Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala II de la Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la resolución de fecha 22/4/26, en todo lo que fue motivo de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen por su orden, atento las particularidades que presentó la cuestión debatida y que la recurrente actuó por derecho propio, procurando resguardar la íntegra percepción de sus honorarios frente al condenado en costas, lo cual autoriza a apartarse del principio objetivo de la derrota (conf. arg. art. 68, CPCC).
DMV/CLC
Sentencia Definitiva Causa N° ####; JUZGADO DE FAMILIA Nº 6 - LA PLATA D.D.N. C/ S.G. S/ ALIMENTOS En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario los señores Jueces vocales de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, el doctor Leandro Adrián Banegas, y el doctor Hugo Adrián Rondina, para dictar sentencia en la Causa ####, caratulada: "D.D.N. C/ S.G. S/ ALIMENTOS", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 22/4/26?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones en virtud al recurso de apelación interpuesto con fecha 4/5/26 por la doctora M.O. -letrada patrocinante de la señora D.D, quien fuera la parte contraria a quien requirió en estas actuaciones el beneficio de litigar sin gastos-, contra la resolución del día 22/4/26. El 5/5/26 se concedió el recurso de apelación, el que fue fundado con fecha 18/5/26 por la mentada letrada, mereciendo réplica del señor S. con fecha 28/5/26.
Ahora bien, examinadas las actuaciones, este Tribunal advirtió que el escrito de expresión de agravios no contaba con la firma de la parte patrocinada, razón por la cual, mediante proveído de fecha 3/6/26, se intimó a la recurrente para que, dentro del plazo de un día, acompañara la ratificación de su asistida o, en su defecto, el poder que le hubiere otorgado, bajo apercibimiento de tener por no presentado el memorial (v. prov. del 3/6/26).
En respuesta a dicha intimación la doctora M.O., mediante presentación de fecha 4/6/26, manifestó que el recurso no había sido deducido en representación de su patrocinada, sino por derecho propio, sosteniendo que la resolución apelada afectaba su derecho a la percepción de honorarios profesionales, atento el carácter alimentario que éstos revisten conforme al artículo 1 de la ley 14.967, solicitando, subsidiariamente, que se ordene notificar a la parte la interposición del recurso por cédula en su domicilio, a los fines que estime corresponder (v. esc. elect. del 4/6/26).
Posteriormente, mediante proveído de fecha 5/6/26, este Tribunal dispuso que: “Sin perjuicio de lo dispuesto por este Tribunal en el proveído dictado con fecha 3 de junio de 2026, teniendo en consideración lo ahora manifestado por la doctora M.Y.O. en su escrito electrónico de fecha 4 del corriente mes y año, téngaselo presente y pasen las actuaciones a resolver” (v. prov. del 5/6/26).
2. A. La resolución recurrida hizo lugar parcialmente al beneficio de litigar sin gastos promovido por el señor G. S., concediéndolo en un 50%, tras ponderar las constancias obrantes en la causa relativas a su situación económica y patrimonial, entendiendo acreditada una insuficiencia económica parcial que justificaba el otorgamiento del beneficio en dicho alcance. Finalmente, la señora juez de grado impuso las costas por su orden (v. res. del 22/4/26).
B. Es contra esta forma de decidir que se agravia la letrada M.O., sosteniendo que la decisión resulta equivocada por cuanto fue dictada sin encontrarse incorporadas la totalidad de las medidas probatorias ordenadas; cuestiona la valoración efectuada respecto de la situación patrimonial y económica del solicitante, destacando sus ingresos, bienes registrables y capacidad económica; objeta la eficacia de la prueba testimonial producida y afirma que la concesión del beneficio afecta su derecho a la percepción de honorarios profesionales, invocando el carácter alimentario de éstos (v. esc. elect. del 18/5/26).
3. Ingresando al tratamiento del recurso, corresponde analizar, con carácter previo, la legitimación de la doctora M.O. para sostener la impugnación deducida, por tratarse de un presupuesto de admisibilidad, cuya ausencia impide el examen de los agravios introducidos.
En este sentido, sabido es que el Tribunal de Alzada es el juez del recurso y entre sus innegables facultades está la de constatar, entre otras, si fue interpuesto en término, si la resolución es apelable, la legitimación o el interés de quien recurra, sin estar atado a lo resuelto por el juez o jueza de la instancia anterior ni por lo acordado por las partes (SCBA, causas 84043, sent. del 06/09/2004, 89863, sent. del 28/5/2008 y 102827, del 30/8/2011; e sta Sala, causas 135942, RR 274/2025, sent. int. del 3/6/2025; 142516, RR 179/2026, sent. del 23/4/2026; 140420, RR 299/2026, sent. int. del 11/6/2026, entre otras).
Debe dejarse expresamente aclarado que el proveído dictado por este Tribunal con fecha 5/6/26, mediante el cual se dispuso tener presente el escrito del 4/6/26 y que pasen las actuaciones a resolver, no importó la recepción de los argumentos desarrollados por la profesional en la citada presentación (esc. elect. del 4/6/26), ni el reconocimiento de una legitimación autónoma para recurrir. Por el contrario, mediante dicha providencia únicamente se difirió el tratamiento de la cuestión para esta instancia decisoria, a fin de determinar si los agravios invocados podían ser examinados como propios de la letrada.
Sentado ello, las especiales particularidades del caso permiten adelantar que la letrada posee interés y legitimación suficientes para sostener la impugnación en esta causa.
En efecto, el artículo 84 del Código Procesal Civil y Comercial establece que quien obtuviere el beneficio estará exento, total o parcialmente, del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna, mientras que el artículo 85 del mismo ordenamiento faculta a los profesionales a exigir el pago tanto al adversario condenado en costas, como a su propio cliente, con la limitación establecida en el artículo 84 del Código citado. De tal manera, si bien la concesión parcial del beneficio no extingue ni modifica su crédito arancelario, sí proyecta consecuencias concretas sobre su exigibilidad frente al condenado en costas, al diferir, en la proporción alcanzada por la franquicia, la posibilidad de perseguir su cobro hasta tanto aquél mejore de fortuna (conf. arts. 84 y 85, CPCC). Desde esa perspectiva, no parece razonable desconocerle legitimación para cuestionar la resolución que genera dicha limitación, cuando el propio ordenamiento admite que, posteriormente, quien ostente un interés jurídicamente relevante, puede instar el cese del beneficio si se acredita la desaparición de las circunstancias que justificaron su otorgamiento (conf. art. 82, CPCC).
En consecuencia y de conformidad con dicho criterio, si la profesional se encuentra habilitada para procurar ulteriormente la remoción de la franquicia a fin de hacer efectivo su crédito, cabe reconocerle también interés suficiente para impugnar el pronunciamiento que inicialmente la concede y produce aquella restricción (conf. arg. y doc. art. 82, CPCC). Tal solución, además, se muestra acorde con los principios de economía y celeridad procesal, pues permite examinar en esta oportunidad los cuestionamientos dirigidos contra la procedencia y extensión del beneficio, evitando diferir innecesariamente la controversia para un eventual incidente posterior, en el que debiera debatirse nuevamente la situación económica del beneficiario en idénticos términos a los que aquí plantea la letrada apelante (conf. arg. arts. 34, 82, 384, CPCC).
A ello se agrega que la impugnación promovida por la profesional si bien es efectuada en nombre propio, no resulta enteramente ajena a los intereses de su asistida, pues la preservación de la vía de cobro frente al condenado en costas contribuye, también, a evitar que el peso económico de los honorarios pueda trasladarse sobre aquélla, en los términos del artículo 85 del Código de rito (conf. arg. arts. 85, 384, CPCC). En esta dirección, la apelación por parte de la abogada se traduce, también, en un adecuado ejercicio de la defensa de los intereses de su cliente, toda vez que con su recurso intenta también reducir el pago que a su mandante le correspondería en aplicación del art. 85 CPPCC.
Finalmente, no puede soslayarse que en este especial caso las costas tuvieron origen en un proceso alimentario. En ese contexto, trasladar eventualmente a la progenitora el pago de erogaciones que fueron impuestas al alimentante podría incidir sobre recursos destinados a satisfacer las necesidades del alimentado, circunstancia que refuerza -sin resultar por sí sola determinante- el interés en que la procedencia del beneficio sea revisada en esta oportunidad.
En consecuencia, corresponde reconocer a la doctora M.O.
legitimación e interés para recurrir por derecho propio la resolución que concedió parcialmente el beneficio de litigar sin gastos al señor G. S..
4. Superada la cuestión atinente a la legitimación de la recurrente, corresponde abordar la petición del señor G. S. con fecha 28/5/26, quien comprende que en el memorial de la apelante no satisface los recaudos establecidos en el artículo 260 del CPCC, pues se limita a exteriorizar una mera discrepancia subjetiva con el criterio adoptado por la señora juez de grado, sin demostrar de manera concreta error alguno en la valoración efectuada, reeditando argumentos ya expuestos al momento de contestar el incidente (v. esc. elect. del 28/5/26).
Establece el artículo 260 del CPCC la exigencia de la crítica al momento de expresar agravios, no bastando remitirse a presentaciones anteriores.
Teniendo en cuenta la gravedad de la sanción que es consecuencia de la insuficiencia de la fundamentación del recurso, es que se ha interpretado la norma con criterio restrictivo, favorable a la recurrente, en resguardo de su derecho de defensa (art. 260 del CPCC; Morello y otros "Códigos..." T. III, pág. 445 y sgtes.; esta Sala, RSD-145/98; causa 94.813-7-2-2002, RSD-5/2002; causa126503, sent. del 16/12/19, RSD 331/19).
Sobre la base de lo precedentemente establecido y analizando el contenido del escrito de fundamentación del recurso, es que corresponde desestimar la crítica formulada por la contraria, en tanto cuestiona la suficiencia de los agravios expuestos (art. 260 del CPCC).
5. A. Establecido ello, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios dirigidos contra la resolución que concedió al peticionante el beneficio de litigar sin gastos en un 50%, En primer término, la doctora M.O. cuestiona que el pronunciamiento haya sido dictado sin encontrarse producida la totalidad de la prueba ordenada, señalando, particularmente, la ausencia de los informes requeridos al Registro de la Propiedad Inmueble, al Banco Central de la República Argentina y a uno de los empleadores del solicitante de la franquicia (v. esc. elect. del 18/5/26).
En este sentido, cabe señalar que en los términos en que ha sido formulada su crítica remite a un eventual vicio del procedimiento anterior al pronunciamiento y no a un defecto intrínseco de éste. En consecuencia, si la recurrente consideraba que no se encontraban reunidos los elementos necesarios para resolver y que correspondía producir previamente las medidas que ahora reputa omitidas, debió articular oportunamente el planteo pertinente ante el órgano de origen por la vía prevista en los artículos 169 y siguientes del Código Procesal (conf. art. 169 y conc. CPCC).
Ello adquiere particular relevancia en el caso, desde que con fecha 31/3/26 el juzgado dispuso, atento el estado de las actuaciones, el pase de los obrados para resolver, providencia que no fue cuestionada por la interesada. De tal modo, no resulta admisible introducir recién ante esta Alzada, bajo la forma de agravio contra el pronunciamiento, la alegada insuficiencia, fragmentariedad o incompletitud de una prueba cuya falta de producción pudo ser oportunamente planteada en la instancia de origen, encontrándose la cuestión alcanzada por los efectos de la preclusión (arts. 169, 170, 172 y 253, CPCC).
B. Por otro lado, sabido es que el beneficio de litigar sin gastos es la franquicia que se concede a ciertos justiciables de actuar sin la obligación de hacer frente a las erogaciones que necesariamente implica la sustanciación de un proceso, es decir, trae como consecuencia que el beneficiario quede exento, total o parcialmente, de abonar las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna (arts. 79 y 84, CPCC, su doct. y jurisp.). Su fundamento radica en la necesidad de asegurar el efectivo cumplimiento de la garantía constitucional de la defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.y 15 Prov; conf. esta Sala, causa 139002, sent. int. de 27/3/25, RSI 139/25).
Se adelanta que tampoco ha de prosperar la crítica vinculada con la insuficiencia de la prueba producida y la situación económica del beneficiario.
Es cierto que pesa sobre quien solicita la franquicia la carga de acreditar las circunstancias que justifican su otorgamiento (conf. arts. 79 y 375, CPCC). Sin embargo, la procedencia del beneficio no se encuentra reservada a quien carece absolutamente de bienes o ingresos, ni exige acreditar un estado de indigencia. El propio artículo 81 establece que no obsta a su concesión que el peticionante posea lo indispensable para procurar su subsistencia y autoriza expresamente a concederlo en forma total o parcial (conf. art. 81, CPCC).
Bajo tales pautas, la circunstancia de que el solicitante sea titular de un automóvil Volkswagen Golf, una motocicleta (v. informe acompañado al escrito del 11/3/26) y un terreno adquirido por vía hereditaria -ubicado en calle 170 entre 520 y 521, conforme se hubiera denunciado con fecha 19/5/25-, así como que perciba ingresos derivados de dos relaciones laborales, constituye ciertamente un elemento relevante para apreciar su capacidad económica; pero no conduce, por sí sola, a la denegación íntegra de la franquicia. Antes bien, del análisis a efectuarse se desprende que tales circunstancias justifican que el beneficio no haya sido concedido en su totalidad y explican la solución intermedia adoptada en la instancia de origen (conf. arg. arts. 81, 83, 384, CPCC).
En ese marco, la valoración conjunta de los elementos incorporados permite concluir que la solución adoptada en la instancia de origen resulta ajustada a las circunstancias comprobadas en la causa. En primer lugar, se encuentra acreditado que el peticionante no cuenta con una única fuente de ingresos, sino que desarrolla dos actividades laborales -empleado del Ministerio de Salud y de la Boutique del Peinador-, de las cuales denunció percibir, en conjunto, aproximadamente la suma de $2.000.000 mensuales (v. recibos acompañados al escrito del con fecha 19/5/25 y contestación del 7/11/25).
En tal sentido, en el proceso principal las partes acordaron una cuota alimentaria equivalente al 20% de los ingresos provenientes de ambas relaciones laborales (v. acta del 13/5/25), obligación que vino a incrementar la prestación del 15% que el alimentante ya se encontraba abonando en concepto de cuota alimentaria provisoria para su hija A. S. (v. res. del 1/4/25). De allí que una porción relevante y permanente de sus ingresos se encuentre afectada al sostenimiento de su hija, circunstancia que necesariamente disminuye los recursos de libre disponibilidad con los que cuenta para afrontar los gastos derivados del proceso (conf. arg. art. 384, CPCC).
A ello se suma que de la prueba testimonial producida surge que el solicitante reside en un inmueble alquilado. Tales declaraciones constituyen un medio probatorio idóneo dentro del trámite del beneficio y deben ser apreciadas conjuntamente con los restantes elementos incorporados, de conformidad con las reglas de la sana crítica (arts. 384 y 456, CPCC; v. declaraciones de fecha 18/2/26).
Las objeciones formuladas por la recurrente no alcanzan a privarlas de eficacia, pues la eventual relación que alguno de los declarantes pudiera mantener con las partes, así como el conocimiento indirecto de determinados extremos, constituyen circunstancias susceptibles de incidir en la fuerza convictiva de sus dichos, pero no determinan, por sí solas, su exclusión. Máxime cuando los testigos coincidieron en que el peticionante habita actualmente un inmueble alquilado, de reducidas dimensiones, y describieron una situación de vida austera, extremos que deben ser valorados conjuntamente con las restantes constancias incorporadas a la causa (conf. arg. arts. 384, 456, CPCC).
Tampoco modifica esa conclusión la circunstancia de que alguno de los testigos hubiera efectuado manifestaciones que no se corresponden plenamente con la existencia de bienes registrables del solicitante. Tal discordancia autoriza a relativizar esos aspectos concretos de la declaración, pero no conduce a descartar íntegramente la prueba testimonial, ni los restantes hechos sobre los cuales los declarantes dieron razón de sus dichos (conf. arg. arts. 384, 456, CPCC).
En cuanto a los rodados, se encuentra acreditado que el peticionante es titular de un automóvil Volkswagen Golf modelo 2016 y de una motocicleta, bienes que indudablemente integran su patrimonio y constituyen indicadores relevantes de capacidad económica. Sin embargo, su sola existencia no permite concluir que disponga de recursos económicos suficientes para afrontar íntegramente las erogaciones del proceso, máxime si se pondera, respecto del automóvil, su antigüedad (modelo 2016) y, en relación con la motocicleta, que no se ha demostrado que su valor o utilización traduzcan una situación de holgura patrimonial. Tales bienes justifican, antes bien, que la franquicia no haya sido concedida en su totalidad (v. informes acompañados con fecha 11/3/26; conf. arg. arts. 375, 384, CPCC).
Análoga consideración merece el inmueble que se menciona haberse adquirido por vía hereditaria. Si bien su titularidad representa un activo patrimonial, lo cierto es que las constancias reunidas no permiten conocer sus dimensiones, estado, valuación, aptitud productiva, de modo que no resulta posible atribuirle, sin otros elementos, una significación económica determinada, ni presumir que pueda convertirse inmediatamente en recursos disponibles para afrontar los gastos del proceso (conf. art. 384, CPCC).
Así, el cuadro probatorio presenta una situación intermedia: por un lado, el solicitante posee dos ingresos laborales regulares y determinados bienes que revelan una capacidad patrimonial incompatible con el otorgamiento pleno de la franquicia; por otro, debe afrontar una obligación alimentaria que grava de manera permanente aquellos ingresos, alquila la vivienda en la que reside y no se ha demostrado que los bienes que integran su patrimonio le proporcionen rentas o una disponibilidad económica suficiente para solventar, sin dificultad, la totalidad de las erogaciones judiciales (conf. arg. arts. 375, 384, CPCC).
Es precisamente esa ponderación integral -y no la consideración aislada de alguno de sus componentes- la que justifica la solución adoptada en la instancia de origen. El beneficio de litigar sin gastos no exige la carencia absoluta de recursos ni un estado de indigencia, y su concesión parcial permite armonizar la garantía de acceso a la jurisdicción con la efectiva capacidad económica demostrada por quien solicita la franquicia (conf. arg. arts. 78, 81, 84, 384, CPCC).
De allí que, valoradas las constancias de la causa conforme a las reglas de la sana crítica, no se advierta mérito suficiente para apartarse del porcentaje establecido en la instancia anterior, resultando razonable que el peticionante afronte el 50% de las costas y gastos del proceso y quede alcanzado por la franquicia respecto de la proporción restante (arts. 81, 83, 384 y 456, CPCC).
Consiguientemente, corresponde confirmar la resolución de fecha 22/4/26, en todo lo que fue motivo de recurso y agravios. Las costas de Alzada corresponde se impongan por su orden, atento las particularidades que presentó la cuestión debatida y que la recurrente actuó por derecho propio, procurando resguardar la íntegra percepción de sus honorarios frente al condenado en costas, lo cual autoriza a apartarse del principio objetivo de la derrota (conf. arg. art. 68, CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Juez doctor RONDINA, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la resolución de fecha 22/4/26, en todo lo que fue motivo de recurso y agravios. Las costas de Alzada corresponde se impongan por su orden, atento las particularidades que presentó la cuestión debatida y que la recurrente actuó por derecho propio, procurando resguardar la íntegra percepción de sus honorarios frente al condenado en costas, lo cual autoriza a apartarse del principio objetivo de la derrota (conf. arg. art. 68, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Juez doctor RONDINA, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la resolución de fecha 22/4/26, en todo lo que fue motivo de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen por su orden, atento las particularidades que presentó la cuestión debatida y que la recurrente actuó por derecho propio, procurando resguardar la íntegra percepción de sus honorarios frente al condenado en costas, lo cual autoriza a apartarse del principio objetivo de la derrota (conf. arg. art. 68, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. HUGO A. RONDINA JUEZ JUEZ
Fin de la sentencia