Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, a la apelante (art. 68 del CPCC).
Causa Nº IZ-1128-2023
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C. C. M. D. C/ M. D. E. S/ ALIMENTOS Causa N º IZ-1128-2023" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Familia nro. 2 de Ituzaingo, con fecha 21 de Diciembre de 2023 dictó sentencia haciendo lugar al reclamo de alimentos y fijando la cuota pertinente, en los términos que de allí surgen.
La demandada apela, su recurso se concede en relación y es fundado con el memorial de fecha 4 de Febrero de 2024, replicado por la actora con fecha 16 de ese mismo mes y año y por la Asesoría con fecha 21, también del mismo mes y año.
Presentaciones, todas ellas, a las que cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 7 de Marzo de 2024 se llamó "autos" , procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripto, así, el tema a decidir, y dado que el memorial satisface -aunque algo ajustadamente- las exigencias del art. 260 del CPCC, operando con un criterio elástico para el análisis de dicho recaudo, ingresaré al tratamiento de los agravios.
Y para ello es del caso recordar lo expuesto por esta Sala II en la causa nro. MO49.095, R.S. 617/03:
" Dispone el artículo 265 del Código Civil que, los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres, teniendoéstos la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino con los suyos propios.-
Específicamente respecto de la obligación alimentaria, el Código Civil prescribe que "...comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos de enfermedad" (art. 267 del Código Civil).-
Al respecto se ha dicho que "quien ha tenido un hijo asume el deber de proveer a sus necesidades; no sólo el interés individual del hijo el que se halla comprometido en ello, sino que a través de él, aparece el interés de la sociedad" (esta Sala en causa 44.808, R.S. 213/01) y que "la prestación debe satisfacer no solamente las necesidades vinculadas con la subsistencia, entendidas como las más urgentes de índole material (habitación, vestuario, asistencia médica, etc.) sino también las de carácter moral y cultural de acuerdo a la condición social del alimentado" (esta Sala en causa 42.160, R.S. 137/00).-
Es evidente, que la obligación de alimentos pesa sobre el padre y la madre -la norma citada en primer término se refiere a "sus padres", aunque se reconoce que el primero, de no tener a su cargo la tenencia del hijo, se encuentra con mayores posibilidades de obtener ingresos pecuniarios a través de su trabajo.-
Ello, sencillamente porque dispensa menos tiempo al hijo, que la madre que ejerce la tenencia del mismo.-
De manera que los progenitores tienen el deber de proveer a la asistencia del hijo menor, y para ello deben efectuar todos los esfuerzos que resulten necesarios, realizando trabajos productivo (CNCiv., Sala A, 17/5/88, R. 36.161; íd., 15/3/88, R. 35.559), sin que puedan excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando falta de trabajo o de ingresos suficientes, cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables (CNCiv., Sala A, 19/11/87, R. 32.695; íd., Sala C, 24/3/86, R. 20.219).-
Insisto, aún cuando el progenitor reconozca realizar determinado trabajo cuyo ingreso no es suficiente para atender las necesidades del hijo, está en el campo de su responsabilidad paterna dedicar parte de sus horas libres, en una medida que resulta razonable, a tareas remuneradas con las cuales poder completar la cuota (CNCiv., Sala B, 20/8/86, R. 23.907; íd., 27/2/86, ED:, 122-214; esta Sala en causa 44.808, R.S. 213/01).-
En este sentido la jurisprudencia ha resuelto que la responsabilidad asumida con el nacimiento de los hijos exige la realización de los esfuerzos necesarios para obtener las entradas suficientes para su satisfacción (CNCiv., Sala A, 17/5/88, R. 36.161; íd., Sala D, 15/5/79, R. 254.960; esta Sala en causa 44.808, R.S. 213/01).-
El deber alimentario comprende la obligación de dedicarse al trabajo productivo que le permita satisfacer las necesidades de los seres a los que ha procreado (CNCiv., sala A, 30/12/87, R. 34.628; íd., 15/3/88, R. 35.559; íd., Sala G, 6/3/89, R.S. 42.543; esta Sala en causa 44.808, R.S. 213/01) ".-
La cuestión trasciende los límites del Código de fondo y se engarza en los estratos más altos de nuestro orden jurídico, siendo pertinente enviarnos -en tal sentido- a los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 Const. Nac.).-
El artículo XXX de la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene el deber de asistir, alimentar y amparar a sus hijos menores de edad , a su vez el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño .-
Tales normas, entre otras análogas de igual jerarquía, demuestran la trascendencia e importancia de la obligación alimentaria que vemos expresamente consagrada ya en la Constitución Nacional (1994).-
Por ello, toda interpretación y análisis en el tema ha de efectuarse en forma minuciosa, procurando -en todo momento y en lo que aquí interesa- que la obligación alimentaria de los padres se ajuste estrictamente a sus posibilidades y medios económicos pues, de no establecérselo así -ya sea por exceso o por defecto- podría contradecirse lo establecido por las normas de mayor jerarquía de nuestro orden jurídico (art. 31 y 75 inciso 22 Const. Nacional) (esta Sala en causas 49.778 R.S. 673/03; 53.446, R.S. 115/06; F4-53.953-BIS, R.S. 74/2016).-
Dicho rol de padre también se encuentra plasmado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación cuando en su artículo 646, en lo que atañe en la materia aquí en estudio, refiere que " Son deberes de los progenitores: a) cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo... ".-
Y en el art. 658 del mismo ordenamiento de fondo nos encontramos con que " ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna ... ".
A su vez, el art. 659 del CCyCN determina que " la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado" .
Todo ello, a no dudarlo, impacta luego en las cuestiones procesales.
Específicamente en lo que hace a la materia recursiva, quien objete una decisión en la materia deberá demostrar, en forma concreta y razonada (art. 260 del CPCC), el desajuste de la cuota fijada en la instancia previa, teniendo a la vista las aludidas pautas.
Pero esto no tiene que ver solo con lo recursivo, sino también con todo el proceso en general.
Por cierto, quien se mantuvo silente, no compareció cuando debía o no ofreció pruebas conducentes en el momento en que tenía para hacerlo, ve luego en la Alzada muy limitadas sus posibilidades procesales.
Incluso sin perder de vista las reglas de distribución de la carga probatoria contempladas por el art. 710 del CCyCN.
Frente a este cuadro de situación, vemos que quien hoy apela trae una serie de cuestiones que no intentó siquiera demostrar en la instancia de origen.
No está probado el régimen de vida del que nos habla (casi la mitad del mes con ella) -de hecho el 7 de Agosto de 2023 las partes ratificaron que el adolescente vive con su padre- ni tampoco que sea ella quien adquiere la totalidad de los bienes que su hijo le reclama.
De hecho, la quejosa nos habla de estas cuestiones, pero no menciona pruebas concretas del expediente (no pierdo de vista que la actividad probatoria ha sido bastante escasa).
Por lo demás, computa -para fundar sus agravios- cuestiones que son ajenas a la cuota alimentaria que los progenitores deben abonar en relación a sus hijos (como ser el salario familiar, o la escolaridad).
Lo cierto es que, mas allá de la extensión de su argumentación, el memorial no hace demasiado por demostrar, concreta y razonadamente, que la cuota fijada (25% de sus ingresos) en los hechos implique una suma de dinero que resulte excesiva para hacer frente a las necesidades que -conforme las máximas de la experiencia- requiere la crianza y subsistencia de un adolescente, de la edad de V., aun computando el porcentual que corresponde abonar a su progenitor.
En tal sentido, si computamos los elementos con los que contamos (los mas actuales, conforme la información incorporada al trámite de fecha 1 de Septiembre de 2023, y aun considerando los eventuales aumentos posteriores) tenemos que, calculando el porcentual del 25% sobre dichas sumas, el resultado que se obtiene no es para nada excesivo.
Por lo demás, en cuanto a la no citación a V. para comparecer, teniendo en cuenta el objeto de las presentes, como así también la postura asumida por la Asesoría interviniente, entiendo que el hecho de que se haya decidido sin admitir el pedido de fecha 12 de Noviembre de 2023, no es motivo bastante ni para invalidar el fallo ni para revocarlo.
Consecuentemente, y sin perder de vista la postura asumida por la Asesoría interviniente (que pide el rechazo del recurso), entiendo que el decisorio en crisis deberá confirmarse.
Ello, por supuesto, sin perjuicio de lo que las partes pudieran plantear en caso de modificarse las circunstancias en base a las cuales se dictó la sentencia apelada.
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, a la apelante (art. 68 del CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2024 12:07:00 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2024 12:22:02 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2024 12:33:04 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 04/04/2024 12:33:05 hs. bajo el número RS-108-2024 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia