Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-13249922-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA n° 11138/19, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 18037-241-2018, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en dicha infracción asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 313.956.-), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del voto del Dr. Garbarino.
2Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67 % a cargo de la firma actora y un 33 % en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-90400723-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 4 de Agosto de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ALIMENTOS Y FORRAJES S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, EX- 2020-13249922-APN-SGASAD#TFN, La Dra. Sarquis dijo:
I. Que mediante IF-2020-13249866-APN-DTD#JGM se presenta, por apoderado, la firma ALIMENTOS Y FORRAJES S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA nº 11138/19, que la condena al pago de una multa de $ 470.934, por comisión de la infracción prevista en el art. 969 del CA, por no haber cumplido con la exportación del 90% de la mercadería declarada dentro del plazo establecido en la DJVE nº 16 001 DJVE 003196 B. Manifiesta que por motivos ajenos a su parte, se vio imposibilitada de exportar la mercadería en cuestión, lo cual comunicó mediante mediante SIGEA nº 13289-4244-2017 con anterioridad a que la aduana advierta lo acontecido. Solicita la reducción de la multa en un 75%, en los términos del art. 917 del CA. Sostiene que el hecho de que la autodenuncia se haya presentado después de haberse vencido el plazo de la DJVE en cuestión, no impide que la misma deba ser considerada. Cita jurisprudencia de la CNACAF. Por otro lado, considera que existe un evidente error de cálculo en la multa mínima. Solicita que la multa sea recalculada, por aplicación del “principio penal de la ley más benigna”, sobre el 10% del valor en aduana de la mercadería cuya exportación fuera incumplida. Subsidiariamente, requiere la atenuación de la multa en los términos de los arts. 915 y 916 del CA. Hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso interpuesto, con costas.
II. Que mediante IF-2020-62861188-APN-DTD#JGM se presenta el Fisco y contesta el traslado que le fuera conferido. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Sostiene que no corresponde la aplicación del art. 917 del CA, toda vez que la DJVE venció el día 16/9/2016 y la “autodenuncia” se oficializó el 3/3/2017, según surge de fs. 59/60 de las actuaciones administrativas. Respecto a la aplicación de la ley penal más benigna, afirma que la ley 21.453 es una norma específica y contiene un régimen al que se adhirió voluntariamente el exportador, por lo que corresponde su aplicación, con detrimento de la contenida en el Código Aduanero. Por otro lado, afirma que “no existe ninguna hipótesis de duda que amerite la reducción de la multa en los términos del art. 916 del Código Aduanero”. Acompaña las Actuaciones Administrativas, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera recurrida, con costas.
III. Que por medio del PV-2020-64962860-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado del recurso y mediante el PV-2020-78196947-APN-VOCXVIII#TFN se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa. A continuación, se elevan los autos a esta Sala “F” y se llaman a sentencia.
IV. Que la Actuación SIGEA nº 18037-241-2018 se inicia con la Denuncia nº 18 R800M100313 T formulada el 30/1/2018 en relación a la DJVE nº 16 001 DJVE 003196 B, en los términos del art. 969 del CA. A continuación, se adjuntan impresiones de pantalla de la DJVE aquí involucrada. A fs. 9 se liquida la multa del 15% del valor en aduana de la mercadería en presunta infracción. A fs. 10 se dispone la apertura del sumario y se ordena correr vista a la firma imputada. A fs. 56/58 vta. contesta vista ALIMENTOS Y FORRAJES SA. A fs. 61 se tiene por contestada la vista y se declara la cuestión de puro derecho. A fs. 63/67 vta. se dicta la Resolución DE PRLA nº 11138/19, aquí apelada. A continuación, se agrega sin acumular la Act. nº 13289-4152-2017.
V. Que corresponde resolver en autos, si la multa aplicada a la actora, mediante la resolución aquí apelada, se ajusta a derecho.
Que el art. 969 del C.A., dispone que: “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en Aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”.
Que, en lo que aquí interesa, el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada.
Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente el día del vencimiento de la declaración jurada”.
VI. Que no se encuentra controvertido en autos que mediante la DJVE 16 001 DJVE 003196 B, cuyo periodo de afectación venció el día 16/9/2016, en los términos de la ley 21.453, la firma ALIMENTOS Y FORRAJES S.A. comprometió la exportación de 240 toneladas de mercadería clasificada en la posición 0713.33.29.112 B, valor F.O.B. unitario de U$S 950 y F.O.B. total de U$S 228.000 y que no cumplió con al menos el 90% de la exportación comprometida; a saber: 216 toneladas, de las cuáles no acreditó la exportación de tonelada alguna.
Que la actora no discute la comisión de la infracción que se le imputa, sino que manifiesta que con anterioridad a que la aduana advierta lo acontecido hizo una presentación en la Actuación SIGEA nº 13289-4244-2017 comunicando la imposibilidad de cumplir con la DJVE en cuestión.
El art. 917 del C.A. dispone que: 1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: "a) éste por cualquier medio lo hubiere advertido; o "b) en el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería. '2.- La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación. "3.- La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones".
Que corresponde mencionar que la autodenuncia tiene por objeto advertir al servicio aduanero de la comisión de una infracción aduanera respecto de una declaración ya oficializada –la que por lo tanto no puede ser modificada ni alterada por el documentante-, siempre y cuando dicha comunicación se efectúe dentro de los límites temporales previstos por la norma recién mencionada.
Que dicho planteo no puede prosperar.
En efecto, por un lado, no escapa a la vista de la suscripta que dicha presentación se efectuó una vez vencida la DJVE. Como quedó expuesto ut supra la DJVE venció el día 16/9/2016, mientras que la solicitud de aplicación del art. 917 del CA de la apelante data del 3/3/2017, conforme surge de la constancia fs. 59/60 de las act. adm.
Que, por otro lado y sin perjuicio de su fecha de presentación, la misma no podría prosperar atento a lo dispuesto por el ap 3 del art. 917, ya citado, en atención a que –en el caso- la infracción se configura por no exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en la DJVE dentro del plazo previsto al efecto. Es decir que la infracción se configura por el mero hecho de vencer el plazo de la DJVE sin haber exportado la cantidad de mercadería recién mencionada.
VII. Que la actora impugna la liquidación de la multa practicada por el servicio aduanero, sobre la base de que debe aplicarse la escala sancionatoria prevista en el art. 969 del CA como ley penal más benigna.
Que el art. 969 del CA y art. 9 de la Ley 21453 reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos.
Que, no obstante, cabe resaltar lo expuesto en la exposición de motivos del Código Aduanero (Ley 22.415) posterior a la Ley 21.453, en la Sección IX, Título I, Capítulo Sexto, punto 4, que dice: "El art. 728 extiende la aplicación de los principios de los arts. 726 y 727 a todos los elementos utilizables para la liquidación de los derechos de exportación y para los demás tributos que gravan la exportación para consumo. Tal norma establece el régimen general en la materia para toda la mercadería de exportación. Ello no implica la derogación de la Ley 21.453, en atención a que se trata de un régimen especial."
Que con relación a lo dispuesto en el art. 729 del C.A., cabe señalar que por esa norma se faculta al Poder Ejecutivo a crear un régimen similar al de la ley 21.453 pero para otras mercaderías, esto es mercaderías diferentes a las incluidas en la ley 21.453 de productos agrícolas. De ello se deduce que, para todas aquellas cuestiones no previstas, deberá ser aplicado el Código Aduanero, que es la legislación general de la materia y subsidiaria del régimen de la ley 21.453. Que, asimismo, el régimen por el cual se le corrió vista a la actora y al cual se acogió, es el régimen especial de la ley 21.453, que en el art. 9° establece la sanción de la cual será pasible el exportador en caso de incumplimiento de las operaciones registradas en las DJVE y, por ello, la conducta que se imputa se encuentra tipificada en el citado art. 9. Que la especificidad del régimen al que se acogió la actora deviene en inaplicable la multa mínima prevista en el art. 969 del CA, no pudiéndose entender a esta última norma como más benigna en virtud de referirse al régimen general.
VIII. Que, finalmente, la recurrente solicita la atenuación de la pena conforme lo establecen los artículos 915 y 916 del C.A.
Que teniendo en cuenta las circunstancias de autos y no habiendo la actora probado con la documentación acompañada ni en la instancia aduanera ni en esta instancia, los motivos invocados para no cumplir con el régimen al cual se acogió, estimo que no corresponde atenuar la multa impuesta.
Que, en virtud de lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar la Resolución DE PRLA nº 11138/19, dictada en la Actuación SIGEA nº 18037-241-2018, con costas. El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fin de resolver el presente, en primer término me remito al relato de los hechos y análisis efectuado en los Considerandos I a VI del voto de la Vocal preopinante.
II. Que, sentado ello, con relación al monto de la multa impuesta, la actora entiende que correspondía aplicar el porcentaje mínimo de la multa en un 10 % conforme lo establecido en el art. 969 del C.A., y no del 15% establecido en el art. 9° de la ley 21.453 que preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
III. Que el incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente al día del vencimiento de la declaración jurada”.
IV. Que se ha señalado que “ambos tipos infraccionales reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos. Visto y considerando que en ambas leyes existe un régimen represor previsto para la misma conducta, debemos determinar qué sanción corresponde aplicar al exportador que no exportare al menos el 90% de la cantidad manifestada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior. No existe, entonces, una conducta con pluralidad de tipos, sino una conducta que configura el mismo tipo infraccional definido en dos leyes distintas. Por lo tanto, podemos concluir que no nos encontramos ante un concurso ideal” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 265).
V. Que, consecuentemente, visto que en el caso no se configura un concurso ideal, se debe definir qué norma es aplicable al caso, teniendo en cuenta cuál de ellas es posterior en el tiempo y cuál resulta más específica, analizando dicho resultado con el parámetro del principio de la ley penal más benigna.
Que la norma posterior en el tiempo resulta ser el art. 969 del C.A. (BO 28/03/1981) y no el art. 9 de la ley 21.453 (B.O. 11/11/1976); asimismo, cabe mencionar que el Código Aduanero constituye legislación de base, en tanto que la ley 21.453 consiste en un régimen específico, que debe interpretarse sistemáticamente con aquélla.
Que si bien la norma del Código Aduanero resulta ser posterior en el tiempo, no obstante no es la específica, dicho resultado debe analizarse de todos modos de acuerdo con el principio de la ley penal más benigna, por lo que le asiste razón a la actora en dicho sentido.
VI. Que es dable recordar que “el principio de aplicación de la ley penal más benigna constituye una excepción al principio general tutelado por el art. 18 de la C.N., la Convención Americana de Derechos Humanos, el art. 2 del Código Penal y en los art. 899, 900 y 901 del CA. La excepción resulta plenamente justificada, en primer lugar porque el cambio de la ley al quitar, por ejemplo, carácter delictivo a una acción, evidencia que no existe interés de la sociedad en penar o sancionar esta conducta; evidencia una evolución de las conductas que merecen reproche. Surge claro, entonces, que la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas y se resuelve también la ultraactividad de la ley anterior para los actos realizados durante su vigencia, cuando es más favorable” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p.87).
VII. Que, analizando ambas normas, considero que, a la luz del principio de la ley penal más benigna, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A. y no la establecida en el art. 9 de la Ley de Exportación de Productos Agropecuarios (conf.: Giambastiani, Juan Pablo, “La exportación de productos agrícolas y la transgresión de la obligación impuesta como condición de un beneficio. Análisis comparativo de las sanciones previstas en el Código Aduanero y en la Ley de Exportaciones Agrícolas”, ED, 16/9/2010; Juan Patricio Cotter, “Las infracciones aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 265 y 266; Horacio Félix Alais, “Régimen infraccional aduanero”, Marcial Pons Argentina, 2011, ps. 356 y 357; M. A. Alsina, E. C. Barreira, R. X. Basaldúa, J. P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter (H), A. Sumcheski y G. Vidal Albarracín (H), “Código Aduanero Comentado”, 1° ed., Abeledo Perrot, 2011, t. III, p. 432).
VIII. Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el art. 969 del CA.
Por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo que se desprende de las actuaciones administrativas, el 90% del total de mercadería no exportada ascendió a 216 toneladas, lo que equivalente a U$S 205.200; siendo el tipo de cambio de $ 15,30 al momento de la comisión del hecho, por lo que el valor del 90% de la mercadería no exportada asciende a $ 3.139.560, en consecuencia, el 10% de dicho valor, asciende al importe de $ 313.956.
IX. Que, por lo demás, resultaría ajustado a derecho condenar de modo parcial a la firma recurrente de la infracción endilgada por la Aduana, toda vez que el aspecto decisorio debe estar en cabeza del Tribunal Fiscal de la Nación -o, en su caso, de la Justicia Federal-, careciendo la Administración, a tal efecto, de potestad sancionatoria, atento la singular naturaleza jurídica de la sanción (multa) recurrida en la litis, de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 , “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, y “NUTRIBRAS S.A. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 36.507-A, del 6/3/2020, entre muchos otros.
No obstante, en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al decidir en materia infraccional, y por razones de celeridad y economía procesal, corresponde proceder a confirmar parcialmente la resolución impugnada, sin considerar el temperamento que he asumido al resolver las sentencias de referencia (confr. esta Sala in re “KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. c/D.G.A s/apelación” -Expte. N° 27.252-A-, del 10 de marzo de 2016; entre muchos otros).
X. Que, por último, y toda vez que, en definitiva, el monto final de condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA n° 11138/19, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 18037- 241-2018, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en dicha infracción asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 313.956.-), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del presente decisorio.
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67 % a cargo de la firma actora y un 33 % en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Garbarino.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA n° 11138/19, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 18037-241-2018, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en dicha infracción asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 313.956.-), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del voto del Dr. Garbarino.
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67 % a cargo de la firma actora y un 33 % en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia remítase a guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.08.01 14:36:59 -03:00 Date: 2023.08.04 12:06:48 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.04 12:20:06 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.04 12:20:07 -03:00
Fin de la sentencia