Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-1.905/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la adhesión al recurso de queja efectuada por el Honorable Concejo Deliberante de Comandante Luis Piedra Buena a fs. 63 vta./64, con expresa imposición de costas.-
2Rechazar el recurso de queja interpuesto por la parte demandada Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena a fs. 61/64 vta.; y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 583/585 de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 576/581 de dichos autos; con expresa imposición de costas.-
3Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 63 punto V.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-1.905/13-TSJ Interlocutorio N°: 3.214.-
Actor: ALEMAN MIRIAM ELISABET Demandado: MUNICIPALIDAD DE COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA Y OTRO Objeto: s/ AMPARO s/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 27-06-16 Texto: TOMO XXVII – INTERLOCUTORIO – T.S.J..-
REGISTRO Nº 3214 FOLIO Nº 5297/5300 PROT. ELECT. TSS1 056 I.161
Río Gallegos, 27 de junio de 2016.-
Los presentes autos caratulados “ALEMAN MIRIAM ELISABET c/MUNICIPALIDAD DE COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA Y OTRO s/ AMPARO s/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº A-1905/13-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para tratar, en primer término, la adhesión al recurso de queja efectuada en el “otro si dice” de fs. 63 vta./64 por el Sr. Edgar Alberto Vargas, en su carácter de Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena.-
Surge de autos que dicha parte, no apeló la sentencia de primera instancia, donde fue condenado junto con la Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena (conf. fs. 40/42, 43 in fine y 47 vta., fallo, punto 1°)); así quedó consentido, para éste, el mentado fallo. De manera tal que, al no haber seguido los pasos obligatorios de la vía recursiva, no puede plantear casación contra el fallo de Cámara que confirmó la sentencia que dicha parte consintió. Ello lleva sin más al rechazo de la adhesión que intenta, el Honorable Concejo Deliberante, tanto a la casación como la queja interpuesta por la Municipalidad demandada.- Sólo a mayor abundamiento cabe agregar que es doctrina legal de éste Cuerpo que la simple adhesión a la queja presentada por otra parte, no es procedente, en la medida que dicha presentación, carezca de una específica determinación de los motivos concretos por los que se plantea la queja (conf. Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. Nº 2.857, Folio Nº 4.505/4.506). Ello así pues el recurso carece de la ‘fundamentación autónoma’, la que no se logra con la mera adhesión, carente de argumentos; sino que debe realizarse una crítica prolija del pronunciamiento objetado, de manera concreta y razonada, para que el recurso pueda bastarse a sí mismo. Se ha postulado, al respecto, que el escrito de interposición de una queja debe bastarse a sí mismo; circunstancia que pone a cargo del quejoso, no sólo la agregación de las piezas necesarias para su examen, sino también la fundamentación de su intento, demostrando que es errónea la desestimatoria. La ausencia de toda refutación a los motivos dados para denegar el recurso provoca la inadmisibilidad de la queja (confr. Augusto Mario Morello, Gualberto Lucas Sosa, Roberto Omar Berizonce, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial Provincia de Buenos Aires y de la Nación”, Comentados y Anotados, Tomo III, Ed. Platense-Abeledo Perrot, ed. 1988, págs. 452/453 y 934/935; Mario Masciotra, “Acción Subrogatoria - Recurso de Queja por Apelación Denegada”, Ed. Depalma, ed. 1999, págs. 112/113) (conf. fallo cit.).- La premisa liminar que rige para la viabilidad de la queja es su autosuficiencia. Requisito éste no cumplido en la presentación bajo análisis, en tanto no contiene argumento alguno para demostrar la equivocidad de la denegatoria de fs. 56/58.-
En definitiva aplicando, al sub lite, la doctrina sentada por este Tribunal para el caso de adhesión al recurso de queja asentada en el interlocutorio precedentemente citado, se impone desestimar la queja interpuesta por el Honorable Concejo Deliberante de la Localidad de Comandante Luis Piedra Buena.-
II. Procede, ahora, adentrarnos al tratamiento del recurso de queja articulado por la codemandada -Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena- a fs. 61/64, contra el interlocutorio de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en copia a fs. 56/58, que declaró formalmente inadmisible el recurso de casación agregado en copia a fs. 50/55. Este último se interpuso contra la sentencia obrante en copia de fs. 43/47 vta., que confirmó la sentencia de primera instancia (obrante en copia a fs. 33/38 vta.).- Sintéticamente y en lo que interesa en esta instancia, la amparista solicita se deje sin efecto la resolución dictada el 21 de diciembre de 2011 por el Sr. Edgar Alberto Vargas en su condición de Presidente del HCD de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena y las resoluciones, decretos y cualquier otro instrumento -tal como el Decreto 004/11- emitido por la Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena y se ordene su inmediata restitución en el cargo que ostentaba en el Concejo Deliberante de dicha localidad como empleada de planta permanente (conf. fs. 8 de los autos principales), en el que fue designada mediante Decreto 44/10 del mencionado cuerpo deliberativo (ratificado por Decreto 17/11) (conf. fs. 9 de los autos cit.). Por su parte, el Ejecutivo Comunal aduce que tal designación es nula porque aquel se excedió en la cantidad de personal permanente que podía designar, de acuerdo al presupuesto, y que, en consecuencia, no existen recursos presupuestarios para afrontar los salarios de la actora. Es del caso señalar que la actora se desempeñó como empleada de planta desde su designación, cobrando los salarios respectivos, hasta el 10/12/11 en que se producen los actos que motivan esta demanda (conf. fs. 76 de los autos cit.).- Tanto en primera como en segunda instancia, la pretensión actoral recibió favorable acogida. Debemos destacar que la sentencia cuestionada resolvió: “1.- Haciendo lugar a la acción de amparo… 2...declarando la nulidad parcial del Decreto 004/11… respetarse la designación de la parte actora en planta permanente… y abonársele la totalidad de las remuneraciones que se vio impedida de percibir como consecuencia de la decisión administrativa nulificada” (conf. fs. 471de los autos cit.).-
Contra dicho pronunciamiento se alzó en casación la demandada Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena aduciendo inaplicabilidad de la Ley o doctrina legal (conf. fs. 576 de los autos cit.).-
La Cámara de Apelaciones, por su parte, declaró inadmisible el recurso de casación porque consideró que el mismo carecía de la adecuada fundamentación al no refutar las razones brindadas en la sentencia impugnada y constituir mera reiteración de los argumentos en la instancia ordinaria (conf. fs. 57) y expresa “En consecuencia, al no existir en el escrito de expresión de agravios una crítica razonada de los fundamentos esenciales de la sentencia que impliquen un apartamiento de la normativa vigente que demuestren una palpable y manifiesta violación de la ley, el recurso intentado resulta inadmisible por no cumplirse con los requisitos prescriptos por los arts. 1º, 3º y 4º inc. a) de la ley 1687 (cfr. art. 5º de la ley citada)” (cfr. fs. 57 vta.).- El municipio sostiene en su queja que -en el recurso de casación- expresó cada uno de los motivos por los cuales consideró que se violentó o se inobservó la ley (conf. fs. 62), y efectuó una crítica fundada contra la decisión que cuestiona (conf. fs. 61 vta.), con referencias concretas al caso. Agrega, además, que la Cámara no se ha pronunciado respecto de aquellos agravios que su parte ha sostenido y que no obstante la insistencia, no fueron tratados ni siquiera superficialmente (conf. fs. 62 y vta.). Alega que la inadmisibilidad declarada por la Cámara carece de fundamentación y de congruencia, esto último dado que no fueron analizadas cuestiones centrales puestas a conocimiento de los magistrados. Dice al respecto: “De este modo se produce un vacío y falta de congruencia entre la expresión de agravios que esta parte ha efectuado en el recurso casatorio con el pronunciamiento de la a quo en el pronunciamiento que lo rechaza, vulnerándose manifiestamente el derecho de defensa de esta parte, toda vez que tanto el Juez de grado como la alzada no se han pronunciado respecto de aquellos agravios que esta parte ha sostenido en los diversos recursos planteados y que no obstante la insistencia no fueron tratados…” (cfr. fs. 62 y vta.). Así sostiene que se ha apartado del principio de congruencia al no ser coincidente el pronunciamiento con los agravios expresados (conf. fs. 62 vta.).-
III. Examinados los términos del recurso, cabe señalar que la queja interpuesta no puede recibir favorable acogida.-
En éste contexto, se observa, en líneas generales, que la decisión, cuya revisión se pretende, es -en principio- ajena al ámbito de la casación, en la medida en que no se demuestre que el fallo atacado adolezca de arbitrariedad o que haya violado o aplicado erróneamente la ley. Circunstancias estas últimas que no acontecen en la especie, toda vez que -más allá de la discordancia que pueda mantener la recurrente con los criterios sustentados por los jueces- el fallo cuenta con suficiente fundamentación.-
Ha expresado este Tribunal que “...no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que solo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación...” (cfr. Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2838, Folio 4.456/4.460, Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3143, Folio 5153/5156).-
Existen agravios basados en cuestiones de hecho y prueba (tal como la propia recurrente lo señala a fs. 51 vta. y 62 vta.) y contienen meras discrepancias con los fundamentos del decisorio pero no logran demostrar la sin razón de aquellos. Esgrime, la recurrente, argumentos cuya revisión no compete a este Tribunal. Los agravios remiten a materias propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia casatoria. En efecto, señala que el fallo se encuentra viciado de errores de consideración y apreciación de los hechos y las pruebas, respecto de las que alega han sido consideradas de modo equívoco. Así, las críticas del quejoso solo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2767, Folio 4301/4305).- Los tópicos sobre los que giran las impugnaciones pertenecen, en principio, al ámbito propio de los Jueces de grado, excepto que se demuestre que hubo arbitrariedad, violación o errónea aplicación de la ley o absurdo en la valoración de la prueba. Circunstancias que no han sido demostradas en la especie, más allá de la mera discordancia que pudiera mantener el recurrente, con los criterios sustentados en el fallo.-
Así también ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la interpretación del Juez debe ajustarse a las reglas de la sana crítica, que exigen armonizar e integrar debidamente las pruebas producidas, debiendo las sentencias ser fundadas y constituir la derivación razonada del derecho vigente, con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (conf. sum. Fallos 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909 y TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 367, Folio 1383/1391), recaudos que se han cumplido en el decisorio atacado.-
IV. Un argumento medular del decisorio atacado es que el Municipio, para anular la designación de la actora como empleada de planta del Concejo Deliberante, debió promover la acción de lesividad (arts. 102 y ss. de la ley 2.600), ello en virtud de lo previsto en los artículos 17 y 18 de la ley 1260. Tal postulación, no constituye materia que deba tratarse en casación pues no torna “per se” en arbitrario el fallo, máxime cuando no se observa en él, quebrantamiento de forma ni una absurda aplicación de la ley. Reiteradamente éste Tribunal ha sostenido que cuando existen distintas visiones sobre el "thema decidendum", como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad (conf.
Tomo XI, Sentencia, Reg. 398, Folio 2154/2157, Tomo XII, Sentencia, Reg. 418, Folio 2282/2288, Tomo XV, Sentencia, Reg. Nº 523, Folio 2.940/2.946). Más allá de la discrepancia con la postura asumida que la recurrente pudiera tener, lo cierto es que ésta se encuentra debidamente fundada por el tribunal de grado.- Sobre la cuestión, hay que apuntar que éste Alto Cuerpo ha señalado: “…la acción de lesividad es la vía adecuada para canalizar el presente reclamo, pues al haberse generado derechos subjetivos que se estaban cumpliendo, la administración local se ha visto obligada a interponerla, conforme a lo ordenado en los artículos 17 y 18 de la ley 1260 […] En síntesis, un acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aún en sede administrativa, pero si el acto hubiera generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo sólo podrá impedirse su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante una declaración judicial de nulidad, a menos que el interesado hubiera conocido el vicio.
Esta última circunstancia no ha sido alegada por ninguna de las partes, lo cual nos lleva a descartar su ocurrencia en el sub lite” (conf. Tomo XIV, Contencioso Administrativo, Reg. Nº: 920, Folio 2717/2731). Asimismo que la acción de lesividad tiene por fin último, la salvaguarda de los derechos que para el administrado pudiere haber generado el acto administrativo que se pretende revocar (conf. Tomo XIV, Contencioso Administrativo, Reg. 895, Folio 2616/2622).- Razón por la cual, desde ésta óptica, independientemente del acuerdo o no con lo decidido, no merece objeciones lo fallado por los magistrados preopinantes que permitan la apertura de ésta instancia.-
V. Cuadra, asimismo, agregar que se advierte que el recurrente no logra demostrar que se haya violado el principio de congruencia -entendido éste último como la coherencia o correspondencia lógica que debe existir entre lo peticionado por las partes y la resolución (cf. Enderle, Guillermo J. "La congruencia procesal", Buenos Aires, RUBINZAL – CULZONI EDITORES, 2007, pág. 57) (conf. Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3143, Folio 5153/5153)- toda vez que los magistrados intervinientes, han resuelto el litigio sometido a su decisión, subsumiendo -como es su deber- el caso en la normativa que consideran apropiada con independencia de la señalada por la parte y tomando en consideración los hechos y pruebas conducentes, según su criterio, para la resolución del conflicto, para cuya selección son soberanos; sin tener que justificar por qué otorgan mayor o menor mérito a una prueba que a otra (conf. art. 364 del CPC y C).-
VI. Finalmente, con relación a la arbitrariedad que denuncia la quejosa a fs. 51 vta./52 y 62 vta., ésta no puede habilitar la vía extraordinaria, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado, ninguno de los presupuestos que la configuran. Sobre la materia, es tesis de este Tribunal que: “... ‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituída para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’” (Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros). Circunstancias que, de conformidad a los argumentos reseñados en los párrafos precedentes, no han acontecido en la especie.- Tampoco fueron demostrados, ni se encuentran reunidos en autos los presupuestos que configuran la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba. Sobre la materia tiene dicho este Alto Cuerpo que ello se produce cuando nos encontramos ante “...el desvío lógico, la falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa-, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; idem Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).-
VII. En conclusión, no procede la queja intentada toda vez que la recurrente no ha argumentado, intentando demostrar la arbitrariedad de la sentencia, ni surge de ella un manifiesto apartamiento de las reglas aplicables a la cuestión bajo análisis o ignorancia de los hechos y circunstancias de la causa. La revisión que se intenta, relativa a su acierto o error, es una cuestión ajena a la instancia extraordinaria provincial.-
Por lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Nº 1687, corresponde desestimar la adhesión al recurso de queja efectuada por el Honorable Concejo Deliberante de Comandante Luis Piedra Buena a fs. 63 vta./64, con costas, y rechazar el recurso de queja articulado a fs. 61/64 vta., de los presentes. En consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 583/585 de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto por la codemandada Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena a fs. 576/581 de dichos autos; todo ello con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18 de la Ley Nº 1687.- En consecuencia, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Desestimar la adhesión al recurso de queja efectuada por el Honorable Concejo Deliberante de Comandante Luis Piedra Buena a fs. 63 vta./64, con expresa imposición de costas.-
2. Rechazar el recurso de queja interpuesto por la parte demandada Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena a fs. 61/64 vta.; y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 583/585 de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 576/581 de dichos autos; con expresa imposición de costas.-
3. Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 63 punto V.-
4. Regístrese y notifíquese Agréguese copia de la presente resolución a los autos principales, separándose los mismos para su correspondiente devolución. Oportunamente, archívese la presente queja.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani – Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1056I.161 Tomo: XXVII Interlocutorio: 3.214.-
Folio N°: 5.297/5300.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia