Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 109/2006 y 110/2006, y 140/2008 y 141/2008, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de Alberto Vazquez e Hijos SA, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432:
A. Por el Expediente N° 28.694, en las sumas de $20.005 por la representación procesal y $50.013 por el patrocinio letrado.
B. Por el Expediente N°33.064-I, en las sumas de $12.856 por la representación procesal y $32.140 por el patrocinio letrado.
3Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de Alberto Vazquez e hijos SA, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la tercera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423:
A. Por el Expediente N°28.694, en las sumas de $81.549 equivalente a 1,21 UMA por la representación procesal y $203.873 equivalente a 3,01 UMA por el patrocinio letrado.
B. Por el Expediente N°33.064-I, en las sumas de $29.588 equivalente a 0,44 UMA por la representación procesal y $ 73.970 equivalente a 1,09 UMA por el patrocinio letrado. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-62012025-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 9 de Junio de 2025 HIJOS S.A.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 28.694-I y su acumulado N° 33.064-I caratulado "ALBERTO VAZQUEZ E HIJOS S.A. s/apelación"
La Dra. O’Donnell dijo:
I. ALBERTO VAZQUEZ E HIJOS S.A. interpone el recurso de apelación previsto por el art. 76, inc. b) de ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones:
• la N° 109/2006, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 4/2001 a 3/2002, que implicó una disminución del saldo a su favor de $232.250,98. Allí se lo intimó a rectificar dicha declaración jurada al igual que la de los períodos posteriores incididas por el saldo a su favor.
• la N° 110/2006: en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2002, intimándole el ingreso de $155.410,42, más intereses resarcitorios (art. 37, ley)
En dicho acto, además, se le aplica una multa de omisión de $108.787,29 (art. 45, ley, t.v.).
• la N°140/2008: en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2003 y se lo intima a ingresar $129.952,39 más intereses (art. 37, ley). En dicho acto, además, se le aplica multa una de omisión $129.952,39 (art. 45, ley).
• la N° 141/2008: en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2004 y se lo intima a ingresar $4.716,44, mas intereses resarcitorios. Se le impone allí también una multa de omisión de $4.716,44 (art. 45, ley).
En sus presentaciones ante este Tribunal, explica que su actividad es la industrialización de sebos y huesos y que los ajustes notificados en las Resoluciones derivan de haberse presumido ventas omitidas a partir de la depuración de los depósitos bancarios en sus cuentas, según el art. 18, primer párrafo, ley 11.683 (t.v.). Invoca la nulidad de las Resoluciones por falta de motivación suficiente y por no haberse admitido la prueba ofrecida en la instancia administrativa previa y por haberse dictado las Resoluciones Nros. 140 y 141 a pesar del efecto suspensivo derivado de la apelación ante este Tribunal de la Resolución N° 110/2006 que a esa fecha estaba en trámite.
En cuanto a la depuración de la cuenta, alega que la determinación se practicó a partir de un único indicio y que fiscalización no tuvo en consideración transferencias entre cuentas y extracciones varias y que, de cualquier modo, las diferencias detectadas responden a operaciones exentas en el impuesto al valor agregado porque eran ventas por exportación. En subsidio, alega que debió efectuarse el prorrateo entre ventas gravadas y exentas y que, en tal caso, las gravadas ascenderían solo a $486.370,91 en lugar de $1.105.446,40 como determinó el Fisco Nacional.
Se agravia, además, de la liquidación practicada en el impuesto a las ganancias al no haberse considerado gastos y costos atribuibles a los ingresos que se presumen omitidos. Alega que la utilidad bruta, según el balance al 31/3/2002, fue de 23,32%, por lo que la ganancia de los depósitos ascendería solo a $257.828,56. Se agravia, por último, de los intereses resarcitorios intimados en las Resoluciones y de las multas aplicadas en dichos actos, invoca error excusable en su conducta y pide, también en subsidio, que se las reduzca a su mínimo legal.
Ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable y solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones, con costas.
II. A fs. 78/93 y 416/431 contesta el traslado de los recursos de apelación la representación fiscal y pide que se confirmen los actos dictados en su sede, con costas.
Para ello, dice que respecto del período fiscal 2002 se constató diferencias entre los depósitos bancarios y las cobranzas por $1.105.846,40, que estaban asentadas en registraciones globales, sin que en la instancia de la fiscalización el recurrente aportara el detalle de los ingresos y de los pagos y de las alegadas cobranzas de exportaciones en efectivo que dice haber hecho. Agrega que ello impidió relacionarlas con los depósitos. En cuanto a los ajustes en el período fiscal 2003, explica que el recurrente computó quebrantos de períodos fiscales anteriores por $402.192,33 que fueron impugnados en la Resolución de determinación de oficio de dicho período -Resol. N° 110/2006-. Por este motivo, se impugna la suma de $388.716,78 y corolario de ello se intima el ingreso de $129.925,39; del mismo en el período 2004, se impugna el traslado del quebranto de $13.475,55 proveniente de la declaración jurada original del año 2002.
III. A fs. 99 se abre a prueba el Expediente N° 28.694 -I que obra producida con el informe pericial contable agregado a fs. 123/255.
A fs. 434 se dispone la acumulación del Expediente N° 33.064-I al N° 28.964-I A fs. 442 el recurrente desiste de la prueba pericial contable ofrecida en el Expediente N° 33.064-I. A fs. 524 se clausura y a fs. 528 se eleva a la Sala; luego, se ponen para alegar obrando únicamente el presentado por la representación fiscal a fs. 536/539.
A fs. 542 quedan en estado de dictarse la sentencia.
IV. Corresponde resolver en primer término los planteos de nulidad invocados por el recurrente. En cuanto a la afectación de su derecho de defensa por falta de motivación, la sola lectura de las Resoluciones permite concluir que allí se expresaron en forma detallada el sustento y los elementos tenidos en cuenta en su emisión. Por otro lado, tampoco se advierte nulidad en razón de no haberse admitido la prueba ofrecida por la recurrente en ocasión de contestar la vista de los ajustes, en particular porque de los mismos Considerandos surge que en el trámite del procedimiento de determinación de oficio el juez administrativo ordenó la sustanciación de una medida para mejor proveer para corroborar los dichos del recurrente en sus descargos. Mas de allí también surge que dicha medida solo pudo ser cumplida parcialmente ya que no adjuntó las boletas de depósito y los comprobantes de extracción que se le solicitara; los que sí aportó no coincidían en sus importes con los depósitos en las cuentas, tampoco coincidían las fechas y más relevante aún, registraba los movimientos en una cuenta única denominada “Caja de Administración” en la que los asentaba en forma global.
En cuanto a la nulidad de las Resoluciones Nros. 140/2008 y 141/2008, corresponde señalar que el efecto suspensivo previsto en el art. 167 de la ley 11.683 respecto de la Resolución de determinación de oficio en la que se impugna un quebranto en modo alguno obsta al dictado de idénticas Resoluciones en los que dicha decisión tiene incidencia, que en caso de ser recurridas ante este Tribunal, también tienen efectos suspensivos, por lo que tampoco se advierte en este caso que se hubiere incurrido en un vicio de nulidad. Fue, además, la propia recurrente la que el recurrir dichos actos solicitó la acumulación con el Expediente en el que tramitaba la apelación contra las Resoluciones Nros. 109/2006 y 110/2006 que fue dispuesta a fs. 434, por lo que tampoco se advierte motivo para declarar la nulidad en la forma solicitada al no advertirse perjuicio alguno.
Por ello deben ser desestimadas estas defensas, sin costas (Fallos 336:70; “Bolland”).
V. En cuanto a legitimidad de los ajustes, debe estarse a los agravios formulados por Alberto Vázquez e Hijos S.A. y los resultados de las pruebas rendidas tanto en esta instancia, como en la administrativa previamente sustanciada.
Los ajustes tienen origen en la investigación llevada a cabo en una fiscalización a Alberto Vazquez e Hijos S.A. en la que, luego de exhaustivas tareas y diligencias, se sumaron los ingresos del período fiscal 2002 por todo concepto –ventas, diferencias de cambio, percepciones y otros ingresos- y luego de restarle los pagos a proveedores, tanto en efectivo o en bonos, como con cheques de terceros y otros conceptos-, se comparó con las acreditaciones bancarias, se detectaron diferencias por $1.205.846,40 que el juez administrativo trató como ventas e ingresos omitidos, por aplicación del primer párrafo del art. 18 de la ley 11.683. El recurrente pretendió justificar dicho importe con retiros de dinero de otras cuentas bancarias y posterior depósito en la misma fecha o en fecha cercana.
A partir de ello el juez administrativo dictó una medida para mejor proveer, en mérito al art. 35 del decreto 1397/79, reglamentario de la norma citada, cuyo propósito fue relevar todas las cuentas bancarias del recurrente que arrojó que se efectuara una nueva liquidación de sus obligaciones, en la que se detrajo solamente una única operación de $100.000 al haberse comprobado su extracción y posterior depósito.
Por otra parte, en esta instancia jurisdiccional, la entonces Vocal Instructora admitió la producción de una prueba pericial contable (fs. 123/255).
Allí, los expertos mencionan que en el período que aquí importa la empresa utilizaba para su actividad tres cuentas: dos en pesos y una en UDS, todas en el Scotiabank Quilmes. Luego de analizar los movimientos de las cuentas del aquí recurrente, informan: el perito del Fisco Nacional, que salvo por un movimiento de $100.000 no puede afirmar que los retiros en efectivo de una cuenta se correspondan con depósitos en otra cuenta, en efectivo también. Ello, debido a la falta de coincidencia entre los importes y de fechas entre unos y otros. La perita del recurrente, por su parte, manifiesta que si bien es imposible afirmar que los retiros de la caja en USD en efectivo fueron luego depósitos en efectivo en la caja en $, del seguimiento de los movimientos puede decir que $604.262,26 pueden aparearse por ser de la misma fecha o fecha cercana. En dicha suma se encuentran incluidos los $100.000 que ya habían sido admitidos por el juez administrativo. Se advierte así que los expertos no tienen coincidencia en este punto que es esencial para resolver la controversia, ya que si bien la perita del recurrente llega a un importe diferente de ventas omitidas (menor) al determinado en las Resoluciones, lo cierto es que ella misma acepta su falta de certeza debido a la imposibilidad de relacionarlas con cobranzas u otros conceptos. Tampoco coinciden en el resto de los puntos de pericia que analizaron.
Tales consideraciones, ante la falta de pruebas categóricas que respalden los agravios del recurrente, lleva a concluir en la legitimidad de las Resoluciones Nros. 109/2006 y 110/2006 en las que se presumió que los depósitos sin justificar correspondían con ingresos y con ventas omitidas, tanto en cuanto al capital como los intereses allí intimados que se devengan en forma automática por la mora en el pago debido (art. 37, ley 11.683)). Por la forma en que se resuelve, corresponde confirmar también las Resoluciones Nros. 140/2008 y 141/2008 que son una derivación directa de la impugnación del quebranto dispuesta en la determinación de oficio practicada en la Resolución N° 110/2006.
VI. En cuanto a las sanciones de omisión aplicadas en las Res. Nros. 110/2006, 140/2008 y 141/2008, también deben ser confirmadas. Tanto el encuadramiento de la conducta en el art. 45 de la ley, como su graduación resultan conforme a la conducta reprochada ya que, conforme a lo descripto en Considerandos precedentes, Alberto Vazquez e Hijos S.A. no pudo justificar el origen de la totalidad de los depósitos en sus cuentas bancarias para el período fiscal 2002, con incidencia directa en los períodos fiscales 2003 y 2004, configurándose de ese modo el elemento objetivo del ilícito previsto en dicha norma constituido por la presentación de declaraciones juradas inexactas.
En lo que respecta al elemento subjetivo, de indispensable configuración tratándose de ilícitos tributarios, conforme a la doctrina de la Corte Suprema en Fallos 271:297, era al recurrente al que le correspondía demostrar, pruebas mediante, la falta de la culpa o de la negligencia que exige el tipo del art. 45 de la ley (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A.”, del 28/06/2007; "La Rueca Porteña S.A.", del 27/10/1998; “Italcred S.A. “, del 28/04/2016, entre otros), pero la única prueba rendida en esta instancia –pericial contable- no arrojó los resultados que respalden sus agravios.
Tampoco se invocaron ni muchos menos acreditaron razones suficientes para convalidar la existencia de error excusable, máxime cuando de las propias Resoluciones surge que Alberto Vázquez e Hijos S.A. no aportó la totalidad de la documentación solicitada para hacer la depuracion de sus cuentas bancarias, por lo que las multas deben ser confirmadas también.
Las costas se imponen a la vencida (art. 184, ley 11.683)
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
En atención a la votación que antecede,
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 109/2006 y 110/2006, y 140/2008 y 141/2008, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de Alberto Vazquez e Hijos SA, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432:
a. Por el Expediente N° 28.694, en las sumas de $20.005 por la representación procesal y $50.013 por el patrocinio letrado.
b. Por el Expediente N°33.064-I, en las sumas de $12.856 por la representación procesal y $32.140 por el patrocinio letrado.
3. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de Alberto Vazquez e hijos SA, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la tercera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423:
a. Por el Expediente N°28.694, en las sumas de $81.549 equivalente a 1,21 UMA por la representación procesal y $203.873 equivalente a 3,01 UMA por el patrocinio letrado.
b. Por el Expediente N°33.064-I, en las sumas de $29.588 equivalente a 0,44 UMA por la representación procesal y $ 73.970 equivalente a 1,09 UMA por el patrocinio letrado.
4. Regular los honorarios del Contador Público Nestor Alejandro García, los que quedan a cargo de Alberto Vazquez e hijos SA., en la suma de $ 67.632 por su actuación como perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57 y por la ley 27.423 respecto de los montos mínimos.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2025.06.09 11:47:07 -03:00 Date: 2025.06.09 12:07:47 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.09 12:31:08 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.09 12:31:09 -03:00
Fin de la sentencia