Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-55881411-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución Fallo N° 334/19 (AD ROSA), con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-70482126-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 11 de Julio de 2022 En el día de la fecha, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Hugo H. Juárez (la Dra. Cora M. Musso se encuentra en uso de licencia), para resolver en los autos caratulados “ALIMENTOS y FORRAJES S.A. c/ DGA s/ APELACIÓN” EX2021-24456182-APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I.-Objeto del proceso: Determinar si la Resolución 334/19 (AD ROSA) de fecha 26.12.19, dictada por la Aduana de Rosario en las actuaciones SIGEA 12551-188-2013 por la que se condena a la actora y al despachante de aduana, con base en el art. 954.1 inc. a) del Código Aduanero (“CA”), al pago de una multa de $ 308.318,05 y de tributos por USD 60.549,50 resulta ajustada a derecho.
II. Fundamentos del recurso de apelación: El 07.04.2020 Alimentos y Forrajes S.A., mediante el IF-2020-24456132- APN-DTD#JGM, interpone el recurso de apelación previsto en el art. 1132 del CA contra la Resolución 334/19, dictada por la Aduana de Rosario, en el expediente SIGEA 12551-188-2013. La resolución apelada condenó a la actora al pago de una multa y tributos por la infracción del artículo 954.1 inciso a) del CA. La actora relata que el 18.06.13 oficializó ante la aduana de Rosario, el Permiso de Embarque (“PE”) 13052EC01002155D por el que se documentó la exportación a consumo de mercadería (Preparación para la alimentación de animales) ubicada en la Posición Arancelaria (“PA”) 2309.90.900T, la cual tributaba a la fecha de oficialización un 5% de derechos de exportación, los que fueron abonados.
Destaca que, al momento de registrar el PE, el servicio aduanero extrajo muestras del producto exportado. Señala que las muestras extraídas fueron enviadas al Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (“ITEM”) a los fines de su análisis, conforme lo previsto en la Resolución General (AFIP) 1582/03, entonces vigente. Señala que el Sub-director General de Aduanas del Interior, vía e-mail de fecha 25.03.13, ordenó a las aduanas que realicen extracciones y que, al momento de envío de la muestra al laboratorio (al ITEM) soliciten que conjuntamente con el protocolo analítico (esto es, el resultado del análisis) el laboratorio especifique si se está o no en presencia de preparaciones que cumplan con las condiciones de la Partida 2309.
Señala la actora que, luego de obtenido el resultado mediante el Protocolo de Análisis Nro. 91806, autorizó a un despachante de aduana a notificarse y retirar el referido Protocolo (en adelante, también, el “Protocolo”). Señala que, conforme dicho Protocolo, la muestra extraída consistía en una “mezcla granulometría heterogénea con una porción de estructuras vegetales de harina de soja desgradada (aprox. 96%) y maíz molido (aprox. 4%) con agregados de cloruros” (subrayado y negrita en el original). Resalta que el ITEM al emitir el referido resultado del análisis (Protocolo Nro. 91806) omitió cumplir con lo ordenado por el Sub-director General de Aduana del Interior en el e-mail Nro.5, en cuanto ordenaba que manifieste si se estaba o no en presencia de una preparación de alimento para animal, pues nada se especificó al respecto.
Indica que, ante tal situación, como la conclusión del Protocolo consignaba que adicionalmente a harina de soja y a maíz molido existían agregados de cloruros, ello acreditaba que se estaba en presencia de una preparación para la alimentación animal, tal como se había declarado. Consideró la actora que el resultado obtenido (sumado a que el ITEM había incumplido en manifestar lo requerido por la Subdirección) le había sido favorable, habiéndose confirmando que la PA consignada -2309.90.900T- era la correcta y, por ende, que no existía objeción respecto a su declaración comprometida. Por ello no solicitó un segundo análisis dentro de los 30 días hábiles de notificado el primero, tal como era su derecho conforme lo previsto por la Resolución General (AFIP) 1582/03; consideró que no podría existir una objeción de la Aduana ante el resultado –favorable- obtenido.
Relata que, sin embargo, el 30.09.16 (luego de transcurridos más de 3 años de extraída la muestra y casi 1 año y medio de notificado el Protocolo), la Aduana dicta el Informe Nro. 341/16 (fs. 12/13 de las actuaciones administrativas) manifestando que en virtud del resultado del Protocolo del ITEM, correspondía que se declarara la mercadería en la PA 2304.00.10.100 B (Harina de Soja, que abonaba un 32% de derechos) y no en la PA 2309.90.90.900 T (Preparación de alimento para animal, que abonaba un 5%). Pero, agrega, ello no fue todo, ese informe (aunque la realización de un segundo análisis resultaba imposible por las características perecederas del producto) no se le notifica, tomando conocimiento la actora recién con la notificación de la corrida de vista, el 03.05.18, luego de 5 años de extraída inicialmente la muestra.
Señala que toda esa irregular situación le provoca una grave vulneración del derecho de defensa. Aún en el supuesto de que se considerara que el Protocolo determinó que la mercadería exportada era harina de soja, se vio impedida, por el propio irregular accionar del servicio aduanero de solicitar un segundo análisis, como era su derecho conforme Resolución General AFIP Nro. 1582/03. Reitera que, de buena fe, entendió que la PA declarada era correcta, habiendo sido ello corroborado por el primer análisis del resultado del Protocolo del ITEM. Arguye que, como consecuencia de lo anterior, todo lo actuado por la Aduana con posterioridad a la extracción de la primera muestra resulta nulo de nulidad absoluta, ante la imposibilidad en la que quedó de demostrar lo contrario.
Se agravia de que: (i) hubo una grave vulneración del procedimiento previsto en la Resolución General (AFIP) 1582/03 y del derecho de defensa, indicando que existe un prejuzgamiento sobre la cuestión debatida y que es nulo el accionar de la Aduana; (ii) hubo una grave vulneración al punto 3, inciso b) de la Resolución 1582/03 por la imposibilidad de recurrir el análisis practicado a través de un segundo análisis, con la omisión del ITEM en cumplir con la especificación ordenada por la Subdirección de Aduana del Interior, anulando así la posibilidad de que el nuevo análisis sea realizado por un laboratorio “imparcial” y técnico. Señala que el único análisis fue el del ITEM, que depende de la demandada y el cual, además, no realizó ninguna conclusión respecto del resultado, como lo requería la Subdirección Regional de Aduanas del Interior.
Se agravia de que la Aduana de Rosario, luego de 3 años de obtenida la muestra, mediante un informe propio realizara una subjetiva interpretación sobre su resultado. Manifiesta que, bajo tal criterio, la PA declarada resultaría inexacta, situación que, en su faz temporal, veda, de por sí, la posibilidad de un segundo análisis, dado el tiempo transcurrido desde la extracción y tratarse de mercadería perecedera. Señala que es la Aduana quien debe demostrar la existencia de la infracción que imputa, lo cual no puede hacerse con un mero análisis parcial, que incluso resulta ser favorable a sus intereses. En el capítulo IV.2. manifiesta que, sin perjuicio de lo anterior, no puede tenerse por acreditado que se haya cometido una infracción y/o una inexactitud en la declaración de la PA.
Sostiene ahora que, del Protocolo, surge que el producto exportado contiene agregados adicionales a la Harina de Soja como Maíz Molido y agregados de cloruros; esto es que se trata de una preparación para alimento de animal. Para fundar lo expuesto trae a colación el Dictamen Técnico 41/11, dictado en el SIGEA Nº 12425-84-2010/1 por el Jefe del Departamento de Clasificación Arancelaria, que transcribe parcialmente. Opone que, si se analiza dicho informe frente al resultado del Protocolo, surge que la posición arancelaria declarada en el PE resulta correcta y que, por lo tanto, no puede considerarse su conducta como una declaración inexacta penada por el art. 954.1 inc. a) del CA. Señala que el resultado y la conclusión plasmada en el Protocolo evidencian, por sí sólo, que la mercadería involucrada es una “mezcla homogeneizada de los elementos que la componen”, “que sirve como un complemento para la formulación de alimentos balanceados”.
Manifiesta que conforme lo reconoce la Aduana en el Dictamen Técnico mencionado, al servir la mercadería en trato para completar un alimento balanceado, reviste el carácter de “preparaciones” bajo la partida 23.09. Adicionalmente, señala que el mismo servicio aduanero, en diversos análisis de premezclas para animales, en las que la materia preponderante era la harina de soja, al determinarse otros agregados, ha concluido que a dichos productos les correspondía la PA 2309.90.10.900T, citando el precedente que invoca. Concluye que no existe duda que lo exportado es una premezcla para la alimentación para animal que, al poseer otros ingredientes distintos a la harina de soja, tal como lo ha reconocido la Aduana en otros supuestos, excede a la partida 2304.
Esta afirmación la sustenta en las notas explicativas del Capítulo 23, teniendo en consideración que lo que se exportó es una “premezcla y/o preparación” (que se utiliza para la alimentación animal –preparación para la alimentación animal incompleta –pienso incompleto-) al que deben adicionarse otros elementos para que se considere un pienso y/o alimento completo para la alimentación animal. Sostiene que en autos la Aduana se contradice con lo dispuesto por el propio organismo en el “criterio clasificatorio” Nro. 47 previsto en la Resolución General AFIP Nro. 3427/12 en donde un alimento similar, es clasificado bajo la PA 2309.90.90, fundamentando legalmente dicha clasificación en la Regla General para la interpretación del Sistema Armonizado 1 (texto de la partida 23.09), Regla General para la Interpretación del Sistema Armonizado 6 (texto de la subpartida 2309.90) y Regla General Complementaria 1 (texto del ítem 2309.90.90).
Señala que no hay duda de que la mercadería de autos es una mezcla homogeneizada de los elementos que la componen, que sirve como un complemento para la formulación de alimentos balanceados y que, como tal, es un producto que debe adicionarse a una mezcla final para ser utilizado en la alimentación animal. Así ha sido declarado en el PE y fue aprobado el producto por el SENASA, siendo lo que el propio servicio aduanero reconoció sin objeciones al extraer muestras para el análisis, según surge del Acta de Extracción obrante en las actuaciones administrativas. Por ello, la mercadería en trato reviste el carácter de “preparaciones” en el sentido de la partida 23.09. y no harina de Soja como aduce la Aduana.
Opone que, ante la falta de conclusión en contrario efectuada por el ITEM al notificarse del Protocolo, consideró que del resultado había surgido y se había corroborado que el producto exportado era efectivamente una “preparación”. En el capítulo IV.3 del recurso invoca la aplicación del principio in dubio pro reo previsto por el art. 898 del CA fundando su posición al respecto. Asimismo, a lo largo de su escrito cita jurisprudencia de este tribunal y de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que ampararían su posición. Finalmente, acompaña prueba documental, hace la reserva del caso federal y peticiona se revoque la resolución apelada, imponiendo las costas a la Aduana.
III. Contestación del traslado: La representación fiscal contesta el recurso de apelación el 11.08.20 mediante el IF-2020- 52721458-APN-DTD#JGM. Señala que, conforme surge de las actuaciones administrativas (“act. adm.”), el Servicio Aduanero elevó al ITEM las muestras extraídas de la mercadería comprendida en el PE13052EC01002155 F. Señala que mediante el Protocolo de Análisis de muestras Nº LAB 91806 -emitido por el ITEM- se determinó que la mercadería exportada por la actora constituye subproducto de la extracción del aceite de soja (harina de soja desgrasada, en forma de grumos y pellets) en una proporción superior al 96%, con presencia de maíz molido en proporción del 4%, conteniendo presencia de cloruros y carbonatos agregados.
Manifiesta que el servicio aduanero determinó que la mercadería exportada debería ser clasificable en la posición arancelaria (SIM) 2304.00.10.100B y no la declarada por la Compañía (2309.90.90.900T). Indica que, en virtud de los informes elaborados por el Departamento Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de la Dirección de Técnica, por la cual se establecen pautas para la interpretación de la Partida 23.09 del Sistema Armonizado, el Departamento Aduana de Campana, mediante la Resolución 334/19, dispuso condenar e intimar a la firma actora al pago de una multa y de la liquidación tributaria por diferencias de derechos de exportación, conforme el art. 954.1 inc. a) del CA. Luego de la negativa genérica de rigor sobre los hechos y la prueba señala que las nulidades que invoca la actora no han sido opuestas en tiempo y oportunidad hábil.
Señala, con citas de jurisprudencia, que la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma y que así surge de los arts. 1006 y 1051 del CA. Señala que, al no haber articulado la actora las nulidades en las actuaciones administrativas, por el principio de preclusión no puede plantearlas nuevamente. Agrega, además, que todos esos planteos carecen de sustancia fáctica y jurídica. Niega que se haya incumplido el procedimiento de la Resolución 1582/2003. A la falta del cumplimiento de formas esenciales que se denuncia opone que el despachante al solicitar -por el exportador- el libramiento de la mercadería prestó conformidad respecto de las muestras extraídas como representativas del total de la partida documentada.
Cita jurisprudencia. Señala que, en todo caso, la actora debería haber indicado a su despachante que firme el Acta en disconformidad. Respecto del segundo análisis sobre las muestras indica que, conforme el punto 3 del Anexo III de la Resolución (AFIP) 1583/03 el pedido del segundo análisis es facultativo para las partes que hayan intervenido en la extracción de las muestras, por lo que la empresa podría haber solicitado al ITEM que se produzca un segundo análisis, pero que no lo hizo. Señala que en la contestación de la vista la actora tampoco planteó tal objeción. Agrega a lo anterior, para cerrar su oposición a la nulidad planteada, que conforme el inciso c) del título 4.1. del Capítulo 4, apartado 3 –“Segundo Análisis”- del Anexo III de la Resolución (AFIP) 1583/03, la actora debió arbitrar los medios para asegurar la inviolabilidad de la mercadería interdicta si pretendía realizar un segundo análisis, lo que omitió, con lo cual nunca se encontró habilitada a exigir un segundo análisis.
Respecto de la cuestión de fondo, que desarrolla en el capítulo IV de su contestación a partir del apartado c), manifiesta que: (i) La PA declarada por la actora en el PE es incorrecta ya que se aleja de los métodos establecidos por la normativa aplicable para su correcta clasificación; (ii) El reclamo efectuado por el Departamento Aduana de Campana es correcto; de conformidad con ello se encuentra configurada la infracción tipificada en el art. 954.1 inc. a) del CA. En el capítulo IV d) (i) de la contestación, la demandada describe el marco normativo; esto es la ley 24.206 (BO: 06.08.93) por la que se aprobó el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de Bruselas (el “Sistema Armonizado”), que modifica el art. 11 del CA que subordina nuestra legislación a dicho Convenio en cuanto a la clasificación e individualización de la mercadería.
Realiza una descripción del sistema normativo, las facultades del Poder Ejecutivo al respecto y de las Reglas Generales del convenio y sus notas explicativas aplicables al caso. Identifica allí como aplicables a la discusión clasificatoria de estos autos, transcribiéndolas, a las Reglas Generales 1, 2.b) y 3.b), junto a las notas explicativas correspondientes a estas dos últimas reglas -la 2.b) y 3-b)-. Refiere luego, en el capítulo IV. d) (ii), al decreto 618/1997 y a la Resolución General (AFIP) 1618/2003 y las facultades de la AFIP en cuanto a la clasificación arancelaria y valoración de las mercaderías. En el capítulo IV. e) se refiere a la correcta clasificación arancelaria de la mercadería de autos.
Señala la demandada que, una vez efectuado el análisis de las muestras y elaborado el Protocolo de Análisis LAB:91806 del ITEM, se concluyó que la mercadería del PE consiste en subproductos de la extracción del aceite de soja (harina de soja desgrasada, en forma de grumos y pellets) en una proporción superior al 96%, presencia de maíz molido en proporción al 4% y carbonatos agregados, por lo que, en virtud a sus características no es posible clasificarlo como una “Preparación del tipo de las utilizadas para la alimentación de animales” (Partida 2309) sino que corresponde, al momento imponible de la oficialización del PE, la posición arancelaria NCM 2304.00.10 (posición arancelaria SIM 2304.00.10.100B).
Señala que la actora sostiene que la mercadería se clasifica en partida 23.09 en virtud de: (i) la intervención de SENASA e INTI; (ii) la aplicación aislada de la Regla General 1; (iii) sus dichos respecto a la falta de identificación de porcentajes por parte del legislador en los textos de las posiciones arancelarias discutidas; e (iv) intentos de encasillar la mercadería bajo distintos criterios clasificatorios, todos con el mismo nivel arancelario. Sostiene que el ámbito de actuación del SENASA e INTI se circunscribe únicamente al aspecto higiénico sanitario de la mercadería a exportar, estando reservada exclusivamente a la Aduana las funciones de clasificación arancelaria. Señala como evidente que el resultado del análisis de la muestra por el ITEM difiere con lo declarado por la actora; según ella “(…) resulta suficiente que se trate de un preparado para la alimentación animal del tipo alcanzados por la partida 23.09” para clasificarla bajo la posición arancelaria NCM 2309.90.90 (posición arancelaria SIM 2309.90.90.900T).
Indica que se encuentra allí el núcleo fáctico de la declaración inexacta imputada: la mercadería presentada a despacho difiere de la declarada; no solo se trata de una divergencia clasificatoria, sino que la imputación objeto de debate responde, además, a la diversa calidad de la mercadería exportada y a una falaz declaración por la actora. Manifiesta que el servicio aduanero arribó a la clasificación de la mercadería por aplicación de las Reglas Generales 1, 2 b) y 3 b). Indica que si bien de la simple lectura y aplicación de las Reglas Generales resulta evidente concluir que la mercadería debía clasificarse en la PA NCM 2304.00.10 (posición arancelaria SIM 2304.00.10.200G), destaca que dicha posición está complementada con la opinión del área especializada en dirimir tales cuestiones (el Departamento Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria) mediante el Dictamen Técnico 25/14 (el “Dictamen 25”) como también en la Nota Nº 236/104 (DE TECN).
Considera exacerbado el ceñimiento que la actora manifiesta en su escrito, en cuanto a que la mercadería se clasifica en la partida 23.09 “PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES”. Conforme lo anterior opone la Aduana como evidente que la condición de alimento de los tipos utilizados para la alimentación de los animales no es suficiente para incluir a una mercadería en la partida 23.09 ya que, además, deben poseer la característica de preparación y no deben estar expresados ni comprendidos en otra parte de la nomenclatura. Concluye que la mercadería no cumple con las condiciones necesarias para poder ser clasificada bajo la partida 23.09. Señala que la mercadería clasificable bajo la partida 23.09 es únicamente la de los productos utilizados para la alimentación de los animales que adquieran la condición de “preparaciones”.
La condición de “preparación” que exige la aplicación de la Regla General 1, por sujeción al texto de la partida 23.09, no se cumple en el caso de la mercadería exportada por la actora; ello conforme surge del Dictamen 25, cuyo texto se encuentra replicado en diferentes dictámenes técnicos relacionados con las exportaciones al que cita. Sostiene la Aduana que teniendo en cuenta la composición de la mercadería su composición nunca permitiría situarla en la categoría de “preparaciones” conforme las Notas Explicativas de la partida 23.09 explicando por qué la mercadería en trato no puede caracterizarse como preparación de alimento para animales. Para la Aduana es correcto el razonamiento clasificatorio seguido para dictar la resolución apelada, ya que el producto a exportar se corresponde a una mezcla de 2 componentes uno de los cuales se encuentra en una proporción mayoritaria, razón por la cual su clasificación pertenece a la partida 23.04 [conf.
Reglas Generales 1, 2 b) y la 3 b) y Dictámenes Técnicos mencionados]. Concluye la demandada que: (i) la mercadería documentada en el Permiso de Embarque se encuentra mal clasificada, debiendo encausarse dentro de la partida 23.04 “TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA (SOYA) INCLUSO MOLIDOS O EN PELLETS”; y (ii) los argumentos de firma exportadora se orientan nada más que a sostener un nivel de tributación en el 5% de derechos de exportación al intentar encasillar la mercadería bajo distintos criterios clasificatorios que posean el mismo nivel arancelario. Señala la Aduana que no habiendo duda de la incorrecta clasificación de la mercadería corresponde examinar la figura punitiva del art. 954.1. inc. a) del CA la cual, por los fundamentos que expone, considera correctamente aplicado en el caso.
Realiza la reserva del caso federal y acompaña como prueba documental la Actuación Administrativa SIGEA N° 12551-188-2013 y hace reserva de ampliarla. Solicita se rechace el recurso de apelación, con costas.
IV. El Expediente EX-2020-55881411-APN-SGASAD#TFN "TOFFOLI ENRIQUE ALEJANDRO": Se inicia el 25.08.2020 mediante el recurso de apelación (RE-2020-55880550-APN-SGASAD#TFN) presentado por el actor, despachante de aduana. Señala que se ha dictado una condena en su contra de carácter automático, pre-establecida, carente de fundamento y alejada de los criterios aplicables en la materia, que desconoce los argumentos defensivos expuestos. Señala como evidente que su incriminación es el resultado de una extensión automática e irreflexiva de una imputación sin causa. Indica que, como despachante, actúa como mandatario de la empresa exportadora, quien efectivamente asume sobre sí el hecho jurídico “exportación”, y lo que de allí se deriva (ejemplo: el encuadre tributario).
Manifiesta que, en ese marco, siguió las instrucciones de una empresa de reconocida trayectoria en el rubro; documentó los antecedentes del negocio que le servían de base -proporcionados por la empresa- conforme sus instrucciones; lo anterior en el marco de la buena fe del vínculo y en cumplimiento de sus funciones como auxiliar del servicio aduanero. Expone algunas consideraciones sobre los hechos; indica que, al tiempo de la oficialización, el servicio aduanero extrajo muestras del producto exportado por Alimentos y Forrajes S.A., luego remitidas al ITEM a los fines de su análisis, conforme la Resolución General AFIP 1582/03. Hace notar que la exportadora autoriza para la vista y notificación del resultado del análisis a un auxiliar (despachante) que no es quien suscribe, que fue quien intervino en la operación base.
De dicha vista (Protocolo 91806), no emana que no se estaba ante una preparación de alimento para animal. Remarca que la demora de años para la puesta en conocimiento de la conducta considerada infraccional deviene violatoria del procedimiento a que refiere la resolución general mencionada, conculcando defensas que devienen de imposible concreción. Señala que, aunque el criterio de la Aduana se hubiera expuesto al tiempo de la fecha del análisis del ITEM, ya en ese momento (dos años después de la extracción), podría considerarse, atendiendo a la mercadería en trato, que la misma se encontraba influenciada por factores ambientales que lesionan la verdad objetiva, pues se trata de alimentos. Señala que tal demora le resulta ajena.
Indica que si bien no es perito técnico en la materia no se evidencia del resultado referido –como expuso la exportadora- que la PA utilizada sea incorrecta. Manifiesta que nunca entendió que la posición de la Aduana difería de la clasificación exteriorizada al momento de la oficialización, señalando que no intervino en otra instancia de conocimiento previa. Señala que, a la par de sus defensas suscribe el criterio de la exportadora respecto a que actuado es nulo, pretendiendo un reclamo con base en un “supuesto resultado de análisis”, al que considera infundadamente desfavorable, realizado por un organismo parcial y que no emite opinión respecto a su resultado. Al exponer sus agravios reitera que es un mandatario del exportador/importador y como tal actúa en ese carácter.
Indica que según surge de la normativa aplicable (arts. 241 y 339 del CA) la “función clasificatoria” recae en cabeza de la Aduana, debiendo el despachante, como auxiliar, efectuar una declaración exacta y veraz (en el caso, entendiendo que es razonablemente adecuada), lo que sin dudas efectuó esta parte en el caso, cumpliendo con las instrucciones recibidas de su mandante y en atención a su función de colaboración frente al servicio aduanero. Sintetiza que la responsabilidad del despachante queda acotada exclusivamente a las instrucciones impartidas por su mandante; en el caso todas las declaraciones comprometidas han sido gestionadas en nombre y representación de Alimentos y Forrajes S.A. Indica que la declaración comprometida se condice con las manifestaciones brindadas por el exportador y la documental respaldatoria (factura proforma, certificados de inscripción del producto, certificados sanitarios expedidos por SENASA), de donde surge la expresa identificación del producto, con lo que ninguna responsabilidad puede serle endilgada.
Refiere y cita jurisprudencia y doctrina que respaldarían su posición e identifica diversos sumarios aduaneros en el mismo sentido. Se agravia especialmente de la atribución de responsabilidad por tributos adeudados; señala que el despachante interviene en representación de su cliente, por lo que todos los efectos de los actos que realice dentro del mandato recaerán en cabeza de su mandante -importador/exportador-; manifiesta que es claro que quien realiza el hecho gravado no es el profesional, razón por la cual no podrá ser pasible de responsabilidad tributaria. Transcribe el art. 779 del CA para avalar su posición. Señala que, por ello, la acreditación de representante en las condiciones del artículo 38 del CA lo exime de responsabilidad.
Refiere al fallo plenario de este tribunal del 6.6.1969 en la causa “Moreira SRL” y cita otros precedentes. Invoca a su favor la aplicación del principio in dubio pro reo del art. 898 del CA.
Con fecha 29.10.20 la Aduana contesta mediante el IF-2020-73429910-APN-DTD#JGM. Niega todos los hechos que no sean específicamente reconocidos o que no surjan, inequívocamente, de las actuaciones administrativas o de la prueba a producirse. Señala que el recurso de apelación carece de razonabilidad y sustento fáctico y jurídico, correspondiendo su desestimación. Señala que de la lectura de las actuaciones administrativas surge que el accionar de la Aduana no puede tildarse de arbitrario. Indica que el despachante no aportó ningún elemento de juicio para demostrar la falta de razón del servicio aduanero en torno a la clasificación arancelaria. Tampoco incorporó ningún elemento que demuestre que la clasificación arancelaria contenida en la destinación, por él confeccionada, resultaba ajustada a derecho.
Manifiesta que el despachante se limita a afirmar que su actuación profesional se ajustó a las directivas y documentación proporcionadas por su cliente. Así, sostiene la Aduana, reconoce los hechos constitutivos de infracción. Señala que, en consecuencia, las manifestaciones del despachante deben considerarse como meras afirmaciones dogmáticas. Transcribe el art. 954 del CA y cita la jurisprudencia de la Corte y de este tribunal (“Basf Argentina S.A. c/ DGA s/ apelación”, expte. nº 15.224-A, Sala G, sentencia del 21-10-2002) sobre la materia. Señala que la inexactitud puede referirse a múltiples elementos - naturaleza, especie, calidad, peso, cantidad, precio, etc.-. De manera consecuente la acción típica consiste en efectuar una declaración que difiera con la comprobación (como sucede en autos), y que produzca o pueda producir alguno de los supuestos previstos en los tres incisos del precepto (en el caso, el perjuicio fiscal).
Señala que el despachante hizo caso omiso del principio de veracidad y exactitud de la declaración aduanera y que soslaya su aplicación cuando afecta sus intereses, como si se pudiera concebir un cumplimiento “a medias” de los deberes jurídicos, sin consecuencias. La veracidad de la declaración aduanera es el axioma sobre el que descansa todo el andamiaje del control del estado sobre las operaciones de importación y exportación. Si no se exigiera que la destinación, con carácter de declaración jurada, fuera exacta y veraz, los declarantes efectuarían cualquier manifestación y el estado carecería de una base sólida y real para efectuar el control de las operaciones de comercio exterior y la percepción de los tributos.
Si se declara cualquier cosa, y no se comete ningún ilícito, entonces se pagaría también cualquier cosa, con perjuicio del erario público y de la sociedad. Señala que el despachante es un agente auxiliar del comercio y del servicio aduanero (art. 35 segundo apartado del CA). En su doble carácter, ostenta una responsabilidad sobresaliente: con su sola declaración, tiene la capacidad de librar a plaza mercadería que no será verificada. Cita doctrina. Indica que, en su labor tuitiva, la Aduana debe reprochar el trabajo de quien confecciona equívocamente el instrumento que documenta la destinación. Cita jurisprudencia. Señala que de eso se trata la responsabilidad profesional: ser capaz de dar un paso al costado en caso de no poder cumplir con la labor conforme lo manda la ley.
De ahí la culpabilidad del despachante. La culpa consiste, en definitiva, en omitir el deber de cuidado o previsión exigido. Esto es coincidente con la estructura del ilícito culposo: si no se hubiese violado el deber de cuidado, no se hubiese obtenido en el resultado disvalioso reprochado. Esto no significa que no pueda cometerse una infracción intencionalmente, sino que ese grado de subjetividad no es exigido para su configuración, bastando la culpa, por cuanto se presume el especial deber de conocimiento de las reglamentaciones por parte de los auxiliares del comercio exterior. Señala que, si se conjuga lo dicho con el art. 902, apartado 2º, no debería vacilarse a la hora de confirmar el decisorio recurrido.
Cita jurisprudencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal -in re “Nadia S.C.A.” (28.04.83)- que establece que en estos casos se produce una inversión de la carga de la prueba, correspondiendo al despachante probar causales de exculpación. No es suficiente, pues, para sostener la exculpación la mera manifestación de haber declarado tal como se lo indicara la firma exportadora y sobre la base de la documentación correspondiente. Las condiciones de su profesión le exigen capacidad de discernimiento y conocimientos suficientes para ser auxiliar del servicio aduanero. Por lo expuesto la Aduana solicita se desestime el recurso de apelación del despachante y se confirme la resolución apelada, con costas.
IV. Proceso en el Tribunal Fiscal: Que, cumplida la intimación por la Aduana para que acompañe las act. adm. se corrió vista a la actora por el término de 10 días (PV-2020-75745420-APN-VOCXIII#TFN). Con fecha 04.10.21, mediante sentencia plenaria de este tribunal, se acumula esta causa con el expediente EX-2020-55881411-APN-SGASAD#TFN "TOFFOLI ENRIQUE ALEJANDRO" de la Vocalía de la 19ª Nominación en el que tramitó la apelación del despachante de aduana contra la misma resolución condenatoria de autos. Mediante PV-2021-99905153-APN-SGASAD#TFN de fecha 19.10.21 la Secretaría General de Asuntos Aduaneros deja constancia que: 1. Incorpora a estos autos el referido EX- 2020-55881411-APN-SGASAD#TFN digitalizado (v. documentos IF-2021-99863012-APN-SGASAD#TFN e IF-2021-
99863657-APN-SGASAD#TFN) que tramitó ante la Vocalía 19ª de este tribunal; 2. Da de alta en estos autos al profesional interviniente en dicho expediente; 3. Se incorpora la sentencia de acumulación, IF-2021-94303316-APN- VOCXXI#TFN y la constancia de su registro (NO-2021-95420194-APN-CG#TFN); todo lo cual se notifica a las partes por Secretaría General el 20.10.21 (IF-2021-100261099-APN-SGASAD#TFN). Mediante providencia de fecha 10.10.21 (PV-2021-120149662-APN-VOCXIII#TFN) se corre vista a la co-actora de las actuaciones administrativas agregadas a este expediente por la Aduana. Con fecha 06.06.22 se declara la causa de puro derecho (PV-2022-56500220-APN- VOCXIII#TFN) y el 16.06.2022 se elevaron los autos a la Sala “E” (PV-2022-61082353-APN-VOCXIII#TFN). El 24.06.2022 pasan los autos a sentencia (IF-2022-63663952-APN-VOCXIII#TFN).
VI. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: A fs. 1 de las Actuaciones Administrativas SIGEA 12551- 188-2013 (“act. adm.”), con fecha 05.04.13, obra la nota 413/13 (AD ROSA) de la División Inst. Técnico de Examen de Mercaderías (“ITEM”) por la que, conforme lo normado por la RG AFIP 1582/03 y el e-mail 11/13 (SDG OAI), se extrajeron muestras representativas de la mercadería de la DDT 13052EC01002155D documentada en PA 2309.90.90.900T (preparaciones alimenticias para alimentación animal) presumiendo que podría corresponderle a Harina de Soja 2304.00.10. A fs. 2/3 obra copia del PE. A fs. 4 el Acta de Extracción. A fs. 5 obra copia del e-mail 21/2013 (SDG OAI). A fs. 6/7 obra el Protocolo de Análisis del ITEM LAB 91806 con fecha de entrada 11.05.13 y emitido con fecha 25.03.15.
A fs. 9 obra notificación SICNEA a Alimentos y Forrajes S.A. de fecha 22.04.15 para que concurra a la Sección V (Verificaciones) de la Aduana de Rosario a fin de tomar conocimiento del Protocolo de Análisis 91806 en el marco de las actuaciones administrativas. A fs. 11 obra nota de la empresa Alimentos y Forrajes de fecha 29.04.15 por la que autoriza a su despachante de aduana a retirar el protocolo de análisis. A fs. 12 obra el Informe 314/2016 (SECC INSP SIM) de la Sección Inspección Simultánea de fecha 30.09.16, referido a la destinación DDT 13052EC01002155D por el cual, conforme el documento emitido por la Dirección Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria (fs. 14/21 de las mismas act. adm.) se señala que debió declararse la mercadería bajo la PA 2304.00.10.100B (Harina de tortas) bajo el régimen de la ley 21.453, con intervención de la UCESCI, correspondiendo la denuncia bajo la previsión del art. 954 del CA.
A fs. 22 obra, en los términos antes referidos, el Acta Denuncia contra Alimentos y Forrajes S.A. de fecha 30.09.16. A fs. 24/26 obra el Informe 48/2018 (SECC INSP SIM), de fecha 06.02.18, por el que se determina la multa en los términos del art. 954.1 incs. a) y b) del CA. A fs. 27/28 obra la Resolución 228/2018 (AD ROSA), de fecha 27.04.18, por la que se instruye el sumario infraccional, conforme lo actuado, y corre vista a la actora y el despachante de aduana por el plazo de 10 días, para que presenten su defensa. A fs. 30 obra la cédula SICNEA por la que se notifica a la actora, el 03.05.18, la referida instrucción del sumario y corrida de vista. A fs. 32/27 obra el descargo presentado por el despachante de aduana.
A fs. 39/84 obra el descargo de la actora que se agrega bajo el expediente SIGEA 12551-188-2013/1. A fs. 85/86 se remiten las actuaciones a la División Clasificación Arancelaria para que se emita dictamen técnico clasificatorio. A fs. 87/89 obra Dictamen Técnico 47/19, de fecha 08.09.19 por el que se ratifica la posición de la Aduana en cuanto a la errónea clasificación de la PA, con visto de Jefatura Departamental y Dirección de Técnica, ordenándose el pase a la División Arancel Informático. A fs. 90 obra Nota 309/19 (DIV ARIN) de fecha 26.09.19 sobre el derecho de exportación aplicable a la PA determinada. A fs. 91 se ordena el pase a Asistencia Jurídica a fin de emitir dictamen, el que obra a fs. 92/93 bajo el número 126/2019 (AD ROSA), de fecha 29.10.19.
Finalmente, a fs. 94/96, obra la Resolución 334/19 (AD ROSA), de fecha 26.12.19, apelada en autos, con la que concluyó el sumario aduanero.
VI. Decisión del caso: La controversia sometida a decisión versa sobre la correcta clasificación arancelaria de la mercadería exportada mediante el PE 13052EC01002155D, oficializado el 18.06.13. La actora sostiene que la mercadería debe ubicarse en la “PA” 2309.90.900T (preparación para alimentación de animales) que se encuentra alcanzada con una alícuota de derechos de exportación del 5 %. La comprobación aduanera determinó, a partir de las muestras de mercaderías extraídas y el resultado de su análisis por el ITEM (Protocolo de Análisis de muestras LAB 91806) que la PA declarada por la actora en el PE fue incorrecta y que, conforme el referido resultado, la PA que corresponde a la mercadería exportada es la NCM 2304.00.10 (“Harina y ‘pellets’”), posición SIM 2304.00.10.100B (“Harina de tortas, ley 21.453”) que se encuentra alcanzada con una alícuota de derechos de exportación del 32%. A partir de la comprobación la Aduana imputa a la actora la comisión de la infracción penada en el art. 954.1 inciso a) del CA en tanto la declaración inexacta de la PA provoca un efectivo perjuicio fiscal, como se acaba de reseñar.
VI.1. Hechos no controvertidos Tal como surge del Acta de fs. 4 de las actuaciones administrativas no se encuentra controvertido que; 1) se realizó una operación de exportación de determinada mercadería; 2) que la mercadería exportada soportó la extracción de tres muestras por parte del servicio aduanero, en los términos de la Resolución General (AFIP) 1582/03; 3) que la extracción se realizó para someter a las muestras a un análisis de tipo presuntivo conforme las previsiones específicas para tales supuestos de la antedicha resolución; 4) que la mercadería se había documentado, en cuanto a su PA, como “preparaciones alimenticias para animales” (PA 2309.90.900T); 5) que una de las muestras, conforme lo prevé la mentada resolución general, debidamente cerrada y firmada se destinó al Exportador/Despachante de Aduana; 6) que el despachante de aduana habilitado del exportador prestó conformidad sobre las muestras extraídas, en tanto representativas del total de la partida documentada; 7) que el mismo despachante, en representación del exportador, asumió el compromiso de pagar las eventuales diferencias de tributos que surgieran del análisis a practicarse, más las multas que correspondieren si se verificaran inexactitudes, conformando garantía; 8) que en el Acta se puso en conocimiento del interesado (exportador/despachante) la facultad que poseen de solicitar un segundo análisis, en los términos del punto 3 del Anexo III de la Resolución General (AFIP) 1582/03.
Tampoco han sido impugnados -o comparados con otros- los resultados del Protocolo de Análisis LAB 91806 del ITEM obrantes a fs. 6 de las Actuaciones Administrativas, en el sentido de que se haya realizado otro análisis sobre las muestras con resultados contrastantes con los que surgen de dicho Protocolo. No resulta controvertido tampoco que, con fecha 22.04.15, se notificó a la actora para que tomara conocimiento del resultado contenido en el referido Protocolo de Análisis, lo que realizó con fecha 29.04.15 al retirarlo (fs. 11 de las actuaciones administrativas) y del que, luego, formalmente se notifica el 04.05.15 (fs. 10 de las actuaciones administrativas), todo ello por parte del despachante Marcelo A. Basetti, autorizado por la empresa actora (fs. 11 de las actuaciones administrativas).
No resulta tampoco controvertido que habiendo sido notificada del primer análisis la actora con fecha 29.04.15 (fecha en que lo retiró) contó con un mes –hasta el 29.05.21- para pedir un segundo análisis, conforme lo prevé la Resolución (AFIP) 1582/03 Anexo III punto 3 segundo párrafo, petición que omitió, notificándose incluso “de conformidad” con el Protocolo el 04.05.15. (fs. 10 de las actuaciones administrativas).
VI.2. Derecho aplicable Resultan especialmente aplicables para la resolución del caso las normas del CA, especialmente el art. 954 sobre declaración inexacta y sus concordantes, las normas sobre clasificación arancelaria del Sistema Armonizado (ley 24.206, BO: 06.08.93) y la Resolución General (AFIP) 1582/03 sobre extracción de muestras y análisis.
VI.3. Tratamiento de los argumentos de la actora VI.3.1. Argumentos procedimentales El primer argumento de la actora se refiere a una supuesta omisión del ITEM al elaborar el Protocolo de Análisis; tal omisión en el Protocolo la habría inducido a no peticionar un segundo análisis de la muestra extraída de la mercadería. El razonamiento de la actora se funda en un e-mail interno de la Aduana, de fecha 25.03.13 -suscripto el Subdirector General de Aduanas del Interior- que ordenaba a las aduanas que realicen extracciones de muestras y que, al momento de envío de la muestra al laboratorio (ITEM) soliciten, conjuntamente con el protocolo analítico, que se especifique si se está o no en presencia de preparaciones bajo la Partida 2309 (“preparación para la alimentación animal”).
Señala la actora que el Protocolo de Análisis LAB 91806 emitido por el ITEM no contiene tal especificación; vale señalar que tampoco consta en las actuaciones administrativas, ni en el Acta de fs. 4, que se hubiera solicitado por la Aduana interviniente esa aclaración al ITEM. Ante tal hecho y con base, además, de que el Protocolo consignaba que en la muestra se había identificado cloruro de sodio, para la actora resultó una certeza que se estaba en presencia de una “preparación para la alimentación animal” correspondiente a la Partida 2309, siendo correcto lo declarado en la PA del PE. Concluyó que el resultado del Protocolo le había sido favorable y que, por ende, no existía inexactitud imputable.
Por tales razones, notificada del Protocolo no solicitó un segundo análisis. Tal argumentación de la actora resulta inadmisible. El e-mail interno de la Aduana del 25.03.13, si bien ordenaba a las aduanas que soliciten al ITEM que especifique si se estaba en presencia de preparaciones bajo la Partida 2309, no implica, ni resulta normativamente admisible deducir de él, que la omisión en el Protocolo de expedirse sobre tal cuestión convierta a su resultado en favorable al exportador, ni en confirmatorio de la corrección de la clasificación de la mercadería en la PA 2309. Tampoco un e-mail interno operativo de la Aduana -como el del 25.03.13- puede, por su contenido, suspender o derogar las previsiones de la Resolución General (AFIP) 1582/03, que indican el procedimiento a seguir ante los resultados del análisis del ITEM cuando se notifican al exportador.
Por el contrario, el Protocolo de Análisis siempre consigna un resultado científico y objetivo sobre la composición de la mercadería, de cuyo contenido el exportador es notificado y sobre el que debe proceder en consecuencia. La omisión del Protocolo de Análisis de especificar que se trataba de la mercadería bajo la Partida 2309 (función clasificatoria extraña al ITEM, a la que no se encuentra obligado, ni tiene competencia) no autoriza al exportador a deducir, automáticamente, que la mercadería pertenecía a dicha partida. La clasificación arancelaria, a partir del Protocolo, se define conforme el resultado del análisis, tanto por parte de la Aduana como del exportador, previendo justamente la Resolución General (AFIP) 1582/03 la vista del Protocolo al exportador para que, una vez examinado el resultado, use -o no- la facultad que posee para impugnarlo y exigir un nuevo análisis.
En este caso no existen dudas -como se verá al analizar la cuestión de fondo- que el resultado del Protocolo (la composición de la muestra se identifica y proporciona, en un 100%, como estructuras vegetales de harina de soja -96%- y maíz molido -4%-) no arrojaba como resultado el correspondiente a la PA 2309 sino, de modo divergente, el correspondiente a la PA 2304.00.10.100B (harina de soja). El resultado del Protocolo del ITEM en cuanto a la composición de la muestra de una mercadería constituye una cuestión objetiva. El contribuyente tiene dos opciones frente al Protocolo, conformarlo o solicitar un nuevo análisis. Según los propios dichos de la actora en estos autos, al tomar conocimiento del Protocolo y verificar que su resultado identificaba positivamente en la muestra la presencia de cloruro de sodio, entendió que la mercadería era una “preparación para la alimentación animal”, correctamente clasificada en la PA 2309.
Bajo los conceptos antes enunciados la actora se consideró liberada de solicitar un segundo análisis y asumió -arguye que de buena fe- que el resultado del Protocolo le era favorable. Siendo así, y cualquiera fueran las razones que tuviera, la actora no hizo uso de su derecho de solicitar un segundo análisis de la mercadería, siendo el único análisis producido en estos autos el Protocolo LAB 91806 del ITEM (fs. 6 de las actuaciones administrativas), a cuyo resultado corresponde atenerse en sus implicancias, derivadas de su contenido objetivo. El segundo argumento de la actora radica en que, cuando se le notifica la vista el 03.05.18, se sorprende de la posición asumida por la Aduana que consideró, conforme el resultado del Protocolo de Análisis, que la mercadería se encontraba mal clasificada en la PA de la declaración comprometida.
Ello surgía del Informe 341/16 (fs. 12/13 de las act. adm., a posteriori confirmado por el Dictamen Técnico 47/11, fs. 87/89 de las mismas actuaciones) que determinó que, frente al resultado del Protocolo, correspondía que se hubiera declarado la mercadería en la PA 2304.00.10.100 B (Harina de Soja). Para la actora, todo ello configuraba una situación donde: (i) la Aduana la había colocado en la imposibilidad de solicitar un segundo análisis y ejercer su derecho de defensa; (ii) ese segundo análisis devenía ya imposible -a marzo del 2018, cuando se notificó la vista- pues se trata de mercadería perecedera. Vuelve a sostener la actora que, de buena fe, entendió que la PA declarada era la correcta y que ello estaba corroborado por el resultado del primer análisis.
Sin embargo, agrega ahora, a posteriori, que: (i) el único análisis efectuado de la mercadería fue realizado por el ITEM, que depende de la demandada, sugiriendo que no se trataría de un ente imparcial y; (ii) que es carga de la Aduana demostrar la existencia de la infracción que imputa, lo cual no puede hacerse con un mero análisis parcial que, incluso, resulta ser favorable a los intereses de la Aduana. Nuevamente, tales argumentos no resultan admisibles. El Protocolo del ITEM le fue debidamente notificado a la actora, siendo su resultado claro. Si la actora, basada en las razones que fueran, decidió no solicitar un segundo análisis ello se debió exclusivamente a su decisión -libre y responsable- frente a un resultado objetivo, cuyo contenido y sus implicancias no podía ignorar.
Vale recordar que la propia actora consideró que la presencia de cloruros - identificada en el Protocolo- convertía, sin más, a la mercadería en “preparación para la alimentación animal” y, por ende, estaba bien clasificada en la declaración comprometida. Asimismo, fue la propia actora, pese a las normas claras de la RG (AFIP) 1582/03 quien sostuvo (a partir de lo anterior, como del e-mail interno del Subdirector General de Aduanas del Interior del 25.03.13) que la omisión en el Protocolo del ITEM de una consideración sobre la inclusión de la mercadería en la PA 2309, llevaba a deducir que la mercadería correspondía efectivamente a dicha partida. Todas estas alegaciones, algunas de la cuales implican tanto una invocación de la propia torpeza como el desconocimiento de su responsabilidad primaria en la clasificación arancelaria, conducen, sí, a un solo destino: justificarse en su omisión -cuando pudo hacerlo oportunamente- de solicitar un segundo análisis de la mercadería, como en ofrecer prueba pericial -sobre la mercadería- u otras pruebas, que respaldaran su posición sobre la clasificación en la PA que defiende.
En efecto, si la PA sostenida por la actora era la correcta, contó con varias oportunidades procedimentales para producir prueba –nuevas extracciones, un segundo análisis, pruebas indirectas- que corroborara la posición que defiende. Sin embargo, con diferentes excusas procedimentales, omitió siempre ofrecer dicha prueba sobre la correcta PA en que se encuentra clasificada la mercadería, sin objetar el único Protocolo de Análisis producido en autos, cuyo contenido objetivo resulta indubitable. Finalmente, de modo notoriamente contrastante con lo que es su responsabilidad primaria en la confección de la declaración comprometida, la actora termina oponiendo que es una carga de la Aduana demostrar lo que ya se encuentra, en su base, demostrado por el único Protocolo de Análisis de autos –el del ITEM-, el que la actora tuvo oportunidad de controvertir y que, sin embargo, terminó conformando en su contenido objetivo.
Corresponde también, en esta instancia, rechazar la descalificación dogmática realizada respecto al ITEM y su actividad, por el hecho de depender de la Aduana. Vale señalar que se trata de un laboratorio, integrado por profesionales, que realiza una actividad de naturaleza científica y técnica cuyos resultados, en su objetividad, pueden ser ampliamente controvertidos por las partes, si fueran inexactos o tendenciosos. Solamente bajo ese prisma profesional podría realizarse una descalificación al ITEM y los resultados de sus análisis, siendo inadmisible de modo dogmático, cuando la actora ha omitido, como sucede en este caso, cualquier prueba alternativa respecto a lo consignado en el Protocolo del ITEM. En conclusión, respecto a todo lo expuesto hasta aquí, no se observan vicios en el procedimiento que permitan sostener que la actora estuvo imposibilitada de solicitar un segundo análisis, como ofrecer y producir prueba adicional para sostener su posición, frente al resultado del primer y único análisis –Protocolo LAB 91806 del ITEM- que motivó a la Aduana a considerar que la clasificación arancelaria de la declaración comprometida (PA 2309.90.900T, “preparación para alimentación de animales”) era inexacta. Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad primaria que pesa sobre el exportador en tal materia, por la que siempre puede estar llamado a rendir cuentas.
Se rechazan, pues, todos los planteos de nulidad de la actora contenidos en el capítulo IV.1 del recurso de apelación, señalando que no hubo vulneración alguna al procedimiento estatuido por la entonces vigente Resolución (AFIP) 1582/03.
VI.3.2. Argumentos de fondo. Declaración inexacta de la mercadería VI.3.2. (i) La clasificación arancelaria y su prueba por la Aduana Respecto del fondo de la cuestión hay que señalar, en primer lugar, que el único Protocolo de Análisis con el que se cuenta es el LAB 91806 del ITEM, pues la actora no lo impugnó, ni hizo uso de su derecho a realizar un segundo análisis. Tampoco ofreció la muestra que le fue entregada con el Acta de fs. 4 de las act. adm. para un nuevo análisis, ni produjo prueba adicional tendiente a justificar la PA declarada, lo que constituye su carga y responsabilidad primaria. El Protocolo de Análisis (ver fs. 6 de las act. adm.) es claro en cuanto a que las muestras extraídas consisten en estructuras vegetales en un 100 %, con una proporción de harina de soja desgrasada superior al 96 % y de maíz molido del 4 %, donde no se detectan carbonatos y se identifica positivamente la existencia de cloruro de sodio. Esto último no varía la proporción de las estructuras vegetales en la composición del 100 % descripta.
Frente a lo anterior la actora afirma que no hay inexactitud en su declaración comprometido en cuanto a la PA. Sostiene que del Protocolo de Análisis surge que el producto exportado contiene agregados adicionales a la Harina de Soja como Maíz Molido y agregados de cloruros. En base a ello concluye que se trata de una “preparación para alimento de animal”. Vale oponer que tal afirmación no es exacta, el único “agregado” que se identifica es cloruro de sodio, pero el 100% de la estructura vegetal del Protocolo de Análisis se encuentra integrado por harina de soja y maíz molido, excluyendo al cloruro de sodio del cual solamente se identifica presencia, sin integrar la referida estructura vegetal.
Para fundar su posición la actora trae a colación el Dictamen Técnico 41/11, dictado en el SIGEA Nº 12425-84-2010/1 del Jefe del Departamento de Clasificación Arancelaria, que es acompañado como prueba documental. A poco de examinar dicho dictamen es dable observar que, en ese caso, sí se trataba de una mezcla para alimento animal –no de una estructura vegetal-. Así, a fs. 8, se observa que, además de los componentes vegetales de la muestra, el resultado arroja actividad ureasica con humedad (8,2 %), proteína cruda T.C. (41 %), Grasa T.C. (2%), Cenizas T.C. (5,3 %) y fibra T.C. (3,2 %). En las conclusiones del informe sobre dicha muestra se señala la presencia de un contenido de proteína elevado para un alimento balanceado.
En las primeras hojas del referido informe se consignan las etapas de elaboración del producto, entre las cuales se encuentra el “mezclado”, y se indica la presencia de proteínas en un 40 %, concluyendo en que se trata de “preparaciones utilizadas como complemento energético – proteico de uso exclusivo en alimentación animal, de diversas composiciones y características”. Igualmente debe descartarse el “criterio clasificatorio” Nro. 47 de la Resolución General AFIP Nro. 3427/12 opuesto por la actora como prueba documental, sosteniendo que se trata de “un alimento similar al aquí tratado, (…) clasificado bajo la PA 2309.90.90”; basta acudir a la lectura de dicha resolución para descartar que se trate de un “alimento similar” al de autos, desde que resulta caracterizado no como una “estructura vegetal” como en un 96% de harina de soja y un 4% de maíz molido, sino como “suplemento alimenticio en polvo, constituido mayoritariamente por expeller de soja, adicionado con harina de gluten de maíz, DL-Metionina y minerales, de los tipos utilizados en alimentos para peces”.
Por demás, resulta improcedente argumentar la clasificación arancelaria sobre una mercadería determinada, de la que se posee un Protocolo de Análisis emergente de una muestra de laboratorio de dicha mercadería, recurriendo a una analogía documental de casos relativos a otras mercaderías y otras muestras, incontrolables e incontrastables con la concreta mercadería que fue sometida a análisis en su composición. No puede apelarse a la analogía conceptual frente a la realidad del Protocolo de Análisis de autos y su resultado, relativo a una muestra real, representativa de toda la mercadería exportada. Así, estos informes y dictámenes traídos a colación por la actora carecen de fuerza de convicción frente al concreto Protocolo de Análisis de las act. adm. de autos, al informe de fs. 14/21 de dichas act. respecto a la muestra, especialmente lo que consigna a fs. 15/16 sobre las tres condiciones que señala como necesarias para que un producto sea considerado “alimento animal”, en los términos de la PA 2309 e indicando su carácter residual, pese a la insistencia de la actora de considerar al resultado del Protocolo de autos dentro de dicha partida.
En este punto vale señalar que la ley 24.206 (BO: 06.08.93) por la que se aprobó el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de Bruselas (en adelante el “Sistema Armonizado”) señala respecto de la partida 2309 en la que la Aduana clasificó a la mercadería lo siguiente en cuanto a su descripción: 23.09 2309.10 PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS 2309.90 ANIMALES.
- Alimentos para perros o gatos acondicionados para la venta al por menor.
- Los demás.
En vivo contraste, la partida 2304 en la que la Aduana clasificó la mercadería, conforme el resultado del Protocolo de Análisis LAB 91806 del ITEM (fs. 6 de la act. adm.) corresponde a “Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en ‘pellets’”, correspondiendo al producto la posición SIM 2304.00.10.100B, Harina de tortas (ley 21.453). Asimismo, los fundamentos de la correcta clasificación arancelaria enunciada, frente a la composición de la muestra LAB 91806 del ITEM, aparece suficientemente fundada en el Informe 341/2016 (SECC INSP SIM) de fs. 12/13 de las act. adm. y, especialmente, en el Dictamen Técnico 47/19 de septiembre de 2019 de fs. 87/89, por el que se descarta la aplicación a la muestra de las partidas 12.08 y 23.09, cuya composición, aplicando las reglas generales 1, 2.b) y 3.b) del Sistema Armonizado queda bajo la Posición Arancelaria NCM 2304.00.10 (Harinas y Pellets), SIM 2304.0010.100B. Se remite íntegramente al contenido de este último dictamen como fundamento de la corrección de la clasificación arancelaria realizada por la Aduana respecto de las muestras extraídas y conforme el resultado del Protocolo de Análisis LAB 91806 del ITEM de fs. 6 de las act. adm.
En tal sentido, no exige mayor esfuerzo considerar, respecto del resultado de la muestra -estructura vegetal con composición superior a un 96% de Harina de Soja y 4% de maíz molido- que: (i) la Regla General 1 asigna preponderancia a las Notas de Capítulo, como la del Capítulo 23, que establece el carácter residual de la partida 23.09, esto que los productos se clasifican en esa partida si no pueden clasificarse en otra: claramente, un muestra que arroja como resultado más de un 96 % de harina de soja de composición, siendo una estructura vegetal, debe clasificarse bajo la partida que corresponde a la harina de soja, y no a una residual de alimentos para animales; (ii) que, en línea con lo anterior, si hubiera dudas porque la muestra tiene dos componentes (harina de soja en un 96 % y 4% de maíz molido) la Regla 2 b) prevé que una partida que referencia a una materia la alcanza tanto; a) pura como, b) mezclada o asociada con otras materias, y que la clasificación de esos productos se realiza de acuerdo a los principios de la Regla 3; (iii) esta Regla 3, en su inciso b) -paralelo al inciso b) de la Regla 2 en cuanto refriera a las mezclas o materias asociados con otras, y ambas poseen especificidad bajo la regla 3 inc. a) (e.g. harina de soja y maíz molido)- establece que la mercadería se clasificará por la materia que le confiere su carácter esencial que, en la muestra bajo análisis, es, sin dudas, la harina de soja, que representa un 96 % de la composición que, en un 100 %, se define como “estructura vegetal”.
Debe también decirse, a esta altura, que, sin tantas discusiones ni cavilaciones, si una muestra de mercadería arroja como resultado de laboratorio que se trata de una estructura vegetal que, en un porcentaje del 96 %, se trata de harina de soja, lo que tenemos frente a nuestros ojos es harina de soja, y no una preparación para alimentos de animales. Cabe agregar a lo ya dicho -que basta para dar razón a la posición de la Aduana- que no puede soslayarse que la Nota que abre el Capítulo 23 del Sistema Armonizado de modo inmediato, respecto de la Partida 23.09 en el que la actora pretende ubicar a la mercadería exportada, aclara que “se incluyen en la partida 23.09 los productos del tipo de los utilizados en la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte, obtenidos por tratamiento de materias vegetales o animales y que, por este hecho, hayan perdido las características esenciales de la materia originaria, excepto los desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales procedentes de estos tratamientos” (subrayados y resaltados añadidos).
Y es que, a fortiori, asiste razón a la Aduana cuando señala, a partir de la muestra y el resultado del Protocolo de Análisis, que la cuestión excede la mera divergencia clasificatoria. La mercadería presentada a despacho, frente al resultado del Protocolo de Análisis representativo de toda esa mercadería, difiere notablemente de la declarada en el PE, apareciendo como falaz la declaración del exportador. El Dictamen Técnico 25/14 -al igual que la Nota Nº 236/104 (DE TECN)-, invocado por la Aduana, señala respecto de la partida 23.09 que comprende “(…) a las preparaciones para la alimentación animal, que consistan en una mezcla de varios elementos nutritivos y destinadas a: - proporcionar al animal una alimentación cotidiana, racional y equilibrada (piensos completos); -completar los piensos producidos en las explotaciones agrícolas mediante aporte de determinadas sustancias orgánicas e inorgánicas (piensos complementarios); -o, incluso, a la fabricación de piensos completos o complementarios”, teniendo un carácter residual, conforme surge de la antes transcripta Nota 1 del Capitulo 23 del Sistema Armonizado.
La condición de alimento de los tipos utilizados para los animales no es suficiente para incluir a una mercadería en la partida 23.09 ya que, además, debe poseer la característica de “preparación” y no debe estar expresado ni comprendido en otra parte de la nomenclatura, como claramente sucede, conforme el resultado del Protocolo de la mercadería exportada que es, sin duda, harina de soja. En tal sentido, el referido Dictamen 25/14 resulta contundente en cuanto a que una muestra cuya composición es 100% estructuras vegetales no puede clasificarse bajo la partida 23.09. El dictamen indica que “(…) En términos generales las “ Preparaciones” se componen de distintas materias dispersas y homogéneamente mezcladas, que no solo se han sometido a varios procesos de fabricación, sino que deben haber sido incorporadas en proporciones determinadas y, además, deben contener por adición, diversas sustancias cuyo objetivo es adaptarlas al uso específico para el que fueron creadas, es decir la alimentación de animales”.
Menciona elementos nutritivos que obligatoriamente debe contener la muestra para ser considerada “preparación” tales como los energéticos, los ricos en sustancias proteicas o minerales y los que favorecen la asimilación de carbohidratos, proteínas y minerales por el organismo animal, como las vitaminas, los oligoelementos, los antibióticos, entre otros; “(…) Esto excluye a todos los tipos de productos resultantes de una mezcla de sustancias que no respondan a estos principios y que, en consecuencia, se correspondan a otros títulos de otras partidas que resultan más específicas o que cumplan los preceptos de las notas legales de Sección o de Capítulo del SA”.
En definitiva, asiste razón a la Aduana en cuanto descalifica el razonamiento clasificatorio de la actora, con fundamento en que la composición de estructura vegetal no permite situarla en la categoría de “preparaciones” conforme las Notas Explicativas de la partida 23.09., tanto por las características cuantitativas y cualitativas de sus componentes, como por su proceso de producción. La misma Regla General 1 del Sistema Armonizado, invocada por la actora, obliga a contemplar las Notas de Sección o de Capítulo, tal como la transcriptas del Capítulo 23, a las que nuevamente se remite. Por demás, debe señalarse que el propio escrito de la actora, carente en cuanto a sus dichos de todo respaldo científico objetivo (como es el Protocolo del ITEM) resulta impreciso y confuso en sus consideraciones: (i) por ejemplo, hace decir al Protocolo mucho más de lo que dice: que la muestra es una “mezcla granulometría heterogénea (sic) con una porción de estructuras vegetales de harina de soja “desgradada” (aprox. 96%) y maíz molido (aprox. 4%)” (página 2 quinto párrafo del recurso de apelación): basta oponer que un 100 % no es una “porción” de nada, y que no se observa donde esta la “mezcla” en una composición neta de harina de soja y maíz molido en porcentajes claros y diferenciados, que se identifican como estructuras vegetales; (ii) en el mismo sentido, da relevancia pero no explica cómo el “agregado” de cloruros (página 2 quinto párrafo; página 2 último párrafo; página 4 quinto párrafo in fine; página 6 segundo párrafo; página 12 sexto párrafo; página 13 segundo párrafo y página 15 segundo párrafo del recurso de apelación) que es precisamente eso, un “agregado” extraño y fuera del 100% de la composición de la muestra, puede ser determinante para convertir a la muestra (y, así, a toda la mercadería) en una preparación de “alimento para animales”; (iii) tampoco es claro que el hecho de que el resultado de la muestra pueda servir como “complemento” (página 13 tercer párrafo y página 15 tercer párrafo del recurso de apelación) “para la formulación de alimentos balanceados” y que sea “un producto que debe adicionarse a una mezcla final para ser utilizado en la alimentación animal” convierta directamente al resultado de la muestra en una “preparación para alimentación de animales”. Así las propias expresiones usadas por la parte actora parecen indicar que no es alimento para animales, sino que podría eventualmente servir de insumo para obtener tales alimentos, sin serlo.
Despejado lo anterior, la clasificación arancelaria realizada por la actora, tal como lo señala la Aduana, solamente pudo orientarse a una única finalidad, que es la única motivación que sobrevive a la errónea clasificación realizada en la PA de la declaración comprometida originaria: sostener un nivel de tributación en el 5% como alícuota de derechos de exportación sobre el valor FOB de la mercadería.
En conclusión, resulta inexacta la clasificación originaria realizada por la actora en el PE 13052EC01002155D de la mercadería exportada, bajo la 2309.90.900T (preparación para alimentación de animales), siendo correcta la reclasificación realizada por la Aduana –NCM 2304.00.10 (“Harina y ‘pellets’”), posición SIM 2304.00.10.100B (“Harina de tortas, ley 21.453”)- con base en el Protocolo LAB 91806 del ITEM, con sus consecuencias en cuanto a los derechos de exportación que debieron pagarse por la actora: alícuota del 5% sobre el Valor FOB de la mercadería - clasificación de la actora- versus alícuota del 32 % sobre el Valor FOB de la mercadería -clasificación de la Aduana-.
VI.3.2. (ii) Ausencia de toda prueba indirecta respecto al producto exportado Si bien la prueba del Protocolo de Análisis del ITEM y su resultado constituyen, por su carácter científico, un elemento de alta confiablidad en materia clasificatoria, no es el único elemento de prueba que puede usarse para sostener que una mercadería fue correctamente declarada. Existen también pruebas indirectas, que asumen relieve en los casos en que no se puede concretar la prueba científica. Estas pruebas hacen a la operación de exportación y su transacción comercial subyacente. Su completa ausencia en estos autos, no deja de ser un indicio adicional, contrario a la posición de la actora. Resulta un hecho conocido que la harina de soja es un commodity agrícola con precios internacionales, verificables día a día tanto contra los mercados internacionales como contra los precios oficiales de la Secretaría de Agricultura; que los derechos de exportación de la harina de soja, en su caso, se pueden retro-trasladar como costo, en su origen, operando como un descuento comercial sobre los precios de compra del producto base que realiza el exportador; que tanto dicha compra de soja en el mercado interno de la mercadería tiene un vendedor, como la exportación tiene un comprador de harina de soja en el exterior, ambos sujetos que podrían dar testimonio del producto comprado y vendido y su trazabilidad, etc.
En contraste, los alimentos para animales, conforme la clasificación arancelaria de la actora, constituyen un producto distinto en su realidad comercial a la Harina de Soja. Debía ser relativamente simple producir prueba respecto al origen de la mercadería declarada (vendedor o producción propia), destinatario en el exterior, precios, etc. que avalaran, desde el plano comercial, que la clasificación arancelaria era la del producto declarado, esto es que se compró o produjo, vendió y exporto una “preparación para alimentación de animales” y no harina de soja. Resulta llamativo que la propia actora no solicitara la incorporación de la carpeta de la destinación involucrada, en la cual, por ejemplo, podría observarse algunos de estos elementos objetivos (comprador del exterior, precio, comparación con precios internacionales u oficiales, etc.).
Ninguna prueba fue ofrecida por la actora al respecto, lo que se suma a su pasividad respecto de los resultados del Protocolo de Análisis del ITEM. La única argumentación en tal sentido fue una apelación genérica de la actora a la aprobación por el SENASA y el INTI de la mercadería, obviando que tales aprobaciones se refieren exclusivamente a sus aspectos sanitarios e higiénicos, estando reservada exclusivamente a la Aduana la función de clasificación arancelaria.
Nuevamente, en contraste con lo anterior, la errónea clasificación arancelaria denunciada por la Aduana significaba un beneficio impositivo para la parte actora (máxime considerando una eventual retro-traslacion del tributo en el mercado interno) de 27 puntos porcentuales de derechos de exportación, frente a los 5 puntos pagados por el producto declarado.
VI.3.2. (iii) La correcta clasificación arancelaria se encuentra gobernada por el principio de autodeterminación impositiva. El exportador debe poder fundar cabalmente la clasificación realizada al confeccionar la declaración comprometida La materia relativa al encuadre de la mercadería en la PA correcta en la declaración comprometida se encuentra gobernada por el principio de autodeterminación tributaria. En materia aduanera todo el sistema de despacho en confianza descansa sobre dicho principio -análogo a los de las normas directrices de los arts. 11 y 13 de la ley 11.683- que implica, de modo especial para tal materia, la veracidad del exportador o el importador en su declaración, sobre la que se encuentra obligado a dar cuenta de modo cabal ante el fisco. Cuando el exportador asigna la PA a la mercadería que exporta se encuentra sobrentendido que tal actividad no se realiza de modo ligero, ni que es una decisión superficial, sino tomada con máxima seriedad. Pesa sobre tal sujeto la obligación de exactitud en su declaración, que debe realizarse con respaldo probatorio -y eventualmente jurídico- suficiente, al nivel de que pueda sustentar la clasificación durante el plazo de prescripción establecido para la revisión de las declaraciones aduaneras comprometidas.
Si, como en este caso, la asignación de una determinada PA implicaba una variación en 27 puntos porcentuales en la alícuota que cuantifica los derechos de exportación a pagar, resulta indudable que el exportador debía poder dar cabal respuesta, desde el momento mismo en que confecciona la declaración comprometida, sobre el sustento de la PA seleccionada. El estándar en esta materia, a diferencia de lo que sostiene la actora, no es la mera buena fe, sino el del actuar diligente del buen hombre de negocios, que excluye un comportamiento culposo, vedado para tales supuestos y que se encuentra sujeto a la sanción prevista por el art. 954.1. del CA. El exportador o importador debe poder demostrar que, respecto de la concreta mercadería exportada, la decisión respecto a la PA asignada fue tomada con sólido respaldo, no negligente o superficialmente.
En contraste, el comportamiento del exportador en este caso se ha caracterizado, como se ilustró, como una conducta evasiva respecto a su carga de justificar la clasificación arancelaria por la que optó al confeccionar la declaración comprometida. Así se evidenció, desde un primer momento, con una actitud pasiva respecto de las muestras extraídas (conforme Resolución General (AFIP) 1582/03, Anexo II, punto 4.5., tercer párrafo siempre tuvo a su disposición una muestra, que podía y debía conservar inviolable, para contrastar los resultados del ITEM con un nuevo análisis, sin perjuicio de lo establecido por el Anexo III punto 2.2.), como en las excusas procedimentales y de apreciación para no solicitar un nuevo análisis, así como en la ausencia de cualquier otra prueba que, aún de modo indirecto, pudiera suscitar alguna duda respecto de los resultados del Protocolo de Análisis de autos.
Por el contrario, la conducta de la actora, a lo largo del procedimiento, lejos de generar algún tipo de reparo a su favor - que podrían autorizar la aplicación del art. 898 del CA que invoca- conduce a afianzar la convicción de que la clasificación de la mercadería realizada y la PA aplicada a la exportación fue errónea, elemento reforzado por el relevante beneficio arancelario que tal opción implicaba. En consecuencia, los fundamentos objetivos de la Aduana para reclasificar la mercadería y fundar la resolución condenatoria apelada no han sido conmovidos por las defensas esgrimidas en esta instancia.
VI.4. Tratamiento de los argumentos de la Aduana Conforme lo expuesto supra en VI.3 corresponde admitir los argumentos desarrollados por la Aduana en las páginas 3 a 22 -punto IV e) inclusive- de su contestación al recurso de apelación de la actora (IF-2020-52721458-APN-DTD#JGM). En consecuencia, la correcta clasificación arancelaria de la mercadería exportada mediante el PE 13052EC01002155D - oficializado el 18.06.13.- es la PA correspondiente a la NCM 2304.00.10 (“Harina y ‘pellets’”), posición SIM 2304.00.10.100B (“Harina de tortas, ley 21.453”), alcanzada con una alícuota de derechos de exportación del 32%. VI.5 Comisión de la infracción del art. 954.1 inc. a) del CA y confirmación de los tributos aduaneros determinados Establecido que la clasificación arancelaria realizada por la actora fue errónea, corresponde revisar si tal conducta se encuentra comprendida por la sanción del art. 954.1. inc. a) del CA, conforme la sanción impuesta a la actora mediante el art. 1 de la resolución apelada.
El art. 954.1 del CA establece como presupuesto de hecho para su aplicación que el servicio aduanero verifique una diferencia respecto del contenido de la declaración aduanera del exportador o del importador: la detección de tal diferencia, con todos sus fundamentos, constituye la comprobación aduanera. La sanción prevista por el art. 954.1 del CA se completa en su tipicidad cuando la diferencia detectada por la comprobación tiene como consecuencia producir -real o potencialmente- alguno de los hechos descriptos en los tres incisos del referido apartado 1 del art. 954. En el caso que nos ocupa la DGA consideró configurado el inciso a), que cristaliza cuando la diferencia detectada en la comprobación aduanera resulta, o puede resultar, en “un perjuicio fiscal” en los términos del art. 956 inc. b) del CA. De modo sintético: si la comprobación aduanera prevalece finalmente sobre la clasificación arancelaria declarada por el importador o el exportador, y tal diferencia genera -o puede generar- un perjuicio fiscal, la sanción es procedente y debe aplicarse sobre el exportador o, en su caso, el importador. Tal supuesto se ha configurado en autos, tal como surge supra del desarrollo del punto VI.3., especialmente el punto VI.3.2.
Al respecto la Corte Suprema ha destacado que el bien jurídico tutelado por esta norma del CA en relación a la declaración aduanera es su veracidad y exactitud, siendo que a partir de ella se construye todo el sistema de despacho en confianza de las mercaderías, en razón del cual se controla solamente una parte de ellas. En consecuencia, la declaración comprometida formulada por el administrado en una destinación aduanera es determinante, y su inexactitud resulta severamente penada por la legislación aduanera. La Exposición de Motivos del CA señala que se trata de un régimen punitivo único que comprende todas las diferencias y declaraciones inexactas que pueden cometerse en el curso de las distintas operaciones o destinaciones aduaneras. Así comprende, sin dudas, la Posición Arancelaria declarada por el exportador respecto de la mercadería exportada; tal Posición Arancelaría determina el nivel de alícuotas aplicable al Valor FOB de la mercadería declarada, cuantificando los derechos de exportación a ingresar. La referida ha sido la jurisprudencia constante e invariable del Alto Tribunal en relación al art. 954.1 del CA, conforme los fallos “Frigorífico Rioplatense S.A.” (Fallos 315:942 sentencia del 12.05.92); “SUBPGA S.A.C.I.E. e I. y Nación Argentina (Administración Nacional de Aduanas)” y “Bunge y Born Comercial S.A.” (Fallos 321:1614, sentencia del 11.06.98, ver considerandos 4° a 8°). El Alto Tribunal en el precedente “SUBPGA” (Fallos 315:942 de fecha 12.05.92) considerando 8° expresó que “(…) el art. 954 del Código Aduanero da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante (…) o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se traduce en que, por principio, en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas practique las tareas de control que le están asignadas (…)”. Tal jurisprudencia asume el carácter de interpretación auténtica del pensamiento del legislador, apoyada en la propia Exposición de Motivos del CA vigente, a la que se remite brevitatis causae.
En consecuencia, corresponde confirmar el art. 1 de la resolución apelada, tanto en lo referido a la sanción impuesta como consecuencia de la declaración inexacta, así como respecto de la diferencia de tributos originada en el diferente nivel de alícuotas que resulta aplicable bajo la posición arancelaria correcta de la mercadería. Tal diferencia de tributos deberá cancelarse con sus intereses resarcitorios hasta la fecha de efectivo pago, conforme lo dispuesto por los arts. 794, 796 y concordantes del Código Aduanero.
VII. Responsabilidad del despachante de aduana El despachante de aduana -recurrente en estos autos- adhiere las defensas de la actora en cuanto a la sanción y tributos reclamados por la Aduana con base en el art. 954.1 inc. a) del CA, las que fueron rechazadas supra en el punto VI, al que se remite.
Despejado lo anterior resta ocuparse de los agravios exculpatorios del despachante referidos al tipo subjetivo de la infracción que se le endilga. Al respecto se seguirá lo decidido por esta Sala en el precedente “Ibarlucea Sergio c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación” (Expte. 30.947-A, sentencia de fecha 10.06.19, voto del Dr. Juárez).
Cabe señalar pues, en primer lugar, que la Exposición de Motivos del CA expresa que el sistema de responsabilidad en materia infraccional gira en torno al cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero. El art. 902 del CA establece que no podrá imponerse sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación, o cualquier otro acto o situación.
Siendo ello así corresponde examinar entonces si la incorrecta clasificación arancelaria puede ser atribuida a la esfera de responsabilidad del despachante de aduana. Debe tenerse presente que el art. 332.2 del CA establece la obligación de declarar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate. Lo exigible, entonces, es que el declarante coloque en esa tarea la debida diligencia, propia de una actividad profesional. Vale reiterar, en tal sentido, que la clasificación arancelaria es una cuestión técnica que, precedida por la identificación de las mercaderías, consiste en una operación de aplicación de las reglas del Sistema Armonizado a fin de encuadrar a una mercadería en una partida y, finalmente, en una posición arancelaria o ítem de la NCM, o bien en una posición SIM, en caso de existir desdoblamiento. Tal como se encuentra concebido el Sistema Armonizado, resulta posible clasificar a cualquier mercadería en una posición arancelaria o ítem aplicando las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado. Conforme la Regla General 1, la clasificación a nivel de partida está determinada por el texto de las partidas y las notas de sección o de capítulo. Como se evidenció al resolver el fondo de esta cuestión (supra VI.3.2.) no resultaba compleja la tarea de clasificación arancelaria en relación a la mercadería en trato, función que debía cumplir el despachante de aduana. Debe recordarse que, conforme el art. 36.2. del CA el despachante de aduana no es solo un dependiente que cumple instrucciones de su representado, sino un auxiliar calificado del servicio aduanero entre cuyas funciones se encuentra, también, la de cumplir, de modo objetivo y autónomo, lo dispuesto por el referido art. 332.2 del CA.
Debe señalarse que resulta notoria la confusión incurrida por el despachante imputado en autos entre las mercaderías Harina de Soja y “preparación para alimentación de animales”. Adicionalmente no puede soslayarse la particular diligencia que le resultaba exigible en su función ante la sensible diferencia de tratamiento arancelario entre las posiciones arancelarias que podían corresponder a la mercadería que debía clasificar. Correspondía que el despachante extremara los recaudos en la clasificación arancelaria, dejando constancia de ello. Asimismo, acentúa su responsabilidad en este caso que la cuestión clasificatoria no presentaba, siquiera, la complejidad de la examinada en el referido precedente “Ibarlucea” de esta Sala E, siendo su consecuencia económica para el fisco, en contraposición, altamente relevante. Conforme el principio sentado en el art. 908 del CA, el despachante de aduana no es responsable en materia infraccional si prueba haber cumplido las obligaciones a su cargo. Ello ha sido interpretado por la jurisprudencia, en general, como que no resulta responsable el despachante que no se apartó de las instrucciones impartidas por su mandante. Tal generalización no puede extenderse, sin embargo, de modo indiscriminado, obviando el alcance del art. 36.2 del CA y, menos, el de su art. 902 inc. 2 que, para la materia infraccional, establece como principio que la ignorancia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximentes de sanción. Como se dijo, el despachante de aduana no actúa solamente como mandatario del importador/exportador, sino que también es un profesional (de allí la aplicabilidad del art. 902 inc. 2 del CA) que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías -art. 36.2. del CA-. En tal aspecto, debe colaborar eficazmente con el servicio aduanero. Así, el solo hecho de invocar haber seguido instrucciones de su mandante, y aún demostrarlo, no puede resultar eximente de responsabilidad en los términos del art. 908 del CA, cuando ha sido negligente en el ejercicio de sus funciones propias.
Sin duda, tal examen de la conducta del despachante requiere prudencia, a fin de evitar criterios rigoristas que impliquen exigirle una conducta imposible, de acuerdo a su saber y experiencia. En este caso se evidencia que el despachante de aduana actuó, cuando menos, de manera negligente, frente a la diversidad y grave implicancia fiscal de clasificar la mercadería en una u otra posición arancelaria, entre las que aparecían como alternativas bajo el capítulo 23 del Sistema Armonizado. Ello sin perjuicio de que la PA optada por el profesional -la 2309 (2309.90.900T, “preparación para alimentación de animales”)-, con menor alícuota de derechos de exportación, desde su Nota 1 señala su carácter residual respecto al resto de las del mismo Capítulo 23 del Sistema Armonizado (algunas con alícuotas de derechos sensiblemente mayor) evidenciando un comportamiento, como mínimo, displicente. El despachante no podía ignorar las dañinas consecuencias al erario que conllevaba la clasificación residual elegida, frente a otras del mismo capítulo 23 del Sistema Armonizado, manifiestamente más adecuadas para la mercadería, con mayores niveles arancelarios y cuyo inmenso volumen en el mercado del comercio exterior argentino las excluyen de considerarlas como mercaderías raras o particulares que justificaran un error excusable. Se trata, precisamente, de la situación contraria. Resulta extraño, y necesitado de convincente justificación, que un despachante de aduana de la Provincia de Santa Fe, que opera en el Puerto de Rosario, confunda harina de soja con una preparación para alimento de animales.
La cuestión clasificatoria de autos exigía un comportamiento diligente al momento de la confección de la declaración comprometida, de lo que no hay ninguna evidencia reflejando en los hechos de la causa; por el contrario, desde la misma argumentación del despachante se verifica la situación opuesta, al descansar sobre la justificación genérica de cumplir, como si se tratara de un autómata, las instrucciones del exportador. El despachante se especializa en la clasificación arancelaria y, por lo tanto, es un conocedor de las reglas generales para la interpretación del Sistema Armonizado. Es dable exigirle un conocimiento del ámbito del comercio exterior argentino y experiencia como para no incurrir en errores notorios respecto a las prácticas y mercaderías habituales del mercado en el que actúa. No se le exige ser perito sobre la calidad de la mercadería o tener conocimientos técnicos para detectar lo que resultó de un análisis de laboratorio, pero si le resulta reprochable no haber puesto la debida diligencia al momento de su declaración. En ese sentido, el despachante no demostró -siquiera lo insinuó- haberle requerido a su cliente información relativa a la mercadería, más allá de la superficial emergente de la factura comercial.
En virtud de lo expuesto, a criterio del suscripto, el despachante de aduana incumplió las obligaciones a su cargo, en el nivel de diligencia que le resultaba exigible en un caso como el de autos.
Vale a esta altura señalar que el art. 779 del CA (“El despachante de aduana que realizare un hecho gravado sin acreditar su condición de representante en alguna de las formas previstas en el artículo 38 responde personalmente por los tributos pertinentes”) usado como argumento por el despachante para tratar de salvar su responsabilidad tributaria, debe entenderse en el sentido estricto de lo que dispone. Cuando un despachante, sin mandato, realiza una exportación o importación realiza un hecho gravado y, por ende, es responsable de los tributos adeudados, aun cuando hubiera actuado de forma ilícita. No era necesaria la existencia de dicha norma del CA para deducir tal consecuencia legal sobre el despachante, dada la naturaleza fenomenológica del hecho imponible tributario, análogo a la estructura jurídica del delito. Ahora bien, de lo anterior no se deduce que el otorgamiento de un mandato al despachante -para realizar el hecho imponible de un tercero- lo libere automáticamente de soportar las consecuencias tributarias -en los términos punitivos del CA- que el ejercicio de ese mandato genere, máxime cuando su actuación se conecta de modo inescindible con un perjuicio fiscal para el erario aduanero, en los términos del art. 908 del CA.
En el registro de un despacho aduanero de importación o de exportación, según el caso, el declarante solicita un destino aduanero respecto de las mercaderías involucradas, por un lado, y, por el otro, en el mismo acto efectúa la declaración comprometida sobre la que reposa el instituto del sistema de despacho en confianza, con sus consecuencias tributarias. Resulta un principio fundamental que, a partir de la confianza en la veracidad y exactitud de esa declaración se sostiene el referido instituto, siendo así posible el libramiento continuo de mercadería sin proceder a su verificación en la totalidad de las operaciones de comercio exterior.
Desde la implementación y generalización del SIM, al no contar ese sistema informático con un campo de texto libre para describir a las mercaderías, la descripción viene dada fundamentalmente por la glosa de la posición arancelaria en la nomenclatura, la que en definitiva resulta de la tarea clasificatoria que lleva adelante el despachante. En el caso de autos, la declaración comprometida fue formalizada mediante el SIM y la descripción y clasificación de la mercadería no debía resultar compleja, no aportando el despachante elementos de convicción suficientes que permitan justificar su conducta displicente al declarar una mercadería bajo una PA errónea, conducta que resulta incompatible con las directrices de los arts. 36.2., 332.2, 902.2 y 908 del CA. Corresponde pues confirmar la condena impuesta al despachante, en lo que ha sido materia de agravio.
VIII. Conclusión: Conforme lo expuesto en los VI y VII supra corresponde confirmar la Resolución 334/19 (AD ROSA) de fecha 26.12.19, dictada por la Aduana de Rosario en las actuaciones SIGEA 12551-188-2013 por la que se condena a la actora y al despachante de aduana, con base en el art. 954.1 inc. a) del Código Aduanero (“CA”).
IX. Costas: Respecto a las costas, por aplicación del principio objetivo de la derrota deben imponerse a la actora vencida (art. 1163 del CA)
Por todo lo anterior, VOTO POR:
Confirmar la Resolución Fallo N° 334/19 (AD ROSA), con costas.
El Dr. Hugo Héctor Juárez dijo:
Que adhiero al voto precedente.
Que en virtud de la votación que antecede, por unanimidad, SE
Confirmar la Resolución Fallo N° 334/19 (AD ROSA), con costas.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben los Dres. Soria y Juárez, por licencia de la Dra. Musso (art. 59 RPTFN y art. 1162 CA).
Date: 2022.07.11 11:38:27 -03:00 Date: 2022.07.11 11:44:26 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.07.11 11:44:27 -03:00
Fin de la sentencia