Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia— En el Acuerdo celebrado quedó establecido que la sentencia apelada es sustancialmente justa, por lo que debe ser confirmada con la salvedad indicada en el Considerando III. vi. respecto del Dr. A.A.G. Costas de Alzada al alimentante vencido (art. 68 del CPCC), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad. (Ley 14.967)
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES, corresponde con los salvedad indicada en el Considerando III.vi. con relación al Dr. A.A.G, confirmar la apelada sentencia. Las costas de Alzada se fijan al alimentante vencido (art. 68 del CPCC), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (Ley14.967).
B.B.A.J C/ N.P.M S/ ALIMENTOS
Exp: LZ-21363-2024 Jz Flia. N°2 (man/a.s.)
En la ciudad de Lomas de Zamora, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20 y 3975/20), reunidos en Acuerdo ordinario los señores jueces que integran esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia, Sala I, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctores Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi, con la presencia del Secretario actuante, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa LZ-21363-2024, caratulada: "B.B.A.J C/ N.P.M S/ ALIMENTOS"; y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, del mismo Estado, la Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes:
—C U E S T I O N E S—
1º.- ¿Es justa la sentencia dictada?
2º.- ¿Qué corresponde decidir?
Practicado el sorteo de ley (art. 263, última parte, Código Procesal), arrojó el siguiente orden de votación: doctores Carlos Ricardo Igoldi y Javier Alejandro Rodiño.
—V O T A C I O N—
A la primera cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi dice:
I. Que la señora Jueza titular del Juzgado de Familia Nro. 2 de este Departamento Judicial dictó sentencia en fecha 04/11/2025 haciendo lugar a la demanda promovida por la señora B.A.J.B —en representación de su hijo adolescente T.G.N— condenando al demandado, señor P.M.N, al pago de una cuota alimentaria equivalente al 30% de los ingresos que por todo concepto perciba en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previa deducción de los descuentos obligatorios de ley con más el salario familiar, la ayuda escolar y la obra social (sumas que no podrán resultar inferiores al 60% del valor del indice de crianza correspondiente a la franja etaria de 6 a 12 años). Asimismo, dispuso que la actora debía practicar la correspondiente liquidación a fin de determinar el monto de los alimentos devengados desde la interposición de la demanda (fecha 15/5/24) hasta la fecha del presente pronunciamiento. Impuso las costas del proceso al alimentante vencido. Por último, ordenó al demandado —y a su letrado— realizar un curso de masculinidades (u otro de similares características) orientado a la reflexión y deconstrucción de estereotipos de género, en la municipalidad correspondiente a su domicilio, bajo apercibimiento de imponer una multa equivalente a 1 cuota alimentaria, extremo que debía acreditarse en el plazo de quince días.
Dicho pronunciamiento es recurrido por la parte demandada y por su letrado —por propio derecho— con fecha 05/11/2025, habiendo presentado el correspondiente memorial con fecha 13/11/2025. Corrido el pertinente traslado, este no mereció réplica de la contraria.
Así, con fecha 16/04/2026 se llamaron autos para dictar sentencia, pronunciamiento que se encuentra firme y consentido, y autoriza el dictado de la presente.
—DE LOS AGRAVIOS—
II. En primer lugar, el demando se agravia de la sentencia dictada con relación a la consideración de violencia de genero en su responde e imposición de accesorios, señalando que tal resolutorio refleja una interpretación desacertada y errada de la defensa expuesta al contestar demanda. Entiende que analizar y catalogar la defensa realizada como peyorativa de la mujer importa una limitación inadecuada del ejercicio profesional y del derecho de defensa.
Señala que una visión parcial de la cuestión impidió ver a la magistrada que, a contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, la defensa partió precisamente de reconocer y valorar la circunstancia de que la madre del jóven puede acceder al mundo laboral y colaborar en mejor medida con sus obligaciones alimentarias, lo que bajo ninguna circunstancia puede ser considerado como un argumento violento o discriminatorio.
Expone que en la audiencia del art 636 del CPCC efectuó un ofrecimiento del 25% de sus ingresos como cuota alimentaria, lo cual coincide con la cuota fijada provisoriamente por el a quo, señalando que tal ofrecimiento y reconocimiento precisamente parte de asumir las obligaciones parentales, y lejos esta de consolidar una postura de violencia económica o contra la actora como entiende la a quo.
En segundo lugar, se agravia del quantum de la cuota establecida, señalando que no se ponderó sus condiciones particulares y constancias de autos. Señala que no se hizo un análisis adecuado de los hechos expuestos por su parte, sus enfermedades (diabetes y diagnostico psiquiátrico), la existencia de otras cargas de familia así como su contexto socioeconómico. En tercer lugar, se agravia de que se haya dispuesto el pago de las diferencias de cuotas alimentarias retroactivamente y que se haya ordenado la retención directa de su salario Por último, se agravia de la imposición de costas a su cargo.
—CONSIDERACIONES DE LAS QUEJAS—
III. i. Para un mejor orden de estudio procedere a referirme en primer término a los agravios dirigidos contra el monto de la cuota alimentaria establecida así como respecto a su modalidad de pago, para luego ingresar en el análisis de las quejas referidas a lo resuelto con relación a la existencia de violencia de género en los términos vertidos al contestar la demanda y la imposición de accesorios para su superación.
III. ii. Adentrándome entonces en el tratamiento de los agravios sobre el quantum de la cuota alimentaria fijada, cabe recordar que esta prestación es uno de los deberes que se impone a los progenitores como contenido de la responsabilidad parental, y que no está sujeta a prueba directa de los gastos generados para su atención, pues ello resulta evidente. La ley sustantiva prescribe que ambos progenitores están obligados a satisfacer los requerimientos materiales y espirituales de sus hijos (art. 658 del C.C. y C.).
Ahora bien, el artículo 659 del Código Civil y Comercial dispone, tal como lo señalaba desde antiguo nuestra jurisprudencia, que los alimentos deben ser proporcionales a las posibilidades económicas de quien está obligado a satisfacerlas y a las necesidades del alimentado. Es que aunque la cuota se establezca en un porcentaje de los ingresos o en una suma fija, el análisis que conduce a ello no debe fundarse en meros cálculos aritméticos, sino que son las múltiples circunstancias atinentes a as necesidades del reclamante y también las propias necesidades del alimentante, las que en cada caso, deben ser analizadas con prudente criterio por el juez, para estimar el monto adecuado de la cuota. (BOSSERT, Gustavo A., Régimen jurídico de los alimentos, Astrea, CABA 2006, p. 455).
Por otro lado, a los fines de determinar la cuantía de la cuota mensual, es posible destacar el compromiso asumido por parte del progenitor que convive con el hijo, teniendo en cuenta que éste efectúa a diario una contribución en especie, ya que tiene a su cargo el cuidado y supervisión directa de aquél, labores éstas que si fueran asumidas por terceros serían valuables económicamente.
Tal extremo se ve plasmado en el art. 660 del CCyCN en cuanto expresa que las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tiene un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Se trata de una forma de obligación en especie que propicia la igualdad real entre el hombre y la mujer que instituye la CEDAW. (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Herrera, Marisa y Lloveras, Nora, "Tratado de Derecho de Familia", Ed. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2014, t. IV, p.162). Esta norma evidencia la incorporación a la legislación civil de la perspectiva de género, resignificando el valor económico del rol del cuidado. Este valor atribuido a la labor en el hogar es una forma de prestación en especie (art. 659), que ya ha admitido la ley argentina.
Es importante que en una época en la que todavía la mayor parte del trabajo en el hogar suele recaer bajo la responsabilidad de las mujeres (y no porque no tengan actividad laboral fuera del hogar) se reconozca la importancia y el aporte económico que significa para la familia ocuparse cotidianamente de las tareas del hogar (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Marissa Herrera y Nora Lloveras, Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014, t. IV, págs.161/162, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014).
Cabe destacar también que no existe norma acerca del modo en que judicialmente, habrá de fijarse la cuota alimentaria, siendo el criterio que preside los alcances de la obligación que la misma debe estimarse objetivamente en proporción a las posibilidades económicas de quien está obligado a satisfacerla y a las necesidades del alimentado. Es decir, la prestación debe guardar razonable proporción con los ingresos del alimentante y el nivel de vida de las partes.
Arribados a este punto, corresponde señalar que el objeto de los presentes se circunscribe a la fijación de la cuota alimentaria que resulte adecuada para el adolescente T.G de 18 años de edad .
Si bien existe controversia con relación a la frecuencia del régimen de comunicación paterno filial, lo cierto es que las partes resultan contestes respecto a que su cuidado principal se encuentra a cargo de la actora. Por otra parte, con relación al caudal económico del demandado, he de destacar que de las constancias de la causa surge que el progenitor desarrolla actividades en el Gobierno de la Ciudad de Bs As, percibiendo, conforme surge del recibo de haberes correspondiente al mes de junio de 2024, la suma de $1.247.639,95 con más $23.460 en concepto de ajuste. Y si bien la existencia de otras obligaciones alimentarias debe ser tomada en cuenta, no puede dejar de recordarse que desde una clásica doctrina y jurisprudencia —que comparto— se ha dicho que ello no determina que la obligación alimentaria desaparezca, ni que el hecho de haber tenido otros hijos permita ir en desmedro del derecho alimentario de los hijos que han reclamado u obtenido la fijación de una cuota. (CNCiv., Sala A, 26/11/96, LL, 1997-C-973; íd., Sala C, 6/2/96 ED, 167-480; CNCiv. Sala A, 23/11/98, ED, 185-658; Bossert, G., "Régimen Jurídico de los alimentos", Astrea, p. 230-231).
Teniendo en cuenta los parámetros arriba indicados y el análisis efectuado, observo que la cuota alimentaria fijada en la instancia de grado resulta suficiente a los fines de brindarle al adolescente T.G un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y que tal como ha quedado demostrado la capacidad económica del alimentante resulta proporcionada para cubrir la misma.
En consecuencia, he de proponer al Acuerdo la confirmación de lo resuelto en la instancia de grado con relación al quantum de la cuota alimentaria fijada.
III. iii. Ingresando ahora en el análisis de los agravios dirigidos a lo dispuesto respecto de las cuotas devengadas, he de adelantar que dichas críticas no pueden ser acogidas atento que el propio art. 669 del Código Civil y Comercial prescribe que "Los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente...". Es decir, de la propia norma contenida en la ley de fondo surge la retroactividad de la sentencia que fija la cuota alimentaria (en ig. sent. art. 548 del CCyC).
En igual sentido, la nueva ley 15.513 modificó el art. 641 estableciendo expresamente que "(...) El plazo para dictar sentencia es de cinco (5) dias de producida la prueba ofrecida por la parte actora y tiene efectos retroactivos a la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado en modo fehaciente (...)".
En el caso de autos, la señora Juez a quo al momento de decidir entendió que la retroactividad de los alimentos devengados debían extenderse al día de la interposición de la demanda, por lo que resultando ello la efectivización de los lineamientos antes enunciados, es que corresponderá rechazar los agravios esgrimidos al respecto.
III. iv. En lo tocante a la retención directa de la cuota alimentaria cabe precisar que esta medida consiste en la orden que el magistrado impone al empleador de retener mensualmente de los haberes de su empleado/alimentante las sumas o porcentajes correspondientes a la cuota alimentaria fijada, debiendo luego depositar dichos montos en una cuenta en beneficio del alimentado.
Asi, y aún sin mediar incumplimientos, es posible disponer tal medida oficiando a la empleadora del alimentante a efectos de que mensualmente haga el depósito judicial respectivo.
Es que esta no debe ser considerada una medida cautelar sino simplemente una modalidad que tiende a hacer más regular y seguro el procedimiento de cobro de la cuota. En este sentido, varios tribunales han resuelto que el descuento de sueldo no constituye un embargo y debe mantenerse para asegurar la efectividad y continuidad de la percepción de las cuotas alimentarias. A su vez se destaca que esta forma de cobro no hace más gravosa la obligación que pesa sobre el alimentante, sino que tiende a la agilización del pago, de manera que ante la ausencia de un perjuicio concreto para el obligado se suma el indudable beneficio para el alimentado que deriva de la más puntual y exacta percepción de la pensión alimentaria (cfr. Gonzalo Javier Gallo Quintian; Gabriel Hernan Quadri]; Procesos de Familia; La ejecución y el cumplimiento de las decisiones judiciales; Tomo II; pág. 916; ed. La Ley, año 2019). Sentado todo cuanto antecede, entiendo que lo decidido en la instancia de grado en tal sentido se encuentra ajustado a derecho, correspondiendo, en consecuencia, su confirmación.
III. v. Respecto a la queja sobre la forma en que se han establecido las costas del juicio, cabe destacar que en los procesos de alimentos, como regla general, es el alimentante quien debe cargar con las mismas, pues de lo contrario se desvirtuaría la esencia de la prestación al gravarse cuotas cuya percepción íntegra se presume como una necesidad de subsistencia (art. 68 CPCC).
Al respecto, explica el reconocido doctrinario Kielmanovich que dicha regla general resulta lógico corolario de la especial naturaleza de la materia controvertida, principio que incluso rige —en ausencia de acuerdo de partes— en caso de arribarse a una conciliación o transacción, tanto en los supuestos de determinación judicial como voluntaria de la pensión. (Kielmanovich, J. L., "Derecho Procesal de Familia", Lexis Nexis - Abeledo Perrot, Buenos Aires 2007, ps.129/130).
En el caso de autos, tratándose de una materia tan particular como lo es el proceso alimentario, considero justo mantener las costas a cargo del alimentante a los efectos de no gravar la pensión obtenida (art.68 CPCC). En consecuencia, he de proponer al acuerdo la confirmación del resolutorio apelado.
III. vi. Arribados a este punto, corresponde ingresar en el análisis de los agravios relativos a la medida dispuesta por la señora jueza a quo, por la cual se ordenara al demandado y a su letrado patrocinante la realización un curso de masculinidades orientado a la reflexión y deconstrucción de estereotipos de género, a acreditarse en el plazo de quince (15) días, bajo apercibimiento de imponer una multa equivalente a una (1) cuota alimentaria. No obstante haber el demandado recurrido dicha manda, no puede dejar de observarse que mediante escrito de fs. 166 ha manifestado la realización y aprobación del curso de masculinidades ordenado (v. escrito del 13/11/25 pto.2); por lo que el tratamiento de la queja a su respecto ha devenido abstracto.
Ahora bien, distinta consideración habré de seguir respecto de los agravios expuestos por el letrado patrocinante, quien recurrió la medida por derecho propio, pues entiendo que estos merecen un abordaje particular. Es que, para decidir como lo hiciera, la señora jueza de la anterior instancia afirmó que el demandado —con el patrocinio letrado del recurrente— expuso al contestar demanda que ".. La realidad de los hechos es que la actora se encuentra en mejores condiciones tanto personales, de salud como económicas para soportar una mayor carga en los alimentos de nuestro hijo T. no solo porque tiene mayores ingresos, sino porque además no padece de ninguna enfermedad crónica y no tiene a su cargo a ningún otro pariente al que deba alimentos a contrario del suscripto que como dije soy insulino dependiente, me han diagnosticado ataques de pánico y mi madre y mi otro hijo dependen también de la asistencia y responsabilidad entre parientes que puedo brindarles....
Es la actora la que tomó la decisión, además, de irse a vivir a mas de 45/50 km del que fuera nuestro hogar familiar y la que toma todas las decisiones sobre la vida de nuestro hijo sin consultarme por lo que es ella la que decide qué, cómo y cuánto gastar en su alimentación y educación tal es asi que es ella quien decidió enviar a nuestro hijo a un colegio privado inconsultamente sin importar si podría pagarlo o no"; afirmaciones éstas que calificó de "ofensivas" y "estigmatizantes" para la contraparte. Sentado ello, estimo propicio comenzar recordando que el derecho de defensa constituye un derecho constitucional y convencional vinculado a la garantía del debido proceso (art. 8 CADH, art. 18 CN) entendido este último como el proceso legal por medio del cual un justiciable puede hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables.
(CorteIDH, OC-16/99 párr. 117). Así, el debido proceso en general, tiene entre sus pilares fundamentales el principio de la igualdad de todas las partes procesales para ejercer su derecho de defensa en idénticas condiciones, es decir, mediante el otorgamiento de iguales oportunidades para presentar y analizar pruebas, interponer recursos y presentar observaciones dentro de plazos o términos iguales para todos. Es lo que desde la doctrina se conoce como principio de "equidad procesal" o de "igualdad de armas". (Rodriguez Rescia, V. M: , "El debido proceso legal y la Convención Americana de Derechos Humanos", p.1306).
De lo dicho se extrae que el ejercicio del derecho de defensa constituye un derecho fundamental que implica la debida participación del sujeto en el proceso en que se debaten sus derechos y/o obligaciones. Se trata de una garantía estrechamente relacionada con el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
Por ello, entiendo que todo análisis que importe una restricción al ejercicio de este derecho debe guiarse esencialmente por la prudencia. Ello no implica desconocer que el derecho de defensa no puede ser ejercido de mala fe o en forma abusiva —extremo que activa entonces el deber de los magistrados de sancionar dichas conductas (conf. arts. 34 y sgs. CPCC)—, sino que significa efectuar una evaluación que parta del reconocimiento a toda persona de exponer los hechos en que se funda su defensa sin restricciones indebidas, con el límite del actuar con buena fe, probidad, decoro y con apego a la ley. En línea con ello, cabe señalar que el ejercicio de la profesión de abogado se encuentra regulada en la Provincia de Buenos Aires por la ley N° 5177 (T.O. Dec. 180/87) así como por las Normas de Ética Profesional (COLPROBA, 01/08/1954) que disponen el deber del letrado de "realizar plenamente la gestión y defensa de los intereses de su cliente" (art. 25). De modo que, en función de tales premisas elementales, no puede perderse de vista la trascendental función que desempeñan los abogados dentro del proceso judicial, pues su actuación constituye uno de los instrumentos mediante los cuales se torna efectivo el derecho de defensa de quienes acuden a la jurisdicción.
De allí que el exámen de las expresiones utilizadas en el ejercicio de la defensa técnica debe, como fuera antes señalado, realizarse con particular prudencia, evitando que un celo excesivo en su escrutinio pueda traducirse —directa o indirectamente— en una restriccción indebida de aquélla garantía fundamental.
Ello no supone, naturalmente, reconocer inmunidad alguna frente a conductas abusivas ni tolerar manifestaciones incompatibles con la dignidad de las personas, sino reservar la adopción de medidas sancionatorias o correctivas para aquéllos supuestos en los que pueda verificarse con suficiente claridad objetiva un apartamiento concreto y tangible de los deberes que rigen el ejercicio profesional, exteriorizado mediante expresiones manifiestamente ofensivas, discriminatorias, estigmatizantes, o sustentadas en estereotipos de género que resulten ajenos a las legítimas necesidades de la defensa.
Fuera de tales hipótesis, corresponde preservar un ámbito suficientemente amplio para el ejercicio de la abogacía, pues restringir indebidamente la actividad del profesional puede importar, en definitiva, restringir el propio derecho de defensa de la persona cuyos intereses el abogado tiene el deber de representar.
En el marco reseñado, no puedo dejar de observar que, a diferencia de lo sostenido por la a quo, de la contestación de demanda presentada por el demandado y su letrado en fecha 12/06/24 no se advierten manifestaciones ofensivas ni estigmatizantes que, desde un riguroso análisis con perspectiva de género, impongan la necesidad de ordenar las medidas para la deconstrucción que fueran dispuestas en la sentencia recurrida.
En efecto, no se observa allí ninguna expresión que pueda ser interpretada en ese sentido gravoso, ni se verifica que el ejercicio del derecho de defensa se haya realizado recurriendo a manifestaciones estereotipadas o discriminatorias. Antes bien, de la cita transcripta por la señora jueza a quo se aprecia en mi opinión una negativa procesal usual en este tipo de procesos, a la que se adiciona la expresión de argumentos que, aún expresando una visión diferente a la de quien acciona, en varios aspectos coincide incluso con lo relatado al promover la demanda.
Y si bien no resulta ajeno al conocimiento del suscripto la existencia de una profusa jurisprudencia que va señalando la existencia de violencia simbólica (u otras modalidades) en el desarrollo de los procesos judiciales y al efectuar las defensas (Cám. Civ., Com., Flia. y Cont. Administrativo, Villa María, "A., M. C. c. A., J. S. s/Uniones Convivenciales", sent. del 28/03/25; Juzg. Catamarca, in re "C., A. T. c/R., A. R. L. s/Filiación Extramatrimonial y Daño Moral"; Juzg. Civ. Com. y de Flia., Río Tercero, "A., M. G. c/ A.. N. G. s/ Expte. Incidente", 17/03/21; entre otros), lo cierto es que en esos casos se destacó la existencia de estrategias defensivas plagadas de estereotipos y prejuicios de géneros, situados específicamente en desacreditar la imagen de la mujer, afectando su honra, dignidad y derechos humanos consagrados (Pérez, E., "La Defensa Técnica con perspectiva de Género", en De Souza Vieira, V., Violencia Familiar y de Género, Ed. Jujrpidicas, CABA 2013, p.294); lo que no ocurre en estos actuados.
En suma, entiendo que la necesaria incorporación de la perpectiva de género al juzgamiento no modifica las premisas antes enunciadas en punto a la labor de los abogados, sino que exige armonizar ambas dimensiones: prevenir y corregir aquéllas prácticas defensivas que reproduzcan esteretipos, discriminaciones o formas de violencia, sin convertir ese indispensable enfoque en una limitación anticipada de la posibilidad de alegar, controvertir o exponer aquéllos hechos y argumentos que el profesional considere conducentes para la defensa de los intereses que le han sido confiados. Por todo lo expuesto, he de proponer al Acuerdo declarar abstracto el recurso sobre el punto por parte del demandado, y revocar la medida accesoria ordenada con relación al Dr. A.A.G.
En virtud de las razones expuestas y con las salvedades precedentemente apuntadas, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión, y por compartir fundamentos, el Dr. Javier Alejandro Rodiño, adhiere y también VOTA POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión, el Dr Carlos Ricardo Igoldi dice:
Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede corresponde confirmar la sentencia apelada de fecha 04/11/2025 con la salvedad indicada en el punto III. vi de los Considerandos respecto del Dr. A.A.G. Costas de Alzada al demandado en su calidad de vencido (art. 68 del CPCC). Los honorarios profesionales se regularan en su oportunidad. (ley 14967)
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión por compartir fundamentos el Dr. Javier Alejandro Rodiño adhiere y expresa que VOTA EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente, —S E N T E N C I A— En el Acuerdo celebrado quedó establecido que la sentencia apelada es sustancialmente justa, por lo que debe ser confirmada con la salvedad indicada en el Considerando III. vi. respecto del Dr. A.A.G. Costas de Alzada al alimentante vencido (art. 68 del CPCC), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad. (Ley 14.967)
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES, corresponde con los salvedad indicada en el Considerando III.vi. con relación al Dr. A.A.G, confirmar la apelada sentencia. Las costas de Alzada se fijan al alimentante vencido (art. 68 del CPCC), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (Ley14.967). REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia