Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 49745061-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación.
2Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, en atención a la complejidad que reviste la cuestión en análisis (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).
3Modificar la regulación de honorarios de la anterior instancia en los términos que surgen de los considerandos XIV y XV del voto del Dr. Gallegos Fedriani.-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
14519/2022 ALEA Y CIA SA (TF 49745061-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de julio de 2022.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por decisorio del 6/07/2021 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del Protocolo de Análisis LAB 89875 y de todo lo actuado en consecuencia y, por consiguiente, dejó sin efecto la Resolución Nº 555/18 (AD SALO) dictada en la actuación SIGEA nº 12517-286-2014, mediante la cual se había reclamado el pago de tributos por la suma de 21.637,51 dólares estadounidenses más intereses y; asimismo, se había reclamado la devolución de reintegros por 1.615,60 dólares estadounidenses al haber considerado que la firma exportadora había cometido la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1, inciso a) del Código Aduanero. Impuso las costas a cargo del Fisco Nacional (v. pág. 249/252 de las actuaciones digitalizadas en el DEO N° 5326484).-
II.-Que el 31/03/2021 apeló la AFIP-DGA y expresó agravios en la misma fecha. El 21/09/2021 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios del Dr. Hernán Cancellieri, en su carácter de letrado apoderado de la firma actora, los que fueron apelados por altos por el Fisco Nacional y por bajos por el referido profesional. La firma Alea y Cía S.A. contestó oportunamente los agravios del Fisco Nacional y este último hizo lo propio respecto de los fundamentos de la apelación de honorarios del profesional actuante en representación de la actora. El 22/04/2022 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que sostiene la recurrente que se practicó la notificación de la extracción de muestra y que la actora no se agravió del acta de extracción de muestra ni de su supuesta falta de notificación. Afirma que el análisis de la muestra fue debidamente Alta en sistema: 15/07/2022 notificado mediante SICNEA 14057NOTI000525U el 3/6/2014 y que la actora consintió el resultado al no impugnar la notificación en tiempo oportuno. Expresa que jamás son agregadas a las actuaciones las copias que son acompañadas con las cédulas de notificaciones.
IV.-Que cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).- V.-Que para decidir como lo hizo sostuvo el Tribunal Fiscal de la Nación que las irregularidades en las que incurrió el servicio aduanero al no practicar la notificación del protocolo de Análisis LAB 89875 del Instituto Técnico de Exámenes de Mercaderías (ITEM), “no pueden subsanarse en esta instancia. Ello así en tanto, conforme resulta de las constancias obrantes en la causa…se trata de un producto perecedero y con determinados condiciones de conservación lo que impide la realización, en la actualidad, de un segundo análisis dirigido a comprobar si su especie y calidad se corresponde, en definitiva, con lo declarado en la destinación”.
Y agregó que al no haberse notificado a la actora en debida forma la práctica del análisis pertinente “se socavó…la posibilidad de control de la prueba, base para formular la Resolución atacada. Ello, sumado a la imposibilidad técnica de repetir dicho acto, fulmina de nulidad el Análisis LAB 89875 toda vez que los resultados de la prueba unilateral obtenida por la Administración conculca el debido derecho de defensa en juicio, base de nuestro sistema de derecho y reconocido por nuestra Constitución Nacional” (ver considerando IX). Asimismo, y específicamente en lo que se refiere a la falta de notificación que habría conducido a nulificar el procedimiento, explicó: “Del análisis de la documentación obrante en la presente causa, surge que por medio del SICNEA 14057NOTI000525U del 3/06/2014 se notificaron a la firma Alea y Cía Sociedad Anónima copias de resultado de los análisis correspondientes a la mercadería documentada por diferentes operaciones de exportación (entre los cuales se encuentra el permiso de embarque cuestionado en autos), haciéndosele saber que podría solicitarse un nuevo Alta en sistema: 15/07/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V análisis dentro del mes de recepción del mismo.
Según consta en el cuerpo de la notificación se agregó como adjunto el archivo ‘ALEA00001.pdf”. En las actuaciones administrativas obra copia del SICNEA (fs. 89), sin la impresión del documento adjunto notificado. En autos, la actora presentó como prueba documental el SICNEA con su adjunto, no advirtiéndose de sus copias que se encuentre el Protocolo de Análisis LAB 89875 correspondiente al P.E. analizado en el presente” (ver considerando VIII de la sentencia mencionada, y pág. 529 de las actuaciones digitalizadas en el DEO N° 5326484).-
VI.-Que corresponde poner de resalto que el artículo 164 de la ley procedimental para el Tribunal Fiscal de la Nación, otorga a ese organismo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria.-
Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente mencionado, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).- VII.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
Alta en sistema: 15/07/2022 La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5-98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).- VIII.-Que la ponderación que ha efectuado el Tribunal Fiscal de la Nación de toda la prueba que ha sido rendida en estas actuaciones constituye una cuestión fáctica, que no cabe en principio rever en esta instancia (artículo 1180 del Código Aduanero), atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta. En tal sentido, del ejercicio por el Tribunal Fiscal de la Nación de sus facultades propias de apreciar los hechos (doctrina de Fallos 300:985) no surge que hubiera un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (conf. doctrina de Fallos 305:2261; C. Fed. en lo Cont. Adm. Sala III; in re: “Schmid, Walter Edmundo”, sentencia del 26- 10-84; Sala I, in re: “Scioli S:A:”, sentencia del 14-12-93; esta sala in re: “Ducilo S.A.”; sentencia del 14-8-95; “Incobe S.R.L.”, sentencia del 23-8- 95; “Siglo XXI Compañía Arg. de Seguros S.A.”, sentencia del 26-6-98; “El Tehuelche SAIC (TF 12054-A) c/ DGA”, sentencia del 18-4-2001,) ni arbitrariedad en la apreciación de los hechos y de la prueba.-
Alta en sistema: 15/07/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V IX.-Que por lo demás, corresponde poner de relieve que los expedientes administrativos, incluso de las empresas estatales, tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas. Con mayor rigor, llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos, y ello aun tratándose de las empresas estatales (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: “Romera, Marcos”, sentencia del 21-9-93; esta Sala in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28-4-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).-
X.-Que a lo ya expuesto, y específicamente en respuesta a la afirmación de la demandada de que la actora no planteó la nulidad en el momento oportuno, cabe reiterar que aun cuando -como lo sostiene la recurrente- se interpretara que hubiera existido una notificación del análisis, lo cierto es que ella ha sido incompleta en la medida en que no se agregó la documentación necesaria (conforme surge de la reseña de los hechos efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación y de las constancias del expediente administrativo). Sobre el punto, cabe destacar que resultan de aplicación en la especie los principios básicos del procedimiento administrativo, como lo son el informalismo a favor del administrado y la tramitación e impulsión de oficio a cargo de la administración (conf. art. 1 incisos a) y c) de la Ley 19.549). Pretender lo contrario –como lo requiere la demandada- implicaría poner en cabeza del administrado la tramitación del expediente administrativo y su suerte definitiva, aun cuando le fuera perjudicial, lo que contradice los principios antes enunciados. Máxime cuando el punto 3 del Anexo III de la RG Nº 1582/03 que reglamenta el procedimiento para la extracción y análisis de muestras, establece que el segundo análisis “…se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro Alta en sistema: 15/07/2022 del mes de notificado el resultado del primer análisis”, por lo que nada impedía que fuera la propia administración la que solicitara su realización en tiempo útil tomando en consideración que se trataba de un producto perecedero y con determinadas condiciones de conservación.-
XI.-Que conforme lo desarrollado hasta aquí, no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de los hechos y del derecho aplicable, por lo que cabe coincidir con el Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto a los fundamentos expresados en el decisorio recurrido para tener por configurados los vicios procedimentales que determinan la nulidad del procedimiento llevado adelante por la autoridad administrativa. En consecuencia, corresponde confirmar la decisión apelada.-
XII.-Que sin perjuicio de la forma en que se decide, resulta menester agregar, en sentido coincidente al sostenido por el Tribunal Fiscal de la Nación, que el tiempo transcurrido desde que tuvo lugar la operación en análisis y las características intrínsecas de la mercadería en trato, no permiten verificar con resultados concluyentes la concordancia entre lo efectivamente declarado por la contribuyente y la posición arancelaria que le hubiera correspondido.-
XIII.-Que en cuanto a las costas de esta instancia, corresponde imponerlas en el orden causado, en atención a la complejidad que reviste la cuestión en análisis (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).-
XIV.-Que respecto de las apelaciones de honorarios por altos y por bajos, en función de la naturaleza, del resultado obtenido y de la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por la dirección letrada y representación legal de la parte actora, corresponde modificar la regulación del 21/09/2021 y, en consecuencia, elevar los honorarios del Dr. Hernán Cancellieri -en su doble carácter de apoderado y patrocinante de la parte actora- a la suma de 125 UMAs - equivalentes a la fecha del presente a $ 1.125.125- (cfr. Arts. 16, 20, 21, 24, 29 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y la Acordada CSJN 12/22).-
Alta en sistema: 15/07/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V XV.-Que cabe dejar aclarado que en el importe establecido precedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto de Impuesto al Valor Agregado, por lo que -frente a la acreditación actual de la condición de responsables inscriptos en dicho tributo que oportunamente realice el beneficiario-, la obligada respecto de dichos emolumentos deberá depositar el importe correspondiente a dicho tributo, juntamente con el monto del pago.-
Por lo antes expuesto, corresponde: 1)
Rechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación. 2) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, en atención a la complejidad que reviste la cuestión en análisis (art. 68, segundo párrafo del CPCCN). 3) Modificar la regulación de honorarios de la anterior instancia en los términos que surgen de los considerandos XIV y XV de este voto. ASÍ VOTO.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F.
Treacy, dijo:
I.-Que adhiero a las consideraciones vertidas en el voto del Dr. Gallegos Fedriani.-
II.-Que cabe añadir, en relación con la notificación del resultado del análisis de la mercadería documentada (del 03/06/2014), que es inexacto lo manifestado por la demandada en el sentido de que “[…] la actora jamás se agravió del acta de extracción de muestras, y de su supuesta falta de notificación.” (v. pág. 273 de las actuaciones administrativas digitalizadas). En efecto, según puede verificarse a fojas 89 de las actuaciones SIGEA N° 13289-21908-2014 obra la constancia de notificación sin el documento adjunto al que ésta hacía referencia, razón por la cual la actora planteó la nulidad de lo actuado basado en dicha irregularidad, que fue rechazada, y luego, una revocatoria contra esa decisión. Además, tanto en el acto emitido el 11/10/2018 por la demandada en las actuaciones N° 12517-286-2014, como en la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, se hace mención a las distintas presentaciones efectuadas por la actora en sede administrativa, tendientes a que se Alta en sistema: 15/07/2022 declarara la nulidad del procedimiento, en razón de la vulneración de su derecho de defensa.-
III.-Que atento a ello, y a las consideraciones efectuadas en el voto del Dr. Gallegos Fedriani, corresponde rechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas en el orden causado (artículo 68, segunda párrafo, del CPCCN). ASÍ VOTO. El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Alemany, adhiere al voto del Dr. Gallegos Fedriani.-
En atención al resultado del Acuerdo que antecede, SE
1. Rechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación. 2) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, en atención a la complejidad que reviste la cuestión en análisis (art. 68, segundo párrafo del CPCCN). 3) Modificar la regulación de honorarios de la anterior instancia en los términos que surgen de los considerandos XIV y XV del voto del Dr. Gallegos Fedriani.-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Pablo Gallegos Fedriani Jorge F. Alemany Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 15/07/2022
Fin de la sentencia