Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la parcela de la sentencia apelada, debiendo en la instancia de origen practicarse la regulación de honorarios del defensor oficial ad hoc, sin dilación (arts. 3 del CCyCN; 161 inc. 1 CPCC; 91 Ley 5.827; 15 Const. Provincial; 14 bis ; 17 Const. Nac.; Ac. 2341/89 -texto según Ac. 3391 y 3912/18- SCBA).
Expte. Nº 98655: OROÑO, MARIA DE LOS ANGELES C/ SANCHEZ, JULIO ADRIAN S/ ALIMENTOS
I. Viene la causa a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto el 30/5/20 contra la sentencia del 21/11/18 y el proveído del 24/4/20 -que remite a aquélla-, el que fue concedido en relación por este Tribunal el 16/7/20 y fundado el 20/7/20.
El juez de grado -en lo que aquí interesa- dispuso que en relación a los honorarios del Dr. Santa Eugenia -acompañado que sea el beneficio de ligar sin gastos se proveerá-.
De ello se agravia el letrado apelante, con base en afirmar que no corresponde anteponer la condición de haber obtenido el beneficio de litigar sin gastos para regular sus honorarios profesionales, pues ha denunciado la pérdida de contacto con su representada, lo que torna imposible la concreción de aquél.
II. En el caso el apelante asumió el patrocinio letrado de la accionante en carácter de defensor oficial ad hoc , encuadrándose su actuación en lo reglado por el art. 91 párr. 6 de la ley 5.827 y por la Acordada 2341/89 (texto según Ac. 3391 y 3912/18) de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Sentado ello, de forma preliminar se advierte que la parcela de la sentencia apelada adolece de la debida fundamentación en ley vigente (art. 3 del CCyCN; 161 inc. 1 CPCC)).
Más allá del tal déficit, condicionar la regulación de honorarios por una labor otrora desarrollada a una contingencia que la ley no prevé, se aprecia como una arbitrariedad que resulta inadmisible por ser contraria a normas de rango superior (arts. 14 bis y 17 Const. Nac.) y al carácter alimentario que reviste la contraprestación profesional (doctr. art. 1 Ley 14.967).
Máxime cuando se trata de emolumentos devengados por trabajos desplegados en un proceso judicial, es decir, que su intervención como defensor oficial ad hoc ha sido a su debido tiempo admitida y convalidada por el órgano jurisdiccional.
Dicho de otro modo, si se le permite actuar a un abogado en carácter de defensor oficial de un litigante en un proceso judicial determinado (arts. 91 Ley 5.827 y 56 CPCC), una vez cumplida la labor profesional encomendada y devengado el honorario, resulta irrazonable sujetar su determinación y posterior percepción a la consecución de un resultado que le es ajeno.
Téngase en cuenta que la carta de pobreza no la procura ni obtiene el letrado por derecho propio (sin perjuicio de asumir la carga de su gestión -art. 33 Ley 14.442-), sino el propio patrocinado beneficiario (art. 78 CPCC), resultando imposible de modo razonable, asegurar su obtención en todos los casos.
A todo evento, los recaudos exigibles para la designación de un defensor oficial deberán verificarse y en su caso extremarse, con carácter previo a admitir su actuación profesional efectiva (art. 91 pár. 1º Ley 5.827); mas una vez desplegado el trabajo encomendado, no resulta ajustado a derecho retacear la determinación de los correspondientes honorarios.
En resumidas cuentas, corresponde revocar la parcela de la sentencia apelada en tanto supedita sin sustento legal la determinación de los honorarios profesionales correspondientes a la actuación del defensor oficial ad hoc (art. 91 Ley 5.827), a la obtención a favor de su patrocinada del beneficio de litigar sin gastos definitivo (art. 84 CPCC).
III. A los efectos que se estime corresponder, póngase la presente en conocimiento del Sr. Defensor General Departamental (art. 92 Ley 5.827, t.o. Ley 10.612).
En atención a los argumentos dados, este Tribunal RESUELVE: Revocar la parcela de la sentencia apelada, debiendo en la instancia de origen practicarse la regulación de honorarios del defensor oficial ad hoc, sin dilación (arts. 3 del CCyCN; 161 inc. 1 CPCC; 91 Ley 5.827; 15 Const. Provincial; 14 bis ; 17 Const. Nac.; Ac. 2341/89 -texto según Ac. 3391 y 3912/18- SCBA).
Regístrese. Radíquense las actuaciones en la instancia de grado.
Firmas
Funcionario Firmante: 10/12/2020 08:32:17 - DABADIE María Rosa - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/12/2020 09:01:41 - JANKA Mauricio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/12/2020 09:32:29 - Gaston Cesar Fernandez - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia