Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 332/04, 333/04 y 5/2012, con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del Sr. José Manuel Albín, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido:
A. en el Expediente N° 24.285-I:
- en la suma de $21.376, por la representación procesal y de $53.440, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en las dos primeras etapas del Expediente, conforme las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
- en la suma de $77.885, equivalente a 1,59 UMA, por la representación procesal y $194.712, equivalente a 3,97 UMA, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida del Expediente, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
B. en el Expediente N° 35.990-I:
- en la suma de $25.168, por la representación procesal y de $62.920, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en las dos primeras etapas del Expediente, conforme las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
- en la suma de $36.065, equivalente a 0,73 UMA, por la representación procesal y $90.162, equivalente a 1,84 UMA, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida del Expediente, conforme lo dispuesto por la ley 27.423. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-61869503-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 12 de Junio de 2024 s/ recurso de apelación”.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10°Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 24.285-I (y su acumulado Nro. 35.990-I) caratulado “Albín José Manuel s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. José Manuel Albín interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas en la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos:
a) la Resolución N° 332/04, del 15.10.2004, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales marzo de 2001 a febrero de 2002, estableciéndose un saldo a favor del Fisco Nacional por el período febrero de 2002 -art. 24, primer párrafo de la ley del impuesto al valor agregado- por $ 75.312,42, disminuyéndose el saldo declarado en dicho período –art. 24, segundo párrafo, de la misma ley- de $ 69.216,10 a $ 1.397,56. (Expte. N°24.285-I).
b) la Resolución N° 333/04, del 15.10.2004, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2000 y se lo intima a ingresar $285.998,47, más los intereses resarcitorios, y se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional una vez resuelta la causa penal, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769. (Expte. Nro. 24.285-I)
c) la Resolución N° 5/2012, del 6.2.2012 en la que se le aplica una multa de $857.995,41 (art. 46 y art. 47 incs. a) y b) de la ley 11.683), por las obligaciones intimadas en la Res. N° 333/04 (Expte. acum. N° 35.990-I)
En su presentación ante este Tribunal pide, en primer término, la nulidad de las Resoluciones por no haberse invocado ninguna de las circunstancias excepcionales y taxativas establecidas en el entonces vigente art. 16, primer párrafo, de la ley 11.683 para recurrir al método presuntivo de sus obligaciones. Relata que en el impuesto al valor agregado se establecieron ajustes por diferencias en los débitos y créditos declarados en base a:
- ingresos no declarados por las operaciones de venta de cereal informadas por la firma Intagro S.A. en carácter de intermediaria;
- registración en el libro IVA ventas del comprobante N° 0001-0000580 -nota de crédito- emitido por el Sr. Carlos Rosillo en enero de 2002, sin justificar su origen;
- impugnación del crédito fiscal de la factura N° 0001-00000559- registrada en diciembre de 2001 del proveedor Luis Alberto Torregiani por no haberse acreditado la existencia de la operación. Invoca que en todos los casos las operaciones fueron reales y contabilizadas. Explica que a la fecha de la fiscalización el Sr. Rosillo ya había fallecido y que el Sr. Torregiani fue citado y tuvo la oportunidad de verificarlo, pero no se lo interrogó.
A continuación, explica que en el impuesto a las ganancias se realizaron los siguientes ajustes: - ventas omitidas con las firmas Bunge Cerval S.A.,Cargill S.A. y Productos Sudamericanos S.A. Indica que como resultado de la circularización efectuada a dichas empresas, se constató que había ventas sin declarar pero sostiene que no incurrió en omisión sino en un diferimiento en el pago del impuesto. Solicita, a continuación, que se aplique el art. 81, anteúltimo párrafo, de la ley 11.683, ya que el impuesto del período fiscal 2000 determinado en la Resolución N° 333/04 fue ingresado en el período fiscal 2001. Solicita también la revocación de la sanción impuesta en forma proporcional a los montos que se compensen por aplicación de dicha norma.
- impugnación de gastos por servicios de fletes facturados por José Manuel Albín S.A.
Informa que la impugnación en este caso, por un monto de $132.166, se funda en la falta de documentación respaldatoria ya que no se consideró suficiente la factura que se exhibió que documenta el gasto.
Agrega que al valorar dicha prueba, la jueza administrativa modificó los fundamentos de su impugnación y desconoció la existencia misma de la operación.
A efectos de probar la veracidad de la operación, ofrece en esta instancia prueba informativa a la empresa José Manuel Albín S.A.
- impugnación de la deducción por deudores incobrables -Sres. Torregiani, Rosillo y Vivarelli-. Realiza una transcripción de los arts. 87 de la ley del impuesto a las ganancias y de los arts. 136 y 142 del decreto reglamentario, indicando que de los cuatro requisitos que se exigen para que sea admisible la deducción de deudores incobrables, dichas personas cumplen con tres de ellos. En efecto:
- en los tres casos, los movimientos de la cuenta corriente y de la documentación respaldatoria acredita la existencia de relaciones comerciales con ellos desde hace muchos años;
- si bien acreditó el inicio de acciones judiciales en el caso de los Sres. Torregiani y Vivarelli, se consideró que no estaba probado que los pagarés del año 1995 correspondieran inequívocamente a las operaciones comprendidas en el ajuste.
Al respecto, dice que los títulos ejecutivos son por su propia naturaleza incausados y que por aplicación del art. 136 del decreto reglamentario de la ley del gravamen hubiera correspondido que la deducción del gasto se efectuara en el ejercicio fiscal en que se iniciaron las acciones judiciales, por lo que dicha omisión no es óbice para deducirlo en el período fiscal en discusión ya que no existe perjuicio fiscal alguno al no haberse deducido con anterioridad. Solicita de nuevo la aplicación del art. 81 de la ley 11.683. Respecto al Sr. Rosillo, sostiene que se impugna la deducción porque no fue acreditada la dificultad de cobro, por lo que debió ordenarse una medida de mejor proveer dirigida al Registro de Juicios Universales con la que dicha situación hubiera quedado debidamente corroborada.
- impugnación deducción otros de gastos por $ 8.463,34 (intereses bancarios, comisiones, sellados, etc.) Respecto a estos conceptos en el recurso de apelación no se formulan agravios, por lo que el ajuste debe tenerse por firmes y consentidos.
Se agravia también de la multa aplicada en la Res. N° 5/2012porque no incurrió en omisión, sino en un diferimiento de pago de la obligación, e invoca la inexistencia de perjuicio fiscal al haberse ingresado el impuesto en los períodos fiscales siguientes, solicitando se reencuadre su conducta en el art. 45 de la ley. Solicita asimismo se excluya de la base de cálculo de la multa el gasto por las operaciones con ya que acompañó la factura correspondiente al gasto, y respecto de los deudores incobrables, sostiene que no puede ser sancionado por dicho concepto.
Concluye que en el caso no se acreditó la conducta engañosa o maliciosa ni se probó el soporte fáctico de la presunción de dolo invocada, solicitando así que se revoque la Resolución N° 5/2012 o, en su caso, que se reencuadre la sanción en la figura culposa del art. 45 de la ley. Aporta prueba documental,ofrece informativa, testimonial y pericial contable y solicita, por último, que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. A fs. 65/73 y 254/260 el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
III. Conforme surge del auto de apertura a prueba de fs. 78, 88 y de fs. 111, la entonces Vocal Instructora hizo lugar a la prueba informativa, testimonial y pericial contable -respecto de los aspectos propuestos a fs. 42 puntos a), b), f) a j) y los reformulados a fs. 91. A fs. 122 obra declaración testimonial del Sr. Luis Alberto Torregiani. En cuanto a la informativa, a fs. 144, 145 y 164 obran las contestaciones de José Manuel Albin S.A., del Registro de Juicios Universales y del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de la Ciudad de Olavarría, respectivamente.
A fs. 301 se declaró el cierre del período probatorio y se elevaron las actuaciones a consideración de esta Sala y a fs. 307 se pusieron los autos para alegar, obrando únicamente a fs. 312/318 el alegato del Fisco Nacional; por último, a fs. 321 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde resolver en primer término el planteo de nulidad opuesto por el recurrente al criticar el uso del método presuntivo de la obligación tributaria al no haberse impugnado antes sus declaraciones juradas, el que claramente no puede prosperar porque no tiene sustento en la ley. El art. 16 de la ley 11.683 es, precisamente, la norma que autoriza a la Administración Tributaria a determinar de oficio las obligaciones de los contribuyentes tanto cuando no presentan sus declaraciones juradas como cuando las presentan en forma inexacta, que es el supuesto del Sr. Albin, inclusive a partir de sus propios reconocimientos.
Ello, sumado a que en las Resoluciones y del mismo modo en las actuaciones que preceden su emisión, se explican los motivos de los ajustes con claridad y detalle, impide calificarlas como nulas. A ello cabe agregar que, ya desde el inicio de la inspección, el Sr. Albín tuvo conocimiento de que se encontraba bajo la verificación por diversos impuestos, tomó vista de las actuaciones, pidió prórroga de los plazos para presentar su descargo, ofreció y produjo prueba, por lo que no se advierten vicios en los actos administrativos finalmente dictados.
En ese sentido, vale reiterar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta sino que es indispensable acreditar la existencia de menoscabo en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, por lo que corresponde desestimar la opuesta, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. Corresponde ahora resolver sobre la legitimidad de las Resoluciones, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sea conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).| Surge de los Considerandos de dichos actos que en el procedimiento de fiscalización llevado a cabo al Sr. José Manuel Albín se realizaron varios ajustes.
a) Ajustes en el impuesto al valor agregado.
- Impugnación del crédito fiscal computado por operaciones con el proveedor Luis Alberto Torregiani, e impugnación del débito fiscal -nota de crédito- respecto al Sr. Carlos Rosillo. Respecto de la operación con el Sr. Torregiani, a fs. 122 obra su declaración testimonial de la que se desprende que efectivamente tuvo relaciones comerciales con el Sr. Albín pero hasta el año 1995, es decir que no se pudo corroborar con sus dichos la efectiva existencia de la realizada en el período fiscal 2000, por lo que resultó acertada la impugnación del crédito fiscal computado, en la declaración jurada de dicho período en virtud de lo dispuesto en el art. 12 de la ley del gravamen, y así, debe confirmarse este ajuste. En cuanto a la impugnación del débito fiscal, por la nota de crédito extendida al Sr. Rosillo, el recurrente no produjo la prueba testimonial que ofreció ni en sede administrativa ni ante esta instancia, ni ninguna otra prueba tendiente a acreditar la realidad de la operación por lo que corresponde también su confirmación, ya que recaía sobre él la prueba de la materialidad de la operación.
- Impugnación por ventas omitidas informadas por Intagro S.A.
Se trata de operaciones que no fueron declaradas en el impuesto a las ganancias, ni en el impuesto al valor agregado (Res. Nros. 332/04 y 333/04) que fueron detectadas a partir de la circularización a Intagro S.A. que operó como intermediario en las ventas de cereal del Sr. Albín en el período fiscal 2000 con las firmas Bunge Ceval, Cargill S.A. y Productos Sudamericanos S.A. El Sr. Albín las admite, pero alega que fueron registradas en un período fiscal posterior (2/2001), razón por la cual solicita la aplicación del art. 81, anteúltimo párrafo, de la ley 11.683.
El informe contable obrante a fs. 152/158 confirma que las operaciones en cuestión corresponden al período fiscal 2000 y agrega, el perito designado por la representación fiscal que, “Además, y aún en la eventualidad de aplicarse el principio de las correcciones simétricas establecido en el artículo 81 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) corresponde destacar que si bien se observa la registración de las citadas operaciones en el año 2001, al tratarse de un contribuyente que no lleva libros rubricados y en consecuencia tampoco realiza balances comerciales, la comprobación de si las citadas facturas forman parte del resultado impositivo del impuesto a las ganancias del período fiscal 2001 implica una tarea de la auditoría fiscal que excede a una labor pericial como la que aquí desarrolla”.
A fs. 159 la representación fiscal impugna la contestación del punto j) de la pericia contable efectuada por profesional designado por el recurrente- en atención a que en la pericia que efectuó dicho profesional en sede administrativa había consignado un monto de ingresos de $6.992.616 coincidente con lo determinado por el Fisco Nacional, pero en el informe indicó un monto de $ 6.836.704,17 (que sería el resultante de adicionar $99.905,19 –valor neto de las facturas del año 2000 registradas en 2001- a los ingresos exteriorizados en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del 2000 -$6.736.798,98-. Así, elimina ingresos ajustados por $ 155.911,83, sin explicar en qué se basa para adoptar dicho criterio, más aún cuando a fs. 648 de los ant. adm. surge que los ingresos originalmente declarados en el impuesto a las ganancias ascendían a $6.736.798,98 y fueron incrementados a $ 69.830,52 –por diferencias en el Libro IVA Ventas- y en $ 185.986,17 por facturas no registradas.
A fs. 173 el perito contesta la impugnación y rectifica la pericia contable referente a los ingresos del período 2000, informando que los mismos eran de $6.906.534,84 provenientes del incremento del monto original expresado en la DDJJ 2000 por $6.736.798,08, más el valor neto de las factura del año 2000, registradas en el 2001 por un valor neto de $ 99.905,19 y las diferencias por libro de IVA Ventas y lo declarado de $ 69.830,52, dejando constancia que en la pericia presentada en sede administrativa se tomaron ingresos por $6.992.616 en lugar de $6.906.534,84. Adjunta a su presentación una nueva liquidación del gravamen del período fiscal 2000.
A fs. 194 se le corre traslado al Fisco Nacional de lo manifestado por el perito que ratifica que los ingresos ascendían a $6.992.616.
El ajuste debe ser confirmado, tanto en el impuesto al valor agregado como en el impuesto a las ganancias, porque no existe prueba certera de sus dichos. Respecto de la validez de la prueba pericial contable, ha dicho la Cámara que ejerce como Tribunal de alzada que “… a pesar de que en nuestro sistema la pericial no reviste el carácter de prueba legal, si el experto es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los que aquél haya llegado, en tanto no adolezcan de errores manifiestos, o no resulten contrariados por otra probanza de igual o parejo tenor.” (Fallos 331:2109). En efecto, los dictámenes periciales están sujetos a la valoración por parte de los jueces con arreglo a las pautas del artículo 477 del CPCCN y no son obligatorios para los mismos cuando las circunstancias objetivas de la causa aconsejan no aceptar totalmente sus conclusiones (Fallos: 315:2774; 317:1716; entre otros)” –conf. CNACAF, “Helmfelt Rodolfi SRL”, sentencia del 14.11.2019, entre otros.
En el caso, pretende el Sr. Albín la aplicación del art. 81 de la ley 11.683 que consagra el denominado principio de las correcciones simétricas a partir de un informe pericial contable que adolece de errores y que debió, en consecuencia, ser rectificado en esta instancia, lo cual obsta a reconocerle valor probatorio a la luz de la prueba que exige el quinto párrafo de dicha norma cuando exige que se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por el mismo u otros gravámenes. Esa es, precisamente la prueba ausente que en el caso, debido a las deficiencias probatorias apuntadas, no puede considerarse que haya sido rendida.
De cualquier modo, resulta aquí aplicable el criterio adoptado por el mismo Tribunal al fallar en “Saiach Construcciones SRL”, sentencia del 23 de agosto de 2011 en cuanto a que el pago en exceso que el Sr. Albín invoca haber efectuado en el período fiscal 2001 no sería consecuencia de un ajuste fiscal, sino de una conducta propia imputable solamente a él, hipótesis que no encuadra en el precepto invocado. Corresponde, entonces, confirmar este ajuste.
b) Ajustes en el impuesto a las ganancias.
- Impugnación de la deducción de gastos de servicios de fletes facturados por José Manuel Albín S.A.
En la Res. N° 333/04 el juez administrativo impugnó la deducción de gastos de servicios de fletes por un monto de $ 132. 116 facturados por José Manuel Albin S.A. (Factura A N° 0001-00000264 del 31.8.2000), por falta de documentación respaldatoria.
En la instancia administrativa, el recurrente adjuntó la factura y en esta instancia ofreció prueba pericial e informativa a la firma José Manuel Albín S.A.
En el Informe Pericial Contable que obra a fs. 152/158, el profesional designado por el Sr. Albín manifiesta que “…del relevamiento de la documentación puesta a disposición no surgen otros gastos no declarados para el período 2000, en cambio si se tuvo a la vista la factura “A” N° -0001-00000264 del 31.8.2000 por un importe de $ 132.116 correspondiente a fletes facturados que fueran impugnados por parte de la AFIP”. Por su parte, el contador designado por el Fisco Nacional expresa que “…al margen de la visualización de la mencionada factura en concepto de “fletes realizados”, no se aporta cual ha sido el medio de pago utilizado para su cancelación, ni la existencia de retenciones impositivas sobre aquella, ni ningún otro elemento que permita aseverar sobre la efectiva realización de los servicios en cuestión”. A fs. 144 contesta el oficio que se librara José Manuel Albín S.A. Allí informa que hizo operaciones con el Sr. José Manuel Albín; que el 31.8.2000 le prestó el servicio de fletes por un importe de $ 132.116 - Factura A N° 0001-00000264-, y adjuntó copia certificada del Libro IVA ventas, resúmenes de cuenta corriente y de la factura. Informa también que de allí surge que la factura fue cancelada el 31.8.2000. Sin embargo, obra en los ant. adm. la copia del Libro IVA Ventas de J. M. Albin S.A. en el que no está registrada la factura, que no coincide con el acompañado a fs. 140 por la misma empresa al contestar el oficio en el que se puede ver claramente que se agregó la registración de la factura por $ 132.116. El recurrente pretende justificar la deducción por el mero hecho de contar con el comprobante fiscal, más ello no es suficiente, máxime a la luz de las anomalías detectadas en las registraciones y la falta de otros elementos que den cuenta de la efectiva existencia de la operación, esto es origen y destino de los viajes, vehículos utilizados, etc.
Por lo expuesto, corresponde también su confirmación.
- Ajuste por deducciones de deudores incobrables.
Se trata en este caso de operaciones con los Sres. Torregiani, Vivarelli y Rosillo, respecto de los cuales el Sr. Albín demostró tener relaciones comerciales desde larga data.
En el caso de Torregiani, en el informe pericial contable - fs. 152/158- se indica que el saldo al 12/2000 se conforma por el juicio de cobro ejecutivo del 31/3/1995, Expte. N° 4441/95 caratulado “Albin, José Manuel c/ Torregiani, Luis Alberto”. Dicha causa como surge de la contestación del Juzgado en sede administrativa fue iniciado el 31.3.1995, por la ejecución de dos pagarés, uno de U$S 195.000 suscripto con fecha 17.3.1995 y otro de U$S 2.000, del 20.3.1992; informa allí que el 23.12.1996 se dictó sentencia de trance y remate.
En el caso del Sr. Vivarelli, el Juzgado también informó en sede administrativa que la causa “Albin José Manuel c/ Vivarelli Francisco s/ cobro ejecutivo - Embargo Preventivo – (Expte. N° 4295) en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Olavarría, fue iniciada el 13.3.1995 y que el título era un pagaré de U$S 50.000 firmado por el Sr. Vivarelli.
Y, por último, en cuanto al Sr. Rosillo, en este caso el Sr. Albín no acreditó el inicio de acciones judiciales, sino que únicamente adjuntó fotocopia simple con membrete del estudio jurídico dando cuenta de la existencia del concurso.
Sentado ello, cabe recordar que la posibilidad de efectuar deducciones por créditos incobrables estaba prevista en el inc. b) del art. 87 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997), que establecía que de las ganancias de la tercera categoría se podrán detraer los castigos y previsiones contra los malos créditos en cantidades justificables de acuerdo a los usos y costumbres del ramo, pudiendo la Dirección General Impositiva establecer normas respecto de la forma de efectuar esos castigos.
A su vez, el art. 136 del decreto reglamentario de la ley (texto vigente en el periodo fiscal 2000) establecía no sólo las condiciones sino también el momento para la deducción de los deudores incobrables, en donde fijaba que “cualquiera sea el método que se adopte para el castigo de los malos créditos, las deducciones de esta naturaleza deberán justificarse y corresponder al ejercicio en que se produzcan”.
Asimismo, dicha normativa disponía que constituían índices de la incobrabilidad la cesación de pagos real o aparente, la homologación del acuerdo de la junta de acreedores, la declaración de quiebra, la desaparición del deudor, la prescripción, la iniciación del cobro compulsivo, la paralización de las operaciones y otros índices de incobrabilidad.
Pero en el caso, la objeción del Fisco Nacional es que el Sr. Albín no probó que las ejecuciones de los pagarés iniciadas en el año 1995 se correspondan inequívocamente con las operaciones impugnadas, ni tampoco pudo acreditarlo en esta instancia.
Si bien se ordenó el libramiento de oficio a los juzgados donde tramitaron los juicios ejecutivos de los Sres. Torregiani y Vivarelli no fueron contestados, ni tampoco medió impulso alguno de la prueba por parte del Sr. Albín, con ello el agravio no fue probado por su propia inacción. Sumado a ello, a fs. 122 obra la declaración testimonial del Sr. Torregiani en donde, en lo sustancial, manifiesta que en el año 1995 se dedicaba a la actividad de productor agropecuario y que durante el año 2000 no mantuvo ninguna relación comercial con el Sr. Albín, sino que terminó en el año 1995. Agregó que tiene una acción judicial de cobro ejecutivo iniciada por el Sr. Albin en su contra por la suma de U$S 97.000 y que a su vez él tiene una acción de pesos iniciada contra el Sr. Albin.
Dichas manifestaciones, de cualquier modo, no son suficientes para vincular los pagarés del año 1995 con el crédito incobrable que invoca en la declaración jurada del período fiscal 2000, incumpliéndose así lo dispuesto en el art. 136 del decreto reglamentario de la ley que exige que la deducción se practique en el ejercicio que se produzca la incobrabilidad.
Respecto al Sr. Rosillo, si bien en el Informe Pericial se hace referencia a la existencia de una quiebra decretada al 23.8.00, en esta instancia produjo la prueba informativa al Registro de Juicios Universales con la que sostuvo en su escrito iba a acreditar el estado fallido del deudor. El Registro informó que “…no existen antecedentes de la/s persona/s indicada/s”, y a fs. 164 el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Olavarría informó que “…consultados los registros del Juzgado, no surge la tramitación por ante el mismo del concurso preventivo de don … Rosillo”, por ende, respecto a este deudor no queda más que concluir que no se probó la incobrabilidad para la deducción.
Por todo ello, deben confirmarse asimismo estos ajustes.
VI. Por último, respecto de las sanción de defraudación aplicada en la Resolución N° 5/2012 con sustento en el art. 46 y valiéndose de las presunciones de dolo establecidas en el art. 47, incs. a) y b) de la ley 11.683, no existe dudas que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de la conducta en dicha figura infraccional, consistente en la presentación de declaraciones juradas inexactas a partir de maniobras tendientes a disminuir las obligaciones debidas en el gravamen consistentes en haber omitido ventas y haber deducidos gastos sin la documental respaldatoria y/o sin la debida justificación, conforme se expuso en los Considerandos precedentes Respecto al aspecto subjetivo, el juez administrativo se valió de la presunción que contempla el inc. b) del art. 47 de la misma ley, considerando que las declaraciones juradas originales presentadas contenían datos inexactos que implicaron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible y, en este sentido, era también de resorte de la recurrente proponer y ofrecer pruebas en contrario de su culpabilidad, por lo que al no haberlo hecho los agravios formulados, como ya se dijo, huérfanos de probanza, deben ser desestimados.
Tampoco se advierten razones ni en los recursos ni en las actuaciones administrativas que permitan la recalificación pretendida por el recurrente, ya que, como ya se dijo, las presunciones de dolo invocadas por el juez administrativo no fueron desvirtuadas por ella, derivándose como lógica consecuencia la imposibilidad de encuadrar su conducta en una figura culposa como la tipificada en el art. 45 de la ley 11.683, por lo que corresponde confirmar la Resolución N° 5/2012 en todas sus partes, con costas.
VII. Corresponde entonces confirmar las Resoluciones Nros. 332/04, 333/04 y 5/2012 en todas sus partes, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiero a la decisión que adopta la Vocal Instructora por similares argumentos.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiero a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
En atención al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 332/04, 333/04 y 5/2012, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del Sr. José Manuel Albín, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido:
a. en el Expediente N° 24.285-I:
- en la suma de $21.376, por la representación procesal y de $53.440, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en las dos primeras etapas del Expediente, conforme las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
- en la suma de $77.885, equivalente a 1,59 UMA, por la representación procesal y $194.712, equivalente a 3,97 UMA, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida del Expediente, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
b. en el Expediente N° 35.990-I:
- en la suma de $25.168, por la representación procesal y de $62.920, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en las dos primeras etapas del Expediente, conforme las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
- en la suma de $36.065, equivalente a 0,73 UMA, por la representación procesal y $90.162, equivalente a 1,84 UMA, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida del Expediente, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
3. Regular los honorarios del CP. Oscar Asdrúbal Priano en la suma de $59.409, los que quedan a cargo del Sr. José Manuel Albín, por su actuación en el Expediente N° 24.285-I como perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.06.11 14:35:01 -03:00 Date: 2024.06.12 08:48:19 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.12 11:30:42 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.12 11:30:44 -03:00
Fin de la sentencia