Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 32.375-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 327/2012, oportunamente dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Salta y, consecuentemente, dejar sin efecto los cargos, en concepto de derechos de exportación, y los intereses impuestos a ALIMAR.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-103479659-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Septiembre de 2022 En la ciudad de Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquís y Horacio Joaquín Segura, para resolver en autos caratulados “ALIMENTOS DE ARGENTINA S.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 32.375-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 28/33 vta. la firma ALIMENTOS DE ARGENTINA S.A. (en adelante “ALIMAR” o “actora”) se presenta, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 327/2012 dictada por el Señor Administrador de la Aduana de Salta el 11 de octubre de 2012, mediante la cual, sobre la base de lo estipulado tanto por el art. 724 y concordantes del C.A., como por la ley 24.331, se resuelve condenar a la actora al pago de los Cargos 193 a 588/2010 AD SALT por un importe igual a U$S 8.080.135,36, en concepto de derechos de exportación e intereses calculados hasta el 20 de mayo de 2010, más los intereses que se devenguen hasta la fecha del efectivo pago.
II. Así las cosas, es pertinente consignar que el recurrente comienza su intervención haciendo notar que ALIMAR es una empresa salteña cuya actividad principal consiste en la exportación de porotos en sus diferentes modalidades. Afirma que, a los fines de poder cumplir con su finalidad, la actora ingresó, durante el mes de marzo de 2004, como usuario de la Zona Franca del Departamento General Güemes (Cozofra S.A.), ubicada en la Provincia de Salta, y obtuvo una nota (Nota N° 107/2004 (AD SALT)), escrita por parte del Jefe de la Aduana de Salta el 29 de marzo de 2004, en virtud de la cual se señalaba expresamente que “[…] la actividad de la empresa […] ALIMAR reviste el carácter de industrial para la procedencia de la exención en el pago de derechos de exportación para las destinaciones de exportación para consumo […]”. Aclara, a su vez, que el reconocimiento de la exención para el pago de los derechos de exportación tiene su origen en la Instrucción General N° 19/02 (SDG LTA), del 26 de marzo de 2002, mediante la cual se dispuso que “[…] [t]eniendo en cuenta que existen normas preexistentes a la Resolución N° 11/02 Meel y al Decreto 310/02, que establecen excepciones para el pago de los derechos de exportación, corresponde informar que la misma mantiene plena vigencia, por lo cual las destinaciones de exportación para consumo que se detallan seguidamente no están alcanzadas por las normas mencionadas en el asunto […]. Mercaderías que se exporten en forma definitiva o suspensiva desde el Territorio Aduanero General a una Zona Franca Argentina (Ley 24.331) […]. Las mercaderías que hayan sufrido un procesamiento o transformación en una Zona Franca habilitada en los términos de la Ley 24.331 (art. 590 del C.A.) […]”. Agrega que, sobre la base de lo estipulado por la mencionada Instrucción, la actora comenzó a desplegar su actividad comercial mediante la realización de exportaciones de porotos a través de la zona franca “[…] sin que [la] Aduana le requiriera, intimara o insinuara los derechos de exportación […]”.
Señala que la situación descripta con anterioridad sufriría una cambio rotundo a partir del dictado de la Instrucción General N° 06/04 del 10 de septiembre de 2004, gracias a la cual, a través de una interpretación de la expresión “exportación suspensiva”, empleada por el artículo 27 de la Ley 24.331, se determinaba que “[…] las exportaciones de mercaderías desde el Territorio Aduanero General hacia una zona franca regulada por Ley 24.331, que posteriormente se exporten hacia terceros países en el mismo estado o luego de haber sido objeto de transformación, elaboración, combinación, mezcla o cualquier otro perfeccionamiento en el ámbito de la Zona Franca, están alcanzadas por los derechos de exportación establecidos en el régimen general (Decretos 310/2002 y modificatorias, y Resolución N° 11/2002 del ex Ministerio de Economía e Infraestructura)”. Precisa que, de esta manera, se derogaban todas aquellas disposiciones que establecieran lo contrario, entre las cuales figuraba la citada Instrucción General N° 19/02. Recalca que, frente al supuesto proceder arbitrario de la Administración, ALIMAR interpuso ante el Juzgado Federal de Salta N° 2, el 29 de septiembre de 2004, una acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad (art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), en contra de la Instrucción General N° 06/04. En esta oportunidad, menciona haber esgrimido, en términos generales, la violación de los principios: a) de división de poderes del Estado y jerarquía de las normas; b) de legalidad; y c) de confianza legítima. Agrega que, como resultado de la acción iniciada, el 14 de marzo de 2005, el juzgado acogería la demanda y declararía la inconstitucionalidad de la Instrucción mencionada y su inaplicabilidad a la actora. Finalmente resalta que, al declararse la perención del recurso de apelación presentado por la Dirección de Aduanas, por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, la resolución quedaría firme y pasaría a tener autoridad de cosa juzgada. A su vez remarca que, mediante sentencias del 4 y 10 de abril de 2007, la Corte Federal terminaría por rechazar los recursos extraordinarios deducidos por la Administración.
Al declararse la inconstitucionalidad de la citada Instrucción General N° 06/04 y restablecerse la vigencia de la Instrucción General N° 19/02, recuerda que la situación vigente implicaba la eximición del pago de los derechos de exportación tanto de la mercadería que se exporte en forma definitiva o suspensiva desde el territorio aduanero general a una zona franca argentina, como así también de las mercaderías que hayan sufrido un procedimiento o transformación en una zona franca habilitada en los términos de la ley 24.331. En el marco de esta situación jurídica, menciona que se llevaría a cabo, desde la zona franca, una serie de operaciones de exportación a partir del mes de junio de 2004; el 4 de diciembre de 2009, la Aduana de Salta “[…] le imputa[ría] cargos, que van del N° 256 al 314 (ambos inclusive), […] que aluden a exportaciones realizadas en el año 2004 hacia zona franca (EC01)”. Agrega que estos cargos serían impugnados en un primer momento ante la Aduana correspondiente, y en un segundo momento, a través de la interposición del pertinente recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (Sala F, Vocalía 18, tramitado en los autos caratulados “Alimentos de Argentina S.A. c/Dirección General de Aduanas – Recurso de Apelación”, expediente N° 27.746-A).
En lo que respecta al objeto del presente recurso, la actora resalta la actitud adoptada por la Aduana de Salta tendiente a ignorar, una vez más, lo estipulado por el Juzgado Federal de Salta N° 2 en su sentencia del 14 de marzo de 2005, mediante la imputación de nuevos cargos, que van del N° 193 al 588/2010 (AD Salt). En cuanto a los fundamentos empleados por la Aduana para justificar su actitud, alude a que si bien ésta hace referencia a los arts. 724 y cc. del C.A., a la ley 24.331 y al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante “CSJN”) el 30 de junio de 2009 en los autos caratulados “Cremer y Asociados S.A. c/Estado Nacional s/acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”, se pretende finalmente la aplicación solapada de la Instrucción General N° 06/04. En este sentido, agrega que “[…] resulta manifiestamente improcedente imponer los cargos en base a los arts. 724 y cc. del Código Aduanero, la ley N° 24.331, el Decreto N° 310/02 o la Resolución N° 11/02, aludiendo a que ellos no fueron tachados o impugnados judicialmente, toda vez que [la actora] no se encontraba en la obligación de hacerlo habida cuenta que no se le aplicaban. De allí que, siendo el interés la medida de la acción, mal puede [ALIMAR] atacar dicha normativa cuando no le rige; y prueba de que no se le aplicaban al actor la podemos encontrar, también en la Instrucción General N° 19/02 (SDG LTA) […]”.
Con relación al fallo de la CSJN del 30 de junio de 2009, destaca que si bien se planteó en éste una situación análoga al proceso antes mencionado (Expte. 454/04), no sería de aplicación a la actora debido a que la situación bajo análisis ya había sido resuelta con anterioridad a favor de ALIMAR. Adiciona, a su vez, que tales sentencias poseen un efecto limitado, restringido o inter-partes y, por consiguiente, subsiste la vigencia normológica de la norma fuera de su caso. Paralelamente, recuerda que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, mediante un fallo del 16 de febrero de 2011, terminaría por reconocer que los cargos efectuados por la Aduana se encontraban en pugna con la sentencia del 14 de marzo de 2005. En este sentido, termina por afirmar que la cuestión bajo examen ya había sido resuelta por la mencionada Cámara, acogiendo el planteo de la actora y, en consecuencia, rechazando la pretensión del cobro de los derechos de exportación por parte de la Aduana. De esta manera, subraya que “[…] nos encontraríamos en presencia de un derecho firme y cierto, amparado por la “cosa juzgada” del fallo oportunamente emitido”.
Finalmente, ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 66/70 vta. la representación fiscal contesta el traslado y, luego de hacer una negativa genérica, se explaya sobre los actuados aduaneros. Afirma que los hechos tienen su origen en el recurso de impugnación interpuesto por la actora contra la liquidación de los cargos 193 a 588/2010 AD SALT, por considerar que se encontraba exenta del pago de los derechos de exportación, de acuerdo con lo resuelto por el Juzgado Federal N° 2, en los autos caratulados “Alimar SA c/AFIP-DGA s/Acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad” (Expte. N° 3-454/2004), donde se declaró finalmente la inconstitucionalidad de la Instrucción General N° 06/2004. No obstante, aclara que los mencionados derechos de exportación, liquidados mediante los cargos involucrados, se encuentran contemplados en el Decreto N° 310/2002, la Resolución ME N° 11/02, Arts. 724 y cc. del C.A. y la ley 24.331, instrumentos en plena vigencia y aplicación. En este sentido, agrega que las operaciones efectuadas por la actora, consisten en extraer la mercadería del territorio aduanero general para introducirla en la zona franca de Salta (y realizar allí ciertas operaciones con destino a una posterior exportación hacia el extranjero), se encuentran enmarcadas en lo establecido por el art. 27 de la ley 24.331, por lo que constituye una exportación suspensiva regida por los arts. 349 y cc. del C.A., en virtud de los dispuesto por los arts. 599 del citado texto legal y 23 de la ley de zonas francas.
A lo mencionado hasta aquí, adiciona que el objeto reclamado en autos ya fue tratado con anterioridad por la CSJN en el fallo dictado el 30 de junio de 2009 en los autos caratulados “Cremer y Asociados S.A. c/Estado Nacional s/Acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”, siendo en un todo concordante con lo resuelto por el Servicio Aduanero. En efecto, resalta que, en el fallo mencionado, la Corte haría suyos los términos del Dictamen del Procurador General quien, luego de haber realizado un desarrollo argumental de las leyes aplicables, se expresaría en los siguientes términos: “[…] su operación de exportar mercancía desde el territorio aduanero general hacia la zona franca es una operación temporaria, en virtud de la cual la mercadería exportada puede permanecer con una finalidad y con un plazo determinado fuera del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su exportación, a la obligación de reimportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo (art. 349 del C.A.). El incumplimiento de la obligación recién señalada implica que la mercadería de que se trata será considerada como exportada para consumo cuando hubiere vencido el plazo acordado (art. 370 inc. 1° ap. a) del CA.) y tal conducta genera responsabilidad para el exportador, tanto por las obligaciones resultante como por sanciones que pudieren corresponder (art. 370 inc. 2° del C.A.). Es decir que cuando la actora pretende luego volver a exportar esa misma mercadería […] en verdad está configurando un supuesto de incumplimiento de su primitiva obligación de reimportar la mercadería al territorio aduanero general. Queda conformado así, a mi modo de ver, un supuesto de exportación definitiva para consumo pero desde el propio territorio aduanero general, en virtud de las normas aplicables, sin que pueda tratarse de un supuesto de exportación definitiva desde la zona franca”. Destaca que, a posteriori de haber hecho estas primeras observaciones sobre el fondo del asunto, el Procurador General aclararía que: “[…] de seguirse la inteligencia de las normas propuestas por la actora, resultaría que quien exporta hacia una zona franca desde el territorio aduanero general lo hace libre de aranceles, y si luego la mercadería es nuevamente exportada, a su vez, desde allí al extranjero, también se hace libre de aranceles, quedaría desactivado todo el régimen de aranceles que rige la exportación de mercaderías”.
En forma complementaria a estos primeros argumentos, detalla lo expresado por el Procurador General con relación al alcance del término “exportación suspensiva”: “[…] se trata del mecanismo concebido por el legislador a fin de que el Estado pague estímulos a la exportación solo una vez que la mercadería que estuviese beneficiada con ellos sea exportada en forma definitiva a terceros países y no por el mero hecho de su traslado desde el territorio aduanero nacional a la zona franca […]. En efecto, nada permite suponer que asignar carácter “suspensivo” a la introducción en zona franca de bienes provenientes del territorio aduanero general o especial, el legislador haya pretendido excluir la aplicación de derechos de exportación en el caso de que tales bienes fuesen ulteriormente exportados a terceros países en el mismo estado o después de haber sido objeto de algún perfeccionamiento”.
En lo que respecta al fallo de Cámara invocado por la actora en la causa caratulada “Alimar SA c/AFIP – Dirección General de Aduanas s/acción declarativa de certeza – medida cautelar” (expte. 280/10), recuerda que los jueces terminaron expidiéndose con respecto a los cargos 256 a 314, imputados en el 2009, y no con relación a los cargos 193 a 588 generados en el 2010. No obstante, resalta en un primer momento la importancia que se le dio en el mencionado fallo a las decisiones de nuestro más Alto Tribunal, para luego afirmar que “[…] por cuestiones procesales los jueces de la Cámara salteña resuelven hacer lugar al planteo respecto de los cargos 256 al 314/2009. Cargos que como expresé precedentemente, no son los involucrados en autos”. Agrega, a su vez, que pretender la no aplicación lo establecido por el Decreto N° 310/2002, la Resolución MEel N° 11/02, los arts. 724 y cc. del C.A. y la ley 24.331, vulneraría no solo el principio de legalidad sino también el de igualdad ante la ley. Finalmente, resalta que corresponde tener en consideración el principio de indisponibilidad del crédito público y que lo que se persigue en la especie es el interés general y aplicando normas de Orden Público.
Por todo lo expresado, ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita se rechace la apelación interpuesta, confirmando las resoluciones apeladas, con costas.
IV. A fs. […] se define la cuestión de puro derecho. Finalmente se llaman a sentencia a fs. […].
V. En las condiciones señaladas, tras el examen de los argumentos presentados por las partes involucradas, se torna adecuado cotejar, en primer lugar, si el actuar de la Administración de la Aduana de Salta, manifestado principalmente a través de la adopción de la Resolución N° 327/2012 del 11 de octubre de 2012, pudo llegar a afectarse el instituto de la cosa juzgada. En segundo lugar, se observa la necesidad de determinar los efectos jurídicos sobre el sub examine del fallo de la CSJN del 30 de junio de 2009, en los autos caratulados “Cremer y Asociados S.A. c/Estado Nacional s/Acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”. A los fines de llevar a cabo el análisis precedentemente mencionado, en un primer momento se efectuará una descripción detallada de los hechos involucrados, para luego centrar la atención sobre las cuestiones jurídicas implicadas.
VI. Conforme los elementos de prueba provistos tanto por las actuaciones administrativas como por el expediente correspondiente ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se constata que el caso bajo examen posee su origen en la oposición existente entre las facultades o derechos reconocidos a ALIMAR con relación a las operaciones de comercio exterior realizadas a través de la Zona Franca de Salta, y lo dispuesto por la Instrucción General N° 6/04, adoptada por la Dirección General de Aduanas el 10 de septiembre de 2004. En efecto, ALIMAR es una empresa constituida en la Provincia de Salta, cuya actividad principal consiste en la producción, comercialización y exportación de legumbres en sus diferentes modalidades.
Para ello, el procedimiento seguido consiste en exportar, en un primer momento, la mercadería correspondiente desde el Territorio Aduanero General a la Zona Franca de Salta para que, luego de haber sido sometida a un proceso industrial, el producto final sea exportado nuevamente a terceros países. A su vez, las dos operaciones de exportación mencionadas con anterioridad se encontrarían eximidas del pago de derecho de exportación alguno sobre la base de lo estipulado por los dos siguientes documentos: a) la Instrucción General N° 19/02 (SDG LTA), adoptada por el Subdirector General de Legal y Técnica Aduanera el 26 de marzo de 2002, en virtud de la cual se reconocía y ratificaba la vigencia de determinadas normas, previas a la Resolución N° 11/02 MEel y al Decreto 310/02, que establecían ciertas exenciones al pago de derechos de exportación.
En este sentido, la mencionada Instrucción General manifestaba en forma expresa que tanto las “[m]ercaderías que se exporten en forma definitiva o suspensiva desde el Territorio Aduanero General a una Zona Franca Argentina (Ley 24.331)”, como así también aquellas “[m]ercaderías que hayan sufrido un procesamiento o transformación en una Zona Franca habilitadas en los términos de la Ley 24.331 (art. 590 del C.A.)” y que sean posteriormente exportadas, no se encontrarían alcanzadas ni por la Resolución N° 11/02 MEel ni por el Decreto 310/02; b) la Nota N° 107/2004 (AD SALT), emitida por el Jefe de la Aduana de Salta el 29 de marzo de 2004, mediante la cual se señalaba al Director de Cozofra S.A. que “[…] la actividad de la empresa […] ALIMAR reviste el carácter de industrial para la procedencia de la exención en el pago de derechos de exportación para las destinaciones de exportación para consumo”, y se recordaba, a su vez, que “[d]e acuerdo a lo establecido por la Instrucción General N° 0019/02 (SDG LTA) las mercaderías que hayan sufrido un procesamiento o transformación en una Zona Franca habilitada en los términos de la ley 24.331 están exentas del pago de derechos de exportación”.
De esta manera, gracias a lo estipulado por la Instrucción General N° 19/02 (SDG LTA), confirmado por la Nota N° 107/2004 (AD SALT), se había creado un régimen que actuaba como lex specialis frente a lo establecido por la Resolución N° 11/02 MEel y el Decreto 310/02 y, consecuentemente, ALIMAR se encontraba facultada para llevar a cabo sus operaciones de exportación hacia y desde la Zona Franca de Salta sin verse frente a la obligación de pagar derecho de exportación alguno.
VII. La situación constituida como resultado de lo descripto con anterioridad se vería particularmente morigerada a partir de la vigencia de la Instrucción General N° 6/2004, dictada por la Dirección General de Aduanas el 10 de septiembre de 2004. En efecto, el mencionado instrumento finalmente estipularía, sobre la base de una interpretación sistemática de la noción “exportación suspensiva” detallada en el art. 27 de la Ley 24.331, que “[…] las exportaciones de mercaderías desde el Territorio Aduanero General hacia una zona franca regulada por Ley 24.331, que posteriormente se exporten hacia terceros países en el mismo estado o luego de haber sido objeto de transformación, elaboración, combinación, mezcla o cualquier otro perfeccionamiento en el ámbito de la Zona Franca, están alcanzadas por los derechos de exportación establecidos en el régimen general (Decreto 310/2002 y modificatorias, y Resolución N° 11/2002 del ex Ministerio de Economía e Infraestructura y modificatorias)”. Efectivamente, para ello consideraría que si, en virtud de lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la ley 24.331, las extracciones de mercaderías desde la zona franca hacia terceros países estarían beneficiadas con estímulos a la exportación por ser consideradas como exportaciones a consumo, las mencionadas destinaciones también deberían encontrarse alcanzadas por los derechos de exportación. A su vez, dicha Instrucción especificaría en su disposición final que quedaría sin efecto cualquier otro acto que dispusiera lo contrario. Así, a partir de la vigencia de la Instrucción descripta, el régimen especial expresamente reconocido por la Instrucción General N° 19/02 (SDG LTA) era finalmente revocado y, por consiguiente, ALIMAR se encontraba frente a la obligación de pagar los derechos de exportación correspondientes por toda operación de exportación hacia terceros países que se realizara desde la Zona Franca de Salta.
VIII. Frente al nuevo escenario creado a partir de la vigencia de la Instrucción General N° 6/2004, el 29 de septiembre de 2004, ALIMAR decidió presentarse ante el Juzgado Federal de Salta N° 2 con la finalidad de iniciar una acción tendiente a obtener, entre otras cuestiones, la declaración de inconstitucionalidad de la mencionada Instrucción. El 14 de marzo de 2005, el tribunal se manifestaría finalmente a favor de la demanda presentada. Para ello, gracias a la determinación del alcance tanto de las principales disposiciones del Código Aduanero vinculadas con las zonas francas (art. 590 del C.A.) y los derechos de exportación (art. 724 del C.A.), como así también de aquellas detalladas en la ley 24.331, relacionadas al tratamiento fiscal y aduanero de las operaciones de comercio exterior efectuadas desde y hacia una zona franca (arts. 25 y 27 de la ley 24.331), el tribunal llegaría a afirmar que “[…] se está ante un esquema legal que ha establecido como principio que la mercaderías que se introduzcan a la zona franca provenientes del territorio aduanero se consideren como exportación suspensiva – artículo 27, Ley 24.331 -; que la mercadería en esa condición no está alcanzada por impuestos – artículo 724, Código Aduanero -; y en lo específico, el egreso de las mercaderías desde una zona franca hacia terceros países está exento del pago de tributos – artículos 25 y 31 de la Ley 24.331”. De esta manera, el tribunal constataría que “[…] la Instrucción General de la Dirección General de Aduanas, de septiembre de 2004 […] no solo contradice ese esquema legal, sino que además, incursiona en una materia reservada al Congreso y más específicamente, a la Cámara de Diputados de la Nación […]” y, como resultado de ello, terminaría por declarar la inconstitucionalidad de la Instrucción General N° 6/04 y su inaplicabilidad para el presente caso. Esta decisión pasaría a encontrarse firme y a poseer autoridad de cosa juzgada a partir de lo afirmado el 29 de diciembre de 2005 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta con respecto a la perención del recurso de apelación presentado oportunamente por la Dirección General de Aduanas.
IX. La restitución del régimen especial establecido en virtud de la Instrucción General N° 19/02 (SDG LTA) no se habría puesto nuevamente en discusión si no hubiese sido como resultado del fallo dictado el 30 de junio de 2009 por la CSJN en el caso caratulado “Cremer y Asociados S.A. c/Estado Nacional s/acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”. En esta ocasión, frente a la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta tendiente a rechazar la acción declarativa de certeza instaurada por Cremer y Asociados S.A. (empresa ubicada en la Zona Franca de Salta) con el fin de que se declarase la inconstitucionalidad de la Instrucción General 6/04, la mencionada empresa interpuso el correspondiente recurso extraordinario ante la CSJN.
Si bien tanto el Sr. Procurador General de la Nación como la misma Corte terminarían por decidir a favor de la confirmación de la sentencia apelada, los argumentos y el razonamiento seguidos por cada uno serían distintos. En efecto, el Sr. Procurador General, luego de haber realizado una descripción e interpretación de las normas involucradas, terminaría por afirmar que la operación de exportar mercadería desde el territorio aduanero general hacia la zona franca era considerada como una exportación temporaria, “[…] en virtud de la cual la mercadería exportada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado fuera del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su exportación, a la obligación de reimportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo” (art. 349 del C.A.).
Consecuentemente, manifestaría que el incumplimiento de la obligación señalada implicaba que la mercadería en cuestión fuese considerada, una vez vencido el plazo acordado, como exportada para consumo (art. 370 inc. 1° ap. a) del C.A.); y la conducta involucrada generaría responsabilidad para el exportador, tanto por las obligaciones resultantes como por las sanciones que pudieren corresponder (art. 370 inc. 2° del C.A.). De esta manera, terminaría por concluir que “[…] cuando la actora pretende luego volver a exportar esa misma mercadería (en forma original o luego de operaciones de transformación, elaboración, combinación, mezcla, reparación o cualquier otro perfeccionamiento o beneficio realizados en la zona franca), en verdad está configurando un supuesto de incumplimiento de su primitiva obligación de reimportar la mercadería al territorio aduanero general.
Queda conformado así, a mi modo de ver, un supuesto de exportación definitiva para consumo pero desde el propio territorio aduanero general, en virtud de las normas aplicables, sin que pueda tratarse de un supuesto de exportación definitiva desde la zona franca”.
X. La CSJN, por su parte, partiría del examen de las razones que llevaron al legislador a considerar como exportaciones suspensivas a las mercaderías finalmente introducidas a una zona franca desde el territorio aduanero general o especial, para luego considerar que las mencionadas mercaderías no se verían exceptuadas de los correspondientes derechos de exportación en tanto y en cuanto fueran ulteriormente exportadas a terceros países. En efecto, según lo afirmado por uno de los Senadores encargados de la redacción del art. 27 de lo que finalmente pasaría a ser la ley 24.331, una de las razones tenidas en cuenta para caracterizar a las exportaciones detalladas en dicha disposición como “suspensivas” sería las dificultades de control: “[a] las exportaciones se les da el carácter de suspensivo a efectos de evitar que aquellos productos que ingresen a la zona franca o al territorio aduanero especial y que tengan estímulos de exportación, perciban el reembolso y no se haga efectivamente la exportación hacia terceros países. De allí la necesidad que estas exportaciones sean con carácter suspensivo […]”. Así, según la Corte, el término “exportación suspensiva” debía ser considerado como el mecanismo concebido por el legislador a los fines de que el Estado pague estímulos a la exportación solo una vez que la mercadería que estuviese beneficiada con ellos sea exportada en forma definitiva a terceros países y no por el mero hecho de su traslado desde el territorio aduanero nacional a la zona franca. De esta manera, nuestro más alto tribunal terminaría por concluir que “[…] nada permite suponer que el asignar carácter “suspensivo” a la introducción en la zona franca de bienes provenientes del territorio aduanero general o especial, el legislador haya pretendido excluir la aplicación de derechos de exportación en el caso de que tales bienes fuesen ulteriormente exportados a terceros países en el mismo estado o después de haber sido objeto de algún perfeccionamiento”.
XI. Lo resuelto por la CSJN en el caso Cremer fue considerado por la Aduana de Salta como un nuevo fundamento de legitimidad para el cobro de una serie de cargos sobre las exportaciones efectuadas por ALIMAR desde la Zona Franca de Salta. En efecto, durante el año 2009, la mencionada dependencia aduanera formularía los cargos n° 256 a 314, en concepto de derechos de exportación, sobre las operaciones efectuadas por la actora desde la Zona Franca de Salta y hacia terceros países entre los meses de febrero y diciembre de 2004. Si bien ALIMAR impugnaría en sede administrativa los cargos aludidos sobre la base de lo estipulado por la Instrucción General N° 19/02 (SDG LTA) y de lo decidido oportunamente por el Juzgado Federal de Salta N° 2 con respecto a la inconstitucionalidad de la Instrucción General N° 6/04, el Sr.
Administrador de la Aduana de Salta, mediante la Resolución 129/10 del 29 de marzo de 2010, terminaría por confirmar los cargos indicados, junto con los intereses devengados hasta la fecha del efectivo pago. A su vez, la misma dependencia aduanera adoptaría las Resoluciones 125/10 y 126/10; mediante la primera (125/10), confirmando lo estipulado por la nota 713/09 (AD SALT), se dispondría que todas las mercaderías exportadas desde el territorio general aduanero hacia zona franca, documentadas a través del régimen de destinación EC01, debían ajustarse a lo establecido por el art. 724 y cc. del C.A. y por la ley 24.331; a través de la segunda (126/10), confirmando lo establecido por la nota 727/2009, se exigiría el abono de los derechos de exportación adeudados como condición previa al pago de los reintegros correspondientes.
Frente a dicha situación, ALIMAR decidiría llevar a cabo dos tipos de acciones; por un lado, presentó el correspondiente recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación a los fines de obtener la revocación de la Resolución 129/10; por el otro, inició una serie de acciones ante la Justicia Federal salteña con el objetivo de verificar la legitimidad de las Resoluciones 125/10 y 129/10, y de lograr suspender la aplicación de lo estipulado por la Resolución 126/10. Debido a la cronología de la decisiones adoptadas en las diferentes instancias, y teniendo en cuenta la importancia de lo resuelto para el examen de la cuestiones involucradas en el presente caso, se detalla en primer lugar el análisis llevado a cabo por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en su sentencia del 16 de febrero de 2011, para luego centrar la atención en la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación del 11 de mayo de 2015.
XII. Las cuestiones planteadas oportunamente por ALIMAR ante la Justicia salteña llevaron a que, una vez agotada la primera instancia, la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente se viera obligada a analizar las siguientes tres cuestiones: a) si la conducta desplegada por la Aduana de Salta, y denunciada por la actora, terminó por vulnerar el instituto de la cosa juzgada; b) si la actora estaba obligada a respetar lo estipulado por la nota n° 713/09 (AD SALT), confirmada mediante la Instrucción General 125/10, en virtud de la cual se había dispuesto que, a partir del 4 de diciembre de 2009, se debía pagar los derechos de exportación correspondientes por todas aquellas mercaderías exportadas desde el territorio aduanero general hacia una zona franca y; c) si se aceptada la medida cautelar presentada por la actora a los fines de suspender lo estipulado por la Resolución 126/10.
En lo que respecta al primer punto, luego de recordar las conclusiones a las cuales había llegado el Juez en su sentencia del 14 de marzo de 2005, la Cámara terminaría por considerar que “[…] el accionar de la Administración exteriorizado a través de los cincuenta y nueve cargos por los que intimara al contribuyente al pago de los derechos de exportación por operaciones realizadas los últimos meses del año 2004 y enero de 2005 - calculando incluso los intereses resarcitorios hasta el año - viola el instituto de la cosa juzgada” (nuestro resaltado y subrayado). En efecto, la imputación de los cargos mencionados y los argumentos empleados para su implementación implicaban, indirectamente, reabrir el debate: a) con relación a si, por sus actividades de comercio exterior llevadas a cabo a través de la Zona Franca de Salta, ALIMAR se encontraba obligada a pagar derechos de exportación; b) con respecto a los fundamentos jurídicos a tener en cuenta para justificar dicha obligación y; c) a propósito de la vigencia o no de la Instrucción General N° 19/02 (SDG LTA); cuestiones, todas estas, que ya habían sido examinadas y resueltas oportunamente por el Juez de primera instancia.
En cuanto al instituto de la cosa juzgada, la Cámara remarcaría que éste constituye “[…] materia de orden público y tiene jerarquía constitucional (Fallos: 285:78), en tanto la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme reconoce fundamento en los derechos de propiedad y de defensa en juicio (Fallos: 319:2527) y que una decisión jurisdiccional una vez que ha pasado en autoridad de cosa juzgada “…vale no tanto porque sea justa, sino porque tiene para el caso concreto la misma fuerza que la ley, y los derechos que emanan de ella quedan incorporados al patrimonio de la persona a quien beneficia…” […]”. Así, la Cámara terminaría por afirma que, como resultado del fallo obtenido por la actora en esta causa, la Aduana no podía exigirle el pago de los derechos de exportación con relación a las operaciones efectuadas en los años 2004 y 2005.
XIII. En cuanto al segundo punto bajo análisis, el examen de la legalidad de la nota n° 713/09 (AD SALT) implicó necesariamente para la Cámara determinar el valor jurídico del fallo dictado por la CSJN en el caso Cremer. En efecto, a los fines de confirmar mediante la resolución 125/10 lo previamente comunicado a través de la nota n° 713/09 (AD SALT), la Dirección General de Aduana mencionaría como fundamento de su decisión, entre otra razones, lo afirmado por la Corte Suprema en su sentencia del 30 de junio de 2009. De esta manera, la determinación del valor jurídico del mencionado dictamen para el caso bajo examen se tornaría indispensable. Y para ello, la Cámara comenzaría por resaltar que la Corte Suprema debe ser considerada como la intérprete última de Constitución Nacional y de las leyes que rigen en la República; por lo que una vez que el Máximo Tribunal se expide, no puede mantenerse una interpretación opuesta a lo establecido por la misma norma si no media razones que así lo aconsejen.
Agregaría, a su vez, que lo decidido en dicho precedente adquiere especial relevancia en la causa bajo análisis, toda vez que la cuestión que se debatió no se circunscribió a un hecho que se produjera una sola vez en el tiempo, sino que se analizó la actividad exportadora de la actora en el ámbito de la zona franca, es decir, se examinaron actos que se reiteran cada vez que la accionante ingresa mercadería desde el territorio aduanero general a la zona franca para luego exportarla a terceros países. En razón de ello, la Cámara llegaría a afirmar que la interpretación que hace el más Alto Tribunal de las leyes a través de sus fallos, constituye, en rigor, una nueva fuente de derecho. Por consiguiente, en lo relativo al sub lite, resolver lo contario significaría no solamente apartarse de la letra, el espíritu y el sistema de normas aplicables, sino, además, consagrar, sólo por cuestiones formales, una situación de inequidad contraria al principio de igualdad consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional, en tanto ALIMAR se mantendría sine die instalada en la zona franca sin pagar derechos de exportación, mientras las demás empresas en igualdad de condiciones se encuentran pagando por cada operación de exportación a terceros países.
Es que, si bien la cosa juzgada posee jerarquía constitucional, sus efectos no pueden legitimar situaciones inconciliables con el orden público (Fallos: 323:2562). Sobre tales bases, la Cámara terminaría por concluir que “[…] toda vez que la Dirección General de Aduanas, a fin de modificar la situación en la que se encontraba la actora luego del fallo dictado por la Corte Suprema, no recurrió ante los Tribunales instando se analice tal circunstancia, corresponde que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulte aplicable a la actora recién a partir del presente decisorio” (nuestro resaltado y subrayado).
XIV. Finalmente, con relación a la tercera y última cuestión planteada, vinculada con el pedido de la medida cautelar sobre lo decidido por la resolución 126/10, la Cámara terminaría por desestimar lo solicitado debido principalmente al hecho de no contar con los datos suficientes como para expedirse respecto del planteo efectuado por la actora.
XV. En lo que respecta al recurso de apelación presentado ante el Tribunal Fiscal de la Nación en contra de lo estipulado por la resolución 129/10, la situación se desarrollaría de una manera particularmente diferente. Efectivamente, mediante la sentencia del 11 de diciembre de 2015, el Tribunal decidiría confirmar la mencionada resolución sobre la base, fundamentalmente, de la interpretación presentada por la CSJN en su fallo del 30 de junio de 2009. Para ello, afirmaría que “[…] cualquiera sea el criterio que se sustente sobre la hermenéutica del presente, la Corte Suprema ha declarado que [a pesar de decidir] en los procesos concretos que le son sometidos, y que sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a sus sentencias (Fallos: 25:365; 307:1094; 315:2386, entre otros)”.
A su vez, en cuanto al alcance finalmente otorgado al fallo del Juzgado Federal n° 2 de Salta, dictado el 14 de marzo de 2005, terminaría por manifestar “[…] que carecen de fundamento las resoluciones de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (entre otros, Fallos 307:1094 y sus citas)”. Lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación sería finalmente apelado por la actora ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Mediante su sentencia del 12 de septiembre de 2019, la Sala III resolvería revocar la sentencia apelada, admitir la cosa juzgada planteada por la actora y dejar sin efecto la resolución 129/10, sobre la base del examen realizado previamente por el Sr.
Fiscal Coadyuvante. En efecto, este último basaría su decisión principalmente en dos de los argumentos desarrollados por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en su sentencia del 16 de febrero de 2011. En primer lugar, resaltaría, una vez más, que el accionar de la Administración exteriorizado a través de los cincuenta y nueve cargos por los que intimara al contribuyente al pago de los derechos de exportación por operaciones realizadas los último meses del año 2004 y enero de 2005 – calculando incluso los intereses resarcitorios hasta el año 2009 – violaba el instituto de la cosa juzgada, para luego recordar que lo resuelto por la CSJN en la causa “Cremer y Asociados S.A. c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad” (Fallos: 332:1544), respecto de la constitucionalidad de la Instrucción General n° 06/2004 y el alcance que debe dársele a la expresión “exportación suspensiva” que emplea el art. 27 de la ley 24.331, era aplicable a la actora a partir del dictado de ese decisorio (es decir, a partir del 16 de febrero de 2011).
XVI. A pesar de las resoluciones adversas obtenidas tanto ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta como frente a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el Sr. Administrador de la Aduana de Salta resolvió, mediante su Resolución N° 327/2012 del 11 de octubre de 2012, a) no hacer lugar a la impugnación interpuesta por ALIMAR; b) confirmar los cargos 193 a 588/2010 AD SALT, por un monto igual a U$S 8.080.135,36, en concepto de derechos de exportación e intereses calculados hasta el 20 de mayo de 2010 e; c) intimar a la actora al pago del importe mencionado precedentemente dentro de los quince días de la notificación correspondiente.
XVII. Frente a los acontecimientos descriptos con anterioridad, la primera cuestión a examinar consiste en determinar si el actuar de la Administración de la Aduana de Salta, principalmente manifestado a través de la adopción de la mencionada Resolución N° 327/2012, se pudo haber afecto el instituto de la cosa juzgada.
XVIII. En lo que respecta a esta cuestión, la CSJN ha tenido oportunidad de destacar en forma reiterada que el respeto a la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional (Fallos: 307:1289). Así, la alteración de los derechos adquiridos que las leyes puedan llegar a disponer para asegurar el bien común, no puede alcanzar a la inmutabilidad de la cosa juzgada; la autoridad de la sentencia debe ser inviolable tanto con respecto a la determinación imperativa del derecho sobre el cual requirió pronunciamiento judicial, cuanto en orden a la eficacia ejecutiva de este último (Fallos: 209:405). La Corte llegó a explicar, a su vez, que de nada vale aducir que las leyes son de orden público, porque la estabilidad de la sentencia judicial es también exigencia del orden público, con jerarquía, además, de carácter constitucional (Fallos: 235:171 y 512).
En su momento, un voto de los jueces Oyhanarte y Aráoz de Lamadrid (Fallos: 243:467) consignaba que, sin duda alguna, toda sentencia ejecutoriada supone un derecho adquirido del que es titular la parte que con ella se beneficia, el que, cuando se lo considera en el plano constitucional tiene la índole jurídica de la propiedad lato sensu y se encuentra protegido por la misma garantía de la Ley Fundamental (art. 17). Por la misma época, la Corte afirmó que una resolución que implicara revisar y revocar una sentencia que posee fuerza de cosa juzgada “afectaría la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales, la que, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de seguridad jurídica, es exigencia del orden político y posee jerarquía constitucional” (Fallos: 243:306 y sus citas).
Años después se reiteraba que “la cosa juzgada judicial tiene jerarquía constitucional y no es susceptible de alteraciones ni aun por vía de la invocación de leyes de orden público (Fallos: 259:289 y sus citas)” (Fallos: 307:1289). La Corte añadiría que la inviolabilidad de la cosa juzgada se relaciona de modo inmediato con el principio de división de los poderes, pues se afectaría tal principio si el poder encargado de dictar la ley apareciese, mediante una intervención posterior alterando las decisiones del poder que la aplica (Fallos: 236:677; 307:1289); y que “[e]l carácter intangible de los pronunciamientos judiciales firmes tampoco es ajeno a la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de los derechos (art. 18 de la C.N.) pues la sentencia dictada en regular forma integra […] el debido proceso que dicha cláusula asegura a todos los habitantes del país (Fallos: 272:188, y sus citas; dictamen del Procurador General en Fallos: 252:356 y sus citas)” (Fallos: 307:1289).
XIX. En cuanto al planteo de la excepción de la cosa juzgada, la CSJN ha afirmado que la institución bajo examen exige, como condición previa, el examen integral de ambas contiendas a efectos de determinar si la sentencia firme ha decidido ya lo que forma parte de la pretensión deducida en estos autos (Fallos: 328:3299). A tal fin, la Corte recordó que la cosa juzgada busca amparar, más que el texto formal del fallo la solución real prevista por el juzgador (Fallos: 297:383; 298:673; 308:1150; 311:1458; 319:2527). Asimismo, manifestaría que si un derecho ha sido afirmado o negado en un proceso, habrá identidad de objeto, a los efectos de la cosa juzgada, si en un nuevo proceso se pone en cuestión el mismo derecho, aun cuando sea para sacar de él otra consecuencia que no hubiera sido deducida en el proceso originario (Fallos: 116:220 y 169:330). Por lo demás, el cambio de argumentación jurídica no transforma a la actual pretensión en una diferente, y que se sustenta en las mismas circunstancias de hecho (Fallos 308:1150; 328:3299).
XX. En el sub examine, la actora obtendría el 14 de marzo de 2005 una sentencia del Juzgado Federal de Salta N° 2 mediante la cual se declararía la inconstitucionalidad de la Instrucción General N° 06/2004; instrumento gracias al cual, como bien se analizó ut supra, se pretendía exigir el pago de derechos de exportación a todas aquellas entidades que ingresaran determinada mercadería desde el territorio aduanero general y hacia una zona franca para que, con posterioridad, esta misma mercadería (en estado original o luego de haber sido sometida a un proceso de transformación) fuera finalmente exportada desde la zona franca hacia terceros Estados. Para ello, ALIMAR haría uso de la acción detallada en el art. 322 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, en virtud del cual se encontraba en condiciones de deducir “[…] la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente”.
De esta manera, luego de haber realizado un análisis del ordenamiento jurídico vigente al momento de dictarse la sentencia, y de haber verificado la presencia de los requisitos expresamente estipulados por la norma, el Juzgado Federal de Salta N° 2 llegaría a concluir que “[…] la Instrucción General de la Dirección General de Aduanas, de septiembre de 2004 […] no solo contradice [el esquema legal vigente], sino que además, incursiona en una materia reservada al Congreso y más específicamente, a la Cámara de Diputados de la Nación […]”. Como resultado de ello, el juez de primera instancia terminaría por declarar la inconstitucionalidad de la Instrucción General N° 6/04 y su inaplicabilidad para el presente caso.
Así, a través de la decisión mencionada, y hasta tanto no fuera apelada por la parte perjudicada, se lograba eliminar de manera temporaria la “[…] incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica […]” en donde ALIMAR se encontraría nuevamente habilitada, sobre la base de lo estipulado por la Instrucción General N° 19/2002 (SDG LTA), a realizar las operaciones de exportación desde y hacia la Zona Franca de Salta sin verse frente a la obligación de pagar los derechos de exportación correspondientes. Como bien se mencionó oportunamente, la Instrucción General N° 19/2002 (SDG LTA) actuaría como una lex specialis frente a lo establecido por la Resolución N° 11/02 MEel y el Decreto 310/02.
Esta decisión pasaría a encontrarse firme y a poseer autoridad de cosa juzgada a partir de lo afirmado el 29 de diciembre de 2005 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta con respecto a la perención del recurso de apelación presentado oportunamente por la Dirección General de Aduanas.
XXI. A pesar de la vigencia de esta situación jurídica excepcional para ALIMAR, confirmada mediante una sentencia que gozaría, a partir del 29 de diciembre de 2005, de autoridad de cosa juzgada, la Administración de la Aduana de Salta decidió, mediante la Resolución N° 327/2012 del 11 de octubre de 2012, confirmar la obligatoriedad del pago por parte de la actora de los cargos 193 a 588, calculados durante el año 2010 sobre una serie de operaciones de exportación realizadas entre los años 2006-2007[1], por un monto igual a U$S 8.080.135,36 en concepto de derechos de exportación e intereses calculados hasta el 20 de mayo de 2010, más los intereses que se devenguen hasta la fecha del efectivo pago.
Para fundamentar su proceder, la mencionada entidad administrativa haría referencia no solo a los arts. 724 y cc. del Código Aduanero, a la ley 24.331, al Decreto N° 310/02 y a la Resolución N° 11/02, sino también al fallo dictado por la CSJN el 30 de junio de 2009 en los autos caratulados “Cremer y Asociados S.A. c/Estado Nacional s/acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”. De esta manera, según lo afirmado por la Administración de la Aduana de Salta, la legitimidad de la medida adoptada estaría justificada por un plexo normativo vigente y diferente a aquél oportunamente declarado inconstitucional y, por consiguiente, el instituto de la cosa juzgada no se vería afectado. Sin embargo, al analizar en detalle la Instrucción General N° 19/2002 (SDG LTA), y al comparar su contenido con lo resuelto por el Juzgado Federal de Salta N° 2 el 14 de marzo de 2005, se llega a observar una similitud entre los sujetos involucrados, el objeto de la acción y la causa comprendida.
En efecto, en ambas circunstancias, se encuentran implicadas tanto ALIMAR como la Administración de la Aduana de Salta (identidad en cuanto a los sujetos), el objeto de las resoluciones involucradas es determinar si la actora se encuentra obligada o no al pago de los derechos de exportación correspondientes (identidad en cuanto al objeto), y las razones o causas que dieron origen a ambas resoluciones se cristalizan en las operaciones de exportación realizadas por la actora desde y hacia la Zona Franca de Salta (identidad en cuanto a la causa). Así, al haber coincidencia entre las dos resoluciones con respecto a los tres elementos mencionados: sujetos, petitum y causa petendi, la autoridad de la cosa juzgada de la sentencia del 14 de marzo de 2005 se vería finalmente afectada.
Esta primera conclusión sería confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a través de su sentencia del 16 de febrero de 2011. Efectivamente, ésta llegaría a afirmar, con respecto a la Resolución N° 129/10, adoptada por la Administración de la Aduana de Salta el 29 de marzo de 2010, que “[…] el accionar de la Administración exteriorizado a través de los cincuenta y nueve cargos por los que intimara al contribuyente al pago de los derechos de exportación por operaciones realizadas los últimos meses del año 2004 y enero de 2005 - calculando incluso los intereses resarcitorios hasta el año - viola el instituto de la cosa juzgada” (nuestro resaltado y subrayado). Si bien las Resoluciones N° 129/2010 y 327/2012 confirman la imputación de cargos diferentes, es decir, importes calculados sobre operaciones de exportación realizadas en momentos distintos, la sentencia del 14 de marzo de 2005, al resolver a favor de la actora una acción que habría eliminado la “[…] incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica […]” mediante la declaración de inconstitucionalidad de la Instrucción General N° 6/2004, estaría alcanzando a todas las exportaciones que se hicieran desde la zona franca a partir del 14 de marzo de 2005, es decir, generaría sus efectos jurídicos hacia el futuro.
XXII. Resta entender, en segundo y último término, si el fallo dictado por la CSJN el 30 de junio de 2009 en los autos caratulados “Cremer y Asociados S.A. c/Estado Nacional s/acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad” podría legitimar lo dispuesto por la Resolución N° 327/2012. Como bien se tuvo oportunidad de examinar ut supra (considerando n° X), en dicha ocasión la Corte Suprema terminaría adoptando una posición contraria a lo afirmado por el Juzgado Federal de Salta N° 2, a través de su sentencia del 14 de marzo de 2005. En efecto, en el citado fallo, la Corte Suprema determinaría la constitucionalidad de la Instrucción General N° 06/2004 y presentaría el alcance que debiera darse a la expresión “exportaciones suspensivas”, empleada en el art. 27 de la ley 24.331. Así, concluiría que en ningún caso podría entenderse que el legislador haya pretendido excluir la aplicación de los derechos de exportación para la mercadería que se introdujera a la zona franca proveniente del territorio aduanero general o especial y que fuese ulteriormente exportada a terceros países.
XXIII. Si bien las sentencias adoptadas por los tribunales en nuestro sistema jurídico, inclusive aquellas pertenecientes a nuestra Corte Suprema, se constituyen como una fuente formal de derechos y obligaciones únicamente para el caso decidido, no es dable olvidar el deber de considerar a la CSJN como la intérprete última de nuestra Constitución Nacional y de las leyes que rijan en la República Argentina, por lo que una vez que ésta se expida, no puede mantenerse una interpretación opuesta de la misma norma si no mediasen razones que así lo aconsejen (Fallos: 307:1094; 315:2386). En efecto, el mantenimiento de la interpretación constitucional adoptada por parte de nuestro más Alto Tribunal es de fundamental importancia, tanto por cuestiones de seguridad jurídica, objetividad y autoridad de sus decisiones, como porque en caso contrario, la igualdad ante la ley se podría llegar a ver particularmente comprometida.
No obstante, a los fines de eludir cualquier efecto negativo que pueda acarrear cualquier cambio de jurisprudencia, las nuevas doctrinas judiciales solo deberían aplicarse hacia el futuro. Así lo supo entender la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en su sentencia del 16 de febrero de 2011, al verse frente a la necedad de constatar el valor jurídico del citado fallo con relación a los cargos oportunamente confirmados a través de la Resolución N° 129/2010 (ver ut supra, considerando XIII). En dicha ocasión, la Cámara terminaría por afirmar que “[…] toda vez que la Dirección General de Aduanas, a fin de modificar la situación en la que se encontraba la actora luego del fallo dictado por la Corte Suprema, no recurrió ante los Tribunales instando se analice tal circunstancia, corresponde que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulte aplicable a la actora recién a partir del presente decisorio” (nuestro resaltado y subrayado).
De esta manera, teniendo en cuenta que la mencionada sentencia tuvo lugar el 16 de febrero de 2011, solo se verían afectadas por la interpretación presentada por la Corte Suprema todas aquellas operaciones de exportación efectuadas por ALIMAR, desde la Zona Franca de Salta y hacia terceros países, a partir de la mencionada fecha. A contrario, las operaciones de exportación tenidas en cuenta para el cálculo de los cargos confirmados mediante la Resolución N° 327/2012, y llevadas a cabo durante los años 2006 y 2007, quedarían excluidas del ámbito de validez material de lo decidido por nuestro más Alto Tribunal el 30 de junio de 2009.
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución N° 327/2012, oportunamente dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Salta y, consecuentemente, dejar sin efecto los cargos, en concepto de derechos de exportación, y los intereses impuestos a ALIMAR.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución N° 327/2012, oportunamente dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Salta y, consecuentemente, dejar sin efecto los cargos, en concepto de derechos de exportación, y los intereses impuestos a ALIMAR.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese.
[1] Destinaciones 06 053 EC01 000008 B [06/01/2006], 06 053 EC01 000016 A [12/01/2006], 06 053 EC01 000017 B [12/01/2006], 06 053 EC01 000026 B [16/01/2006], 06 053 EC01 000033 W [18/01/2006], 06 053 EC01 000034 A [18/01/2006], 06 053 EC01 000038 E [19/01/2006], 06 053 EC01 000065 E [31/01/2006], 06 053 EC01 000074 E [06/02/2006], 06 053 EC01 000140 V [14/02/2006], 06 053 EC01 000156 F [17/02/2006], 06 053 EC01 000167 H [22/02/2006], 06 053 EC01 000168 X [22/02/2006], 06 053 EC01 000195 X [01/03/2006], 06 053 EC01 000315 C [03/04/2006], 06 053 EC01 000319 G [03/04/2006], 06 053 EC01 000394 J [03/05/2006], 06 053 EC01 000407 E [10/05/2006], 06 053 EC01 000471 F [31/05/2006], 06 053 EC01 000486 L [07/06/2006], 06 053 EC01 000502 A [12/06/2006], 06 053 EC01 000505 D [12/06/2006], 06 053 EC01 000507 F [13/06/2006], 06 053 EC01 000515 E [14/06/2006], 06 053 EC01 000516 F [14/06/2006], 06 053 EC01 000523 D [15/06/2006], 06 053 EC01 000526 G [16/06/2006], 06 053 EC01 000528 X [16/06/2006], 06 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Date: 2022.09.28 20:19:26 ART Date: 2022.09.28 20:33:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.28 20:34:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.28 20:35:22 -03:00
Fin de la sentencia