Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa EX-2021-10092270-APN- -SGAI#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-87776775-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 9 de Septiembre de 2026 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación), para resolver el expte. electrónico EX-2021-10092270-APN- -SGAI#TFN caratulado “ALGODONERA AVELLANEDA S.A. s/ recurso de apelación”
El Dr. Luis dijo:
I. Que mediante RE-2021-10090610-APN-SGAI#TFN se interpuso recurso de apelación contra la Res. 48/2020, que determinó de oficio el impuesto a las ganancias (en adelante IG) mediante una reversión de los quebrantos declarados en los ejercicios 2014 y 2015 y, por ende, una disminución del saldo a favor del ejercicio 2015. Asimismo, admitió computar como pago a cuenta del IG, el excedente del impuesto a la ganancia mínima presunta (en adelante IGMP) acumulado de los años anteriores (hasta la concurrencia del excedente del IG, del ejercicio 2015 sobre el IGMP de dicho ejercicio).
II. Que la recurrente planteó la nulidad de la resolución apelada por carecer de causa y motivación, dos requisitos esenciales del acto administrativo. Manifestó que el fisco contradijo la realidad jurídica del caso, ya que la propia ley del IG prevé que el pasivo, a diferencia del aporte al patrimonio neto de la sociedad, debe contener intereses financieros o actualizaciones a favor del aportante; elemento que, a criterio de la recurrente, no se encuentra en el presente caso.
Aclaró que la realidad económica de los aportes irrevocables recibidos por la compañía no fueron una liberalidad del aportante, sino un acto de genuino interés, con miras a mantener, conservar y proteger su capital fuente. Agregó que la ley de sociedades prevé la solución empleada por la recurrente como la única posibilidad normativa para absorber pérdidas contables acumuladas, evitar la disolución social de la empresa con patrimonio negativo y proveerle liquidez.
Argumentó que toda condonación de un pasivo debe ser reflejada como un resultado positivo del Estado de Resultados. Aclaró que por ello, no se encuentra en su contabilidad, ni en la pericia contable. Detalló que los socios aportantes no vieron afectado el valor patrimonial proporcional de su participación accionaria, ni tampoco sus derechos económicos en el ente para percibir utilidades futuras. Respecto a la deducción del IGMP del ejercicio 2015, alegó que, al caducar el derecho a su cómputo contra el IG, se modificó su naturaleza de derecho en expectativa (crédito), para pasar a ser un gasto deducible en ese último impuesto.
Explicó que, debido al contexto internacional y la precaria situación del sector, la compañía arrojó resultados negativos en sus estados contables del ejercicio 2014 que, sumado a la pérdida acumulada en los ejercicios 2012 y 2013, motivó los aportes irrevocables por parte de Vicentín SAIC (en adelante solo Vicentín) y VFG Inversiones y Actividades Especiales S.A. (en adelante VFG), empresas titulares del 47% y 53 % del capital social de Algodonera, respectivamente. Destacó que en el ejercicio 2013 fue Vicentín quien aportó $ 100.000.000 mediante una disminución del saldo deudor, luego en el ejercicio 2014 la mencionada firma aportó $ 75.000.000 a través de un crédito cedido por VFG contra la actora y una nota de crédito en cuenta corriente y otros $ 75.000.000 VFG mediante la realización de títulos públicos. Planteó que la causa es un vicio insanable que se presentó en el origen del procedimiento determinativo de oficio y persiste en tanto el fisco permanece inflexible en su postura de crear una ficción utilizando el principio de realidad económica.
Manifestó que la ley de sociedades no prevé un plazo en que los socios deben sanear a la sociedad para evitar la pérdida de capital y consecuente disolución. Agregó que desde un primer momento los accionistas aportantes conocieron y consintieron el destino de los aportes que realizaban.
Reiteró que el fisco cuestionó una operación legal, jurídicamente válida, efectuada por la recurrente; pero no explicó, con fundamentos serios, en qué se basó para recalificar la operación.
Explicó que el saldo generado por el revalúo técnico no pudo ser capitalizado ni destinado a absorber pérdidas, y nunca formó parte del resultado del ejercicio, sino que permaneció encapsulado en el Patrimonio Neto de la compañía.
Destacó que los accionistas aprobaron por unanimidad la utilización de los aportes para absorber las pérdidas acumuladas, aun conociendo la existencia de un incremento en el patrimonio de la empresa, producto del revalúo técnico. Pero, aun así, la voluntad de los accionistas aportantes resultó inobjetable. Respecto del ajuste en el IGMP del ejercicio 2015, explicó que la Res. 48 incorporó una fundamentación que la Res. 126 carecía, con lo que se vio privada de la posibilidad de esgrimir contra-argumentos. Planteó que en el Acta de Directorio 639 se indicó con claridad que los aportes se realizaron con el objeto de preservar la intangibilidad del capital social, y que la absorción de pérdidas mediante la aplicación de aportes irrevocables fue receptada por los organismos de contralor societario, no siendo necesaria su capitalización previa, de manera tal que funcionan como un reintegro de capital para la absorción de quebrantos.
Hizo hincapié en que el art. 96 de la Ley de Sociedades (LS) prescribe que la disolución del ente societario no se produce si los socios acuerdan el reintegro total o parcial del mismo o su aumento y explicó que en la primera de las opciones los socios hacen nuevos aportes al capital social sin recibir a cambio nuevas acciones, lo que implica un aumento en el PN y, por ende, un incremento en el VPP de las acciones. Resaltó que el saneamiento tiene por fin evitar o reducir la afectación de otros rubros del PN, cuyos saldos se verían disminuidos o incluso eliminados, obligando a la compañía a adoptar otras medidas, como la disolución del ente.
Resumió que la modalidad adoptada para integrar los aportes, es decir, mediante compensación con un crédito existente o en efectivo, no desvirtúa su naturaleza y, por tal, resulta inobjetable. Destacó que no hay norma alguna que lo prohíba y tampoco el organismo fiscal posee la competencia para negar efectos jurídicos a esa integración.
Afirmó que los aportes irrevocables no fueron efectuados con la intención de ser devueltos, siendo que su objetivo fue permitir la continuidad del ente, que es lo que les permitiría en un futuro obtener utilidades. Conforme las pautas de la IG 747/2005, mencionó los atributos que deben tenerse en cuenta para diferenciar un futuro aumento de capital, de un préstamo y concluyó que en el caso concurren las tres circunstancias, a saber: intención de las partes, vocación de permanencia y sujeción al riesgo empresarial. Citó la LIG cuando prevé que el devengamiento de intereses o actualizaciones, es el elemento dirimente del pasivo, y por ello, ausente en todo genuino aporte al capital social.
Planteó que la Res. (IGJ) 7/2005 no puede aplicársele, pues dicha autoridad no tiene jurisdicción sobre la recurrente, quien posee domicilio legal en la Provincia de Santa Fe y agregó que en los períodos 2014 y 2015 no existía norma dictada por la IGJ que estableciera un plazo para que se decida la capitalización Reiteró que los aportes efectuados se hicieron ya con el conocimiento anticipado, por parte de los aportantes, que no serían capitalizados, sino que se utilizarían para absorber pérdidas acumuladas; con lo cual ningún plazo, cualquiera sea su duración, resulta aplicable.
Mencionó las tres situaciones en las que los aportes de capital pueden garantizar la continuidad del ente. Reiteró que la Res. (IGJ) 7/2015 no le resulta aplicable para determinar que dicho organismo considera viable la alteración del destino de los aportes irrevocables, dejando librado a la voluntad de las partes la forma de contribución, en la medida que no se lesione el interés de terceros, ni el de las minorías. Explicó que la realidad económica de la operación resultó ser que el inversor perdió su dinero en un emprendimiento que hasta ese momento no resultó exitoso, pero apuesta a la continuidad del mismo. Agregó que ello no hace más que cumplir con la calidad de socio que implica, no sólo el derecho de participar de las ganancias, sino también el deber de soportar las pérdidas.
Manifestó que una cosa es el IGMP activo, que es aquel que todavía se encuentra dentro del plazo de 10 años y se trata de un derecho en expectativa que permanece en el Activo en espera de poder ser eventualmente compensado en el IG y otra cosa es el caso de los saldos pendientes de imputación, porque ya dejan de ser un derecho en expectativa para ser una pérdida del ejercicio en que aquel recae, aclarando que se trata de un gasto ordinario y necesario para mantener y conservar la fuente.
Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba y peticionó que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Que mediante IF-2021-33291344-APN-DTD#JGM se presentó el fisco nacional y contestó el traslado del recurso, acompañando los antecedentes administrativos. Solicitó que oportunamente se confirme la resolución apelada, con costas.
IV. Que mediante PV-2021-94489786-APN-VOCVIII#TFN se abrió la causa a prueba, a través de la PV- 2026-75993925-APN-VOCVIII#TFN se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. A través del IF-2026-78688056-APN-VOCVIII#TFN se pusieron autos para alegar, haciendo uso de su derecho el fisco en el IF-2026-81243330-APN-DTD#JGM y la actora en el RE- 2026-81621384-APN-DTD#JGM. Finalmente, mediante IF-2026-82958039-APN-VOCVIII#TFN se llamaron autos a dictar sentencia.
V. Que anticipadamente corresponde señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que resultan conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros).
VI. Que por razones de lógica precedencia corresponde que en primer lugar me expida con relación al agravio de nulidad articulado por la actora al considerar que los actos administrativos -vista y resolucióncarecieron de causa y motivación; toda vez que, de ser acogido favorablemente, derivarían en la nulidad de la resolución recurrida.
Así, corresponde mencionar que tanto los cargos como los argumentos detallados en la vista bajo la Res. 126/2019 (v. fs. 5/16, IF-2021-30279321-APN-DTD#JGM, aa) coinciden con los obrantes en la Res. 48/2020, aquí apelada. Cabe recordar que el acto por el que se corre la vista es un acto preparatorio o preliminar, que se dicta para hacer posible el acto ulterior y que no resulta recurrible, quedando reservada la posibilidad de atacar de nulidad a aquellos actos dictados en consecuencia.
En este sentido, hay que tener presente lo dicho por nuestro más Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley, y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
Al respecto, recuérdese que la causa del acto administrativo comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso llevan a su dictado, es decir, que este elemento se presenta como la constatación o apreciación de un hecho, mientras que la motivación se refiere a la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican su dictado. Su exigencia está fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que lo justifican.
Del análisis del acto recurrido, como de las actuaciones seguidas por el fisco, surge que contiene los elementos jurídicos formales y sustanciales (cfme. art. 7, ley 19.549), y se cumplieron los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar una defensa adecuada, no observándose que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que funda la resolución apelada -como simplemente invoca la actora-, resultando que el planteo de la accionante sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra la decisión relativa al fondo del asunto, pero que no afecta la validez del acto, por lo que corresponde rechazar el agravio de nulidad articulado.
Con relación a las costas, si bien el agravio fue tratado previamente, lo cierto es que no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como una defensa más contra el acto apelado y con la finalidad de obtener su revocación, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas al respecto.
VII. Que ahora procede analizar la cuestión de fondo.
Del informe final de inspección, de los antecedentes administrativos de la causa, como así también de la resolución apelada, surge que la actora se encuentra inscripto en las actividades de “Industrias manufactureras n.c.p.”, “Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas”, “Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p., incluye hilanderías y tejedurías integrales”, “Venta al por mayor de productos alimenticios”, “Venta la por mayor de bebidas no alcohólicas” y ”Fabricación de productos químicos n.c.p.” (v. fs. 2/38, Cpo. Ppal. 2 IG, aa).
El presente caso es generado a consecuencia de la fiscalización llevada a cabo a Vicentín, que es la sociedad controlante del patrimonio de la recurrente en el ejercicio 2013, titular del 97% del capital suscripto, integrado e inscripto. A partir del 10/09/2014, Vicentín transfirió a VFG (sociedad constituida en Uruguay) 75.000.000 de acciones de su tenencia, quedándose Vicentín con una participación del 47%, que es también vendida en el ejercicio 2015. Asimismo, en ambos ejercicios, Vicentin y VFG (sociedad constituida en Uruguay), realizaron aportes irrevocables a Algodonera Avellaneda S.A. Por lo expuesto, ambas fiscalizaciones se trabajaron en forma conjunta para verificar la naturaleza de estas operaciones, como así también el origen de los fondos involucrados y el tratamiento impositivo.
En base al análisis de la documentación aportada por la contribuyente, el fisco determinó que la sociedad controlante del patrimonio de la recurrente al 31/10/2013 era Vicentín, titular del 97% del capital suscripto, integrado e inscripto, representado en 145.500.000 acciones (v. fs. 227, Cpo. Antecedentes, aa). A partir del 10/9/2014 Vicentín transfirió a VFG 75.000.000 acciones de su tenencia (representativas del 50% del capital accionario), quedándose con una participación del 47%, 70.500.000 acciones, que fueron transferidas en el ejercicio 2015 a la misma sociedad (v. fs. 227, Cpo Antecedentes, aa).
A pedido de la fiscalización, se aportó el Acta de Directorio 606 del 14/3/2013 en la que se lee "VICENTIN SAIC ha decidido realizar en nuestra sociedad "Aportes Irrevocables a Cuenta de Futuras Emisiones de Acciones" por la suma de $100.000.000, con efecto a partir del día de mañana, que se ha de realizar mediante la conversión, por compensación parcial, del crédito mantenido por la sociedad aportante en nuestra empresa". Esta suma se expone en el EEPN al 31/10/2013 como aportes irrevocables. En este sentido se aportaron el asiento contable y un informe mayor general de la cuenta “Vicentín Administración” donde se registra un débito de $ 100.000.000, que disminuye el saldo a la fecha de cierre (v. fs. 7/8, 12/18 y 121, Cpo. Ppal., aa).
En el ejercicio siguiente, el 24/10/2014 Algodonera Avellaneda S.A. emitió un recibo de rendición y venta de bonos en el que se detallan los títulos públicos recibidos y los pesos obtenidos de su realización, dejando constancia que han “recibido de VFG $131.643.669 para la integración de aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de acciones y/o absorción de pérdidas acumuladas ad referendum de la asamblea.” (v. fs. 12/18, Cpo. Ppal, aa).
En el Acta de Directorio 639, del 29/10/2014, se expuso en su orden del día, punto 2º, la aprobación de la realización de aportes irrevocables con destino a absorber pérdidas acumuladas con el siguiente detalle: “La firma VFG ya ha integrado la suma de $75.000.000 y con idéntico propósito Vicentín SAIC se ha comprometido a integrar los otros $75.000.000, que conformarían los $150.000.000.” Se cita en dicha Acta que “...resulta necesario contar con el consentimiento previo y expreso de todos los aportantes, para ser utilizado dicho saldo de Aportes Irrevocables integrados, resolviéndose como un reintegro de capital conforme art. 235 inc. 2) de la Ley 19.550, y lo previsto en el art. 96 de la misma Ley citada, sin necesidad de capitalización previa, atento que debe fijarse en forma expresa el destino y la clase de pérdidas a que serían aplicadas, en este caso, a absorber pérdidas del ejercicio anterior, y en su medida del presente ejercicio en curso, con datos finales aún no configurados y que la absorción se realizará en proporción a los anticipos irrevocables respecto del patrimonio neto de la sociedad...” Y concluye “Aceptar plenamente el compromiso de efectuar “Aportes Irrevocables” con destino a absorber pérdidas acumuladas de ejercicios ya considerados en Asambleas Generales Ordinarias, así como el ejercicio nº 38 en curso, con el objeto de preservar la intangibilidad del Capital Social, realizado por las dos sociedades.” (v. fs. 26/28, Cpo. Ppal, aa).
Respecto de los $75.000.000 de VFG se han integrado con recibo del 24/10/2014. A su vez, Vicentín asumió en dicha oportunidad un compromiso de aporte de $75.000.000, el que fue integrado así: $56.643.669 mediante cesión de crédito que VFG mantenía a su favor con Algodonera, cesión que se aplicó a cancelar la deuda con Vicentín por la compra del paquete accionario, y el resto de $18.356.331 mediante la registración de una Nota de Crédito de Vicentín en la cuenta corriente el día 28/1/2015 (v. fs. 9/18 y 26/31, Cpo. Ppal., aa).
Al 31/10/2014 se exponen en el EEPN los aportes irrevocables por $ 150.000.000 y absorción de pérdidas por $250.000.000 (los $100.000.000 de diferencia provienen del ejercicio anterior aportados por Vicentín) (v. fs. 122, Cpo. Ppal., aa).
Del mismo cuadro mencionado surge que en ese ejercicio se practicó un revalúo técnico, en los términos de la RT 31 de la FACPCE, bajo las cuentas "Reserva por Revalúo Técnico RT 31" y "Reserva por Revalúo Técnico Subsidiarias" que incrementan el PN en $391.517.525.
Así, la fiscalización recordó que, a los fines de reglamentar el uso de esta reserva, entre otros aspectos técnicos, la IGJ mediante la RG 09/2016 modificó la RG 07/2015 y estableció: El incremento del importe contable de un elemento integrante de una clase de bienes de uso como consecuencia de una revaluación deberá acreditarse directamente a una cuenta que se denominará "Saldo por Revaluación", integrante del patrimonio neto, que se expondrá en el rubro Resultados Diferidos. Si existiera una desvalorización contabilizada en el pasado para los mismos bienes que se revalúan, en primer lugar, deberá recuperarse tal desvalorización con crédito al resultado del ejercicio y luego proceder a la contabilización de la revaluación, imputando la diferencia remanente al referido Saldo por Revaluación. El saldo por Revaluación de un elemento de bienes revaluados incluido en el patrimonio neto, podrá ser transferido directamente a resultados no asignados cuando se produzca la baja de ese elemento, o en un momento posterior. Esto podría implicar la transferencia total del saldo por revaluación recién cuando la entidad disponga de él por venta u otra causa, o en un momento posterior. Sin embargo, una parte del Saldo por Revaluación podrá transferirse a resultados no asignados, a medida que el activo sea consumido por la entidad, siguiendo el criterio previsto en la sección 5.11.1.1.2.7 de la RT 17. El saldo por revaluación no es distribuible ni capitalizable ni podrá destinarse a absorber pérdidas mientras permanezca como tal. Sin embargo, a efectos societarios, dicho saldo podrá ser computado como parte de los resultados acumulados a los fines de efectuar las comparaciones para determinar la situación de la entidad frente a los arts. 31, 32, 94, inc. 5, y 206 de la ley 19.550, u otras normas legales o reglamentarias complementarias en las que se haga referencia a límites o relaciones con el capital y las reservas que no tengan un tratamiento particular expreso en estas normas (art. 3° de la RG IGJ 9/2016, resaltado propio).
Con estas consideraciones, la fiscalización quiso demostrar que, a pesar de las pérdidas sufridas, la actora no se encontraba dentro de la reducción obligatoria de capital. Es más, su patrimonio se incrementó notablemente al cierre del ejercicio 2014.
Con relación al ejercicio 2015, en el Acta de Directorio 652, del 03/7/2015, consta que el 26/5/2015 Vicentín transfirió a VFG su participación accionaria en Algodonera Avellaneda S.A. del 47% del capital accionario, representada por 70.500.000 acciones ordinarias (v. fs. 39/100, Cpo. Ppal., aa). El 29/10/2015 por Acta de Directorio 664 se aprobó que ambas sociedades efectúen aportes irrevocacables con destino a cuenta de futuras absorciones de pérdidas acumuladas, asumiendo Vicentín un compromiso de aporte de $3.920.996, que se efectivizó con cheque del 29/1/2016 y VFG integró con bonos la suma de $126.775.327. Este total de $126.775.327 se utilizó en el mismo ejercicio para absorber pérdidas (v. fs. 32/36 y 124, Cpo. Ppal., aa).
Concluyó el fisco que, si bien la operatoria no afectó cuantitativamente el PN contable, sí modificó el PN impositivo, atento producirse un enriquecimiento a título gratuito a favor del ente, por condonación de un derecho a favor del aportante, sin contraprestación alguna a su favor, alcanzado por el ap. 2 del art. 2 de la LIG.
En cuanto al ejercicio en el que procede la imputación, la fiscalización detalló que, si bien el aporte se efectivizó en el 2013 y se mantuvo sin capitalizar, es en el ejercicio 2014 que la sociedad dispuso su destino a la absorción de pérdidas contables.
Con respecto al IGMP, prescripto el 1/1/2015, la empresa lo dedujo contablemente cuando se había terminado el derecho al cómputo (v. fs. 168/175, Cpo. Ppal., aa).
VIII. Que conforme se desprende del Acta de Directorio 639 del 29/10/2014, los saldos de aportes irrevocables eran para ser utilizados para absorber pérdidas o resultados negativos acumulados (v. fs. 227/228, Cpo. Ppal., aa).
Por ello, antes de analizar los requisitos para la utilización de tales aportes irrevocables, debemos determinar si la sociedad se encontraba en condiciones que la obliguen a la restitución del capital. Así, la LSC fijó que la reducción del capital por pérdidas puede ser voluntaria (art. 205) u obligatoria (art. 206). Será obligatoria cuando las pérdidas insuman las reservas (art. 70) y el 50% del capital. En ambos casos, la decisión debe ser tomada por asamblea extraordinaria, con las mayorías del art. 244. Como alternativa a la reducción del capital social, se podrá decidir la disolución (art. 94, inc. 5) o el reintegro del capital -total o parcial- (art. 96). El reintegro será resuelto, también, por asamblea extraordinaria (art. 244) y consistirá en nuevos aportes por parte de los accionistas, sin que se produzca el aumento del capital social, ni la modificación del estatuto, ni la entrega de nuevas acciones, ni la modificación en la participación de cada uno de ellos.
Dicho esto, podemos notar que del EEPN de la recurrente para los ejercicios apelados (2014 y 2015), surgen dos situaciones muy diferentes y que corresponde tratar. Aquélla que considera al revalúo técnico de los bienes de uso como parte del EEPN, mencionado a los efectos del análisis del inc. 5 del art. 94 de la LSC, lo que genera que no exista disminución del PN y, por consiguiente, inhabilitaba a la recurrente al uso de los aportes irrevocables para absorber las pérdidas y, aquella que, por el contrario, considera excluido el revalúo técnico y, por ende, el PN disminuido, lo que permitía a la recurrente el uso de los aportes irrevocables -postura asumida por la actora- (v. fs. 122 y 124, Cpo. Ppal., aa).
En este sentido, cabe recordar que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), a través de sus Resoluciones Técnicas (RT), determina el marco regulatorio para la confección de los EECC de los diferentes entes. Para el caso de autos, la RT 31, aprobada por Resolución del Consejo Superior 03/12 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe (provincia donde posee domicilio la recurrente), determina que “Cuando se incremente el importe contable de un elemento integrante de una clase de bienes de uso como consecuencia de una revaluación, en la primera oportunidad en que se adopte tal criterio, tal aumento se acreditará directamente a una cuenta que se denominará Saldo por Revaluación, integrante del patrimonio neto... El saldo por revaluación no es distribuible ni capitalizable mientras permanezca como tal.”.
En este mismo sentido, en el pto. 1 de la pericia contable, se puede observar que si bien los peritos no coinciden en el resultado final, ambos concuerdan en que para el ejercicio 2014 el capital social era de $150.000.000, las reservas de $29.966.223 y las reservas por revalúo técnico de $391.517.525, lo que confirma que para el caso de considerarse al revalúo técnico como parte del EEPN, el total del capital más reservas supera el monto de pérdidas acumuladas allí expuesto -$263.037.494, importe en el que también coinciden ambos peritos contadores-. Por su parte, para el ejercicio 2015, si bien difieren los importes, se arriba a idéntica conclusión.
A su vez, conforme lo mencionado en el pto. 7 de dicho informe pericial, si bien coincido con el perito de la actora en que los aportes irrevocables no alteran cuantitativamente el EEPN, no debe olvidarse que, por el principio contable de partida doble, con el aporte se generó un aumento en el PN y, como contrapartida, un incremento del Activo -por el aporte realizado- mediante la liquidación de bonos y una disminución del Pasivo –por dicho aporte- que condonó deuda. Todos movimientos que directa o indirectamente afectaron la situación patrimonial del ente.
Asimismo, también debe tenerse presente que la sociedad contaba con la posibilidad válida de transferir el saldo por revalúo directamente a resultados no asignados cuando se produjese la baja de ese elemento o a medida que el activo sea consumido por la entidad (criterio previsto en la sección 5.11.1.1.2.7 de la RT 17).
En conclusión, si bien por el domicilio de la recurrente no resulta directamente aplicable, coincido con lo dispuesto por la IGJ en su Resolución 09/2016 en que el saldo resultante del revalúo, se destinará a una reserva técnico-contable que será identificada en el PN del balance general. Dicha reserva no podrá ser capitalizada ni distribuida en ningún caso, pero, a efectos societarios, corresponde sea computado como parte de los resultados acumulados a los fines de efectuar las comparaciones para determinar la situación de la entidad frente a los arts. 31, 32, 94, inc. 5, y 206 de la ley 19.550.
Por ello, del análisis de los EECC y la pericia contable, puede concluirse que, si bien la actora pudo haber sufrido pérdidas, no se encontraba en la situación de pérdida de capital prevista por la LSC para justificar la afectación de los aportes irrevocables a la absorción de dichas pérdidas acumuladas.
En consecuencia, corresponde confirmar el criterio del fisco y considerar a los aportes irrevocables como incrementos patrimoniales no justificados en los casos en que se liquidaron bonos o condonación de pasivos cuando se canceló deuda con Vicentín SAIC.
IX. Que en lo referido al cargo negativo en el ER del ejercicio 2015 bajo el concepto de IGMP, el art. 13 de la ley del impuesto, establece que: “Si por el contrario, como consecuencia de resultar insuficiente el impuesto a las ganancias computable como pago a cuenta del presente gravamen, procediera en un determinado ejercicio el ingreso del impuesto de esta ley, se admitirá, siempre que se verifique en cualesquiera de los DIEZ (10) ejercicios siguientes un excedente del impuesto a las ganancias no absorbido, computar como pago a cuenta de este último gravamen, en el ejercicio en que tal hecho ocurra, el impuesto a la ganancia mínima presunta efectivamente ingresado y hasta su concurrencia con el importe a que ascienda dicho excedente.”
En base a ello, la ley es clara en que el IGMP ingresado podrá computarse como pago a cuenta de ganancias en los diez (10) años siguientes, siempre que en tales años el IG exceda al IGMP, procediendo el cómputo a cuenta hasta dicho excedente. Aclarando el artículo 13, en su cuarto párrafo, que “... el mismo no generará saldo a favor del contribuyente en este impuesto, ni será susceptible de devolución o compensación alguna.”
En consecuencia, una vez vencido el plazo estipulado en la citada ley -hecho que no se encuentra controvertido- no resulta posible su deducción como pago a cuenta, como así tampoco su carga en el ER, por lo que debe confirmarse el ajuste también en este punto.
X. Que por todo lo expuesto, corresponde confirmar íntegramente la Res. 48/2020, con costas. La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto que antecede.
Por ello SE RESUELVE:
Confirmar la resolución 48/2020, con costas.
Se deja constancia de que suscriben este pronunciamiento dos Vocales Titulares de la Sala C conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683 por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2026.09.09 14:11:55 ART Date: 2026.09.09 16:21:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.09 16:21:32 -03:00
Fin de la sentencia