Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación deducido por el Sr. C. M. A., imponiendo las costas de esta instancia al apelante vencido.-
2Confirmar la providencia recurrida en lo que ha sido materia de agravios.-
3Remitir copia de las presentes (previa anonimización) al Observatorio de Sentencia con Perspectiva de Género de la Oficina de Género dependiente del Tribunal Superior de Justicia. A tal fin, ofíciese.-
4Diferir la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a eta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior.
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERÍA DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL TOMO: CXXXVIII REGISTRO: 18.678 FOLIO: 182/186
Río Gallegos, 21 de septiembre de 2023.-
Estos caratulados: “C. M. A. en autos: ‘A. C. N. C/ C. M. A.
S/alimentos- Expte. N° X-*****/14’ S/incidente de apelación en relación y con efecto no suspensivo”, Expte. N° C-*****/22 (*****/22), venidos del Juzgado de Primera Instancia de Familia N° Uno, Secretaria N° Uno, con asiento en esta ciudad al Acuerdo para resolver, y;
I. Vienen las presentes actuaciones a tratamiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a PE*****-2022 (C.V.:…) del expediente principal y fundado mediante PE*****-2022, (C.V.:…), por M. A. C. , contra la providencia de PE*****-2022 (C.V.:…) mediante la cual se dispuso que: “…no hay en este estadio procesal motivos que reviertan las medidas cautelares dispuestas, respecto del retiro de licencia de conducir al Sr. C. M. A. teniendo en cuenta los antecedentes del caso, los cuales no han sido subsanados en pos del beneficio superior de S. M. C. , viéndose obligada la actora a instar acción alimentaria a favor de su hijo contra el abuelo paterno…”.-
II. De aquella decisión se agravia la parte demandada incidentista, pues considera injusto que el a quo no haya efectuado el levantamiento de la medida cautelar conforme fuera solicitado.-
Destaca que su parte en ningún momento ha negado la procedencia del reclamo alimentario ni ha pretendido justificar el incumplimiento.-
Dice que es una situación no deseada por su parte, la que se explica en la falta de poder conseguir un trabajo que le permite cumplir con dicho deber.-
Manifiesta que ante la posibilidad de conseguir un empleo remunerado, por el cual obtendría ingresos reales y continuos, es que solicitó la aplicación de esa norma de excepción que la Ley Provincial N° 2855 contempla, la que dispone en su artículo 6: “…que quien solicite licencia de conducir para trabajar ante las Direcciones de Tránsito de las diversas localidades de la provincia, estará exceptuado del impedimento de obtener licencia o permisos previstos en el artículo 4. Para este tipo de situaciones dice la norma que se otorgará una licencia provisoria por cuarenta y cinco (45) día con obligación de regularizar la deuda existente dentro de dicho plazo para obtener la definitiva.”.-
Agrega que : “El legislador dejó esta posibilidad a fin de evitar una prohibición en si misma, que conllevaría a un círculo vicioso de que el incumplidor de este modo nunca podrá cumplir con la satisfacción de ese deber, pues no podrá acceder a un empleo formal remunerado.”.-
Por último, entiende que el a quo se ha apartado injustificadamente de la manda jurídica, no ha apelado a una pauta de interpretación y aplicación de derecho que tiene anclaje constitucional (cfr. arts. 14, 28 y 31 de la Constitución Nacional), lo que requiere que el magistrado la adecue a los principios de legalidad y debido proceso, esto significa, que la decisión no sea arbitraria o carente de sustento; por el contrario, debe estar motivada en los hechos, en las circunstancias que la impulsan y en derecho.-
III. A modo de proemio corresponde señalar que el presente recurso fue deducido en el marco de un juicio de alimentos promovido a instancias de la Sra. A. C. N., a favor de su hijo S. M. C. - Es preciso recordar que mediante providencia del día 03/12/2014, el magistrado, resolvió condenar al Sr. C. M. A. a que abone mensualmente en concepto de cuota alimentaria provisoria la suma de pesos $2.500, dicha suma actualizable semestralmente en un 10% (v. fs. 26 y vta.) .-
En virtud de los reiterados incumplimientos sistemáticos por parte del Sr. C. M. A. frente a sus obligaciones alimentarias, la parte actora solicitó las siguientes medidas cautelares: 1) Inscribiendo al demandado en el Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Santa Cruz, 2) Suspender su licencia de conducir, 3) La prohibición de salir del país (ver fs. 90 vta. Y 91 y vta., 13/07/2018).-
Medidas que luego fueron concedidas por el Juez mediante providencia de fecha 22 de noviembre de 2018 y recurridas luego por el Sr. C. M. A. (ver fs. 107/108).-
En estos términos quedó circunscripta la cuestión a resolver.-
IV. El art. 550 del Código Civil y Comercial de la Nación: dispone lo siguiente: “Puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenido. El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes.”.-
La norma ofrece la posibilidad de adoptar medidas asegurativas del pago de alimentos hacia el futuro, cualquiera sea su naturaleza (provisionales, definitivos o fijados por el convenio).-
Así se ha dicho que: “La cuestión de la eficacia de las resoluciones judiciales que condenan al pago de una cuota alimentaria es siempre un motivo de preocupación de todos los operadores jurídicos (…) Con excesiva frecuencia, los obligados son remisos a su cumplimientos o incurren en el incumplimiento liso y llano (…) Resulta innecesario señalar los graves problemas que este comportamiento acarrea a quienes necesitan esa cuota para atender a sus necesidades vitales, entre ellos, y muy especialmente los niños. El incumplimiento alimentario es un flagelo de la comunidad que muchas veces responde a cuestiones que trascienden el problema económico. Implica un profundo problema cultural derivado de la falta de conciencia personal y social sobre el real prejuicio que provoca la renuncia al cumplimiento. En efecto, ‘los trastornos y angustias que provoca la morosidad del alimentante erosionan de manera imprevisible pero cierta la salud de los beneficios. Casi podría hablarse de la existencia de un plazo existencial, pues debe expresarse claramente que los prejuicios derivados de lo que no se comió, abrigó, aprendió o divirtió en su momento difícilmente puedan ser reparados integralmente y, menos aún, sin secuela.’ (…) La doctrina y la jurisprudencia han estructurado diferentes estrategias para garantizar al creador alimentario la satisfacción de su derecho tratando de recurrir a vías rápidas y lo menos complicadas posibles, ya que ‘los alimentos son siempre urgentes’.” (cfr. Aída Kemelmajer de Calucci Marisa Herrera, Nora Lloveras, Tratando de Derecho de Familia, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, T° II, págs. 355/357).-
A su vez el artículo 553 del citado cuerpo normativo dispone expresamente las facultades de la judicatura para imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia, herramienta que debe interpretarse conjuntamente con el artículo 550 antes mencionado.-
En consecuencia, se puede vislumbrar que esta normativa ofrece la posibilidad de aplicar las medidas que se consideren más apropiadas a fin de obtener el cumplimiento de la prestación alimentaria, conforme lo ha hecho el magistrado.-
Ahora bien el recurrente pretende dejar sin efecto la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios. Se funda para ello en lo estipulado por el art. 6 de la ley N°2855 que ofrece la posibilidad a quien solicite licencia de conductor para trabajar de obtenerla de forma provisoria por 45 días con la obligación adecuada dentro de dicho plazo para obtener la definitiva.-
En las presentes actuaciones ha quedado acreditado el incumplimiento reiterado de la cuota alimentaria provisoria oportunamente fijada, tal es así que la progenitora ha tenido que iniciar un juicio de alimentos en contra el padre del aquí recurrente. Extremo este último reconocido por el demandado en su escrito obrante a PE*****-2021 (C.V.:…).-
El incumplimiento del obligado compromete: a) el derecho del beneficiario a un nivel de vida adecuado conforme lo prevé el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y b su interés superior confirme el artículo 3 de la citada Convención.-
Con respecto al requisito que esgrime el señor C. M. A. para la aplicación del art.6 de la ley N° 2855, no existe prueba alguna para poder analizar el mismo.-
Así, salvo el correo electrónico que el apelante adjunta al PE****2021 (C.V.:…) que data del 04/10/2021, no se ha acreditado ningún otro avance en relación a la posibilidad cierta de acceder a un trabajo que tenga como requisito la licencia de conducir. Este e-mail da cuenta de una entrevista laboral en su carácter de postulante para el 15 de octubre de ese mismo año, sobre cuyos resultados no se dio noticia alguna en el expediente.-
Así las cosas, nada hace pensar hasta el momento que el Sr. C. M. A.- en caso de levantarse la inscripción de el registro de deudores alimentarios- generaría la posibilidad de obtener un empleo registrado con ingresos reales.-
A ello corresponde agregar que no hay en autos acreditación del cumplimiento de la cuota alimentaria que se encuentra vigente como tampoco una propuesta de pago.-
En virtud de lo expuesto corresponde rechazar los agravios formulados por el recurrente, ya que no se advierte viable el levantamiento de la inscripción en el registro de mororos, dado que el deudor no ha demostrado cumplimiento efectivo hasta el momento y esa conducta se mantiene hasta la actualidad.-
Cabe señalar que se dicho: “En tanto y en cuanto las medidas dispuestas implican una clara restricción a la libertad de tránsito, se entiende que deben ser ordenadas hasta tanto el progenitor alimentante demuestre encontrarse al día con las obligaciones alimentarias a su cargo de modo tal que pueda valorarse positivamente su conducta en relación al devengamiento futuro de esa obligación y así poder evaluar una revisión del presente resolutivo, disponiendo el cese de una o todas las medidas o su modificación o alcance. En efecto, se estima que la calidad y carácter de los derechos en juego, esto es la asistencia y el desarrollo integral de los hijos como parte del ejercicio que conlleva la responsabilidad parental, resulta por demás justificativos y de una suficiencia tal que toman admisible la totalidad de las medidas coercitivas pretendidas. Ello así al unísono y de manera complementaria por el modo que se avizora como el más razonable para completar al alimentante a modificar su conducta incumplidora en lo inmediato.” (cffr. “Y., M.D. y otro s. Solicita homologación”; Juzg. Fam. 6 Nom., Córdoba; 23/11/2021; Rubinzal Online; RCJ 8922/21).-
V. Por último, no ha pasado desapercibido a esta Excma. Cámara que la falta de cumplimiento del progenitor con deberes esenciales respecto de su hijo, vulnerando derechos humanos básicos de uno de los grupos más desprotegidos de la sociedad, importa además ejercer violencia de género de tipo económico en contra de la progenitora, en los términos del art. 5 de la ley N° 26.285 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.-
Por lo que se desprende de las presentes actuaciones la Sra. A.C.N. ejerce de manera exclusiva la custodia de su hijo S. y la totalidad de las tareas de cuidado del niño, ante la ausencia de su progenitor. En marco socio-cultural actual y en razón de las obligaciones estatales asumidas por la Argentina en todos sus niveles a partir de la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (en especial CEDAW, art. 5 incs. A y b, Covención de Belm Do Pará y las 100 Reglas de Brasilia para el acceso a la Justicia), tal conducta resulta inadmisible, puesto que contribuye a reforzar roles tradicionales de género que nada tienen que ver con elecciones de vida ejercidas en igualdad de condiciones al que aspira nuestro sistema constitucional-convencional.-
VI. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el Sr. C. M. A., confirmando la providencia en crisis e imponer las costas de esta instancia al apelante perdidoso (cfr. art. 68 del C.P.C y C.) Difiérase la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior (cfr. art. 24 de la ley N° 3330).-
Por ello, habiéndose cumplimentado con la intervención del Sr. Defensor Público Oficial antes este Cuerpo a PE*****-2022, código de validación:…, la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,
1. Rechazar el recurso de apelación deducido por el Sr. C. M. A., imponiendo las costas de esta instancia al apelante vencido.-
2. Confirmar la providencia recurrida en lo que ha sido materia de agravios.-
3. Remitir copia de las presentes (previa anonimización) al Observatorio de Sentencia con Perspectiva de Género de la Oficina de Género dependiente del Tribunal Superior de Justicia. A tal fin, ofíciese.-
4. Diferir la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a eta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior.
Atento existir conformidad de opiniones se suscribe la presente conforme lo estable el art.44 de la Ley N° Uno (testo según Ley N°2345).- Carlos E. Arenillas PRESIDENTE Eduardo Gabriel López JUEZ Ma. Carlota Gutiérrez Meyer SECRETARÍA
Fin de la sentencia