Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 67/2017, con costas.
2Regular los honorarios del Dr. Fernando Javier Diez en la suma de $ 229.356 por su actuación como apoderado y patrocinante de la recurrente en la primera y segunda etapa procesal y los de la Contadora Pública Agostina Haydée Diez en la suma de $127.420 por su actuación en el carácter de patrocinante en la primera etapa, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido, las tareas desarrolladas y las etapas cumplidas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3Regular los honorarios de la Contadora Pública Agostina Haydée Diez en la suma de $104.253, a cargo del Fisco Nacional, por su actuación en el expediente como perito designada a propuesta de la recurrente teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-25402393-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 8 de Marzo de 2023 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 48.094-I caratulado “ Alfajores Jorgito S.A. s/ apelación”, La Dra. O’Donnell dijo:
I. Alfajores Jorgito S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 67/2017, emitida el 17 de junio de 2017 por la División Revisión Determinaciones de Oficio B del Departamento Técnico de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determinó de oficio sus obligaciones en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 01 a 06, 08 a 11/2010; 03 a 06, 08, 09, 11 y 12/2011; 03, 04, 06, 07, 10 y 12/2012; 04, 06 a 08, 10 y 12/2013; 07, 10 y 12/2014 y 04/2015 por la suma de $618.450, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
Asimismo, en dicho acto se le aplicó una multa de defraudación de $1.885.350 en los términos del art. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la misma ley. Relata que concluida la etapa de verificación, el organismo fiscal impugnó el cómputo fiscal por los comprobantes emitidos en concepto de servicios de publicidad por la firma La Zulemita S.A.
Opone, en primer lugar, la excepción de prescripción de las acciones y poderes para determinar de oficio y aplicar sanciones por el impuesto por los períodos fiscales 01 a 06, 08 a 11/2010; 03 a 06, 08, 09, y 11/2011, ya que este último período 11/2011 comenzó el cómputo el 1.1.2012 y operó el 1.1.2017. Agrega que a la fecha del dictado de la Resolución no habían tenido lugar causales de interrupción de las previstas en el art. 67 de la ley 11.683, ya que nunca conformó ni reconoció las diferencias ajustadas por la inspección, ni hizo pago alguno por las mismas, ni tampoco renunció al término corrido de la prescripción en curso, ni ha existido ejecución fiscal alguna. Manifiesta que tampoco resulta de aplicación la suspensión del plazo por un año del art. 17 de la ley 26.860, la que tiene vigencia sólo para los ejercicios cuyo cómputo de prescripción comenzó a correr después del 3.6.2013 –fecha en que fue publicada la ley en el Boletín Oficial-, es decir que al 1.1.2012 no estaba vigente, ni puede retrotraerse esa suspensión a hechos imponibles e ilícitos perfeccionados y/o cometidos con anterioridad a su sanción.
En subsidio, sostiene que tampoco resulta aplicable la suspensión especial establecida en la ley 26.860 en tanto no ha utilizado el mecanismo de regularización contenido en dicha ley, indicando además que el Fisco Nacional no tiene competencia para reglamentar dicha norma.
Plantea a continuación la nulidad de la Resolución por tener una fundamentación que es solo aparente y por transgredir el debido proceso adjetivo. Concretamente, alega que el juez administrativo le haya rechazado las pruebas ofrecidas por dilatorias e inconducentes y porque desestimó la prueba documental ofrecida por adolecer de errores formales, que consistía en una manifestación testimonial hecha ante escribano público del representante legal de La Zulemita S.A. Se queja también de que se haya considerado que el servicio de publicidad no fue prestado por dicha empresa por el solo hecho que fue efectuado en el auto de un tercero. Asimismo, plantea la improcedencia de los ajustes determinados en la Resolución por haberse desconocido la prueba documental acompañada; porque se descalificó la declaración testimonial del representante legal de La Zulemita S.A., y se rechazó la producción de los otros medios de pruebas ofrecidos, desconociendo la naturaleza y el alcance de los servicios de publicidad, sosteniendo – a su criterio- que de manera ilegítima y arbitraria se concluyó que el sujeto que prestó el servicio de publicidad es distinto al que lo facturó.
Sostiene que el juez administrativo basa sus conclusiones en las manifestaciones del apoderado de La Zulemita S.A. en la nota del 22.5.2015 en la que admite la existencia de un “error formal respecto a la forma de declaración…”, agregando allí también que fue acordada “…como una colaboración para nuestro Vicepresidente, un novel piloto, pudiera encarar esa actividad”, por lo que concluyó que dichas manifestaciones confirmaban su postura, exponiendo al sujeto que efectivamente prestó el servicio distinto al que lo facturó. Indica también que La Zulemita S.A. además de tener declarada como principal actividad la venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para Kioscos, tiene desde enero de 2009 como actividad secundaria la prestación de servicios empresariales y de publicidad y reitera que el hecho que el auto fuera de propiedad de un tercero no puede ser condicionante para el cómputo del crédito fiscal, ya que esta exigencia no surge de la ley fiscal. En otras palabras, aclara que el lugar donde se efectúe la publicidad y la propiedad de ese lugar está absolutamente al margen de la relación con Alfajores Jorgito S.A. que abonó el servicio y cumplió con todos los recaudos legales e impositivos vigentes.
Reitera que de la declaración del representante legal de La Zulemita S.A. ante Escribano surge haber prestado efectivamente el servicio de publicidad de la marca Alfajores Jorgito en el automóvil del corredor Emanuel Moriatis en las carreras de Turismo Carretera entre los meses de enero de 2010 a abril de 2015, acompañando dicha sociedad un CD con toda la documentación comercial, contable e impositiva respaldatoria que obra en un sobre a fs. 1420 de las act. adm.
Por último, invoca la improcedencia de los intereses resarcitorios previstos en el art. 37 de la ley, por falta de prueba de la mora culpable atribuible y agrega que el transcurso de 6 años para fiscalizar y determinar los tributos en cuestión constituye una licencia de tiempo inadmisible de la cual los funcionarios públicos son los únicos responsables. Además, plantea que dichos intereses son confiscatorios, dado que han sido fijados en tasas que ascienden al 36 y al 48 por ciento anual sobre el capital presuntamente adeudado.
Del mismo modo y como último agravio, invoca la improcedencia de la multa aplicada, atento a no haberse configurado la acción típica –en su faz objetiva- del ilícito de defraudación, atento a que entiende que no se está en presencia de una factura apócrifa, habiéndose demostrado que retuvo el impuesto y lo ingresó, que el proveedor facturó y brindó el servicio, cumpliendo con sus obligaciones impositivas, no consagrándose ninguna actividad ardidosa o defraudatoria.
También considera que no se ha configurado el elemento subjetivo del ilícito, ya que tampoco hubo dolo en sus acciones y que recaía sobre el Fisco Nacional el deber de probar el obrar con dolo, por lo que sostiene que si no pueden utilizarse las presunciones que prevé la ley a los efectos de determinar la obligación tributaria para presumir la existencia de una conducta dolosa, menos aún es posible presumir el dolo en el accionar a través de la aplicación de las presunciones establecidas en el art. 47.
Aporta documentación, ofrece prueba informativa, pericial contable y testimonial, y solicita se decrete la prescripción de las acciones fiscales y se declare la nulidad y/o se revoque la Resolución, con costas II. A fs. 75/98 contesta el traslado del recurso la representación fiscal que solicita que se confirme el acto administrativo en todas sus partes, también con costas.
A fs. 111 se abre la causa a prueba admitiéndose únicamente la informativa a La Zulemita S.A., cuya respuesta obra a fs. 132, y se hace lugar parcialmente a la pericial contable, que obra producida a fs. 158/165. A fs. 169 se clausura y se eleva a consideración de la Sala y, por último, a fs. 172 se pone el Expediente a disposición de las partes para alegar, sin que ninguna haya hecho uso de su derecho. A fs. 181 quedan en estado de dictar sentencia.
III. Corresponde pronunciarse en los planteos y agravios que la recurrente dirige contra la pretensión fiscal y la sanción aplicada en su consecuencia.
En relación a la prescripción del plazo para determinar de oficio respecto de los períodos fiscales 01 a 06, 08 a 11/2010; 03 a 06, 08, 09, 11/2011, cuyo cómputo en el caso de las posiciones del período 2010 que es el más antiguo comenzó el 1.1.2011 y finalizó el 1.1.2016, corresponde señalar, contrariamente a lo que invoca la recurrente, que dicho plazo fue incidido por la suspensión por un año dispuesto, con carácter general, por el art. 17 de la ley 26.860 (BO 3.6.2013), es decir que su vencimiento se produjo el 1.1.2017. Si bien la Resolución aquí recurrida fue dictada el 15 de junio de 2017, cabe tener presente, como lo señala la representación fiscal al contestar el recurso de apelación, los efectos que en dicho plazo tuvo la notificación de la vista del art. 17 de la ley 11.683 el día 29 de noviembre de 2016 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo agregado a continuación del art. 65 de la ley 11.683.
De ello se sigue que la Resolución fue dictada en término y que corresponde el rechazo de la defensa de prescripción.
Sobre la posible nulidad de la Resolución por supuestos vicios en su motivación y en el procedimiento seguido en su dictado, adelanto que debe ser rechazada en tanto se sustenta en los mismos argumentos con los que critica la ilegitimidad de la pretensión fiscal, es decir que en realidad lo que pretende es atacar los fundamentos de la determinación de oficio recurrida, los que serán analizados en los siguientes párrafos. De cualquier modo, se advierte que en la Resolución se han tratado los cargos fiscales con suficiente detalle, por lo que no puede atribuirse al juez administrativo haber incumplido con lo dispuesto por el art. 7° de la ley 19.549 por lo que es válida desde el punto de vista formal.
Cabe recordar, asimismo, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han invocado, menos aún acreditados, por el contrario Alfajores Jorgito S.A. ha efectuado su descargo y rendido pruebas en cada una de las instancias y etapas previstas a tal fin por la ley 11.683. En efecto, en este caso también, en palabras de la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal en fecha reciente, “…el actor tuvo suficiente oportunidad de ser oído y ejercitar las defensas que hacían a su derecho, no procede invalidar lo actuado ya que tal criterio iría en contra del principio de trascendencia e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal ( Fallos: 320:1611 y esta Sala "Chubb de Fianzas y Gtias SACIA Seguros (TF 15.615-A) c/ D.G.A.", 20/10/2005, entre otros)” –conf. “Tauil, Juan Manuel”, sentencia del 22.3.2022-.
Por lo expuesto, corresponde desestimar también el planteo de nulidad, en ambos casos, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
IV. Queda referirse entonces a la legitimidad de la Resolución que impugnó los créditos fiscales computados por los comprobantes extendidos por La Zulemita S.A., no por desconocerse la efectiva prestación del servicio de publicidad, concretamente la publicidad colocada en el auto del señor Emanuel Moriatis, Vicepresidente de dicha firma, sino porque el servicio, en realidad, no fue prestado ésta.
Para ello, el juez administrativo se vale de la nota presentada por una apoderada de La Zulemita S.A. ante la fiscalización, obrante a fs. 1146 de las act. adm., en la que consultada por los servicios respaldados por los comprobantes emitidos por dicha firma manifestó que se trató de una colaboración para que nuestro Vicepresidente, un novel piloto, pudiera encarar esa actividad, siendo a la vez la cara visible de nuestra sociedad y favoreciéndonos implícitamente con la difusión de nuestra “Marca Empresa”.
Dice allí también que La Zulemita S.A. no tuvo gastos en la preparación y mantenimiento del auto del señor Moriatis, y agrega que Se ha incurrido en un error formal respecto a la forma de declaración pero sin menoscabo del ingreso de los impuestos pertinentes.
Entiende también el juez administrativo que la participación del señor Moriatis en las carreras de automovilismo no tiene relación con las actividades de La Zulemita S.A., que actúa en el mercado de golosinas, y que el único nexo es el ejercicio de cargo directivo en ésta; sostiene así que la publicidad no fue realizada por dicha empresa sino sobre un automóvil que no le pertenece y que generó aportes dinerarios como sponsor de una actividad, el automovilismo, a la que Alfajores Jorgito S.A. es ajena.
La recurrente, por el contrario, sostiene el cómputo del crédito fiscal en que el servicio de publicidad de La Zulemita S.A. se prestó y se pagó sin importar que el mismo haya sido en un vehículo de propiedad de un tercero, refiriéndose al de su Vicepresidente, y alega que las normas fiscales no exigen que el servicio se preste en bienes propios de la prestadora para justificar el cómputo. Aclara, por último, que contrató con dicha empresa porque quería publicitar la marca Alfajores Jorgito en eventos deportivos.
Asiste razón a la recurrente.
Para ello cabe tener en cuenta que no cuestiona el juez administrativo la real existencia de La Zulemita S.A., tampoco que su actividad principal es la venta de golosinas y que la secundaria desde el 1/2009 también es prestar servicios de publicidad, conforme se desprende de la constancia de inscripción a fs. 1416 de las act. adm. No se objeta que su Vicepresidente en los períodos fiscales que aquí importan era el corredor Emanuel Moriatis. Por último, no objetó en la misma fiscalización la deducción de los comprobantes como gasto en el impuesto a las ganancias, ya que el logo de Alfajores Jorgito S.A. fue efectivamente publicitado en los eventos del Turismo Carretera, ni intimó el pago del impuesto a la salidas no documentadas previsto en el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, porque las facturas fueron canceladas con cheques propios recibidos por apoderados o personas autorizadas por dicha empresa.
Lo que sostiene es que el servicio de publicidad no fue prestado por La Zulemita S.A., no por dudar de su capacidad económica y/o operativa, sino porque automóvil con el que se prestó no era propio de la empresa sino del corredor, que era en ese momento su Vicepresidente, y presume entonces que La Zulemita S.A. fue un mero proveedor documental y que, en consecuencia, no se configuró el recaudo previsto en el art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado que, cierto es, exige como requisito esencial la concordancia entre la generación del crédito fiscal y la del débito fiscal a través del perfeccionamiento del hecho imponible en cabeza del proveedor. Sin embargo, contrariamente a lo que también sostiene en la Resolución, no se advierte en el caso una indebida utilización de los comprobantes respaldatorios de una operación realizada por un sujeto distinto a aquel que lo llevo a cabo, por el contrario, recopilada en las voluminosas actuaciones administrativa y la prueba rendida, en la instancia previa y ante este Tribunal, acredita que Alfajores Jorgito S.A. contrató con La Zulemita S.A. un servicio de publicidad que fue efectivamente prestado, a través de la colocación del logo de la marca en el auto de carreras de su Vicepresidente, y que fue efectivamente abonado.
La relación comercial entre La Zulemita S.A. y su socio y Vicepresidente, así como los gastos e ingresos que pueda generar, son aspectos ajenos a Alfajores Jorgito S.A.
La efectiva prestación del servicio por parte de La Zulemita S.A. se encuentra acreditada, especialmente, con la declaración ante escribano de su entonces Vicepresidente y por la contestación dada por su Presidente al oficio que se librara en este Tribunal, que ratifica la previa en el mismo sentido en sede administrativa, reconociendo todas y cada una de las operaciones respaldadas con los comprobantes y su tratamiento contable e impositivo (v. fs. 132/133); del mismo modo, el informe pericial contable producido en esta sede da cuenta que los importes facturados fueron en concepto de “publicidad en carrera”, detallándose allí también los lugares y fechas de los eventos en que se prestaron los servicios (v. facturas en fs. 980/1000, act. adm), que se pagaron con cheques propios que fueron entregados a representantes y/o personas autorizadas de La Zulemita S.A.
No cambia esta conclusión por el hecho que La Zulemita S.A. no tenga declarados autos, ni insumos vinculados a autos, ni que sus empleados en relación de dependencia no corran carreras, como se pretende justificar el ajuste en el Informe de Fiscalización que obra a fs. 1246/1250 de las act. adm. Si bien allí se presume –inicialmente- la falsedad del servicio porque Alfajores Jorgito S.A. habría cancelado las facturas con mercadería propia que luego La Zulemita S.A. revende en supermercados, las constancias agregadas a las act. adm., inclusive por la propia fiscalización, y la prueba pericial rendida en esta instancia demuestran que las facturas fueron canceladas con cheques, no con mercadería.
De ese modo, se advierte que en el caso la pretensión fiscal, que como ya se dijo se sustenta exclusivamente en la falta de cumplimiento del recaudo dispuesto en el último párrafo del art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado no se encuentra debidamente fundada ya que no tiene respaldo en las propias constancias relevadas en el procedimiento de fiscalización, ni en el posterior de determinación de oficio tampoco, más aún cuando no se encuentra controvertido que La Zulemita S.A. incluyó los débitos fiscales correspondientes a las mismas operaciones en sus propias declaraciones juradas del impuesto al valor agregado.
Cabe aquí recordar para terminar que tal lo que sostuvo en mas de una oportunidad la Cámara, “…conforme tiene dicho una uniforme y reiterada jurisprudencia, para que el crédito fiscal pueda computarse deben cumplirse una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al periodo fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; b) que se encuentre facturado y discriminado en el factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre la emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo (CNCont. Adm., Sala V “Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (TF 14713-I) c/ DGI”, sentencia del 5/08/1998; “Municipalidad de Salto (TF 15979-I) c/DGI”, del voto del juez Morán, cons. XI; Solma Constructora SA (TF 23.714-I), sentencia del 21/05/2009)” – conf. “Calimboy S.A. c/EN AFIP-DGI – resol 17/05 (RDEX) (año 99) s/Dirección General Impositiva”, sentencia del 20.5.2010-. Respecto a este último recaudo, se dijo ya también, los créditos fiscales de Alfajores Jorgito S.A. corresponden a prestaciones de servicios vinculadas con sus operaciones gravadas, lo que quedó debidamente acreditado con la prueba producida. Por lo expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida, con costas.
Por la forma en que se resuelve, resulta innecesario referirse al resto de los agravios.
El Dr. Martín dijo:
1. En las presentes actuaciones Alfajores Jorgito S.A. (o AJ) computó créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado provenientes de facturas en concepto de servicios de publicidad emitidas por La Zulemita S.A. (o LZ). La Litis se encuentra trabada sobre la base del cargo efectuado por el Fisco Nacional que desconoce a esta última como efectiva proveedora de la prestación, que sí admite como prestada, pero en cabeza de un tercero como es el Sr. Moriatis, quien incorporó y ploteó en su auto de carrera la marca de Alfajores Jorgito.
2. partir de los antecedentes administrativos y documentación obrante en las actuaciones se advierte que no está en discusión que ambas empresas existen jurídica y económicamente, y que se encuentran inscriptas en el gravamen que se analiza.
De los precedentes surge que, en el terreno formal, las dos sociedades anónimas convinieron un servicio de publicidad, donde AJ pagó para que su marca fuera colocada en un lugar de alcance público, concretamente en un auto de competición. El acuerdo generó una relación jurídica entre ambas que obligaba a la prestadora (LZ) a la exhibición publicitaria del producto, asegurando a la prestataria (AJ) los beneficios de esa difusión pública, la que se encontraba obligada al pago del precio convenido. Se entiende hasta aquí, que cualquier incumplimiento respecto de ese contrato obligaba a las partes a responder en orden a las cláusulas acordadas.
3. Bajo un supuesto lateral donde LZ exhibiera el anuncio sobre autos de su propiedad y con pilotos propios ninguna duda existiría que los fondos obtenidos por LZ tendrían como destino razonable la preparación del auto, del piloto, rodaje, repuestos etc. Sin embargo, ante la ausencia de autos propios, LZ decide exhibir la publicidad comprometida en un rodado ajeno, lo que implicaría una suerte de intermediación del compromiso asumido en el contrato original. Qué sucedería si accediera a un auto de terceros con un contrato de alquiler de por medio? Considero que no alteraría la figura de LZ como único prestador-emisor de la factura del servicio cumpliendo el objetivo de publicidad, dirigida como en este caso a AJ. A modo de ilustración también podría plantearse otro supuesto en que el titular del vehículo al momento de plantar la publicidad en su rodado facturara el servicio a LZ, variante donde quedaría en claro que el servicio original convenido con AJ se prestó con una subcontratación en el camino, oportunidad en que AJ pagó por la publicidad a LZ y donde los fondos efectivamente se distribuyeron entre el beneficiario final y el intermediario (comisión o fee).
4 .En el caso bajo análisis se presenta la variante que en lugar de una subcontratación aparece la figura de aporte de LZ en favor del piloto Moriatis, en razón del vínculo de este último –vicepresidente- con LZ. Qué estaría faltando en la hipótesis fiscal? Que el piloto debió haber facturado el servicio de publicidad a LZ, porque está claro que el compromiso con AJ lo asumió LZ y en todo caso fue quien ubicó y negoció con el piloto. El vínculo de estos no podría condicionar la contratación con AJ, pero si la transacción entre ellos.
Con los elementos disponibles en el expediente, no observo por sí sola, una potencial maniobra económica –afectación del Impuesto al Valor Agregado-. Únicamente, si con la ausencia de facturación por parte del Sr. Moriatis que hubiera demostrado una transferencia indirecta de crédito fiscal hacia LZ (v.g. su débito fiscal en la operación con AJ no se ingresó porque se aprovechó de la acumulación permanente y sistemática de créditos fiscales), entonces sí pudo haber prosperado una profundización de la investigación y análisis, pero el Fisco Nacional no acompaña elementos que haya colectado en esa dirección.
5. También pudo haber indagado si el Sr. Moriatis debió haber facturado la publicidad a la LZ; o si esta última la dedujo indebidamente del impuesto o la trató como un aporte no deducible de la actividad. Las razones por las cuales se pudo haber encapsulado tributariamente el tratamiento del Sr. Moriatis no fueron probadas por el Fisco Nacional.
6. Es real el criterio general en el que debe prevalecer que el prestador del servicio emite la factura o documenta la operación, pero también es cierto que una infinita cantidad de servicios se realizan a través de un intermediario y/o coadyuvantes y no por ello se impugnan las operaciones, como tampoco se las convalida sin excepción. El marco de la múltiple transacción debe tener contexto y puntos de contacto, caso contrario sería muy sencillo interponer intermediarios “vacíos” para trasladar créditos fiscales sin sustento real.
7. En síntesis, entiendo que en la presente causa la vinculación entre LZ y Moriatis está demostrada, por lo que la falta de facturación de M hacia LZ no puede ser el único sustento para actuar sobre AJ cuestionando sus créditos fiscales, ya que determinar en qué calidad salieron los fondos de LZ en favor de Moriatis o como debió instrumentarse esta última relación económica no debe afectar el crédito fiscal de AJ.
8. Por lo expuesto, voto por revocar la resolución apelada, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Adhiero a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Revocar la Resolución N° 67/2017, con costas.
2. Regular los honorarios del Dr. Fernando Javier Diez en la suma de $ 229.356 por su actuación como apoderado y patrocinante de la recurrente en la primera y segunda etapa procesal y los de la Contadora Pública Agostina Haydée Diez en la suma de $127.420 por su actuación en el carácter de patrocinante en la primera etapa, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido, las tareas desarrolladas y las etapas cumplidas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3. Regular los honorarios de la Contadora Pública Agostina Haydée Diez en la suma de $104.253, a cargo del Fisco Nacional, por su actuación en el expediente como perito designada a propuesta de la recurrente teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.03.08 11:07:22 -03:00 Date: 2023.03.08 12:01:30 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.08 12:23:58 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.08 12:24:00 -03:00
Fin de la sentencia