Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 15.968
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaVISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la sentencia del día 18/5/2026 en cuanto ha sido motivo de agravios; con costas a la apelante vencida (arts. (art. 109, 110 inc. a) y 111 de la ley 17418; arts. 504, inc. 1) 556 y concord. del CPCBA). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad (art. 51 L. 14.967).
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 6 días del mes de octubre de 2026, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "Aldalur Maria Victoria C/ San Cristobal Sociedad Mutual De Seguros Generales S/ Incidente De Ejecucion De Honorarios" Expte. 15968, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich, Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza y la Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia dictada el 18/5/2026?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. El día 18 de mayo de 2026, el Señor Juez de grado resolvió rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada así como las demás defensas de fondo formuladas. Y en consecuencia, mandó a llevar adelante la ejecución promovida por la Dra. María Victoria Aldalur contra San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Generales, hasta hacerse íntegro pago de la suma equivalente a 81,2 Jus arancelarios, con más el adicional del diez por ciento (10%) correspondiente a aportes previsionales de ley, con más los intereses a tasa activa prevista en el art. 54 inc. b) de la ley 14.967, desde la fecha de mora -06/03/2026- .
A continuación, impuso las costas a la demandada vencida y difirió la regulación de honorarios.
Para resolver de ese modo, el Juez de la instancia consideró "...la discusión relativa al alcance de la cobertura asegurativa, límites de cobertura, distribución de costas o prorrateos debió articularse en el proceso principal, siendo ajena al estrecho marco cognoscitivo de esta ejecución". Luego agregó que "...En el caso, la ejecutada fue intimada de pago y no acreditó cumplimiento oportuno. Tampoco surge que hubiese articulado en tiempo útil objeción eficaz respecto de los honorarios aquí reclamados dentro del proceso principal. No puede entonces la aseguradora pretender en esta etapa ejecutiva reabrir el debate relativo a la extensión de su responsabilidad ni invocar un prorrateo que no fue sustanciado con la acreedora ejecutante".
Por último, el Magistrado de la anterior instancia señaló que "...respecto a lo manifestado por la ejecutada en tanto las sumas transferidas a las presentes actuaciones siempre estuvieron en condiciones de ser extraídas" , para que las sumas de dinero depositadas en la cuenta judicial, de manera voluntaria (pago) o compulsiva (embargo), tengan efectos extintivos de la obligación cuya cancelación se procura, el acreedor debe encontrarse debidamente anoticiado del depósito y, a su vez, tratarse de fondos que queden efectivamente a su disposición (conf. SCBA LP B 64879 RSI-156-21 I 23/04/2021; CC0100 SN 11989 I 29/06/2021).
Asimismo, el depósito debe realizarse en tiempo oportuno, circunstancia que no aconteció en autos, dado que al momento de recibirse los fondos provenientes del embargo decretado -20/03/2026-, la ejecutada ya se encontraba en mora desde el día 06/03/2026".
II. Tal decisión es apelada por el apoderado de la aseguradora ejecutada el día 26/5/2026.
En su memorial, presentado con fecha 8/6/2026, el apelante aduce que el magistrado terminó resolviendo cuestiones que no habían sido objeto de debate ni de decisión en la sentencia de fondo. Sostiene que ello importa exceder los límites de la ejecución y afectar los alcances de la cosa juzgada de la sentencia dictada en el expediente principal.
Sostiene que: "...la sentencia dictada en el expediente principal, en ningún momento, trató ni resolvió que las costas impuestas a la aseguradora se debían extender a las devengadas por la demandada". Asevera que la imposición de costas dispuesta en el proceso principal no alcanza los honorarios en ejecución pues "...si la Dra. Aldalur se consideraba con derecho a que mi mandante asuma el pago de sus honorarios, lo primero que debió haber hecho (y no hizo) es haberlo planteado en el expediente principal, para poder, de ese modo, tener la expectativa de que la cuestión sea sustanciada y obtener, eventualmente, una sentencia que le reconozca tal petición, sin embargo, y a pesar de haber reconocido el magistrado, que nada de ello ocurrió, igualmente, rechazó la excepción opuesta, y condenó a mi mandante a abonarle honorarios, sin que exista sentencia alguna que así lo ordene".
Afirma que: "La sentencia condenó a mi mandante a abonar las costas de la parte demandada, sin advertir que la misma carecía de todo derecho a reclamárselos a la aseguradora a la que represento, ya que, nunca pidió, y mucho menos obtuvo un pronunciamiento que extienda la condena en costas, de tal modo."
Aduce que: "El restante “argumento” consistente en haber interpretado que mi mandante “hubiese articulado en tiempo útil objeción eficaz respecto de los honorarios aquí reclamados dentro del proceso principal”, también resulta desacertada, ya que, quien debió haber hecho el planteo debió ser la demandada y no mi mandante."
Seguidamente, alega que: "Cuando la sentencia recurrida impuso las costas a la demandada vencida, no hizo sino establecer que los gastos ocasionados por la parte actora, deben ser afrontados por los demandados, pero, en ningún momento, estableció, del modo que lo interpreta la sentencia recurrida, que la citada en garantía debía asumir los gastos ocasionados por los codemandados, ya que dicha cuestión no fue planteada, ni mucho menos resuelta en la sentencia, de modo, de considerarla implícitamente reconocida."
Señala que la totalidad de las costas, a cargo de su mandante, en función del limite establecido en el art. 730 del CCyC, fueron depositadas en los autos principales, sin ser cuestionada.
Finalmente, agrega que: "en un acto de absoluta mala fe o desconocimiento legal, la letrada promovió la presente ejecución y el magistrado, sin mayores miramientos, la ordenó llevar adelante, provocando una ilegítima indisponibilidad de fondos por una suma superior a la duplicación del monto de honorarios correspondientes a la ejecutante, -reitero-, ya transferida y dada en pago, a las actuaciones principales." En suma, solicita que se revoque la resolución, con expresa imposición de costas (ver present. del 8/6/2026).
Corrido el traslado de ley, la letrada ejecutante junto a su patrocinante responden el memorial con fecha 09/06/2026; elevándose para su tratamiento con fecha 11/6/2026.
III.- A.- En principio y a fin de dar respuesta a las críticas propuestas, deben realizarse las siguientes observaciones.
Primero; es cierto que -en principio- la norma del art. 504 del ritual restringe la posibilidad de oponer otras defensas que no fueran las explícitamente mencionadas.- Sin embargo, y siguiendo el criterio reiterado por el Alto Tribunal Provincial, "no puede considerarse que ello significa una veda irrestricta al análisis de otras defensas vinculadas de manera directa con la justa composición del litigio y con el ejercicio del derecho de defensa." (SCBA, Ac. 56649, S, 7/3/95, AyS, 1995 I, 226); de allí que la inhabilidad del título es una defensa implícitamente incorporada en el art. 504 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. SCBA, SCBA LP Ac 56604 S 10/03/1998; SCBA LP B 75662 bis RSI-248-21 I 09/06/2021).
Por consiguiente, resultó procedente la excepción de inhabilidad de título opuesta el día 19/4/2026; sin embargo, esa defensa aparece al mismo tiempo como inadmisible pues no se negó expresamente la deuda en ejecución (ver pto III de la present. del 19/4/2026).
Es que, "...uno de los recaudos formales ineludibles -por principio- para que prospere la excepción de inhabilidad de titulo es el de negar expresamente la deuda, porque de lo contrario no supone otra cosa que un reconocimiento de la obligación que se reclama por esta vía, circunstancia que torna irrelevante analizar los aspectos formales del documento ya que la cuestión queda zanjada con la admisión de la calidad de deudor" (conf. este Tribunal, en expte. 9852, reg int. n°100 (S) del 9/9/2014 y expte. 9927; reg. int. n° 143 (S) del 11/11/2014, expte. 14. 622 reg. int. 389 (R) del 24/9/2024, expte 15816, sent. del 22/9/2026, registrado bajo el número RS-141-2026, entre otros) motivo por el cual y en función de tal omisión, la defensa quedó huérfana pues no existe contradicción oportuna de la aseguradora frente a la ejecución promovida.
B.- Junto a este déficit -que por su carácter esencial ya permitiría confirmar la sentencia de grado sin ingresar en otros agravios- también se observa, contrariamente a lo sostenido por el apelante, que el contenido de la defensa propuesta desinterpreta la imposición de costas decretada en el causa principal (ver pto. 3 del Fallo de la sent. del día 18/10/2024 en autos "Sitio 0 De Quequen Sa C/ Larea Atilio Horacio y Otro/A S/ Daños Y Perj. Autom. S/Lesiones (Exc. Estado)" -expte O-60417- en Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de esta ciudad-; sentencia confirmada por esta Cámara departamental el día 25/6/2025, registro bajo el número RS-108-2025). Es que, si en la causa principal las costas fueron impuestas "...a los demandados vencidos", éstos deberán abonar todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación (art. 77 del CPCBA) debiendo, en el caso, conjugarse tal atribución causidica con el art. 110 de la Ley de Seguros.
Ello, en función de las constancias obrantes en la causa principal y la naturaleza contractual que vinculó a la aseguradora ejecutada con su asegurado Larea.
Aquí, no puede pasarse por alto que a lo largo de toda la sustanciación de la causa por daños y perjuicios, la Aseguradora apelante admitió y toleró la participación de su asegurado Atilio Horacio Larea, -y Juan Cruz Rojas Latorre- con el patrocinio letrado de la abogada María Victoria Aldalur (ver present. del 17/10/2023, audiencia preliminar del día 10/11/2023, audiencia de vista de causa 25/6/2024, present. de los días 23/10/2024 y 25/11/2024 en los autos: "Sitio 0 De Quequen Sa C/ Larea Atilio Horacio y Otro/A S/ Daños Y Perj. Autom. S/Lesiones (Exc. Estado)" -expte O-60417- en Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de esta ciudad-). Así, de las constancias de la causa principal, se desprende que la Aseguradora contestó demanda mediante su apoderado, reconoció la relación de aseguramiento con Atilio Horacio Larea adjuntó las pólizas n°01-09-01-30053182 y 01-09-01-30048004; y opuso además la suma asegurada hasta el límite máximo de $ 22.000.000 por acontecimiento. (ver present. del día 29/6/2023 y frente a de pólizas en pdf en la mencionada causa principal).
Seguidamente en esa causa, y luego de practicadas diversas diligencias para notificar a los codemandados Atilio Horacio Larea y Juan Cruz Rojas Latorre, éstos se presentaron contestando demanda junto a la abogada hoy ejecutante glosando los frentes de las pólizas n°01-09-01-30053182 y 01-09-01-30048004 así como la denuncia de siniestro y demás documentación (ver present. del 17/10/2023 y su pdf, en la causa principal: "Sitio 0 De Quequen Sa C/ Larea Atilio Horacio y Otro/A S/ Daños Y Perj. Autom. S/Lesiones" -expte O-60417- en Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de esta ciudad).
Frente a esa presentación judicial y celebrada la audiencia de vista de causa, los apoderados de la Aseguradora nada dijeron, guardaron silencio y participaron de todas las diligencias mencionadas junto a la letrada Aldalur quien actúo en calidad de patrocinante del asegurado Larea, consintiendo dicha actuación letrada (ver providencias de los días 18/10/2023, 23/10/2023, 24/10/2023 y acta del 10/11/2023); incluso la citada abogada patrocinó a los codemandados Larea y Rojas Latorre en todas las demás diligencias y presentaciones posteriores ocurridas en la causa principal (ver constancias de los autos: "Sitio 0 De Quequen Sa C/ Larea Atilio Horacio y Otro/A S/ Daños Y Perj. Autom. S/Lesiones (Exc. Estado)" -expte O-60417- en Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de esta ciudad). A ello debe agregarse que el asegurado Larea cumplió su carga informativa y de transmisión de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la ley 17418 (ver denuncia de siniestro adjunta el día 17/10/2023 en la causa principal) y frente a la conducta procesal de la ejecutada quien contestó la demanda por sí, ninguna otra alternativa le quedó ya que de no recurrir a un letrado particular y presentar la contestación de demanda, hubiese quedado en estado de indefensión lo que hubiera provocado la responsabilidad contractual de la aseguradora. Y en ese sentido, su presentación con una letrada particular resultó necesaria para su defensa en los autos principales (ver present. de los días 29/6/2023 y 17/10/2023 en causa: "Sitio 0 De Quequen Sa C/ Larea Atilio Horacio y Otro/A S/ Daños Y Perj. Autom. S/Lesiones (Exc. Estado)" -expte O-60417- en Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de esta ciudad).
En ese marco debe tenerse presente, lo expuesto en diversos precedentes de esta Alzada: “En caso de que el asegurado asuma su defensa en juicio, sin darle noticia oportuna al asegurador para que lo haga éste, los honorarios del primero quedan a su cargo. Lo propio acontece si el asegurado asume su defensa en juicio con oposición del asegurador, ello con fundamento en que la dirección del proceso es un derecho del asegurador y, como tal, sólo él decide si lo ejerce o no". "Se trata de un derecho disponible para el asegurador, por lo que si presta conformidad con que la gestión de la litis la asuma el asegurado deberá afrontar el pago de las costas de los profesionales que lo asistan.” (conf. Stiglitz Ruben S. “Derechos de Seguros” Tomo II, Edit. La Ley, pags. 318/323 citado por esta Cámara en expte 12927, sent. del 4/11/2021, registrado bajo el número RR-168-2021. Ver también, expte. 11932, reg. 74 (S), del 20/8/2020 de esta Alzada).
Por consiguiente, y frente a la ausencia de oposición de la Aseguradora en la actividad profesional desplegada por la Dra. María Victoria Aldalur en la causa principal a favor de los señores Larea y Rojas Latorre, la excepción aquí deducida resulta inadmisible pues la condena en costas dictada contra la aseguradora ejecutada permite atribuirle la carga de afrontar los emolumentos de esta última letrada toda vez que toleró su actuación en la causa principal citada, consintiéndola y no alegando objeción alguna.
Debe recordarse que la obligación accesoria a cargo del asegurador obedece a un doble orden de fundamentos. En primer lugar las erogaciones efectuadas en defensa de los derechos del asegurado conforman también el deber de indemnidad a cargo del asegurador o bien del tercero beneficiario -conductor- , así como que las costas revisten el carácter de gastos de salvamento, en tanto tratándose de inversiones que apuntan a evitar o reducir el daño y como tales deben ser soportados por el asegurador. (conf. este Tribunal, en expte 12927, sent. del 4/11/2021, registrado bajo el número RR-168-2021 y conf. Stiglitz Ruben S. “Derechos de Seguros” Tomo II, Edit. La Ley, pag. 398 y jurisp. allí citada). Siendo ello así, no habiendo asumido la aseguradora en tiempo oportuno la defensa del conductor, habiendo éste cumplido con las cargas pertinentes, sin siquiera haberse opuesto la aseguradora a la intervención de la defensa particular o bien realizar reserva alguna sobre la cuestión, la ejecutada debe el pago de las costas por los honorarios -aquí en ejecuciónen la medida que estos fueron necesarios (art. 111 Ley 17.418), y en consecuencia comprendidos dentro de la garantía de indemnidad (art. 109, 110 inc. a) ley 17418; conf. SCBA, causa C 96946, 04/11/2009, “Labaronnie”, Sumario Juba B32062; arts. 961; 987; 1027, 1028; 1064 y 1067 CCyCN).
C.- Atento lo expuesto en el punto anterior, no pueden admitirse los planteos vinculados a que el progreso de la presente ejecución de honorarios "afecta los alcances de la cosa juzgada de la sentencia dictada en el expediente principal" en tanto la condena en costas dictada contra la ejecutada, como la indemnidad -de origen legal- debida por la aseguradora al señor Larea justifican el progreso de la ejecución.
Tampoco asiste razón al apelante cuando objeta la conducta procesal de la ejecutante en los autos principales puesto que si la dirección del proceso es un derecho disponible del asegurador, ésta debió oponerse a la actuación profesional de la letrada en los autos principales asumiendo la defensa técnica del asegurado Larea. En su caso, no asumir la defensa del asegurado ni oponerse a la defensa técnica que sustituye esa ausencia de defensa, no puede representar un beneficio para la aseguradora en detrimento del asegurado. Bajo esa lógica bastaría la inacción y el silencio de la aseguradora para no asumir un gasto que legalmente le corresponde (arts. 109, 110 y 111 de la Ley 17.418).
Por último, resulta inadmisible el argumento vinculado a la oposición del tope previsto en el art. 730 del CCyC planteada en los autos principales -ver sentencia del 9/3/2026 en la causa principal- pues aquella limitación de responsabilidad no incluye a los honorarios correspondientes a los profesionales que hubieran representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas (conf. SCBA Ac. 83.335, resol. de 13-II-2002; Ac. 87.186, resol. de 12-V-2004 citado por esta Alzada departamental, en expte. n°10644, reg. int. 57 (S) del 22/6/2021) y, justamente, los honorarios de la letrada ejecutante encuadran en esta última excepción razón por cual, debe desestimarse también este aspecto de la apelación.
En suma, corresponde desestimar la apelación del día 26/5/2026 y confirmar la sentencia de grado en cuanto ha sido motivo de agravios; con costas a la apelante vencida (arts. (art. 109, 110 inc. a) y 111 de la ley 17418; arts. 504, inc. 1) 556 y concord. del CPCBA).
Voto por la AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Doctor Loiza votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
La Sra. Jueza Doctora Issin votó en el mismo sentido por análogos fundamentos A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
Corresponde desestimar la apelación del día 26/5/2026 y confirmar la sentencia de grado en cuanto ha sido motivo de agravios; con costas a la apelante vencida (arts. (art. 109, 110 inc. a) y 111 de la ley 17418; arts. 504, inc. 1) 556 y concord. del CPCBA). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad (art. 51 L. 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el Señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la Señora Jueza Dra. Issin votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 6 de octubre de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la sentencia del día 18/5/2026 en cuanto ha sido motivo de agravios; con costas a la apelante vencida (arts. (art. 109, 110 inc. a) y 111 de la ley 17418; arts. 504, inc. 1) 556 y concord. del CPCBA). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad (art. 51 L. 14.967). Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA). Devuélvase.
Dra. María V. Aldalur (Dr. Martin M. Rizzo (Pat.)
Dr. Juan Nicolas Ferrante (Ap. parte ejecutada)
Fin de la sentencia