Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 53979287-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada y confirmar el pronunciamiento apelado, 2. Regular los honorarios de acuerdo con el punto IX, y 3. Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada.
3582/2024 “Alea y Cia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” En Buenos Aires, a los 26 días del mes de septiembre del año 2024, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Alea y Cia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del protocolo de análisis LAB n° 86652 y dejó sin efecto la resolución n° 602/2018 (AD SALO) dictada por el jefe de departamento de la aduana de San Lorenzo que había condenado a la firma actora al pago de una multa ($63.714,34), al pago de los tributos adeudados (U$S 14.012,39) y a la devolución de la suma “abonada por el fisco en concepto de estímulos a la exportación” (U$S 1.046,10) por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1), inciso ‘a’, del Código Aduanero. Impuso las costas a la parte demandada.
II. La Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) apeló y expresó los siguientes agravios que fueron replicados.
i. Las costas deben ser distribuidas en el orden causado ya que “[S]i bien corresponde consentir la revocación de la resolución nº 602/2018 (AD SALO) […] ello no es consecuencia de la invalidación del protocolo y lo actuado con posterioridad, sino que tal decisión se funda en la imposibilidad de realizar el segundo análisis contemplado en la resolución general nº 15282/2003 (AFIP) […] Esto así por cuanto la carencia del análisis complementario enerva el control de la prueba y genera una situación de duda que necesariamente opera en favor de la empresa”.
ii. “[L]a revocación de la multa debe ser mantenida con sustento en el beneficio de la duda provocada por la ausencia del segundo análisis y no por la nulidad del primer análisis. Tal situación amerita y justifica que las costas sean impuestas en el orden causado”.
III. Como puede apreciarse, la parte demandada consintió expresamente el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación que, en el plano sustancial de la contienda, revocó la resolución n° 602/2018 (AD SALO) dictada por el jefe de departamento de la aduana de San Lorenzo.
Empero, cuestiona el modo en el que el Tribunal Fiscal de la Nación impuso las costas.
IV. Esta sala ha dicho que si bien el ordenamiento procesal ha recibido, como un principio, el criterio objetivo del vencimiento en el artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ese principio no es absoluto ya que admite excepciones; y ha precisado, de conformidad con el criterio establecido por la Corte Suprema (Fallos 311:809; 317:1638; 325:2276; 343:1758), que las excepciones deben ser interpretadas restrictivamente, a fin de no desnaturalizar la regla general, razón por la cual deben fundarse debidamente los pronunciamientos que impliquen apartarse de tal principio (causas “Rosenzvit Darío Javier c/ AFIP s/ dirección general impositiva” y “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 10 de mayo de 2022 y del 27 de febrero de 2024, respectivamente).
V. Desde esa perspectiva, las críticas formuladas respecto de la imposición de las costas deben ser desestimadas, toda vez que la 3582/2024 “Alea y Cia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” AFIP-DGA resultó vencida y no se advierte ningún motivo que justifique apartarse del principio objetivo de la derrota (artículos 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y 1163 del Código Aduanero).
Sobre la base de ese criterio, las costas de esta instancia deben correr, también, a cargo de la parte demandada.
VI. Resta examinar los recursos deducidos ‘por altos’ y ‘por bajos’ contra la regulación de los honorarios establecida por el Tribunal Fiscal de la Nación en favor de la representación letrada de la firma actora.
VII. Los agravios que la parte demandada ofrece acerca de la base regulatoria considerada por el Tribunal Fiscal de la Nación no pueden ser admitidos, a la luz del criterio que esta sala ha establecido. En efecto:
1. “El hecho de que las obligaciones tributarias aduaneras, como las que aquí se hallan involucradas, ‘nacidas con posterioridad a la sanción de la ley 25.561’ deban ser liquidadas y canceladas de la forma establecida por el artículo 20 de la ley 23.905 —es decir, que se cancelan en pesos, aplicando el tipo de cambio vigente al del efectivo pago—, no deriva en que […] la base regulatoria deba establecerse de acuerdo con esa conversión ni a la correspondiente a la fecha de la sentencia mediante la cual el Tribunal Fiscal reguló los honorarios” (causa “Vireyes Agropecuaria SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 21 de octubre de 2021).
2. En la causa “Romero, Juan Antonio y otros c/EN—Mº de Economía— y otro s/ proceso de conocimiento” (pronunciamiento del 18 de diciembre de 2019) la Corte Suprema de Justicia de la Nación —por remisión al dictamen de la procuradora fiscal— expresó que “aun cuando el monto referente a los tributos aduaneros ‘hubiera sido pagado, y tal pago se hubiera realizado en dólares estadounidenses, surge claramente del texto del art. 20 de la ley 23.905 que esta norma solamente regula, por una parte, la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y, por la otra, los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, sin que quepa extender el régimen allí previsto a situaciones distintas a tales obligaciones tributarias’ […] como es la atinente a la regulación de los honorarios profesionales” (causa “Fianzas y Crédito Compañía de Seguros SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 26 de diciembre de 2023).
De tal modo, la conversión del monto discutido en dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al momento de la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación es adecuada a los efectos de justipreciar la retribución de los profesionales intervinientes en el litigio (esta sala, causas “Bavosi SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Sinopec Argentina Exploration and Production Inc Sucursal Argentina c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” pronunciamientos del 17 de julio de 2020 y del 1º de diciembre de 2022, respectivamente).
VIII. Los agravios exhibidos por la parte demandada —referentes a la exclusión de la base regulatoria de los intereses que se devengaron hasta la fecha de la sentencia— deben ser admitidos ya que la ley 27.423 aquí aplicable, no prevé la incorporación de aquellos a la base regulatoria puesto que no existe una liquidación actualizada resultante de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal (esta sala, causa “SA Establecimiento Vitivinícolas Escorihuela c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 28 de diciembre de 2023).
3582/2024 “Alea y Cia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
IX. Dada la naturaleza del proceso, su monto, las etapas procesales cumplidas, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional a la luz del resultado obtenido, corresponde fijar en 6 UMA —equivalentes a la suma de trescientos quince mil sesenta pesos ($364.674) de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA nº 2375/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios establecidos en favor de Hernán Cancellieri por su actuación en ejercicio de la dirección letrada de la firma actora en la instancia anterior (artículos 16, 20, 21, 29 y demás concordantes de la ley 27.423).
Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, corresponde fijar en 1,8 UMA —equivalentes a la suma de noventa y cuatro mil quinientos dieciocho pesos ($109.402) de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA nº 2375/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor del referido letrado por su actuación en esta instancia (artículos 30 y demás concordantes de la ley 27.423). En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1. Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada y confirmar el pronunciamiento apelado, 2. Regular los honorarios de acuerdo con el punto IX, y 3. Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada.
La jueza Liliana María Heiland adhiere al voto precedente. La jueza Clara M. do Pico no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada y confirmar el pronunciamiento apelado, 2. Regular los honorarios de acuerdo con el punto IX, y 3. Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia