En tales condiciones, consideró que la DGA carecía de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
En consecuencia, modificó la exigencia tributaria.
En otro aspecto, postuló que, el núcleo de la cuestión radicaba en determinar la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguraban el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero. Adujo que no concebía la posibilidad de que el Estado tenga capacidad para entablar relaciones jurídicas que se desarrollen al amparo del derecho privado. En ese sentido, manifiesta que si bien el legislador tenía un cierto margen de discrecionalidad para hacer actuar a los órganos estatales bajo modalidades privadas, lo cierto era que esa opción regulatoria era meramente instrumental, en tanto por la naturaleza misma de las cosas, el Estado siempre estaba sometido a exigencias jurídicas que le eran impuestas por las razones que justificaban su existencia. En consecuencia, entendió que, las eventuales normas de derecho privado que pudieran regir la actividad de la empresa aseguradora eran meros accidentes de la sustancial relación jurídica entre el servicio aduanero y la aseguradora que voluntariamente decidió incursionar en una disciplina regida por las normas, principios y valores que regían las cuestiones públicas. Si no se reconociera esa elemental cuestión, el problema se encontraría mal planteado y discurriría en un recuento de las cláusulas contractuales entre el asegurado y la compañía aseguradora.
En ese orden de ideas, señaló que el art. 453 inc. c) del CA prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, agregó que el art. 255 del mismo cuerpo normativo indicaba que la garantía debía otorgarse a los fines de "asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone", las que consistían en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al momento de la oficialización de la importación.
Alegó que, en relación a la extensión de la responsabilidad tributaria de la aseguradora, debía tenerse en cuenta la suma máxima garantizada por la Póliza N° 398.905, hasta la suma máxima de $ 19.500, con más los intereses previstos en el art. 794 del C.A. Puso de resalto que respecto del pago de accesorios no regía limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 12/02/2025 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional, expresando agravios en el mismo acto (fs. 355/375 de los antecedentes de la causa), los que fueron replicados por la contraria el 20/03/2025 (fs. 380/386 de los antecedentes de la causa).
Se deja constancia que con fecha 8/09/2025 se expidió el Sr. Fiscal de Cámara.
Se agravia porque considera que el precedente de la C.S.J.N. “Cladd”
no se aplica a la aseguradora.
Al respecto, aclara que el Fisco consiente que el fallo “Cladd”
proyecte sobre lo que se le puede exigir a “Petroquímica Argentina S.A.”, pero trae a colación que el referido fallo (“Cladd”) analizó la exigibilidad de la obligación “a la firma importadora” y no así a la empresa aseguradora (o garante de producirse el siniestro, en cuyo caso asumió el pago de dichas percepciones, contra una prima). Advierte que, aseguradora e importadora, son dos personas jurídicas distintas, las cuales se vinculan con el Fisco (DGA) de manera “diferente”; ambas tienen diferentes obligaciones, responsabilidades y derechos, frente al Fisco (DGA). Observa que, en efecto, la importadora se vincula en forma reglamentaria con el Fisco (DGA). La aseguradora no tiene vínculo tributario con el Fisco (DGA), sino que afianza las obligaciones del importador temporario; es decir, aquellas obligaciones que hubiere correspondido cancelar “antes’’ (como condición sine qua non para importar), pero que quedaron “en suspenso” y se garantizaron mediante un contrato.
Considera que, entonces, más allá de la situación que pudiese tener el importador frente al Fisco, habiendo incumplido este el régimen aduanero y si ese incumplimiento es objeto de la cobertura aseguradora, sobre esta última subsiste la obligación, y por ello debe pagarle al Fisco, en las condiciones establecidas en el contrato de seguro (no porque el Fisco sea agente de percepción) y, de no hacerlo, obtendría un beneficio sin causa en la medida que -su obligación- siempre fue garantizar, con el pago, ante la ocurrencia del incumplimiento de reexportar (siniestro en el caso concreto).
Destaca que, siguiendo estos simples lineamientos, la importadora aseguró (contra una prima) un “riesgo claramente determinado...”, es decir, aseguró que ante una determinada situación de hecho (importación definitiva de la mercadería importada de manera temporal) respondería conforme y en la medida estipulada en la póliza.
Es decir, con el seguro de caución en cuestión, se añadió un responsable -adicional- por la deuda primigenia del importador, que quedó en “suspenso” (garantiza en el cuerpo del DIT) para el caso de producirse el siniestro (que consistió siempre la nacionalización de la mercadería).
Añade que, el propio art. 462 del C.A. establece: “Los derechos y privilegios respecto de la garantía pueden ejercerse simultáneamente y sin perjuicio de las acciones que competen al servicio aduanero contra los responsables del pago de los tributos, multas y accesorios correspondientes”.
Precisa que, producido el siniestro (consistente en la importación a consumo) las obligaciones corren por cuerda separada para ambos responsables. El importador, adeuda las percepciones por una obligación que proviene del “orden público tributario”, art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998). A él se le exige en base a ello y bien puede, cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos, extinguirse la facultad del Organismo (DGA) para exigir el pago de manos del importador.
Sin embargo, en el caso de las aseguradoras, lo único que debe ponderarse es la existencia de un contrato (póliza) y que el hecho generador de la obligación, efectivamente, se haya producido (la importación definitiva a consumo). Ello así, acreditada la importación a consumo, la obligación de la aseguradora corre por cuerda separada a la del importador.
Pondera que, ante situación falencial, en la póliza no se prevé beneficio de excusión alguno, de modo que la DGA pudo válidamente intimar a la aseguradora, no estando obligada a la verificación de su crédito fiscal en el proceso falencial de la tomadora para efectivizar la garantía prestada.
Manifiesta que los intereses debidos corren desde la notificación a la aseguradora.
Pone de relieve que, si no hay póliza vigente, la aseguradora no responderá frente al Fisco (DGA).
Recuerda que, el art. 3° de la Ley de Seguros establece que es nulo el contrato de seguro, cuando al momento de su realización hubiera desaparecido el riesgo.
Manifiesta que, por lo tanto, ante el precedente “Cladd”, existen dos interpretaciones posibles para las aseguradoras: (1°) al menos parcialmente, el riesgo (deber de cancelar las percepciones) nunca estuvo cubierto (en cuyo caso cobraron una prima mayor a la debida, sabiendo -o debiendo saber- que era imposible, omitiendo disminuir el valor de la prima) o, (2°) el riesgo estuvo cubierto (por cuanto la aseguradora no asentó exclusión o caducidad de cobertura). De hecho, interpreta que al no asentar nada, avalaron implícitamente que, si ocurre el siniestro, el importador y la aseguradora, tienen que pagar automáticamente la totalidad de lo que adeudaba la importadora en un momento concreto: al momento de -documentarla importación temporaria (en el DIT todo figura garantizado). Y la importadora cancelará los tributos por una relación de derecho público (normas tributarias), mientras que la aseguradora lo hará por una relación de derecho privado (el contrato que garantizó, asumiendo ese riesgo).
Resalta que, el punto 26 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (que permite establecer sus tarifas -primas- de acuerdo con un procedimiento que se dará por cumplido siempre que se respeten ciertos requisitos) establece (entre otras cosas) que se debe tener presente la “experiencia siniestral” y “la variación del riesgo aplicado de forma uniforme”.
Aduce que, ello implica que nunca previeron “Cladd” (de hecho, por eso no lo estipularon como exclusión o caducidad expresamente, nada asentaron por escrito a las cláusulas) y si “no fue prevista una exclusión o caducidad”, en este tipo de fianza, la prima “lo admite y cobraron por ello”.
Alega que, de allí que no es lógico considerar que la doctrina del fallo “Cladd” alcanza a la empresa aseguradora, en tanto la aseguradora adeuda una indemnización -igual- a los importes de las percepciones.
Pone énfasis en que, la póliza se encontró vigente al momento del hecho y generó en todo momento el devengamiento de la prima.
Argumenta que, ello equivale a sostener que la aseguradora no puede desconocer que como siguió garantizando las percepciones después de fenecida la facultad de reclamarla para la DGA ahora las adeuda; puesto que una postura en contrario implicaría ir contra los actos propios, hoy reforzada por la doctrina de “la confianza legítima”.
Precisa que, en las circunstancias -ut supra- apuntadas (existencia de una póliza con un riesgo tasado al momento de liquidarse los tributos que gravarían la importación a consumo), manteniendo el Fisco esa póliza (sin liberarla), puede afirmarse que esta parte depositó su confianza legítima en la aseguradora. Considera que, al momento de la importación a consumo, no hay duda que las obligaciones existieron, pero entiende que por conducto de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada "Cladd ITA S.A. c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la Aduana perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos (ver Consid. VIII).
Postula que, cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extinguió la facultad del Organismo (DGA) para exigir el pago de esas percepciones al deudor principal; pero: (1°) las obligaciones existen para el deudor principal, se las adeuda a DGI, y (2°) la DGA tiene acción directa para cobrar la indemnización (sustitutiva de esas percepciones) al ejecutarlas directamente al garante (que por ese motivo extendió una fianza). Las obligaciones comprendidas en la póliza existen, y si bien la DGA no podrá actuar como agente de percepción (la norma tributaria de orden público se lo impide), nada limita que la DGA pretenda con base en el contrato (póliza).
A modo de conclusión, esgrime que, es sabido que la solvencia del deudor, cuyo patrimonio es la prenda común de los acreedores, resulta una variable incierta cuando se trata de obligaciones asumidas por aquél hacia el futuro (obligaciones a pagarse cuando se vence el DIT). Las garantías se presentan, entonces, como un instrumento jurídico, que garantiza el cumplimiento de las obligaciones asumidas expresamente. La fianza, en este caso, es una forma de garantizar -los tributos que al producirse el hecho imponible deberá el importador temporario- bajo los términos del art. 1574 del CCyC y que se enmarca -en estos casos- dentro de las declaraciones unilaterales de voluntad (arts. 1810 a 1814 del CCyC).
Por lo tanto, aclara que el art. 1814 del CCyC establece la irrevocabilidad de la garantía (a menos que se disponga en el acto de su creación que es revocable); bajo el entendimiento de que es el detalle que vuelve coherente que el sistema estipule que, mientras la garantía está vigente, no se devuelve la póliza. Como consecuencia de todo ello, no habiendo mutado el valor de la prima, no puede entenderse que haya mutado la obligación (pago de lo adeudado al momento imponible), independientemente de que al deudor principal (importador) no le sea ya exigible el pago de ciertas percepciones (por el paso del tiempo). Expresa que las cláusulas contractuales pueden comprometer a la aseguradora como principal pagador en los términos del art. 1591 del CCyC, ubicando al fiador en un plano de completa igualdad con el deudor original. Añade que, se entiende que la fórmula "principal pagador" o de expresiones análogas (liso y llano pagador, codeudor solidario, entre otras) marcan que, producido el incumplimiento del régimen temporal, la responsabilidad por el pago será individual para importador y aseguradora.
Destaca que, la accesoriedad característica de la fianza no cambia las cosas debido a que la obligación del principal no se extingue. El fallo “Cladd” únicamente le quitó la acción a la Aduana (no a la DGI) para percibir de manos del importador, bajo ciertas condiciones, más la obligación sigue vigente (por eso no se devolvió la póliza ni se redujo la prima).
Afirma que, la deuda la sigue teniendo (con DGI) y la aduana no podrá actuar como agente de percepción por el régimen tributario, pero puede reclamarla de manos de la asegurada directamente, porque las pólizas establecen que verificado el hecho imponible, la aduana (DGA) puede reclamarle la deuda directamente al asegurador, que se constituye en pagador principal.
III. Que desde ya, corresponde adelantar que el recurso intentado no podrá prosperar.
En efecto, el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836). Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
IV. Que en el sub examine, mientras el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para revocar parcialmente la resolución DE PRLA N° 8029/2015 en cuanto a la exigencia de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, se sustentó, en las previsiones contenidas en el artículo 453 del C.A. y en la aplicación al caso del precedente del Máximo Tribunal “Cladd ITA S.A. c/ EN - DGA (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)” para las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, de fecha 26/11/2019; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo resuelto, argumentando que el fallo “Cladd” no se aplica a las compañías aseguradoras, sin controvertir en modo eficaz lo resuelto. En efecto, las pólizas de caución aduanera se emiten para garantizar tributos aduaneros (art. 453 y ss. del Código Aduanero).
Sin embargo, las percepciones de IVA adicional (RG 3431/91) y de Ganancias (RG 3543/92) no son tributos aduaneros, sino pagos a cuenta de impuestos nacionales.
Es decir, su causa no surge de la operación aduanera en sí, sino de normas fiscales internas dictadas por la AFIP–DGI.
Por eso, la DGA actúa solo como agente de percepción. No tiene competencia tributaria propia sobre esas percepciones una vez vencido el plazo fiscal correspondiente.
En este sentido, el núcleo del fallo “Cladd” es el límite temporal a la potestad de la Aduana: “Vencido el término para presentar las declaraciones juradas de IVA y Ganancias, la Aduana carece de facultades para exigir el ingreso de las percepciones garantizadas”.
A partir de ese momento, la obligación aduanera garantizada se extingue. Lo que subsiste, en su caso, es una obligación tributaria de derecho interno (ante la DGI), no cubierta por la póliza aduanera.
El riesgo asegurado desaparece, porque ya no existe la obligación aduanera que la póliza garantizaba.
Por ende, la compañía aseguradora no puede ser válidamente ejecutada por la DGA respecto de dichos conceptos.
En definitiva, no existe una obligación aduanera exigible, ya que las percepciones dejaron de estar bajo la órbita de la DGA una vez vencido el término de presentación de declaraciones juradas.
Es que, la póliza de caución cubre obligaciones aduaneras durante la vigencia de la garantía. Transcurrido el plazo para la presentación de la declaración jurada, la cobertura caduca automáticamente.
A mayor abundamiento, resulta dable añadir que, el eventual reclamo por falta de ingreso de las percepciones debería canalizarse en sede impositiva (DGI), no aduanera.
En similar sentido se ha pronunciada esta Sala, in re, expte. 13524/2025, “Paraná SA de Seguros (TF 32425-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 22/12/2025.
En tales condiciones, corresponde rechazar la apelación intentada por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar, en cuanto fue materia de agravios, la resolución dictada el 28/11/2024 por el Tribunal Fiscal de la Nación.
V. Que, en atención a la forma en que se resuelve, y al no advertirse en esta oportunidad motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia judicial se imponen al Fisco Nacional, vencido (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación del 28/11/2024, en cuanto fue materia de agravio, con costas (arts. 68, 1° parte y 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírense estos actuados al Tribunal Fiscal de la Nación.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia