Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 121.935
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal R E S U E L V E RECONDUCIR como recurso de apelación la presentación efectuada por la Defensora Oficial del Departamento Judicial Zarate-Campana, Dra. Karina Paola Dib, a los fines de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Nicolás -por donde correspondaefectúe el examen horizontal del veredicto condenatorio dictado por la alzada departamental y, de esta manera, resguardar el debido proceso y el derecho a obtener una revisión judicial suficiente que asiste a Julián Ernesto Alfano. Sin costas en esta instancia (art. 18 de la CN, arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP, art. 450, 451 y 456 del CPP).
121935 - ALFANO JULIAN ERNESTO S/ RECURSO DE CASACION PROVINCIA DE BUENOS AIRES TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL SALA II
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario, los jueces integrantes de la Sala Segunda, doctora María Florencia Budiño y doctor Fernando Luis María Mancini, para resolver en la causa 121.935 caratulada "ALFANO, JULIAN ERNESTO S/ RECURSO DE CASACIÓN". Practicado el sorteo de ley, resultó en la votación que debía observarse el orden BUDIÑO-MANCINI.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zarate-Campana decidió hacer lugar a los recursos de apelación impetrados por la representante del Ministerio Público Fiscal y por el apoderado de los particulares damnificados y revocar el veredicto absolutorio y la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 1 del mismo Departamento Judicial, condenando finalmente a Julián Ernesto Alfano como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor, art. 84 bis del Cód. Penal, a la pena de a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, con más el pago de las costas del proceso y las siguientes reglas de conducta en los términos del art. 27 bis del C.P., por el término de dos años: establecer domicilio y someterse al contralor del Patronato de Liberados en forma trimestral, se abstenga de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas; adoptar y mantener ocupación laboral acorde a sus capacidades; arts. 26, 40, 41, 45 y 84 bis del C.P. y 371, 373, 375 y 399 del C.P.P.
Contra ese pronunciamiento, la señora Defensora Oficial, Dra. Karina Paola Dib, interpuso el presente recurso de casación.
Se encuentra notificado el señor Defensor de Casación, Dr. Ignacio Juan Domingo Nolfi.
La señora Fiscal ante este Tribunal, Dra. Alejandra Marcela Moretti, emitió su dictamen y, a través de sus argumentos, bregó por la inadmisibilidad de la vía escogida.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S Primera: ¿Es admisible el recurso de casación?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. A los fines de fundar la admisibilidad de la vía escogida, la recurrente inicia su presentación indicando que acude a esta instancia como consecuencia de la vista que le fuera oportunamente conferida por el a quo con el objeto de readecuar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y garantizar de esa manera que un “tribunal superior” revise de forma amplia e integra, la condena impuesta a su asistido (ello conforme art. 8.2.h de la CADH y art. 14.5 PIDCyP).
Entiende que el primer veredicto condenatorio que surge como consecuencia de la decisión de la alzada departamental debe ser revisado por un Tribunal distinto a la Suprema Corte, en tanto este organismo no contempla la posibilidad, vía recurso extraordinario, de permitir una revisión amplia e integral del pronunciamiento recurrido.
Añade que, para dar cumplimiento a las garantías establecidas en los Tratados de jerarquía internacional, la revisión solicitada debe ser efectuada por este organismo en pos de asegurar la intervención de un “tribunal superior”. Cita el precedente “Duarte” de la CSJN en apoyo de su posición.
En ese orden, sostiene que la admisibilidad de este remedio reposa en que, conforme la lógica recursiva que impera en el sistema provincial, a excepción de la reposición, las demás vías impugnativas son resueltas por un “tribunal superior”, en tanto los Magistrados no tienen competencia para revisar decisiones de sus “pares”.
Indica que la intervención de este Tribunal confirma la vigencia de las garantías de debido proceso, independencia e imparcialidad, al tiempo que resguarda el proceso contradictorio asegurando la igualdad de armas a todas las partes.
II. El recurso en trato satisface los requisitos formales regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y ccdtes. del CPP, a la vez que la recurrente se encuentra legitimada para impugnar.
Ahora bien, en lo que concierne al plano objetivo de la impugnación, si bien el asunto bajo estudio no encuentra acogida en ninguno de los supuestos contemplados por el artículo 450 del código de rito, se vislumbran algunas particularidades que merecen ser atendidas.
Conforme fuera destacado oportunamente, el Juzgado en lo Correccional n° 1 del Departamento Judicial Zárate-Campana, con fecha 10 de abril del 2020 y a través de un juicio abreviado, absolvió a Julián Ernesto Alfano por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor (art. 84 bis del CP).
Dicho veredicto fue revertido por la alzada local con fecha 12 de julio del año 2021, revocando la absolución y condenando finalmente al imputado a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, con más el pago de las costas del proceso y determinadas reglas de conducta en los términos del art. 27 bis del C.P., por el término de dos años, por resultar autor penalmente responsable del delito referenciado.
Contra dicho pronunciamiento, se alzó la defensa oficial mediante recurso de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, organismo que declaró inoficiosa la vía articulada y devolver las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zarate-Campana para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala para que lleve a cabo el examen integral de la sentencia condenatoria.
Designada la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial San Nicolás para realizar la revisión del pronunciamiento puesto en crisis (conforme resolución de fecha 18 de abril del 2022, en resguardo de lo estipulado por el artículo 440 segundo párrafo del CPP y res. 2688/09 de la SCBA), la defensa efectuó un planteo de incompetencia con fecha 1 de septiembre del mismo año, alegando que dicho organismo jurisdiccional no cumplía con la condición de “superior tribunal”, motivo por el cual, luego de que la alzada departamental confirmara su intervención como órgano revisor (resolución de fecha 18 de octubre del 2022), la defensa acudió a esta instancia mediante recurso de casación, cuya admisibilidad se encuentra bajo análisis.
En orden a lo expuesto, sin que sea necesario efectuar mayores consideraciones, en honor a principios de economía procesal, corresponde estarse a lo resuelto por el máximo Tribunal provincial en el precedente “Carrascosa” (pronunciamiento dictado con fecha 24 de junio del año 2015), mediante el cual, conforme extractos del pronunciamiento dictado en estos actuados, dicho organismo “fue formalizando una doctrina constante sobre la necesidad de que en el caso de que la primer sentencia de condena sea dictada por el órgano intermedio -tal como acontece en autos-, sea el Tribunal de Casación Penal en materia criminal o las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal en materia correccional, se garantice el contralor horizontal del fallo (así, en la competencia reglada del Tribunal de Casación, en P. 119.094, resol. de 14-X-2015, P. 117.956, resol. de 31-VIII-2016, P. 125.767, sent. de 23-V-2017, etc. y en lo que atañe a las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal en P. 111.748, resol. de 18-XI-2015; P. 126.100, resol. de 2-III-2016; P. 129.014, resol. de 14-VI-2017; e.o.)”. En ese orden, en concordancia con lo dictaminado por la señora Defensora Oficial ante este Tribunal, Dra. Ana Julia Biasotti, con motivo de asegurar el derecho a obtener una revisión amplia e integral de la condena impuesta por la alzada local, siendo el objeto del proceso materia correccional, corresponde reconducir la presentación efectuada por la defensa oficial como recurso de apelación a los fines de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Nicolás -por donde corresponda- efectúe el examen horizontal del veredicto condenatorio y, de esta manera, resguardar el debido proceso y el derecho a obtener una revisión judicial suficiente que asiste a Julián Ernesto Alfano. Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Conforme el resultado arribado en el tratamiento de la cuestión primera, corresponde reconducir la presentación efectuada por la defensa oficial como recurso de apelación a los fines de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Nicolás -por donde corresponda- efectúe el examen horizontal del veredicto condenatorio y, de esta manera, resguardar el debido proceso y el derecho a obtener una revisión judicial suficiente que asiste a Julián Ernesto Alfano. Sin costas en esta instancia (art. 18 de la CN, arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP, art. 450, 451 y 456 del CPP).
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal R E S U E L V E RECONDUCIR como recurso de apelación la presentación efectuada por la Defensora Oficial del Departamento Judicial Zarate-Campana, Dra. Karina Paola Dib, a los fines de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Nicolás -por donde correspondaefectúe el examen horizontal del veredicto condenatorio dictado por la alzada departamental y, de esta manera, resguardar el debido proceso y el derecho a obtener una revisión judicial suficiente que asiste a Julián Ernesto Alfano. Sin costas en esta instancia (art. 18 de la CN, arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP, art. 450, 451 y 456 del CPP).
Regístrese, notifíquese y póngase en conocimiento del órgano jurisdiccional encomendándole tenga a bien arbitrar los medios necesarios para notificar personalmente, por intermedio de quien corresponda, al imputado de lo resuelto, adjuntando copia íntegra de la presente para serle entregada. Una vez agotado ese cometido, se solicita que dichas diligencias sean remitidas a esta Alzada. Oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
RA
Fin de la sentencia