Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 39989-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y, en consecuencia, confirmar parcialmente la sentencia apelada, modificándola únicamente en sus puntos resolutivos 1° y 2°, conforme lo explicado en el Considerando XIV de la presente.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
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CAF 13513/2025/CA1; ALBOCAR SRL (TF 39989-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 30 de octubre de 2025.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que por sentencia de fs. 484/502 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación –en adelante “TFN”–, por mayoría, resolvió lo siguiente: 1º) rechazar la excepción de prescripción opuesta por la recurrente, respecto de las facultades del fisco nacional para determinar y exigir el pago del impuesto al valor agregado –“IVA”–, períodos fiscales 6/06 a 5/07, con costas; 2º) hacer lugar a la excepción de prescripción con relación a la aplicación de la multa en el IVA, períodos fiscales 6/06 a 10/06, con costas; 3º) confirmar las resoluciones 78/2014 y 79/2014 (DV CRR1), en cuanto determinaron de oficio el impuesto a las ganancias –“IG”–, período fiscal 2007 e IVA, períodos fiscales 6/06 a 5/07, con más los intereses resarcitorios, con costas; 4º) confirmar la multa impuesta por la resolución 282/2015 (DV CRR1), en concepto de IG-2007, con costas.
Señaló que Albocar SRL apeló las resoluciones 78/2014, 79/2014, 282/2015 y 284/2015 (DV CRR1), a través de los cuales el fisco nacional determinó de oficio el IG-2007 y IVA-6/06 a 5/07, al tiempo que aplicó sendas multas en el IG-2007 e IVA-6/06 a 10/06, respectivamente. Luego de reseñar las expresiones esgrimidas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, expuso que a lo largo del desarrollo de la causa se han acumulado los expedientes promovidos por la parte actora, e indicó que oportunamente se han dictado sentencias que rechazaron los planteos de prescripción articulados con respecto al IG y su correspondiente multa.
En cuanto al decisorio de las materias contenidas en la causa, en primer lugar, por unanimidad, se resolvió rechazar el planteo de prescripción articulado por la actora, respecto del IVA.
Para ello, en lo sustancial, se tuvo en consideración la activación de las causales de suspensión del curso de la prescripción, dispuestas por las leyes 26.476 (art. 44) y 26.860 (art. 17). En segundo lugar, con el voto de los vocales Guzmán y Marchevsky, se hizo lugar a la excepción de prescripción de la acción del fisco nacional, para aplicar la multa en el IVA- 6/06 a 10/06, con costas. Para así resolver, sostuvo que el carácter punitivo de las multas tributarias impide la aplicación restrictiva de las leyes, que impliquen empeorar las condiciones de los infractores; de allí que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo 44 de la ley 26.476 no resultaría aplicable al caso.
En tercer lugar, por unanimidad, resolvió confirmar en su totalidad los ajustes fiscales practicados por el fisco nacional, con costas. En este aspecto –que conforma el fondo del asunto–, sostuvo que las determinaciones discutidas emergieron de la detección de documentación emitida por dos presuntos proveedores apócrifos: Red Velvet SRL y Kamus SRL. Con el primero la actora habría registrado cuatro facturas, mientras que, con el segundo, una.
Con relación a Velvet SRL, destacó que la fiscalización objetó el cómputo del costo-gasto fiscal proveniente de la operatoria con dicha firma, comprobándose que se había robado la identidad de las personas que detentaban los cargos directivos de la firma.
Transcribió segmentos de la causa penal, iniciada como consecuencia de la denuncia oportunamente presentada, en los términos de la ley 24.769.
Con relación a Kamus SRL, indicó que la fiscalización aseveró que se trataba de una estructura compuesta por un número de personas que, a partir de la creación de entes societarios materialmente ficticios y sin actividad real, desarrollaba actividades con el objeto de cometer delitos o facilitar su comisión por terceros. Para ello refirió a la causa penal, en la cual se investigó la situación del proveedor en trato.
Expresó que la impugnación de los proveedores en cuestión ha sido adecuadamente ponderada por el fisco nacional, pues se demostró la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que condujeron a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas en trato.
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CAF 13513/2025/CA1; ALBOCAR SRL (TF 39989-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Con cita del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación –en adelante, “CPCCN”–, aseveró que se tornaba aplicable la regla del onus probando uncumbit ei qui dicit, en cuya virtud el contribuyente debe arrimar los elementos direccionados a reconstruir y acreditar fehacientemente los distintos aspectos que puedan derribar la tesis fiscal.
Afirmó que, cuando se presentan impugnaciones fundadas, de las cuales surgen diferentes elementos que pueden dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente inexcusablemente tiene que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance, para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que, si bien no son obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal. Aseveró que se formó el convencimiento, en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas, para efectuar las operaciones cuestionadas; por ello, destacó que resultó lógica su observación, atento la falta de confianza que inspiraba la documentación. Reiteró que los indicios reunidos por el organismo eran suficientes para dudar de la realización de las operaciones, por parte de los proveedores cuestionados.
Declaró que, de la prueba pericial contable producida en sede administrativa, no surgió la cancelación de las facturas de compra cuestionadas.
Sostuvo que tampoco se acreditó el circuito de pago.
Con relación a la prueba informativa, dirigida a una entidad financiera, precisó que en nada esclareció el cuadro.
Especificó que de la prueba pericial contable producida en la causa, no aportó ningún elemento de utilidad para resolver la litis. En suma, concluyó que el caso presentó concretas y graves impugnaciones que se proyectaron sobre aspectos sustantivos, que pusieron seriamente en duda que los terceros en cuestión hubieren sido los verdaderos proveedores involucrados en las adquisiciones, cuyo crédito fiscal se controvirtió.
En orden a ello, el tribunal confirmó los ajustes fiscales practicados y confirmó la aplicación de los intereses resarcitorios. Por último, resolvió confirmar las multas aplicadas en el IG- 2007, aseverando que se encontraban reunidos los componentes objetivos y subjetivos requeridos por el tipo infraccional previsto en los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley 11.683 (t.o.).
De su lado, a fs. 86/87 obra la sentencia dictada por el TFN – con otra composición–, a través de la cual resolvió rechazar, con costas, la excepción de prescripción opuesta por Abocar SRL, respecto de la resolución 78/2014 (DV CRR1).
II. Que, conforme surge de fs. 514/548 y 569, parte del expediente de autos se extravió, teniéndose por cumplida la orden de su reconstrucción, a fs. 549.
En ese marco, luce del expediente reconstruido que la sentencia dictada a fs. 484/502 vta. fue apelada por ambas partes –a pesar de no obrar en autos el escrito de apelación oportunamente presentado por la parte actora; el del fisco nacional luce a fs. 540 vta.–, concediéndose ambos recursos a fs. 509. El memorial de la parte actora se encuentra agregado a fs. 503/507 vta. –replicado por la contraria a fs. 554/561– y el de la representación fiscal a fs. 541/547, que no fue contestado por la actora.
De su lado, a fs. 88/89 vta. obra la apelación y los fundamentos presentados la actora, contra la sentencia dictada por el TFN a fs. 86/87, cuya concesión había sido resuelta a fs. 93. Las contestaciones de la representación fiscal obran a fs. 554/561 y 565/567 vta. III. Que, en su memorial, la parte actora presenta agravios contra la aplicación de las multas, negando que su conducta resultara imputable.
Niega que las resoluciones apeladas consideraran las cuestiones oportunamente planteadas, respecto de la ausencia de dolo en su obrar.
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CAF 13513/2025/CA1; ALBOCAR SRL (TF 39989-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Señala que los ajustes provinieron de dos aspectos que resultaron nimios, en el marco de la variada gama de operaciones analizadas y no impugnadas.
Destaca que su parte en ningún momento dejó de cumplir con sus obligaciones fiscales.
Efectúa explicaciones en torno de los artículos 11 y 46 de la ley de rito fiscal, y pone de resalto que no existió obrar doloso ni culposo de su parte.
En un segundo orden de agravios, señala que los actos administrativos carecieron de causa, centralmente porque su obrar no derivó en un perjuicio patrimonial a la hacienda pública, toda vez que canceló los importes resultantes de las declaraciones juradas con sus recargos.
Por último, manifiesta que: “Los períodos fiscales que reclama el fisco han prescripto las facultades del Fisco para exigir su pago” (sic), citando seguidamente el artículo 56 inciso c) de la ley 11.683 y expresando que: “el plazo de prescripción comenzó a correr el 1.1.2007, por lo que teniendo en cuenta esa fórmula de computo, el derecho para esta impugnación venció el 31.12.11, ya que tanto la denuncia penal contra los emisores de las facturas no interrumpe dicho computo respecto de esta parte” (sic).
De su lado, en el memorial obrante a fs. 88/89 vta., afirma que no resulta aplicable la causal de suspensión prevista en el artículo 17 de la ley 26.860, toda vez que su parte no había hecho uso del beneficio consagrado en dicha norma. Para ello, examina los antecedentes parlamentarios que antecedieron a la sanción de la mencionada ley. Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoquen las sentencias apeladas, con costas.
IV. Que, por su parte, el fisco nacional expresa agravios contra la declaración de prescripción de la multa en concepto de IVA-6/06 a 10/06.
Califica de aparente y contradictoria la fundamentación expuesta en el voto de la mayoría.
Explica la diferencia existente entre las leyes federales, comunes y locales, remarcando que la Corte Suprema sostuvo que las leyes de emergencia pueden reportar una excepción al principio imperante en la materia penal, de la aplicación de la ley más benigna.
Señala que, en el caso de autos, la ley 26.476 es una ley especial, temporal y de emergencia, en la cual no es posible aplicar el principio de ley penal más benigna, dado que, de otro modo, perdería virtualidad, ya que fue diseñada para regular una situación variable. De no hacerlo –dice–, resultaría inocua para proteger el bien jurídico para el cual fue sancionada.
Cita jurisprudencia, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada en lo que es materia de agravios, con costas.
V. Que previo a ingresar al tratamiento de los agravios descriptos, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 – Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Golden Penaut Argentina c/DGI CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 13513/2025/CA1; ALBOCAR SRL (TF 39989-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO s/Recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 72680/2018, del 2/7/19; esta Sala —en su actual integración—, causa CAF 49.932/2015/CA2, “D´Alessandro, Jorge Héctor (TF 33405-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 2/5/24).
VI. Asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. CSJN, Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. esta Cámara, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/12 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/14 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/16 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/16, del 16/10/18;
“Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/18, del 7/5/19, entre otros; esta Sala –en su actual integración–, Causa CAF 47840/2023/CA1, “Sol Frut SA (TF 79199011-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 9/5/24).
VII. Que, sentado lo anterior, de la lectura de las piezas que componen esta litis, se extrae que las materias que corresponde examinar son numerosas y variadas, lo cual constriñe a ordenarlas metodológicamente para llevar a cabo una adecuada labor.
En ese sentido, los asuntos que corresponde evaluar, por orden, son los siguientes:
(i) El rechazo de la excepción de prescripción, respecto de la acción de la administración tributaria para ajustar el IG-2007, que fuera resuelto en la sentencia de fs. 86/87.
(ii) El rechazo de la excepción de prescripción, respecto de la acción de la administración tributaria para ajustar el IVA-6/06 a 5/07, que fue resuelto por la sentencia de fs. 484/502 vta., en el punto resolutivo 1°). (iii) La declaración de prescripción, respecto de la multa en el IVA-6/06 a 10/06, que fue resuelta por el voto de la mayoría del TFN. (iv) La confirmación de los ajustes fiscales en concepto de IG- 2007 e IVA -6/06 a 5/07, con más los intereses resarcitorios. (v) La confirmación de la multa impuesta por el fisco nacional, en concepto de IG-2007.
VIII. Que, siguiendo el orden recientemente descripto, corresponde examinar el rechazo de la excepción de prescripción, respecto de la acción de la administración tributaria, para ajustar y exigir el pago del IG-2007.
Teniendo en cuenta que el cierre del ejercicio de Albocar SRL operaba el 31 de mayo de cada año, el plazo originario de prescripción de la acción que aquí interesa, abarcó el período de tiempo: 1/1/08 a 1/1/13 (ley 11.683, arts. 56, 57 y concs).
La resolución 78/2014 (DV CRR1) fue dictada el 27/5/14 (fs. 5/45).
Ahora bien, el 24/12/08 se sancionó la ley 26.476 y el 29/5/13 la ley 26.860. Ambas normas suspendieron, con carácter general y por un (1) año, el curso de la prescripción de las acciones del fisco nacional para determinar o exigir el pago de los tributos y para aplicar sanciones (arts. 44 y 17, respectivamente).
En orden a lo descripto, la acción en trato prescribiría el 1/1/15, con lo cual, la resolución anteriormente mencionada fue dictada en término. Tal fue el criterio adoptado por el TFN, respecto del cual se alza la parte actora.
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CAF 13513/2025/CA1; ALBOCAR SRL (TF 39989-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Atendiendo a los agravios presentados por la recurrente, fundados, en lo medular, en que no hizo uso de los beneficios fiscales consagrados en las normas mencionadas, cabe recordar que el Alto Tribunal, en un supuesto semejante al de autos, sostuvo que la suspensión del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos, alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que la norma –en ese caso, la ley 23.495– no había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión aludida y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (CSJN, “Nación Argentina (Dirección General Impositiva) v.
Distribuidora El Plata SRL”, del 26/11/91. Ver asimismo: “AFIP-DGI c/ Paredes Cereales Sociedad Anónima s/ ejecución fiscal-AFIP”, del 15/10/15 y “AFIP-DGI c/ Allende, Oscar Alberto s/ ejecución fiscal- AFIP”, del 19/3/19).
Por su parte, también debe ponderarse que, al tiempo de sancionarse las leyes de marras, no existía, en el particular, una deuda prescripta, de modo tal que la deudora sólo contaba con una mera expectativa y no con un derecho consolidado. Al respecto, sabido es que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos, o a su simple inalterabilidad (v. en este sentido, Sala IV, in re “TRV6 SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 86879/2017, 12/11/19; “INC SA (TF 44098-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 3056/2021, del 18/5/21 y “Telefónica de Argentina SA (TF 137454217-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 46936/2023, del 16/5/24 y Sala III, in re “Lutz, Juan Jacobo c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 3532/2023, del 3/10/24 y recientemente: “Cooperativa Agrícola Ganadera de Peyrano (TF 31857-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 11987/2024, del 16/9/25).
Por lo aquí expuesto, corresponde rechazar el agravio de la parte actora y confirmar la sentencia de fs. 86/87, con costas (CPCCN, art. 68 primer párrafo).
IX. Que seguidamente corresponde examinar el rechazo de la excepción de prescripción, respecto del ajuste en concepto de IVA-6/06 a 5/07, que fue resuelto por la sentencia de fs. 484/502 vta. Sobre el particular corresponde efectuar la siguiente distinción: (i) Respecto de los períodos fiscales 6/06 a 11/06, el plazo original de prescripción abarcó el espacio temporal 1/1/07 a 1/1/12, y la resolución 79/2014 (DV CRR1) fue dictada el 27/5/14 (fs. 188/229). Al respecto, aún adicionando las suspensiones anuales y generales anteriormente descriptas, el dictado del acto administrativo excedería el plazo correspondiente.
Por ello, se concluye que los períodos fiscales 6/06 a 11/06 se encuentran prescriptos.
(ii) Distinta es la realidad con respecto a los períodos fiscales 12/06 a 5/07; en éstos el plazo original de prescripción abarcó el segmento 1/1/08 a 1/1/13.
Sumados los dos (2) años de suspensión previstos en las leyes 26.476 y 26.860, se obtiene que el plazo de prescripción operaría el 1/1/15; de ahí que los períodos fiscales 12/06 a 5/07 no se encuentran prescriptos.
En cuanto a los agravios esgrimidos por la parte actora contra este último asunto, no resultan atendibles, dado que no reportan una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que consideró equivocada. En efecto, sólo ha expuesto consideraciones genéricas en torno al régimen de prescripción consagrado en la ley de procedimiento tributario, sin formular ningún tipo de especificación.
Frente a esta actitud procesal asumida por la apelante, cabe recordar que el artículo 265 del CPCCN ordena a la parte llevar a cabo una exposición técnica y jurídica, dotada de un análisis serio, razonado y crítico de la resolución apelada, idónea para conmoverla (v. esta Sala, in re “Fleitas, Juan Avelino y otros c/ EN-M. Seguridad-GN s/ Personal Militar CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 13513/2025/CA1; ALBOCAR SRL (TF 39989-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO y Civil de las FFAA y de Seg.”, Causa CAF 45090/2015, del 14/5/19; “Edesa SA c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 62055/2019, del 3/3/21; “Wintershall SA (TF 31510- A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 5262/2023, del 3/8/23 y “Tenk SA (TF 110109100-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 2030/2023/CA2, del 5/12/24, entre otros).
Por lo expuesto en este segmento, corresponde modificar la sentencia apelada, declarando prescriptos sólo los períodos fiscales del IVA-6/06 a 11/06. Las costas, en este asunto, se imponen al fisco nacional (CPCCN, art. 68 primer párrafo).
X. Que, prosiguiendo con el orden impreso en el Considerando VII, seguidamente se examinará la declaración de prescripción resuelta por la mayoría del TFN, respecto de la multa en el IVA-6/06 a 10/06, que mereció reparos de la parte demandada.
En este supuesto, el plazo original de prescripción abarcó el segmento temporal 1/1/07 a 1/1/12. A ello se suma un año (ley 26.476), extendiendo el espacio de tiempo hasta el 1/1/13 más el tiempo que estuvo suspendido el conteo, desde la denuncia penal –8/2/12– hasta los ciento ochenta (180) días de que adquirió firmeza la sentencia penal, del 21/8/14. La resolución que aplicó la multa fue dictada el 24/9/15 (fs. 392/412). Como se indicó anteriormente, la mayoría del TFN resolvió declarar la prescripción de la acción fiscal, fundamentalmente al rechazar la operatividad de la causal suspensiva prevista en la ley 26.476. Sobre el particular, resulta de aplicación lo explicado en el Considerando VIII de la presente sentencia, a lo cual se remite a fin de evitar innecesarias reiteraciones.
En orden a ello, se comparte el criterio sentado por el voto de la minoría del TFN –vocal Pérez–, al expresar que desde el 1/1/07 al 24/12/08 –fecha de la suspensión anual– había trascurrido menos de dos (2) años, con lo cual, reiniciado el cómputo, volvió a suspenderse el 8/2/12, hasta los ciento ochenta (180) días posteriores al 26/8/14, con lo cual, al 24/9/15, el plazo para aplicar y hacer efectiva la multa no había prescripto.
Por ello, corresponde modificar la sentencia apelada, rechazando la prescripción de la multa en concepto de IVA-6/06 a 10/06, con costas a la actora (CPCCN, art. 68 primer párrafo).
XI. Que, como correlato de lo anterior, corresponde expedirse sobre multa en concepto de IVA-6/06 a 10/06.
Es que, en atención al modo en que resolvió el TFN, esta materia no fue objeto de pronunciamiento.
En particular, a través de la resolución 284/2014 (DV CCR1), el fisco nacional sancionó a Albocar SRL, por considerar reunidos los recaudos previstos en los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley de rito fiscal; la sanción alcanzó la suma de $ 189.192,30 (fs. 392/412).
Accediendo a la lectura de los argumentos oportunamente expresados por la sancionada ante el TFN (v. fs. 413/426), se aprecia que no logran desvirtuar las razones que condujeron al organismo a adoptar la medida descripta, desde que, en lo medular, se direccionaron a intentar validar la actuación de los dos proveedores impugnados por el fisco nacional.
Por ello, corresponde confirmar la resolución 284/2014 (DV CCR1), con costas a la actora (CPCCN, art. 68 primer párrafo).
XII. Que, arribado a este lugar, cabe efectuar una somera referencia con respecto a la cuestión de fondo que encierra esta contienda; esto es, los ajustes fiscales concepto de IG-2007 e IVA -6/06 a 5/07. Conforme se indicó al inicio, la fiscalización llevó a cabo una labor en torno a dos proveedores con los cuales la actora habría concertado operaciones comerciales, los cuales, en atención a sus características individuales –comerciales, fiscales y operativas–, no podrían haberlas realizado. En esta circunstancia finca la tesis fiscal, que luego fue convalidada por el tribunal de grado.
Es así que, a lo largo de las resoluciones 78/2014 y 79/2014 (DV CRR1), la administración fiscal expuso la labores desarrollada por la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 13513/2025/CA1; ALBOCAR SRL (TF 39989-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO fiscalización; los aspectos en los cuales radicaron las objeciones en torno de los proveedores Red Velvet SRL y Kamus SRL –centralmente con sustento en la información proveniente de las causas penales–; las argumentaciones y probanzas producidas en la instancia administrativa, y las operatorias involucradas. De ello el juez administrativo extrajo que los cómputos fiscales en el IVA e IG eran improcedentes, derivando en el ajuste fiscal apelado ante el TFN.
Tal como también se reseñó, el tribunal de grado consideró las expresiones volcadas por la firma apelante en sus respectivas piezas recursivas (fs. 46/55 vta. y 234/243 vta.) y las pruebas ofrecidas y producidas en esa instancia jurisdiccional, concluyendo que la actuación del fisco merecía convalidarse.
Frente a ello, al apelar Albocar SRL la sentencia del TFN, ningún agravio expuso contra la confirmación de los ajustes en cuestión, limitándose a efectuar consideraciones con respecto a las sanciones aplicadas y a determinados asuntos relativos a la prescripción de las acciones del ARCA.
Al ser ello así, nada corresponde aquí decir con relación a los ajustes fiscales (cfr. CPCCN, art. 266).
XIII. Que por último, en cuanto a la multa impuesta por medio de la resolución 282/2015 (DV CRR1), en concepto de IG-2007, como se dijo anteriormente, el tribunal de grado, por unanimidad, resolvió su confirmación.
Dirigiendo la lectura a la expresión de agravios de la sancionada, no se aprecia ningún elemento que conlleve a poner en crisis los fundamentos empleados por el a quo, lo cual sella la suerte de la apelación.
Efectivamente, en la pieza obrante a fs. 503/507 vta. sólo se encuentran consideraciones genéricas, que en modo alguno logran conmover los fundamentos brindados en el decisorio en crisis (arg. art.
265 CPCCN).
Por tal razón, corresponde confirmar la sentencia apelada en este aspecto, con costas (CPCCN, art. 68 primer párrafo).
XIV. Que, recapitulando cuanto fuera examinado a lo largo de este decisorio, y en aras de emitir un pronunciamiento claro y ordenado, se
1. Confirmar la sentencia apelada en cuanto: (i) rechazó la excepción de prescripción vinculada a la acción del fisco para ajustar el IG-2007 (cfr. Considerando VIII); (ii) rechazó la excepción de prescripción respecto del ajuste en concepto de IVA 12/06 a 05/07 (cfr. Considerando IX); (iii) aplicó una multa en concepto de IVA-06/06 a 10/06 (cfr. Considerando XI), y; (iv) aplicó una multa en concepto de IG-2007 (cfr. Considerando XIII).
A todo evento, se deja constancia que lo decidido por el a quo respecto de los ajustes fiscales en concepto de IG-2007 e IVA-06/06 a 05/07, fue consentido por la parte actora (cfr. Considerando XII).
2. Hacer lugar parcialmente a los agravios de la parte actora y de la parte demandada y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada únicamente en los siguientes aspectos:
(i) En el punto resolutivo 1°: se declaran prescriptos los períodos fiscales del IVA-6/06 a 11/06, con costas, en este asunto, al fisco nacional (cfr. Considerando IX).
(ii) Punto resolutivo 2°: se lo revoca; en consecuencia, se rechaza la excepción de prescripción respecto de la multa en concepto de IVA-6/06 a 10/06, con costas a la actora (cfr. Considerando X).
3. Finalmente, sin perjuicio de lo decidido con relación a la distribución de las costas correspondientes a la instancia del Tribunal Fiscal de la Nación –según se desprende de todo lo anterior–, se deja constancia que las costas de Alzada se distribuyen por su orden – respecto de todas las cuestiones aquí tratadas–, en atención a la existencia de vencimientos parciales y mutuos (arts. 68, segundo párrafo, y 71 del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 13513/2025/CA1; ALBOCAR SRL (TF 39989-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y, en consecuencia, confirmar parcialmente la sentencia apelada, modificándola únicamente en sus puntos resolutivos 1° y 2°, conforme lo explicado en el Considerando XIV de la presente.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia