Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 32213-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
Causa Nº 22.818/2013 “ALFARO MORENO CARLOS ALEJANDRO (TF 32.213I) c/ DGI”
Buenos Aires, de de 2014.
Estos autos caratulados: “Alfaro Moreno Carlos Alejandro (TF 32.213I) c/ DGI”, venidos en recurso del Tribunal Fiscal;
I. Que, a fs. 141/145 vta., el organismo jurisdiccional confirmó las resoluciones dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la AFIPDGI por las que se determinaron de oficio los impuestos a las ganancias y a los bienes personales del Sr. Carlos Alejandro Alfaro Moreno, correspondientes a los períodos 2004 y 2005, con más intereses resarcitorios y multa de conformidad con el art. 46 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif.).
Para así resolver, consideró que debía determinarse si los inmuebles y los ingresos correspondientes a los alquileres de las propiedades del contribuyente se encontraban o no alcanzados por dichos impuestos y por aquellos períodos, en atención a que el actor había señalado que no presentó de las declaraciones juradas correspondientes debido a que, por su actividad principal como jugador de fútbol profesional, obtuvo la residencia y nacionalidad en la República del Ecuador desde el año 1994.
Consideró que, tratándose de inmuebles situados en territorio nacional, la renta que ellos generaban era de fuente argentina sin importar el lugar de residencia de su beneficiario. Y agregó que la cesión que de dicha renta pudiera hacer este último en favor de un tercero –pariente o no no tenía efecto fiscal alguno puesto que se trataba simplemente de la disposición del beneficio producido y no del resultado de la constitución de un derecho real de usufructo.
Por otra parte, expresó que la determinación practicada había sido realizada por conocimiento cierto de la materia imponible, computándose como única fuente de ingresos los alquileres de primera categoría conforme con los datos consignados en los contratos celebrados, menos los gastos presuntos de mantenimiento, los importes de los impuestos deducibles y las amortizaciones que inciden sobre las propiedades. Con respecto al impuesto sobre los bienes personales, la determinación se basó en la normativa de valuación establecida en el art. 22 de la ley del gravamen de acuerdo a los bienes inmuebles poseídos en el país.
Por último, destacó que correspondía al recurrente la carga de proponer y ofrecer las pruebas que permitiesen desvirtuar el criterio del ente recaudador, sin que sus simples dichos o las pruebas ofrecidas – que no resultaron admitidas por su manifiesta inconducencia fueran suficientes a tal fin.
II. Que a fs. 149 y 151/165 la parte actora dedujo y fundó su recurso de apelación ante esta Cámara.
Sostiene que, no obstante la documentación aportada, la administración fiscal utilizó el método presuntivo de determinación de oficio, en lugar de la determinación sobre base cierta. Agrega que se encuentra demostrado que su representado no es residente de la República Argentina y que es residente de la República del Ecuador. Por lo demás, manifiesta que a pesar de ser propietario de dos inmuebles, su renta no la percibe sino que la cede a su madre.
Considera que la resolución de la vista es un acto administrativo arbitrario, irrazonable y nulo por carecer de causa, dado que se fundamenta en indicios que llevan al organismo fiscal a conclusiones que se alejan contundentemente de la realidad de los hechos.
Afirma que no pudo demostrar ante el Tribunal Fiscal que vive en Ecuador, donde tiene una academia de fútbol y negocios en el Club Barcelona de ese país, pues la prueba informativa fue denegada.
Por último, se agravia de la sanción aplicada puesto que, a su juicio, no concurre ninguno de los elementos requeridos para su imposición.
III. Que la representación fiscal contestó el traslado conferido a fs.180/183 vta. IV. Que respecto de la apelación de la actora cabe consignar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 265 del código procesal, el escrito de expresión de agravios debe contener un crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, debiendo entenderse por tal, la fundamentación y explicación lógica de por qué el juez ha errado su decisión (confr. esta sala, “Acerbi, Roberto J. c/ Est. Nac. Pder. Legislativo s/ empleo público”, sent. del 1991995; “Translavial S.A. (TF 20978I) contra D.G.I.”, sent. del 18022010, entre muchas otras). En tal contexto, y aun sin la necesidad de efectuar un examen por demás estricto de la apelación impetrada, lo cierto es que el escrito de fs. 151/165 no reúne los mentados recaudos. Ello es así, por cuanto el apelante se limitó a reproducir textualmente los términos de los recursos de apelación deducidos ante el Tribunal Fiscal (conf. fs. 24/40), sin señalar ni demostrar los errores en que habría incurrido el aquo o CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV las causas por las cuales consideraba que el pronunciamiento de ese organismo sería contrario a derecho.
En efecto, el impugnante nada dice acerca de la ponderación efectuada por el Tribunal Fiscal respecto al análisis de la prueba aportada por la actora, y donde específicamente analiza la fotocopia del pasaporte ecuatoriano acompañado y explica que éste era de fecha 17/04/2007, en tanto los períodos fiscales bajo inspección, fueron el 2004 y el 2005; ni critica la afirmación acerca de que de los arrendamientos celebrados no surgían datos de su residencia en otro país. Tampoco rebate la afirmación de que los documentos aportados carecen de valor probatorio cuando surge de una actuación notarial con fecha 31 de mayo del año 2005, un poder especial otorgado por Carlos Alejandro Alfaro Moreno domiciliado en Congreso 210, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, República Argentina (conf. fs. 253/254 de autos).
Asimismo, reitera su queja en cuanto a que se procedió a determinar de oficio mediante el método presuntivo, no obstante la resolución apelada expresamente señaló que la administración tributaria operó con ingresos ciertos y no presuntos para efectuar la determinación practicada, y que no utilizó las presunciones contenidas en el art. 18 de la ley de procedimiento fiscal, sino los del art. 85, inc. b, de la ley de impuesto a las ganancias.
Por último, tampoco ofreció reparos conducentes a modificar la decisión atinente a la procedencia de la sanción impuesta en su consecuencia.
V. Que, a ello cabe agregar, que tratándose de inmuebles situados en territorio nacional, la renta que éstos generan es de fuente argentina, sin importar para ello el lugar de residencia de su beneficiario. Ello así, teniendo en cuenta que la cesión que de dicha renta pueda hacer el beneficiario en favor de un tercero –pariente o no no tiene efecto fiscal alguno, cuando como en el caso de autos, se trata simplemente de la disposición del beneficio producido y no del resultado de la constitución de un derecho real de usufructo.
En ese sentido, el art. 5º de la ley 20.628 dispone “son ganancias de fuente argentina aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio de la Nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, o hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en la operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos” (el destacado es propio) (Ley 20.628, art. 5º).
En tales condiciones, corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido en estos autos por la actora, con costas a su cargo (art. 68 del C.P.C.C.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia