Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 222; y en consecuencia, mantener la sentencia de fs. 206/209 (arts. 1.113 C.Civil; 1 Ley 13.927; 39 inciso b), 41 y 64 Ley 24.449).
II. Las costas de Alzada se imponen a la apelante (art. 68 C.P.C.), regulándose los honorarios por los trabajos recursivos del siguiente modo: Dr. Víctor A. Rivera en la suma de $ 2.700 y Dr. Agustín A. Acerbo, en la suma de $ 1.920 (art. 31 Ley 8904); ambas con más el 10% que establece el art. 12 de la Ley 6716.
I
Expte. N°: JU-1246-2012 ALFA BAL S.AC/ DIMARCO FRANCISCO y otro/a S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) ------------------------------------------------------------------------------ N° Orden: 101 Libro de Sentencia Nº: 55 /NIN, a los 19 días del mes de Junio del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, en causa Nº JU-1246-2012 caratulada: "ALFA BAL S.AC/ DIMARCO FRANCISCO y otro/a S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán-Guardiola.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Castro Durán dijo:
I. A fs. 203/209 el Sr. Juez de primera instancia, Dr. Rodolfo José Sheehan, dictó sentencia, por la que rechazó la pretensión interpuesta por "Alfa Bal S.A." contra Francisco Dimarco y Elsa Inés Torreta, liberando asimismo de responsabilidad a la citada en garantía "San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Generales". Impuso las costas al accionante y reguló honorarios profesionales . De tal modo, desestimó la pretensión encaminada a obtener la indemnización de los daños que alegó haber padecido la persona jurídica accionante, a causa de la colisión producida entre el camión Chevrolet de su propiedad y la camioneta Ford Eco Sport conducida II por el demandado Dimarco y de propiedad de su litisconsorte Torreta. Para adoptar tal decisión, el Dr. Sheehan tuvo por reconocido el hecho alegado como causa de la pretensión y, enmarcándolo en el régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas, concluyó en que el obrar del conductor del camión de propiedad de "Alfa Bal S.A.", interrumpió el nexo causal, erigiéndose en la causa exclusiva del accidente; por lo que liberó de responsabilidad a los demandados y a la citada en garantía. Basó tal conclusión en que el impacto se produjo en la intersección de la avenida San Martín con la calle Alberdi, siendo la camioneta conducida por Dimarco el vehículo embestidor.
Expuso que si bien el vehículo de la actora circulaba desde la derecha del demandado; en este caso, la regla que le confiere prioridad al vehículo que llega la bocacalle desde ese lado cede, correspondiendo la prioridad a la camioneta Ford Eco Sport, por transitar por una avenida.
Seguidamente, sostuvo que no quedó acreditado que la Ford Eco Sport circulara a velocidad excesiva, ni tampoco que el camión Chevrolet hubiera terminado de cruzar la encrucijada, dado que, en tal caso, el choque se hubiera producido en su parte trasera y no en su parte delantera.
Concluyó en que el camión Chevrolet, circulando por la calle Alberdi, se interpuso en la línea de marcha de la camioneta guiada por Dimarco por la avenida San Martín; motivo por el cual, aquel fue embestido.
II. Contra este pronunciamiento, la parte actora dedujo apelación fs. 222; recurso que, concedido libremente, motivó la elevación del expediente a esta Cámara, donde a fs. 238/242vta. se agregó la expresión de agravios.
En dicha presentación, la apelante -a través del presidente III del directorio- solicitó que se revoque la sentencia, argumentando que el magistrado "a quo" aplicó erróneamente la Ley 11.430, dado que la misma se encontraba derogada al momento del acaecimiento del hecho de autos, época en la que estaba vigente la Ley 13.927, mediante la cual la Provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley 24.449.
Seguidamente, manifestó que el art. 41 de la Ley 24.449 no incluye a la circulación por una avenida, entre las excepciones a la prioridad de paso del vehículo que arriba a la bocacalle desde la derecha; prioridad que es absoluta y que en el presente caso beneficia a la parte actora.
Asimismo, se agravió de que el sentenciante no haya asignado consecuencia jurídica alguna a la circunstancia de que la camioneta Ford Eco Sport fue el vehículo embestidor, tal como quedó acreditado con la pericia mecánica realizada en autos.
También criticó la interpretación dada por el "a quo" al dictamen pericial del ingeniero Peroni, quien no dijo que la avenida San Martín es de mayor jerarquía que la calle Alberdi, sino que el tránsito sobre ambas arterias es importante, siendo tal vez un poco más intenso el de la avenida.
Cuestionó que el sentenciante de primera instancia tomara como ciertas la velocidades indicadas por el perito Peroni, las que sólo fueron estimadas hipotéticamente.
Sostuvo que el "a quo" omitió valorar que de la pericia mecánica surge que el camión de la accionante se encontraba más próximo a culminar el cruce en relación a la camioneta conducida por el demandado.
Finalmente, a modo de síntesis, remarcó: que el camión gozaba de prioridad de paso, porque se desplazaba desde la derecha; que el camión ingresó primero a la encrucijada, circulando a una IV velocidad reglamentaria; que las arterias San Martín y Alberdi idéntica importancia en cuanto al tránsito; y que la camioneta reviste el carácter de agente embestidor.
III. Corrido traslado de la expresión de agravios reseñada precedentemente, a fs. 246/247vta. se agregó la contestación presentada por el Dr. Víctor A. Rivera, quien, en su rol de apoderado de la citada en garantía, solicitó la confirmación del pronunciamiento impugnado; luego de lo cual, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.
IV. En tal labor, es dable señalar que este caso ha sido encuadrado normativamente en forma correcta, al ser subsumido en la segunda parte del segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil. Sentado ello, queda en claro que en el caso de autos el factor de atribución de responsabilidad es objetivo, en base al riesgo creado por la intervención activa de una cosa.
De acuerdo al régimen establecido por dicha norma, el accionante debe probar la existencia del daño, el riesgo de la cosa, la relación de causalidad entre uno y otro, y que el litigante contrario es dueño o guardián de aquella.
Acreditados estos extremos, de nada le sirve al demandado probar que no hubo culpa de su parte; sino que para eximirse de responsabilidad, debe necesariamente demostrar, o bien, que la cosa fue usada en contra de su voluntad, o que se produjo la interrupción total o parcial del nexo causal, debido al acaecimiento de un hecho extraño al riesgo de la cosa que interfirió en el proceso que culminó con el daño.
Para fracturar o, al menos, limitar la relación de causalidad, el dueño o guardián necesita demostrar el hecho autoperjudicial de la víctima, el hecho relevante de un tercero por quien no debe responder V o el caso fortuito ajeno al riesgo de la cosa.
En nada cambia esta perspectiva, la circunstancia de que la colisión se haya producido entre vehículos, ya que carece de sustento normativo la tesis que, argumentando la neutralización de los riesgos de cada uno, propicia la inclusión de estos supuestos en el campo de la responsabilidad subjetiva. Es que no existe, respecto del principio general establecido en el art. 1.113 del Código Civil, ninguna excepción legal basada en la intervención de dos o más cosas riesgosas.
No debe perderse de vista que el "riesgo creado" es un factor de atribución que tiene su fundamento en la incorporación de una cosa peligrosa al medio social. En consecuencia, que el siniestro se produzca entre varias de ellas, no justifica el cambio de ese factor por otro.
En este caso concreto, el sentenciante consideró que el hecho del conductor de la camioneta de propiedad de la persona jurídica accionante, interrumpió la relación de causalidad entre el riesgo de la cosa y los daños, erigiéndose en la causa exclusiva del accidente; y por ello, liberó de responsabilidad a los legitimados pasivos.
La sociedad comercial accionante cuestionó recursivamente esta conclusión, alegando que el riesgo de al camioneta conducida por el demandado Dimarco constituye la causa de los daños cuya indemnización reclama en autos.
Para dilucidar esta cuestión, resulta decisivo destacar que no existe disenso entre las partes, en cuanto a que el camión de la accionante llegó a la encrucijada por la derecha de la camioneta guiada por el demandado.
Este dato fáctico, instala la cuestión debatida en el ámbito de la prioridad de paso para el cruce de las encrucijadas.
VI
Sentado ello, en primer lugar, es dable aclarar que asiste razón a la apelante, en cuanto a que al momento del acaecimiento del accidente aquí debatido, ya estaba vigente la Ley 13.927, por la que la Provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley 24.449 como cuerpo normativo regulador del tránsito vial; por lo que esta última ley resulta aplicable al presente caso.
En lo atinente a la prioridad bajo análisis, es menester recordar que el art. 41 de la Ley 24.449 establece que "Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene de la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante:...d) los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha...". De una interpretación literal de esta norma, resulta que la semiautopista es el único tipo de vía que motiva una excepción a la regla general que confiere prioridad para el cruce de la encrucijada, al vehículo que arriba a la misma desde la derecha.
En primer lugar, cabe mencionar que en el ámbito territorial para el cual esta norma estaba originariamente prevista, los cruces de las avenidas con las calles perpendiculares, generalmente están regulados con semáforos o señalización específica; modalidad que no está generalizada en el territorio bonaerense.
Incluso, es dable resaltar que de acuerdo a una interpretación literal de la norma transcripta, no sólo la circulación por las avenidas, sino tampoco la circulación por las rutas, permitiría excepcionar la regla de prioridad del vehículo que viene desde la derecha. Este régimen de preferencia de paso, me persuade de que la norma bajo análisis ha sido ideada para una realidad viaria distinta a la existente en el vasto territorio provincial.
Partiendo de esta plataforma, entiendo que, respecto de la VII norma en cuestión, corresponde una interpretación sistemática que la compatibilice con las restantes normas y principios contenidos en la totalidad de la ley de tránsito, de modo de facilitar la consecución de la finalidad que ese plexo normativo persigue, que no es otra que propender a la fluidez y seguridad de la circulación vial. A tal efecto, creo relevante remarcar que las avenidas son vías cualitativa y cuantitativamente más importantes que las calles laterales que las interceptan, lo que queda demostrado por su mayor caudal de tránsito y por la mayor velocidad que en ellas se puede desarrollar (art. 51 inc. a Ley 24.449).
Apreciando esta innegable realidad, y realizando, tal como lo adelanté, una interpretación no aislada del inciso d) del art. 41 de la Ley 24.449, sino como integrante de un cuerpo normativo orgánico y armónico, entiendo que cabe reconocer prioridad de paso al conductor que circula por una avenida o por una ruta, respecto de los otros conductores que pretendan atravesarlas circulando por calles laterales, sea que estos últimos provengan desde la derecha o desde la izquierda.
Esta interpretación sistemática, coordina especialmente la norma en examen con el inciso b) del art. 39, que impone a los conductores un deber genérico de cuidado y prevención adecuado a los riesgos propios de la circulación y las demás circunstancias del tránsito; y también con el art. 64, en cuyo segundo párrafo se consagra el deber de evitar daños como consecuencia de la circulación.
Como corolario de lo expuesto, emerge que en este caso, en principio, la prioridad de paso le correspondía al demandado Dimarco; razón por la cual, la parte actora debe demostrar que por alguna circunstancia la había perdido.
En claro este punto, vale aclarar que si bien es cierto que VIII las reglas que establecen las prioridades de paso no pueden interpretarse con una rigidez tal que las torne uniformemente aplicables a todas las diferentes situaciones que suelen presentarse en la cambiante realidad de la circulación vehicular; en este caso no encuentro acreditada ninguna circunstancia temporal o espacial que autorice a concluir que Dimarco hubiera perdido la preferencia de la que gozaba.
En cuanto al ingreso previo del camión a la encrucijada, entiendo que el mismo no altera la prioridad de paso que le correspondía al demandado.
Ello es así, ya que para que el ingreso previo del rodado que no cuenta con prioridad de paso, tenga la virtualidad de neutralizar la preferencia del otro vehículo, debe ser efectuado con el tiempo y la distancia suficientes como para conferir certeza de que el cruce no afectará el derecho preferente de este último; es decir, quien no cuenta con la prioridad de paso, sólo puede proseguir su marcha cuando tenga la seguridad de que no hay riesgo de una colisión con el otro rodado que sí cuenta con ella; lo que, a la luz de los acontecimientos sucedidos, no ha ocurrido.
Respecto de esta cuestión, resulta útil citar al Dr. Roncoroni, quien al votar en el Acuerdo 76.418 del 12-3-2003 ha sostenido que "...de nada vale alegar un ingreso primerizo o anticipado en la bocacalle y tampoco probarlo, si el mismo (mecánica y ópticamente perceptible) no es razonablemente suficiente en la dinámica situación en la que se produce, como para permitir al conductor que gozaba de la preferencia legal y arribara al cruce con la expectativa normal de que la misma sería respetada, modificar su conducta con el mínimo de tiempo indispensable para que la colisión no se produzca".
Por otra parte, en autos no quedó acreditada la alegada IX velocidad excesiva de la camioneta Ford Eco Sport.
El perito ingeniero mecánico Hugo Pedro Peroni, expuso que al momento del impacto, la velocidad de la camioneta podría haber oscilado entre los 20 o 25 km/h, siendo más elevada su velocidad, dos segundos antes (ver fs. 149, resp. al punto1).
Con este dictamen pericial, del que no encuentro motivos válidos para apartarme, tengo por descartada la excesiva velocidad de la camioneta; no pudiendo otorgársele primacía sobre el mismo, a las declaraciones de los testigos Mansilla, Ballsells y Silvestre, ya que el primero era el conductor del camión interviniente en la colisión en debate, el segundo es socio de la persona jurídica accionante y el tercero es empleado de la misma (ver fs. 128/130vta., resps. a la 1ra. preg.; arts. 384, 439, 456 y 474 C.P.C.).
Por otro lado, el indiscutido carácter de embestidora de la camioneta Ford Eco Sport, no autoriza a asignarle relevancia causal a la intervención de la misma; dado que, en la dinámica de la circulación, es fácil la inversión de los roles de embestidor y embestido por maniobras rápidas o por la interposición de un vehículo sin que el conductor del otro cuente con el mínimo de tiempo indispensable para variar o detener la marcha; supuesto éste que es el que encuentro verificado en autos, ya que el demandado arribó a la bocacalle con la lógica expectativa de que su prioridad de paso sería respetada.
Entonces, contando el demandado con prioridad de paso, y no habiéndose demostrado que la hubiera perdido, ni que se desplazara a una velocidad excesiva; corresponde tener por interrumpida la relación de causalidad entre el riesgo de la camioneta y los daños alegados por la accionante; por lo que debe confirmarse el rechazo de la pretensión decidido en la sentencia apelada (art. 1113 C.Civil).
X
Al respecto, vale recordar que el Código Civil ha receptado la teoría de la causalidad adecuada, en virtud de la cual, sólo es causa idónea de un daño, el hecho que, normalmente y de acuerdo al curso natural de los acontecimientos, produce ese resultado. O sea, que para determinar la relación de causalidad, debe realizarse un juicio retrospectivo y abstracto de probabilidad, aplicando la idea de regularidad de consecuencias ante igualdad de situaciones.
Todo el proceso causal debe ser adecuado. Cuando dicho proceso está alterado por factores anómalos o extraordinarios, se produce la interrupción del nexo causal que excluye la responsabilidad del sindicado como agente del daño (901, 903 y 904 C.Civil).
Y ello es precisamente lo que aconteció en el caso de autos, en el que el proceso causal se vio fracturado por el hecho del conductor del camión de la accionante, que se constituyó en la única causa del daño, desplazando totalmente de ese rol al riesgo de la cosa, que quedó relegado a la calidad de mera condición.
V. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo: desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, manteniendo la sentencia impugnada (arts. 1.113 C.Civil; 1 Ley 13.927; 39 inciso b), 41 y 64 Ley 24.449); con costas de Alzada a la apelante (art. 68 C.P.C.).
ASI LO VOTO.-
El Señor Juez Dr. Guardiola, aduciendo análogas razones dió su voto en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo: Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso – artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, XI corresponde:
I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 222; y en consecuencia, mantener la sentencia de fs. 206/209 (arts. 1.113 C.Civil; 1 Ley 13.927; 39 inciso b), 41 y 64 Ley 24.449).
II. Las costas de Alzada se imponen a la apelante (art. 68 C.P.C.), regulándose los honorarios por los trabajos recursivos del siguiente modo: Dr. Víctor A. Rivera en la suma de $ 2.700 y Dr. Agustín A. Acerbo, en la suma de $ 1.920 (art. 31 Ley 8904); ambas con más el 10% que establece el art. 12 de la Ley 6716.
ASI LO VOTO.-
El Señor Juez Dr. Guardiola, aduciendo análogas razones dió su voto en igual sentido.-
Con lo que se dió por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y JUAN JOSE GUARDIOLA, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 19 de Junio de 2014.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso - XII artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se
I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 222; y en consecuencia, mantener la sentencia de fs. 206/209 (arts. 1.113 C.Civil; 1 Ley 13.927; 39 inciso b), 41 y 64 Ley 24.449).
II. Las costas de Alzada se imponen a la apelante (art. 68 C.P.C.), regulándose los honorarios por los trabajos recursivos del siguiente modo: Dr. Víctor A. Rivera en la suma de $ 2.700 y Dr. Agustín A. Acerbo, en la suma de $ 1.920 (art. 31 Ley 8904); ambas con más el 10% que establece el art. 12 de la Ley 6716.
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.- FDO. DRES. RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y JUAN JOSE GUARDIOLA, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Fin de la sentencia