Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A. por los motivos expuestos en el considerando VI.- de la presente, con costas.
2Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 187/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12210-853-2005, la cual condena a la importadora ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A. al pago de una multa, la que se reduce a una (1) vez el importe de los tributos, la que asciende a la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 54/100 CVOS ($ 3.277, 54) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 03 073 IT14 001147 H, cuyo vencimiento operaba el 3/11/2003.
3Confirmar parcialmente el art. 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XIV del presente, declarando que la actora adeuda la suma PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENT Y SEIS CON 17/100 CVOS. ($ 2.656,17.-), en concepto de tributos adeudados. Asimismo, adeuda, al 17/04/2023, la suma de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 33 CVOS. ($ 13.941,33-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-50667357-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 5 de Mayo de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin a fin de resolver en los autos caratulados: “ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº 32.101-A, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Determinar si la Resolución DE PRLA Nº 187/2012 dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el marco de la Actuación N° 12210-853-2005 y su acumulado 13289-28576-2011, resulta ajustada a derecho en cuanto condena a la firma ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A., al pago de una multa que asciende a la suma de $ 4.916, 31 y formula cargo a la imputada y a la garante ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., por la suma de $ 7.939,56 en concepto de tributos adeudados, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., por no haber regularizado dentro del plazo establecido la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 03 073 IT14 001147 H, cuyo vencimiento operaba el 3/11/2003.
II. Fundamentos de la apelación:
A fs. 8/18 se encuentra agregado el escrito de apelación. En primer lugar, la actora aduce que se vulneró el principio de congruencia, habiéndose efectuado una imputación relativa a una destinación diferente que la que figura en la resolución aduanera apelada. Asimismo, afirma que el auto de apertura sumarial es nulo atento a carecer de los elementos exigidos por el régimen legal, aconteciendo en consecuencia la prescripción de las acciones en cabeza del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Cita jurisprudencia. En el mismo sentido, se explaya en relación a la necesidad de que el auto de apertura sumarial sea debidamente notificado para surtir los efectos que la norma le atribuye. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 28/38 la representación fiscal contesta el traslado del recurso. En primer término, niega todos los hechos y el derecho invocados por la actora. A continuación, afirma que no es cierto que se haya instruido sumario en relación a una DIT diferente de aquella en virtud de la cual se impuso la sanción. Asimismo, asevera que la destinación 03 073 IT14 004840 L, en cuya base la recurrente articula su defensa, es inexistente. En el mismo sentido entiende que no ha operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones y que es la actora quien debe probar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido acabadamente con las obligaciones a su cargo, cuestión que no habría acaecido. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas.
IV. Que de las actuaciones administrativas Nº 12210-853-2005 y su acumulado N° 13289-28576-2011 se inician a fs. 1 con la solicitud del Despachante de Aduana Luis Grosso mediante la cual solicita la cancelación de la garantía afectada a la DIT N° 03 073 IT14 001147 H. A fs. 6 obra acta de denuncia N° 242/05 referente a la citada destinación, por presunta infracción al régimen del art. 970 del C.A. A fs. 8 se agrega sobre contenedor de la DIT en trato. A fs. 11 y vta. se efectuó el aforo de la mercadería y la liquidación correspondiente. A fs. 15-en fecha 8/02/2007-se dispuso la instrucción de sumario, en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 16 se efectuó nueva liquidación por tributos y multa. A fs. 18 se dispuso correr vista a la importadora y citar a la compañía aseguradora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. a efectos de ejercer su derecho de defensa. A fs. 22/25 y 30/32 se presentan por apoderado la firma aseguradora y la importadora y contestan vista. A fs. 35/36. obran las cédulas de notificación de la corrida de vista a la aseguradora (18/06/2009) y a la importadora (23/07/2009). A fs. 37 se hizo lugar a la prueba informativa requerida por la firma ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A. A fs. 47 consta la respuesta de la Dirección de Promoción Exportaciones, en la cual informó que “(…) resulta necesario conocer el número de Expediente y año de presentación (…) de la Solicitud de Tipificación y Clasificación que habría presentado la empresa (…)”. A fs. 55 la Secretaría de Actuación N° 5 informó que la actora no habría acompañado copias del permiso de embarque ni de los CTC involucrados. A fs. 57 se agregaron constancias del Registro General de Infractores correspondientes a la actora. A fs. 58/60 se encuentra la resolución aduanera apelada y las constancias de su notificación (fs. 61/62). Finalmente, a fs. 63 la actora comunica la apelación ante este Tribunal y adjunta formulario F4 (fs. 64).
V. Que a fs. 39 se declaró la causa como de puro derecho. En fecha 26/04/2023 (PV-2023-47072629- APN-VOCXXI#TFN) se elevan los autos a la Sala “G” y en fecha 28/04/2023 (IF-2023-48473556-APN- VOCXXI#TFN) pasan a sentencia.
VI. Que, previo a todo análisis corresponde decidir acerca del planteo de prescripción efectuado por la importadora en el escrito inicial (punto 5).
Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que de la compulsa del auto de apertura del sumario se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el artículo antes referenciado para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al auto de apertura, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería (fs. 11 y vta., en fechas 11/05/2005 y 17/05/2005).
Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 3/11/2003 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2004.
Que en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 8/02/2007, hasta ese momento habían transcurrido 3 años, 1 mes y 7 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 1 año, 10 meses y 23 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” (la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.) es la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA N° 187/2012 dictada el 8/02/2012.
Que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 8/02/2007 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 8/02/2012 (fecha del dictado de la resolución aduanera). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación. Que, conforme lo antes expuesto, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 9/02/2012. Es decir, que desde allí comenzó a correr el plazo de 1 año, 10 meses y 23 días que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que previo a que dicho término transcurra se produjo la notificación de la resolución aduanera (21/08/2012) acto que ostenta virtualidad interruptiva del plazo, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que respecto de la prescripción de la acción para imponer sanciones se llega a idéntica conclusión, a la luz del análisis que a continuación se efectúa.
Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 3/11/2003, conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2004. Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 8/02/2007). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 9/02/2007, finalizando el 9/02/2012, es decir, un día después de dictada la resolución aquí cuestionada.
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado, no había operado la prescripción de la acción en cabeza del fisco para imponer sanciones. Es por ello que corresponde rechazar el planteo de prescripción opuesto, con costas.
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante la DIT N° 03 073 IT14 001147 H de la firma ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A. registrada ante la Aduana de Ezeiza, el 7/05/2003, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 3/11/2003.
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que esta expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Dec. 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria.
Que, al respecto, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”. (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que existiendo, un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, parrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”.
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9º de la Resolución M.E y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaría cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio.”
X. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del D.I.T. bajo análisis, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que de las actuaciones administrativas antecedentes de la causa, ni del expediente principal, surge que se haya incorporado el CTC correspondiente a los fines de efectuar la descarga. Más aún, el único permiso de embarque cuya copia obra a fs. 2/3 de las actuaciones administrativas no cuenta con la hoja de insumos, así que resulta imposible vincularlo a CTC alguno.
Es por ello que no cabe más que concluir que no se encuentra debidamente acreditada la reexportación de la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente por no encontrarse agregada a autos la documentación esencial a los fines de efectuar la descarga que acreditaría la reexportación y, en consecuencia, corresponde confirmar en ese aspecto la resolución aduanera apelada.
XI. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, corresponde referirme a la liquidación practicada por el servicio aduanero a fs. 16 de las actuaciones administrativas, en la cual se incluyó dentro de los rubros que componen los tributos reclamados, el cálculo por derecho adicional y las alícuotas aplicadas.
Que, si bien la cuestión no fue planteada ni introducida por las partes, por el principio “Iura novit curia” se consagra no sólo la facultad sino el deber del juzgador de resolver las sentencias con prescindencia del planteo de las partes principio que se encuentra plasmado en el art. 1143 del C.A “El Tribunal Fiscal impulsará de oficio el procedimiento, y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria, en cuyo caso, si el desistimiento o allanamiento fuera aceptado por la contraparte, deberá dictar sentencia teniendo a la litigante por desistida o allanada según correspondiere, cuando se allanare, el fisco deberá hacerlo por resolución fundada.”
En virtud de dicho principio, corresponde introducir de oficio la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “ IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (página 6, considerando 9), párrafo tercero).
Por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal..." (el destacado es mío) (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
En virtud de lo expuesto, en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
En relación con los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias, debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Consecuentemente, deben reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 16 de las actuaciones administrativas.
XII. En virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 16 de las actuaciones administrativas, sin incluir las percepciones de IVA adicional y ganancias, ni el derecho adicional, conforme se detalla a continuación:
ITEM 1 BASE TRIBUTOS V.A 3.826,66 D.A 0% 0,00 D.I 12,0% 459,20 T.E 0,5% 19,13 BASE IVA 4.304,99 IVA 10,5% 452,02 IVA ADIC 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 TOTAL 930,36 TC 2,855 TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS POR EL ITEM 1 DE LA DIT N° 03 073 IT14 001147 H $
2.656, 17.
XIII. Que, respecto de los intereses, la importadora notificada de la corrida de vista, con fecha 23/07/2009 (ver fs. 36 de las act. adm.), por lo tanto, los intereses corren, en el caso, desde el 6/08/2009, ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 C.A.
XIV. Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 1166 del C.A., formulo liquidación de los tributos e intereses al 17/04/2023, con los intereses desde el 6/08/2009.
Capital nominal total: $ 2.656, 17.
Intereses del 6/08/2009 al 17/04/2023 (s/ $ 2.656, 17.-):
Se agrega a continuación la planilla de cálculo de intereses extraída de https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/calculoInteres/resarcitorios.aspx Capital + Interés: $ 2.656,17 + $ 13.941,33 = $ 16.597,50.- debido por la actora al 17/04/2023 en concepto de tributos.
XV. Que corresponde me refiera a la multa impuesta, que según resulta de la resolución apelada, fue equivalente a 1 vez y media (1 y ½) el importe de la multa (cfr. fs. 16 y 57 y vta.) Al respecto cabe destacar que, según resulta de las constancias, las resoluciones con condena que surgen del registro de infractores de fs. 57 (Fallos Nros. 1576/05, 1516/99 y 3672/06, cuyas fechas en las que adquirieron firmeza son 23/07/2005, 28/11/2005 y 30/03/2007) han quedado firmes con posterioridad a la comisión de la infracción de autos.
En tal situación, no puede afirmarse que se configura la situación de reincidencia a que alude el art. 927 del Código Aduanero, que considera que se es reincidente cuando con posterioridad a una condena firme, cometa una nueva infracción o delito aduanero.
Aunque el art. 915 del Código Aduanero, solo requiere tener en cuenta entre otros aspectos a los antecedentes del imputado, sin mencionar de manera específica a la “reincidencia” como concepto técnico, estimo que las situaciones expresadas en el párrafo anterior pueden ser tenidas también en cuenta como un mero antecedente, aunque sin poder equipararse en su evaluación, que no reviste la misma importancia, al supuesto de “reincidencia”.
Al respecto debe recordarse que la Corte Suprema ha dicho que “…son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 290:202, 5º considerando y sus citas)” (“SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27/12/88, Fallos, 311:2779).
Por ello, la graduación de la conducta del responsable debe ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias que, en la convicción del intérprete -juez administrativo-, permitan encontrarla configurada y en los antecedentes computables que puedan endilgársele al infractor En consecuencia, la multa debe fijarse en una (1) vez el importe de los tributos.
XVI. Que en cuanto a las costas corresponde imponerlas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.).
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1. RECHAZAR el planteo de prescripción opuesto por la actora ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A. por los motivos expuestos en el considerando VI.- de la presente, con costas.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 187/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12210-853-2005, la cual condena a la importadora ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A. al pago de una multa, la que se reduce a una (1) vez el importe de los tributos, la que asciende a la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 54/100 CVOS ($ 3.277, 54) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 03 073 IT14 001147 H, cuyo vencimiento operaba el 3/11/2003.
3. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XIV del presente, declarando que la actora adeuda la suma PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENT Y SEIS CON 17/100 CVOS. ($ 2.656,17.-), en concepto de tributos adeudados. Asimismo, adeuda, al 17/04/2023, la suma de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 33 CVOS. ($ 13.941,33-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado.
4. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 46 % a cargo de la actora importadora y en un 54 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a V del voto del Dr. Segura y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. Dicho lo que antecede, corresponde expedirse en relación a la excepción de prescripción opuesta por la recurrente.
A efectos de decidir sobre su procedencia, corresponde examinar si, como plantea la recurrente, la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX- 2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086- APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae. Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
III. En tales condiciones, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 08/02/2007 (ver fs. 15 del expte. adm.), no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para interrumpir la prescripción de la acción del fisco para imponer penas –art. 937 inc. a) del CA- y suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos –art. 805 inc. a) del CA.
En el marco de lo descripto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2004 –en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 03/11/2003-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2008 (cfme. arts. 934 a 937 y 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 08/02/2012, notificada el 21/08/2012).
En adición a lo expuesto, cabe subrayar que el auto de corrida de vista de fs. 18 fue dictado el 20/04/2009, cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba vencido.
En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, hacer lugar a la excepción de prescripción y declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos relativos al DIT Nº 03 073 IT14 001147 H.
Por ello, voto por:
Hacer lugar a la excepción de prescripción y declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos en relación al D.I.T. Nº 03 073 IT14 001147 H. Con costas. La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. RECHAZAR el planteo de prescripción opuesto por la actora ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A. por los motivos expuestos en el considerando VI.- de la presente, con costas.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 187/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12210-853-2005, la cual condena a la importadora ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A. al pago de una multa, la que se reduce a una (1) vez el importe de los tributos, la que asciende a la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 54/100 CVOS ($ 3.277, 54) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 03 073 IT14 001147 H, cuyo vencimiento operaba el 3/11/2003.
3. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XIV del presente, declarando que la actora adeuda la suma PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENT Y SEIS CON 17/100 CVOS. ($ 2.656,17.-), en concepto de tributos adeudados. Asimismo, adeuda, al 17/04/2023, la suma de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 33 CVOS. ($ 13.941,33-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado.
4. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 46 % a cargo de la actora importadora y en un 54 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2023.05.04 14:29:16 ART Date: 2023.05.04 14:38:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.05 08:13:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.05 08:14:33 -03:00
Fin de la sentencia