Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 24456182-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por la actora y el Despachante de Aduana, y revocar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 11/07/2022;
2Declarar la nulidad del LAB 91806 y de todo lo actuado con posterioridad y por consiguiente corresponde dejar sin efecto la resolución (AD ROSA) 334/2019 y
3Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 279 y 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
25.782/2023 Alimentos y Forrajes SA y otro c/EN -AFIP- DGA s/recurso directo de organismo externo Buenos Aires, 3 de octubre de 2023.
VISTOS Y
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 11/07/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución n° 334/19 (AD ROSA), con costas.
Para así resolver sostuvo que la controversia sometida a decisión versaba sobre la correcta clasificación arancelaria de la mercadería exportada mediante el PE 13052EC01002155D, oficializado el 18/06/13. Precisó que la actora sostenía que la mercadería debía ubicarse en la “PA” 2309.90.900T (preparación para alimentación de animales) que se encontraba alcanzada con una alícuota de derechos de exportación del 5 %. La comprobación aduanera determinó, a partir de las muestras de mercaderías extraídas y el resultado de su análisis por el ITEM (Protocolo de Análisis de muestras LAB 91806) que la PA declarada por la actora en el PE fue incorrecta y que, conforme el referido resultado, la PA que correspondía a la mercadería exportada era la NCM 2304.00.10 (“Harina y ‘pellets’”), posición SIM 2304.00.10.100B (“Harina de tortas, ley 21.453”) que se encontraba alcanzada con una alícuota de derechos de exportación del 32%. A partir de la comprobación la Aduana imputó a la actora la comisión de la infracción penada en el art. 954.1 inciso a) del CA en tanto la declaración inexacta de la PA provocaba un efectivo perjuicio fiscal.
Señaló que del Acta de fs. 4 de las actuaciones administrativas no se encontraba controvertido que: 1) se realizó una operación de exportación de determinada mercadería; 2) que la mercadería exportada soportó la extracción de tres muestras por parte del servicio aduanero, en los términos de la Resolución General (AFIP) 1582/03; 3) que la extracción se realizó para someter a las muestras a un análisis de tipo presuntivo conforme las previsiones específicas para tales supuestos de la antedicha resolución; 4) que la mercadería se había documentado, en cuanto a su PA, como “preparaciones alimenticias para animales” (PA 2309.90.900T); 5) que una de las muestras, conforme lo prevé la mentada Exportador/Despachante de Aduana; 6) que el despachante de aduana habilitado del exportador prestó conformidad sobre las muestras extraídas, en tanto representativas del total de la partida documentada; 7) que el mismo despachante, en representación del exportador, asumió el compromiso de pagar las eventuales diferencias de tributos que surgieran del análisis a practicarse, más las multas que correspondieren si se verificaran inexactitudes, conformando garantía; 8) que en el Acta se puso en conocimiento del interesado (exportador/despachante) la facultad de solicitar un segundo análisis, en los términos del punto 3 del Anexo III de la Resolución General (AFIP) 1582/03.
Destacó que tampoco habían sido impugnados -o comparados con otros- los resultados del Protocolo de Análisis LAB 91806 del ITEM obrantes a fs. 6 de las actuaciones administrativas, en el sentido de que se haya realizado otro análisis sobre las muestras con resultados contrastantes con los que surgían de dicho Protocolo. No resultaba controvertido tampoco que, con fecha 22/04/15, se notificó a la actora para que tomara conocimiento del resultado contenido en el referido Protocolo de Análisis, lo que realizó con fecha 29/04/15 al retirarlo (fs. 11 de las actuaciones administrativas) y del que, luego, formalmente se notificó el 04/05/15 (fs. 10 de las actuaciones administrativas), todo ello por parte del despachante Marcelo A. Basetti, autorizado por la empresa actora (fs. 11 de las actuaciones administrativas). Añadió que no resultaba tampoco controvertido que habiendo sido notificada del primer análisis la actora con fecha 29/04/15 (fecha en que lo retiró) contó con un mes –hasta el 29.05.21- para pedir un segundo análisis, conforme lo prevé la Resolución (AFIP) 1582/03 Anexo III punto 3 segundo párrafo, petición que omitió, notificándose incluso “de conformidad” con el Protocolo el 04.05.15. (fs. 10 de las actuaciones administrativas). Sentado ello, apuntó que, el primer argumento de la actora se refería a una supuesta omisión del ITEM al elaborar el Protocolo de Análisis; tal omisión en el Protocolo la habría inducido a no peticionar un segundo análisis de la muestra extraída de la mercadería. El razonamiento de la actora se fundaba en un e-mail interno de la Aduana, de fecha 25/03/13 -suscripto el Subdirector General de Aduanas del Interior- que ordenaba a las aduanas que realicen extracciones de muestras y que, al momento de envío de la muestra al laboratorio (ITEM) soliciten, conjuntamente con el protocolo analítico, que se especifique si se estaba o no en presencia de preparaciones bajo la Partida 2309 (“preparación para la alimentación animal”). La actora señaló que el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Protocolo de Análisis LAB 91806 emitido por el ITEM no contenía tal especificación; vale señalar que tampoco constaba en las actuaciones administrativas, ni en el Acta de fs. 4, que se hubiera solicitado por la Aduana interviniente esa aclaración al ITEM.
Consideró que, tal argumentación de la actora resultaba inadmisible. El e-mail interno de la Aduana del 25/03/13, si bien ordenaba a las aduanas que soliciten al ITEM que especifique si se estaba en presencia de preparaciones bajo la Partida 2309, no implicaba, ni resultaba normativamente admisible deducir de él, que la omisión en el Protocolo de expedirse sobre tal cuestión convierta a su resultado en favorable al exportador, ni en confirmatorio de la corrección de la clasificación de la mercadería en la PA 2309. Tampoco un e-mail interno operativo de la Aduana podía, por su contenido, suspender o derogar las previsiones de la Resolución General (AFIP) 1582/03, que indicaban el procedimiento a seguir ante los resultados del análisis del ITEM cuando se notifican al exportador. Afirmó que, por el contrario, el Protocolo de Análisis siempre consignaba un resultado científico y objetivo sobre la composición de la mercadería, de cuyo contenido el exportador era notificado y sobre el que debía proceder en consecuencia. La omisión del Protocolo de Análisis de especificar que se trataba de la mercadería bajo la Partida 2309 (función clasificatoria extraña al ITEM, a la que no se encuentra obligado, ni tiene competencia) no autorizaba al exportador a deducir, automáticamente, que la mercadería pertenecía a dicha partida. Puntualizó que la clasificación arancelaria, a partir del Protocolo, se definía conforme el resultado del análisis, tanto por parte de la Aduana como del exportador, previendo justamente la Resolución General (AFIP) 1582/03 la vista del Protocolo al exportador para que, una vez examinado el resultado, use -o no- la facultad que poseía para impugnarlo y exigir un nuevo análisis.
Puso de relieve que, en este caso no existían dudas -como se verá al analizar la cuestión de fondo- que el resultado del Protocolo (la composición de la muestra se identifica y proporciona, en un 100%, como estructuras vegetales de harina de soja -96%- y maíz molido -4%-) no arrojaba como resultado el correspondiente a la PA 2309 sino, de modo divergente, el correspondiente a la PA 2304.00.10.100B (harina de soja). Alegó que, el resultado del Protocolo del ITEM en cuanto a la composición de la muestra de una mercadería constituía una cuestión objetiva. El contribuyente tenía dos opciones frente al Protocolo, conformarlo o solicitar un nuevo análisis. Expuso que, según los propios dichos de la actora en estos autos, al tomar conocimiento del Protocolo y verificar que su resultado se identificaba positivamente en la muestra la presencia de cloruro de sodio, entendió que la mercadería era una “preparación para la alimentación animal”, correctamente clasificada en la PA 2309. Indicó que, bajo los conceptos antes enunciados la actora se consideró liberada de solicitar un segundo análisis y asumió -arguye que de buena fe- que el resultado del Protocolo le era favorable. Siendo así, y cualquiera fueran las razones que tuviera, la actora no hizo uso de su derecho de solicitar un segundo análisis de la mercadería, siendo el único análisis producido en estos autos el Protocolo LAB 91806 del ITEM (fs. 6 de las actuaciones administrativas), a cuyo resultado correspondía atenerse en sus implicancias, derivadas de su contenido objetivo. Señaló que, el segundo argumento de la actora radicaba en que, cuando se le notificó la vista el 3/05/18, se sorprendió de la posición asumida por la Aduana que consideró, conforme el resultado del Protocolo de Análisis, que la mercadería se encontraba mal clasificada en la PA de la declaración comprometida. Ello surgía del Informe 341/16 (fs. 12/13 de las act. adm., a posteriori confirmado por el Dictamen Técnico 47/11, fs. 87/89 de las mismas actuaciones) que determinó que, frente al resultado del Protocolo, correspondía que se hubiera declarado la mercadería en la PA 2304.00.10.100 B (Harina de Soja).
Al respecto, el a quo, entendió que, el Protocolo del ITEM le fue debidamente notificado a la actora, siendo su resultado claro. Si la actora, basada en las razones que fueran, decidió no solicitar un segundo análisis ello se debió exclusivamente a su decisión -libre y responsablefrente a un resultado objetivo, cuyo contenido y sus implicancias no podía ignorar. Vale recordar que la propia actora consideró que la presencia de cloruros - identificada en el Protocolo- convertía, sin más, a la mercadería en “preparación para la alimentación animal” y, por ende, estaba bien clasificada en la declaración comprometida. Agregó que, asimismo, fue la propia actora, pese a las normas claras de la RG (AFIP) 1582/03 quien sostuvo (a partir de lo anterior, como del e-mail interno del Subdirector General de Aduanas del Interior del 25.03.13) que la omisión en el Protocolo del ITEM de una consideración sobre la inclusión de la mercadería en la PA 2309, llevaba a deducir que la mercadería correspondía efectivamente a dicha partida. Todas estas alegaciones, algunas de la cuales implicaban tanto una invocación de la propia torpeza como el desconocimiento de su responsabilidad primaria en la clasificación arancelaria, conducían, sí, a un solo destino: justificarse en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II su omisión -cuando pudo hacerlo oportunamente- de solicitar un segundo análisis de la mercadería, como en ofrecer prueba pericial -sobre la mercadería- u otras pruebas, que respaldaran su posición sobre la clasificación en la PA que defiende. En efecto, si la PA sostenida por la actora era la correcta, contó con varias oportunidades procedimentales para producir prueba –nuevas extracciones, un segundo análisis, pruebas indirectas- que corroborara la posición que defiende.
Concluyó que, respecto a todo lo expuesto hasta ese momento, no se observaban vicios en el procedimiento que permitan sostener que la actora estuvo imposibilitada de solicitar un segundo análisis, como ofrecer y producir prueba adicional para sostener su posición, frente al resultado del primer y único análisis –Protocolo LAB 91806 del ITEM- que motivó a la Aduana a considerar que la clasificación arancelaria de la declaración comprometida (PA 2309.90.900T, “preparación para alimentación de animales”) era inexacta.
En consecuencia, rechazó todos los planteos de nulidad de la actora contenidos en el capítulo IV.1 del recurso de apelación, toda vez que, no hubo vulneración alguna al procedimiento estatuido por la entonces vigente Resolución (AFIP) 1582/03.
Respecto del fondo de la cuestión hay que indicó que, en primer lugar, que el único Protocolo de Análisis con el que se contaba era el LAB 91806 del ITEM, pues la actora no lo impugnó, ni hizo uso de su derecho a realizar un segundo análisis. Tampoco ofreció la muestra que le fue entregada con el Acta de fs. 4 de las act. adm. para un nuevo análisis, ni produjo prueba adicional tendiente a justificar la PA declarada, lo que constituía su carga y responsabilidad primaria.
Destacó que, el Protocolo de Análisis (ver fs. 6 de las act. adm.) era claro en cuanto a que las muestras extraídas consistían en estructuras vegetales en un 100 %, con una proporción de harina de soja desgrasada superior al 96 % y de maíz molido del 4 %, donde no se detectaban carbonatos y se identificaba positivamente la existencia de cloruro de sodio. Esto último no variaba la proporción de las estructuras vegetales en la composición del 100 % descripta.
Refirió que, para fundar su posición la actora traía a colación el Dictamen Técnico 41/11, dictado en el SIGEA Nº 12425-84-2010/1 del Jefe del Departamento de Clasificación Arancelaria, que era acompañado como prueba documental. Argumentó que, a poco de examinar dicho dictamen era dable observar que, en ese caso, sí se trataba de una mezcla para alimento animal –no de una estructura vegetal Manifestó que, igualmente, debía descartarse el “criterio clasificatorio” Nro. 47 de la Resolución General AFIP Nro. 3427/12 opuesto por la actora como prueba documental, sosteniendo que se trata de “un alimento similar al aquí tratado, (…) clasificado bajo la PA 2309.90.90”; bastaba acudir a la lectura de dicha resolución para descartar que se trate de un “alimento similar” al de autos, desde que resultaba caracterizado no como una “estructura vegetal” como en un 96% de harina de soja y un 4% de maíz molido, sino como “suplemento alimenticio en polvo, constituido mayoritariamente por expeller de soja, adicionado con harina de gluten de maíz, DL-Metionina y minerales, de los tipos utilizados en alimentos para peces”.
Por demás, precisó que, resultaba improcedente argumentar la clasificación arancelaria sobre una mercadería determinada, de la que se poseía un Protocolo de Análisis emergente de una muestra de laboratorio de dicha mercadería, recurriendo a una analogía documental de casos relativos a otras mercaderías y otras muestras, incontrolables e incontrastables con la concreta mercadería que fue sometida a análisis en su composición. No podía apelarse a la analogía conceptual frente a la realidad del Protocolo de Análisis de autos y su resultado, relativo a una muestra real, representativa de toda la mercadería exportada. Así, estos informes y dictámenes traídos a colación por la actora carecían de fuerza de convicción frente al concreto Protocolo de Análisis de las act. adm., al informe de fs. 14/21 respecto a la muestra, especialmente lo que consignaba a fs. 15/16 sobre las tres condiciones que señalaba como necesarias para que un producto sea considerado “alimento animal”, en los términos de la PA 2309 e indicando su carácter residual, pese a la insistencia de la actora de considerar al resultado del Protocolo de autos dentro de dicha partida.
Consideró que, en tal sentido, no exigía mayor esfuerzo considerar, respecto del resultado de la muestra -estructura vegetal con composición superior a un 96% de Harina de Soja y 4% de maíz molidoque: (i) la Regla General 1 asignaba preponderancia a las Notas de Capítulo, como la del Capítulo 23, que establecía el carácter residual de la partida 23.09, esto que los productos se clasificaban en esa partida si no podían clasificarse en otra: claramente, un muestra que arrojaba como resultado más de un 96 % de harina de soja de composición, siendo una estructura vegetal, debía clasificarse bajo la partida que correspondía a la harina de soja, y no a una residual de alimentos para animales; (ii) que, en línea con lo anterior, si hubiera dudas porque la muestra tenía dos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II componentes (harina de soja en un 96 % y 4% de maíz molido) la Regla 2 b) prevé que una partida que referencia a una materia la alcanzaba tanto; a) pura como, b) mezclada o asociada con otras materias, y que la clasificación de esos productos se realizaba de acuerdo a los principios de la Regla 3; (iii) esta Regla 3, en su inciso b) -paralelo al inciso b) de la Regla 2 en cuanto refería a las mezclas o materias asociados con otras, y ambas poseían especificidad bajo la regla 3 inc. a) (e.g. harina de soja y maíz molido)- establecía que la mercadería se clasificaría por la materia que le confería su carácter esencial que, en la muestra bajo análisis, era, sin dudas, la harina de soja, que representaba un 96 % de la composición que, en un 100 %, se define como “estructura vegetal”.
Hizo hincapié que, si una muestra de mercadería arrojaba como resultado de laboratorio que se trataba de una estructura vegetal que, en un porcentaje del 96 %, se trataba de harina de soja, no había dudas que era harina de soja, y no una preparación para alimentos de animales. Agregó, que bastaba para dar razón a la posición de la Aduana, que no podía soslayarse que la Nota que abre el Capítulo 23 del Sistema Armonizado de modo inmediato, respecto de la Partida 23.09 en el que la actora pretendía ubicar a la mercadería exportada, aclaraba que “se incluyen en la partida 23.09 los productos del tipo de los utilizados en la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte, obtenidos por tratamiento de materias vegetales o animales y que, por este hecho, hayan perdido las características esenciales de la materia originaria, excepto los desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales procedentes de estos tratamientos”.
Y es que, asistía razón a la Aduana cuando señalaba, a partir de la muestra y el resultado del Protocolo de Análisis, que la cuestión excedía la mera divergencia clasificatoria. La mercadería presentada a despacho, frente al resultado del Protocolo de Análisis representativo de toda esa mercadería, difería notablemente de la declarada en el PE, apareciendo como falaz la declaración del exportador. El Dictamen Técnico 25/14 -al igual que la Nota Nº 236/104 (DE TECN)-, invocado por la Aduana, señalaba respecto de la partida 23.09 que comprendía “(…) a las preparaciones para la alimentación animal, que consistan en una mezcla de varios elementos nutritivos y destinadas a: -proporcionar al animal una alimentación cotidiana, racional y equilibrada (piensos completos); -completar los piensos producidos en las explotaciones agrícolas mediante aporte de determinadas sustancias orgánicas e inorgánicas (piensos complementarios); -o, incluso, a la fabricación de piensos completos o complementarios”, teniendo un carácter residual, conforme surgía de la antes transcripta Nota 1 del Capitulo 23 del Sistema Armonizado.
Resaltó que, la condición de alimento de los tipos utilizados para los animales no era suficiente para incluir a una mercadería en la partida 23.09 ya que, además, debía poseer la característica de “preparación” y no debía estar expresado ni comprendido en otra parte de la nomenclatura, como claramente sucedía, conforme el resultado del Protocolo de la mercadería exportada que era, sin duda, harina de soja. En tal sentido, el referido Dictamen 25/14 resultaba contundente en cuanto a que una muestra cuya composición era 100% estructuras vegetales no podía clasificarse bajo la partida 23.09. El dictamen indicaba que “(…) En términos generales las “Preparaciones” se componían de distintas materias dispersas y homogéneamente mezcladas, que no solo se habían sometido a varios procesos de fabricación, sino que debían haber sido incorporadas en proporciones determinadas y, además, deben contener por adición, diversas sustancias cuyo objetivo es adaptarlas al uso específico para el que fueron creadas, es decir la alimentación de animales”.
Expuso que, en definitiva, asistía razón a la Aduana en cuanto descalificaba el razonamiento clasificatorio de la actora, con fundamento en que la composición de estructura vegetal no permitía situarla en la categoría de “preparaciones” conforme las Notas Explicativas de la partida 23.09., tanto por las características cuantitativas y cualitativas de sus componentes, como por su proceso de producción. Afirmó que, la misma Regla General 1 del Sistema Armonizado, invocada por la actora, obligaba a contemplar las Notas de Sección o de Capítulo, tal como la transcriptas del Capítulo 23, a las que nuevamente se remitía. Consideró que, en esos términos, la clasificación arancelaria realizada por la actora, tal como lo señalaba la Aduana, solamente podía orientarse a una única finalidad, que era la única motivación que sobrevivía a la errónea clasificación realizada en la PA de la declaración comprometida originaria: sostener un nivel de tributación en el 5% como alícuota de derechos de exportación sobre el valor FOB de la mercadería. En conclusión, entendió que resultaba inexacta la clasificación originaria realizada por la actora en el PE 13052EC01002155D de la mercadería exportada, bajo la 2309.90.900T (preparación para alimentación de animales), siendo correcta la reclasificación realizada por la Aduana –NCM 2304.00.10 (“Harina y ‘pellets’”), posición SIM 2304.00.10.100B (“Harina de tortas, ley 21.453”)- con base en el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Protocolo LAB 91806 del ITEM, con sus consecuencias en cuanto a los derechos de exportación que debieron pagarse por la actora: alícuota del 5% sobre el Valor FOB de la mercadería - clasificación de la actoraversus alícuota del 32 % sobre el Valor FOB de la mercadería - clasificación de la Aduana.
Adujo que, si bien la prueba del Protocolo de Análisis del ITEM y su resultado constituían, por su carácter científico, un elemento de alta confiablidad en materia clasificatoria, no era el único elemento de prueba que podía usarse para sostener que una mercadería fue correctamente declarada. Existían también pruebas indirectas, que tenían relieve en los casos en que no se podía concretar la prueba científica. Estas pruebas hacían a la operación de exportación y su transacción comercial subyacente. Argumentó que, su completa ausencia en estos autos, no dejaba de ser un indicio adicional, contrario a la posición de la actora. Ninguna prueba fue ofrecida por la actora al respecto, lo que se sumaba a su pasividad respecto de los resultados del Protocolo de Análisis del ITEM.
Puso de relieve que, la única argumentación en tal sentido fue una apelación genérica de la actora a la aprobación por el SENASA y el INTI de la mercadería, obviando que tales aprobaciones se referían exclusivamente a sus aspectos sanitarios e higiénicos, estando reservada exclusivamente a la Aduana la función de clasificación arancelaria. Nuevamente, en contraste con lo anterior, la errónea clasificación arancelaria denunciada por la Aduana significaba un beneficio impositivo para la parte actora (máxime considerando una eventual retro-traslación del tributo en el mercado interno) de 27 puntos porcentuales de derechos de exportación, frente a los 5 puntos pagados por el producto declarado. Puntualizó que, la materia relativa al encuadre de la mercadería en la PA correcta en la declaración comprometida se encontraba gobernada por el principio de autodeterminación tributaria.
En materia aduanera todo el sistema de despacho en confianza descansaba sobre dicho principio - análogo a los de las normas directrices de los arts. 11 y 13 de la ley 11.683- que implicaba, de modo especial para tal materia, la veracidad del exportador o el importador en su declaración, sobre la que se encuentra obligado a dar cuenta de modo cabal ante el fisco. Cuando el exportador asigna la PA a la mercadería que exporta se encuentra sobrentendido que tal actividad no se realiza de modo ligero, ni que es una decisión superficial, sino tomada con máxima seriedad. Pesa sobre tal sujeto la obligación de exactitud en su declaración, que debe realizarse con respaldo probatorio -y eventualmente jurídico- suficiente, al nivel de que pueda sustentar la clasificación durante el plazo de prescripción establecido para la revisión de las declaraciones aduaneras comprometidas.
Ponderó que, el estándar en esta materia, a diferencia de lo que sostenía la actora, no era la mera buena fe, sino el del actuar diligente del buen hombre de negocios, que excluía un comportamiento culposo, vedado para tales supuestos y que se encontraba sujeto a la sanción prevista por el art. 954.1. del CA. El exportador o importador debía poder demostrar que, respecto de la concreta mercadería exportada, la decisión respecto a la PA asignada fue tomada con sólido respaldo, no negligente o superficialmente. En contraste, consideró que, el comportamiento del exportador en este caso se había caracterizado, como una conducta evasiva respecto a su carga de justificar la clasificación arancelaria por la que optó al confeccionar la declaración comprometida. Así se evidenció, desde un primer momento, con una actitud pasiva respecto de las muestras extraídas (conforme Resolución General (AFIP) 1582/03, Anexo II, punto 4.5., tercer párrafo siempre tuvo a su disposición una muestra, que podía y debía conservar inviolable, para contrastar los resultados del ITEM con un nuevo análisis, sin perjuicio de lo establecido por el Anexo III punto 2.2.), como en las excusas procedimentales y de apreciación para no solicitar un nuevo análisis, así como en la ausencia de cualquier otra prueba que, aún de modo indirecto, pudiera suscitar alguna duda respecto de los resultados del Protocolo de Análisis de autos. En consecuencia, a su juicio, los fundamentos objetivos de la Aduana para reclasificar la mercadería y fundar la resolución condenatoria apelada no habían sido conmovidos por las defensas esgrimidas en esta instancia.
En consecuencia, la correcta clasificación arancelaria de la mercadería exportada mediante el PE 13052EC01002155D - oficializado el 18.06.13.- era la PA correspondiente a la NCM 2304.00.10 (“Harina y ‘pellets’”), posición SIM 2304.00.10.100B (“Harina de tortas, ley 21.453”), alcanzada con una alícuota de derechos de exportación del 32%. VI.5 Comisión de la infracción del art. 954.1 inc. a) del CA y confirmación de los tributos aduaneros determinados.
Sentado ello, precisó que, correspondía revisar si tal conducta se encontraba comprendida por la sanción del art. 954.1. inc. a) del CA, conforme la sanción impuesta a la actora mediante el art. 1 de la resolución apelada. El art. 954.1 del CA establecía como presupuesto de hecho para su aplicación que el servicio aduanero verifique una diferencia CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II respecto del contenido de la declaración aduanera del exportador o del importador: la detección de tal diferencia, con todos sus fundamentos, constituye la comprobación aduanera. La sanción prevista por el art. 954.1 del CA se completa en su tipicidad cuando la diferencia detectada por la comprobación tiene como consecuencia producir -real o potencialmente- alguno de los hechos descriptos en los tres incisos del referido apartado 1 del art. 954.
Señaló que, en el caso de autos, la DGA consideró configurado el inciso a), que cristalizaba cuando la diferencia detectada en la comprobación aduanera resultaba, o podía resultar, en “un perjuicio fiscal” en los términos del art. 956 inc. b) del CA.
En consecuencia, correspondía confirmar el art. 1 de la resolución apelada, tanto en lo referido a la sanción impuesta como consecuencia de la declaración inexacta, así como respecto de la diferencia de tributos originada en el diferente nivel de alícuotas que resulta aplicable bajo la posición arancelaria correcta de la mercadería. Tal diferencia de tributos deberá cancelarse con sus intereses resarcitorios hasta la fecha de efectivo pago, conforme lo dispuesto por los arts. 794, 796 y concordantes del Código Aduanero Con respecto a la responsabilidad del despachante de aduana, entendió que, correspondía examinar entonces si la incorrecta clasificación arancelaria podía ser atribuida a la esfera de responsabilidad del despachante de aduana. Al respecto, manifestó que, debía tenerse presente que el art. 332.2 del CA establecía la obligación de declarar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate. Lo exigible, entonces, era que el declarante coloque en esa tarea la debida diligencia, propia de una actividad profesional.
Recordó que, conforme el art. 36.2. del C.A. el despachante de aduana no era solo un dependiente que cumplía instrucciones de su representado, sino un auxiliar calificado del servicio aduanero entre cuyas funciones se encontraba, también, la de cumplir, de modo objetivo y autónomo, lo dispuesto por el referido art. 332.2 del CA.
Señaló que, resultaba notoria la confusión incurrida por el despachante imputado en autos entre las mercaderías Harina de Soja y “preparación para alimentación de animales”. Adicionalmente no podía soslayarse la particular diligencia que le resultaba exigible en su función ante la sensible diferencia de tratamiento arancelario entre las posiciones arancelarias que podían corresponder a la mercadería que debía clasificar. Correspondía que el despachante extremara los recaudos en la clasificación arancelaria, dejando constancia de ello.
Argumentó que, en este caso, se evidenciaba que el despachante de aduana actuó, cuando menos, de manera negligente, frente a la diversidad y grave implicancia fiscal de clasificar la mercadería en una u otra posición arancelaria, entre las que aparecían como alternativas bajo el capítulo 23 del Sistema Armonizado. Ello sin perjuicio de que la PA optada por el profesional -la 2309 (2309.90.900T, “preparación para alimentación de animales”)-, con menor alícuota de derechos de exportación, desde su Nota 1 señalaba su carácter residual respecto al resto de las del mismo Capítulo 23 del Sistema Armonizado (algunas con alícuotas de derechos sensiblemente mayor) evidenciando un comportamiento, como mínimo, displicente.
Sostuvo que, la cuestión clasificatoria de autos exigía un comportamiento diligente al momento de la confección de la declaración comprometida, de lo que no había ninguna evidencia reflejando en los hechos de la causa; por el contrario, desde la misma argumentación del despachante se verificaba la situación opuesta, al descansar sobre la justificación genérica de cumplir, como si se tratara de un autómata, las instrucciones del exportador. Agregó que, el despachante se especializaba en la clasificación arancelaria y, por lo tanto, es un conocedor de las reglas generales para la interpretación del Sistema Armonizado. Por lo tanto, era dable exigirle un conocimiento del ámbito del comercio exterior argentino y experiencia como para no incurrir en errores notorios respecto a las prácticas y mercaderías habituales del mercado en el que actuaba. No se le exigía ser perito sobre la calidad de la mercadería o tener conocimientos técnicos para detectar lo que resultó de un análisis de laboratorio, pero si le resultaba reprochable no haber puesto la debida diligencia al momento de su declaración.
Ponderó que, en ese sentido, el despachante no demostró - siquiera lo insinuó- haberle requerido a su cliente información relativa a la mercadería, más allá de la superficial emergente de la factura comercial. En virtud de lo expuesto, consideró que, el despachante de aduana había incumplido las obligaciones a su cargo, en el nivel de diligencia que le resultaba exigible en un caso como el de autos.
Señaló que, el art. 779 del CA (“El despachante de aduana que realizare un hecho gravado sin acreditar su condición de representante en alguna de las formas previstas en el artículo 38 responde CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II personalmente por los tributos pertinentes”) usado como argumento por el despachante para tratar de salvar su responsabilidad tributaria, debía entenderse en el sentido estricto de lo que disponía. Cuando un despachante, sin mandato, realizaba una exportación o importación realizaba un hecho gravado y, por ende, era responsable de los tributos adeudados, aun cuando hubiera actuado de forma ilícita. No era necesaria la existencia de dicha norma del C.A. para deducir tal consecuencia legal sobre el despachante, dada la naturaleza fenomenológica del hecho imponible tributario, análogo a la estructura jurídica del delito. Ahora bien, de lo anterior no se deducía que el otorgamiento de un mandato al despachante -para realizar el hecho imponible de un tercero- lo libere automáticamente de soportar las consecuencias tributarias -en los términos punitivos del C.A.- que el ejercicio de ese mandato genere, máxime cuando su actuación se conectaba de modo inescindible con un perjuicio fiscal para el erario aduanero, en los términos del art. 908 del CA.
Adujo que, en el caso de autos, la declaración comprometida fue formalizada mediante el SIM y la descripción y clasificación de la mercadería no debía resultar compleja, no aportando el despachante elementos de convicción suficientes que permitan justificar su conducta displicente al declarar una mercadería bajo una PA errónea, conducta que resultaba incompatible con las directrices de los arts. 36.2., 332.2, 902.2 y 908 del CA II.- Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 17/08/2022 la actora interpuso recurso de apelación, expresando agravios el 19/08/2022, los que fueron contestados por la contraria el 5/10/2022. Asimismo, con fecha 12/08/2022 la co actora (Despachante de Aduana), interpuso recurso de apelación, expresando agravios el 31/08/2022, los que fueron contestados por la contraria el 5/10/2022.
III. Que con fecha 14/09/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios de la representación fiscal por la labor desarrollada en el doble carácter de letrado apoderado y patrocinante del Fisco, en una (1) etapa del proceso en la suma de $ 2.883.570, equivalente a 277,27 UMA. Estipuló que el pago de dicho importe se encontraba a cargo de la actora Alimentos y Forrajes S.A., conforme sentencia de fecha 11.07.2022.
Contra dicha regulación interpusieron sendos recursos de apelación la actora y representación fiscal el 16/09/2022 y 21/09/2022, respectivamente, concedidos el 27/09/2022. Se deja constancia que la actora no contestó el traslado corrido.
IV. Apelación de Alimentos y Forrajes S.A.:
Se agravia la recurrente de las irrazonables y arbitrarias conclusiones realizadas por el a quo, a lo largo de su sentencia. Al respecto, en primer lugar, señala que su parte, desde que tuvo su primera oportunidad de presentar defensa al conocer la imputación infraccional que pesaba en su contra, planteó la nulidad absoluta de todo lo actuado.
Aduce que el Tribunal Fiscal en la sentencia cuestionada, no ha evaluado ni considerado, arbitrariamente, que a la fecha de emisión y notificación del nulo Protocolo de Análisis no resultaba fácticamente posible requerir un segundo análisis valido, dado que la realización del mismo no sería ya representativo del producto perecedero cuya muestra había sido extraída casi dos años antes.
Apunta que, tal como surge de las actuaciones administrativas, su parte registró y exportó el alimento en trato a través del PE 13052EC01002155D en el año 2013, ingresando la aduana las muestras a su laboratorio (ITEM), el 11 de mayo de 2013. Sin embargo y teniendo en especial consideración de que el producto exportado se trataba de un “alimento” y, por ende, consistía en una mercadería con características “perecederas”, el resultado del Protocolo lo emitió recién el 25 de marzo de 2015, notificándose a su parte, recién el 22 de abril de 2015, es decir una vez transcurridos casi dos años contados desde la fecha de su extracción y exportación del alimento.
Añade que, al momento de notificar el Protocolo, el laboratorio omitió indicar, conforme lo ordenado por su propio Subdirector, si conforme ese resultado (extemporáneamente notificado), el producto exportado, se consideraba o no un como “alimento” para animales. Destaca que, el tenor del resultado del análisis y esa omisión de parte del organismo conllevó a que su parte considerara que, efectivamente, se trataba de un alimento para animales incompletos, al surgir de dicho resultado elementos adicionales como agregados de cloruro.
Expone que, el Tribunal Fiscal, en su fallo, omitió considerar una cuestión central para resolver el caso bajo análisis que fue precisamente la desidia e “irrazonable demora” por parte de la propia aduana y su laboratorio (ITEM) en emitir y notificar el Protocolo con el resultado, situación que recién aconteció transcurridos dos años de extraídas la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II muestra lo cual implicó ni más ni menos que ya no resultara materialmente posible (al tratarse de un producto perecedero) realizar el segundo análisis expresamente previsto en el Procedimiento especialmente fijado y estipulado en el segundo párrafo del punto 3 de la Resolución General AFIP Nro. 1582/03 (en esa fecha vigente).
Alude que, en innumerables casos de idénticas características al aquí analizado, el Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación cuando el servicio aduanero y su laboratorio han dilatado incomprensiblemente la notificación del Resultado del Protocolo incluso en un plazo menor al de autos (un año y meses), ha resuelto tales casos de un modo diametralmente opuesto al fallo aquí apelado, declarando en aquellos pronunciamientos la nulidad del Protocolo de Análisis realizado y de todo lo actuado por la aduana, dejando sin efecto la Resolución condenatoria aduanera.
Refiere que, en el caso bajo análisis el Tribunal Fiscal, en el fallo apelado, pasó por alto que: a- el producto exportado tiene características “perecederas” y por ende, al tratarse de un alimento, el análisis para que resulte ser representativo, debe realizarse dentro de un plazo razonable. b- conforme surge del punto VI de la propia sentencia apelada, la fecha de entrada de la muestra (Protocolo) al instituto de aduana (ITEM) se realizó el 11/05/13, siendo el resultado emitido el 25/03/15 y notificado a la firma el 22/04/15, es decir una vez transcurrido casi dos años de realizada la extracción de las muestras y la operación de exportación. cen esta causa al igual que en la anteriormente transcripta, el ITEM (laboratorio de la demandada que realizo el análisis y lo notifico casi dos años después) omitió, asimismo indicar, al notificar el resultado, si a su criterio lo analizado se trataba de una preparación para la alimentación animal (tal como lo había declarado esta parte), o si por el contrario era harina de soja.
Pone de relieve que, al notificar el resultado del análisis omitió indicar si el resultado resultaba favorable a los intereses de su parte o, por el contrario, no le resultaba favorable indicando, por ese motivo, que el mismo podía ser recurrido. Esta expresa indicación, deliberadamente omitida por la demandada, además de haber sido ordenada por el Subdirector de Aduana, conforme surge de fs. 5, resulta ser –a diferencia de lo que considera el a quo- de fundamental importancia, dado que conforme lo ha entendido su parte desde un primer momento, la compañía exportadora, al encontrarse en el resultado, “agregados de cloruros”, estaba convencida que dicho resultado le había sido favorable, de conformidad con el Dictamen Técnico 41/11 y Resolución General AFIP Nro. 3427/12.
Destaca que, a criterio de la compañía y tal como lo indicó en todas sus presentaciones, el resultado le era favorable por identificarse positivamente no solo harina de soja, sino también maíz molido, cloruro y sales, lo cual se correspondía con una mezcla que sirve para complemento para la formulación de alimento balanceado (preparación para la alimentación animal incompleta).
Señala que, a diferencia de lo vertido por el a quo, el hecho de haber notificado el resultado del Protocolo de Análisis casi dos años posteriores a su emisión y realización, sin indicarse si era preparación para la alimentación animal o por el contrario harina soja (indicación incluso ordenada por el Subdirector del propio organismo) denota una irregularidad más por parte de la aduana que provoca que no exista un acto administrativo claro y temporáneo que indique que el resultado había sido desfavorable o “motivo de litigio” o “de diferencias entre la aduana y el exportador de la mercadería”, tal como lo exige el punto 3 del Anexo III de la Resolución General nro. 1582/03, y que en consecuencia dicho acto deba ser recurrido en los términos de la misma, lo cual además de resultar fácticamente imposible, producto del propio accionar irrazonablemente dilatorio de la aduana, provoca que todo lo actuado resulta nulo de nulidad absoluta.
Alega que, el Tribunal Fiscal en su sentencia considera irrazonablemente “inocuo” el hecho de que el ITEM (laboratorio de aduana) haya omitido especificar, conforme lo requerido por el Subdirector de la propia demandada, si se estaba en presencia de preparaciones de la Partida 2309 o harina de soja correspondiente a la Partida 2304 en la sentencia cuestionada. Sin perjuicio de que la notificación de un resultado de análisis de un producto perecedero, casi dos años posteriores a la extracción de las muestras, hace inviable la posibilidad de que se realice un análisis que pueda ser representativo del producto exportado años anteriores, el hecho de omitir indicar si el resultado le era o no favorable a la actora denota otra grave irregularidad que vulnera, sin lugar a dudas, el derecho de defensa de su parte. En efecto, en tal sentido no se encuentra controvertido ni discutido, siendo además reconocido expresamente, por el a quo, en su sentencia que:
1. existe un email emitido por la Subdirección General de Aduana del Interior (ver fs. 5 de las Actuaciones Administrativas) que ordenaba a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II las aduanas solicitar al ITEM (laboratorio aduanero) que especifique, al notificar el resultado, si el producto analizado era una preparación para la alimentación animal o Harina de soja (ver punto VI 3.1. del fallo apelado).
2. no se encuentra controvertido y es reconocido por el a quo (ver punto VI 3.1. del fallo apelado) que tanto las aduanas como el ITEM incumplieron con lo solicitado por la propia Subdirección General de Aduanas, por cuanto reconoce expresamente que en la notificación efectuada del Protocolo, años posteriores a la extracción de la muestra, no se encontraba ninguna especificación.
3. no se controvierte y es reconocido por el TFN, que se había identificado positivamente, conforme surge del propio resultado, la existencia de agregados adicionales no solo harina de soja, sino también maíz molido, cloruro y sales y que la postura de su parte fue que dicha existencia demostraba que el producto exportado se trataba de una mezcla que sirve para complemento para la formulación de alimento balanceado (preparación para la alimentación animal incompleta), todo ello en consonancia con el Dictamen Técnico 41/11, criterio clasificatorio Nro. 47 previsto en la Resolución 3427/12.
4. tampoco se controvierte que al notificarse extemporáneamente el resultado del Protocolo, no existía un “acto administrativo claro” que indicara que dicho resultado había sido desfavorable a los intereses de mi parte o que de ese acto habría surgido un resultado que sería “motivo de litigio” o de “diferencias entre la aduana y el exportador”, tal como lo exige el punto 3, Anexo III de la Resolución General AFIP Nro. 1582/03, como para que su parte esté obligada a recurrir dicho confuso acto, lo cual además por todo lo expresado anteriormente tampoco hubiera resultado materialmente posible.
Aduce que, el a quo indica que el hecho de que en el protocolo, el ITEM (laboratorio aduanero) no se expida y/o especifique si se estaba o no en presencia de preparaciones de la partida 2309, no implica la deducción de que el resultado obtenido resultaba favorable a su parte, así como que un email interno operativo de la aduana (refiriéndose a la instrucción incumplida por la aduana y su laboratorio efectuada por el propio Subdirector) no podía suspender o derogar las previsiones de la Resolución General AFIP 1582/03.
Al respecto, aclara que su parte por el mero hecho de la ausencia de cumplimento de la orden de la Subdirección de la demandada, en contra de lo que afirma el a quo, no arriba a la deducción de que el resultado obtenido le resultaba favorable. Por el contrario, como claramente lo indicó desde el principio, esa razonable consideración (relacionada con la obtención de un resultado favorable) fue producto de que en el resultado notificado, años posteriores a ser obtenida la muestra, se encontró la existencia de agregados adicionales, es decir no solo se encontró harina de soja, sino también maíz molido, cloruro y sales, componentes que resultaban ser acordes a lo dispuesto por el Dictamen Técnico 41/11 y el criterio clasificatorio Nro. 47 previsto en la Resolución General AFIP 3427/12 emitida por la propia demandada.
Destaca que, todo lo expuesto demuestra que, su parte, pudo razonablemente considerar que el resultado le era favorable. Vale decir, de modo contrario a lo que indica el a quo, esta parte lo que manifiesta y aquí resalta es que esa reconocida “omisión” por parte del ITEM, en indicar si el resultado le era favorable a su parte o no (indicación incumplida y absolutamente factible y viable conforme surge de lo ordenado por la propia Subdirección), consistió en una nueva irregularidad del procedimiento seguido por la Aduana, dada la inexistencia en autos de un postura clara por parte del organismo aduanero, lo que conllevó a que no exista a esa fecha (es decir al 2015), en los términos de lo establecido en el punto 3 del Anexo III de la Resolución General AFIP 1582/03, un acto o resultado claro que indique o constituya con certeza un “….motivo de litigio o de diferencias entre la aduana y el exportador….”. Vale decir lo que el a quo omitió considerar en su sentencia, la cual la torna arbitraria e irrazonable, es la total y absoluta falta de claridad al notificar el resultado del Protocolo, notificación además que fuera realizada extemporáneamente cuando ya resultaba materialmente imposible realizar cualquier análisis, situación que conllevó a que se incumpla lo previsto en la Resolución General AFIP nro. 1582/03 que, conforme surge de su texto, requiere el dictado de un acto administrativo que indique o no el surgimiento de un resultado motivo de litigio o de diferencias entre la aduana y el exportador, lo cual claramente no aconteció.
Pone de relieve que, el resultado notificado extemporáneamente no expresó de modo claro la existencia de una postura contraria a la posición del exportador la cual pueda ser válidamente recurrida con la petición de un segundo análisis contra dicho acto desfavorable dentro de los 30 días de notificado, situación que no fue considerada por el Tribunal Fiscal en su sentencia.
Esgrime que, la segunda argumentación en la que se basa el a quo para justificar la confirmación de la resolución aduanera, es la de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II afirmar tal como lo hace en lo que denomina “El segundo argumento” del punto VI. 3 que: “…El Protocolo del ITEM fue debidamente notificado a la actora siendo su resultado claro… (el resaltado es agregado por el suscripto)” y asimismo las alegaciones de su parte serían indicativas, según sus dichos “…de la propia torpeza como el desconocimiento de su responsabilidad primaria en la clasificación arancelaria, conducen, si a un solo destino, justificarse en su omisión –cuando pudo hacerlo- de solicitar un segundo análisis, de la mercadería, como en ofrecer prueba pericial – sobre la mercadería- u otras pruebas que respaldaran su posición sobre la clasificación de la PA que defiende…”.
Al respecto, puntualiza que, resulta notoriamente incorrecta, la afirmación por parte el a quo de que el resultado del Protocolo “fue claro” en el sentido de que del mismo surgía que la PA declarada por su parte no resultaba correcta. La afirmación expuesta por parte del TFN se desmiente con el hecho de que si hubiera sido tan claro como aduce, el Subdirector no hubiera ordenado a la Aduana y al ITEM, de modo previo a su dictado, que en el resultado se especifique si se está o no ante la presencia de una preparación para la alimentación animal, tal como lo requería según se acredita a fs. 5 de las actuaciones administrativas. Destaca que, por otra parte, desmiente categóricamente la afirmación efectuada por el a quo, el hecho de que si fuera tan claro el resultado, al a quo no le habría sido necesario efectuar la extensa argumentación que realizó en su sentencia y que obra en los puntos. Vale decir, es notorio que no resulta para nada claro, conforme lo afirma el propio TFN, que el resultado del protocolo haya expuesto de modo concluyente que se trataba de harina de soja ubicada en la PA Nro. 2304.00.10.100 B y no de una preparación de alimento para animal incompleta ubicada en la PA 2309.90.900 T, dado que ello se contradice no sólo con la instrucción y/u orden del Subdirector obrante a fs. 5, sino también con la extensa argumentación que efectúa el a quo para intentar justificar su postura, la cual resulta coincidente a la de la demandada y, asimismo, dicha posición se contradice con los informes y Dictámenes vertidos recién a partir del año 2016 por parte de la Aduana argumentando extensamente su postura, los cuales sin embargo no han podido explicar, a criterio de esta parte, de modo satisfactorio y concluyente, la contradicción existente entre ellos y el Dictamen Técnico 41/11 y criterio clasificatorio nro. 47 previsto en la Resolución General AFIP Nro. 3427/12.
Al respecto, resalta que el a quo ha omitido considerar, que el único protocolo con el que se cuenta que es el Protocolo Lab 91806 al que hace alusión, fue notificado a su parte casi dos años posteriores a la extracción de la muestra y exportación del alimento perecedero y que su parte no lo impugnó básicamente por considerar que el resultado le había sido favorable, tal como ha expuesto en todas las presentaciones efectuadas. Sin perjuicio de ello, también ha resaltado hasta el cansancio (cuestión que tampoco ha considerado) que no le resultaba razonablemente posible solicitar un segundo análisis, por cuanto la conducta “dilatoria e irrazonable” de la Aduana impidió en la práctica que un segundo análisis pudiera ser materialmente realizado, dado que el eventual resultado no sería ya representativo del producto exportado. Añade que, tampoco resulta razonable la afirmación del a quo de que esta parte hubiera podido ofrecer la muestra que le fuera entregada a fs. 4, ya que precisamente dicha muestra extraída dos años atrás por la propia conducta dilatoria y desaprensiva de la Aduana, obviamente no hubiera sido representativa. Por otra parte, manifiesta que, al haber sido exportada la mercadería dos años antes no le resultaba fácticamente posible ofrecer ninguna otra prueba adicional.
En subsidio, plantea agravios respecto del fondo de la cuestión, toda vez que, a su criterio, del resultado del protocolo de análisis surge expresamente que el producto es una preparación de alimento para animal incompleta.
Con relación a ello, observa que, cuando en el párrafo 4 del punto V.I.3.2 de la sentencia apelada el a quo hace referencia al Dictamen 41/11, lo descarta haciendo referencia solo a la composición del producto allí indicado, el cual obviamente, al tratarse de una preparación para la alimentación animal incompleta distinta a la aquí analizada, es razonable que contenga otros elementos y porcentajes que no coincidan en un 100% con los componentes del producto exportado. Sin embargo el a quo nada dice respecto a la concluyente conclusión del Dictamen Técnico Nro. 41/11 la cual no ha considerado, y que fuere expuesta por esta parte que indica: “[a]hora bien, en relación a la Partida 23.04 propuesta por el área denunciante, se dirá que la misma comprende “TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA (SOYA), INCLUSO MOLIDOS O EN “PELLETS”, en este sentido corresponde descartar la misma toda vez que del desarrollo del proceso productivo del producto denunciado, que obra a fs. 6 y 20, surge que a la harina de extracción de soja no solo se adiciona maíz molido, sino que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II también posee agregados de sal (ingrediente), lo cual convierte en una preparación que excede esta partida”.
Afirma que, lo expuesto quiere decir que aun cuando el alimento analizado no coincida exactamente en cuanto a sus componentes al referido en el Dictamen (lo cual resulta absolutamente razonable), dicha conclusión analizada a la luz del resultado contenido en el único y nulo Protocolo realizado y notificado (en el cual se identifican positivamente no sólo maíz molido sino agregados y cloruro), indica que la posición arancelaria declarada en el PE en cuestión resulta correcta, por cuanto lo convierte en una preparación que excede la partida indicada por la aduana.
Precisa que, en efecto, el resultado y la conclusión plasmada en el Protocolo de Análisis, evidencia por sí sólo que la mercadería aquí involucrada, se trata de una mezcla homogeneizada de los elementos que la componen, que sirve como un complemento para la formulación de alimentos balanceados.
Agrega que, asimismo, el a quo ha pasado por alto que el propio servicio aduanero en diversos análisis de premezclas para animales como la aquí tratada, en las que también la materia preponderante del alimento, era la harina de soja, al determinarse otros agregados, ha concluido que a dicho producto le correspondía la Posición Arancelaria nro. 2309.90.10.900 T por cuanto “[s]i bien se encontró un contenido de proteína elevado para un alimento balanceado, corresponde a la posición arancelaria enunciada de acuerdo a las notas explicativas del capítulo 23” (se adjunta copia del informe técnico que admite que aunque la premezcla alimentaria tenga un alto porcentaje de Harina de Soja, si existe maíz y otros agregados se clasifica en la PA 2309.90.90.900 T).
Reitera que, en definitiva, no existe duda alguna que lo exportado es una premezcla para la alimentación para animal incompleta que al poseer otros ingredientes distintos a la harina de soja, tal como lo ha reconocido la propia Aduana en supuestos anteriores, excede a la partida 2304, ello aun cuando se considere que dicha premezcla contiene un alto porcentaje de harina de soja. No puede entenderse que la mercadería exportada sea harina de soja que clasifica en la partida 2304, dado que está demostrado que en un todo conforme a lo declarado se trata de una premezcla que contiene otros agregados distintos al de la soja, los cuales sirven para la alimentación animal. Esta afirmación además se encuentra sustentada por las notas explicativas del Capítulo 23, teniendo en consideración que lo que se exportó es una “premezcla y/o preparación” (que se utiliza para la alimentación animal –preparación para la alimentación animal incompleta –pienso incompleto-) al que deben adicionarse otros elementos para que se considere un alimento completo para la alimentación animal, lo cual el a quo ha pasado por alto.
Aduce que, además que el a quo, en su sentencia, descarta la aplicación del criterio clasificatorio Nro., 47 previsto en la Resolución General AFIP Nro. 3427/12, que caracteriza como un suplemento alimenticio, y por ende clasificarse conforme la Regla General para la interpretación del S.A. 1 (texto de la partida 23.09), Regla General para la Interpretación del S.A. 6 (texto de la subpartida 2309.90) y Regla General Complementaria 1 (texto del ítem 2309.90.90) aduciendo entre otras cosas que: “[p]or demás, resulta improcedente argumentar la clasificación arancelaria sobre una mercadería determinada, de la que se posee un Protocolo de Análisis emergente de una muestra de laboratorio de dicha mercadería recurriendo a una analogía documental de casos relativos a otras mercaderías y otras muestras incontrolables e inconstratables con la concreta mercadería que fue sometida a análisis en su composición.
No puede apelarse a la analogía conceptual frente a la realidad del Protocolo de Análisis de autos y su resultado, relativo a una muestra real, representativa de toda la mercadería exportada. Así, los informes y dictámenes traídos a colación por la actora carecen de fuerza de convicción frente al concreto Protocolo de Análisis de las act. Adm. de autos…..”.
Indica que, no está de acuerdo en lo manifestado por el a quo respecto a que informes o dictámenes aportados carezcan de fuerza para resolver las presentes actuaciones, dado que los mismos demuestran que, aunque el elemento mayoritario sea harina de soja, si a la misma se le adicionan y mezclan otros elementos como maíz molido y otros agregados, el producto consiste en una preparación incompleta que excede la partida 2304. Señala además que, con el criterio indicado por el TFN, a los fines de la clasificación de mercaderías, no podría utilizarse ningún dictamen clasificatorio respecto a una exportación o importación puntual de mercadería por cuanto el mismo también sería incontrolable e incontrastable con la concreta mercadería exportada conforme irrazonablemente aduce.
En síntesis, considera que, tanto la Aduana como el a quo tuvieron que considerar que, si a la harina de soja se le mezclan elementos distintos como maíz y sales, la clasificación excede la partida 2304, distinto es si se hubiera encontrando exclusivamente harina de soja, sin CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II ningún agregado. Por otra parte, lo que claramente resulta improcedente es argumentar una clasificación arancelaria en base a un nulo Protocolo de Análisis, emitido casi dos años con posterioridad a la extracción de la muestra de un producto perecedero, tal como se ha realizado en estos autos, sin perjuicio de que en virtud de los elementos surgidos del resultado no pueda considerarse que dicho producto deba ser clasificado en la partida 2304 es decir como harina de soja.
Pondera que, así como diversos dictámenes sientan criterio y son utilizados para clasificar diversa mercadería a exportarse que reúna similares características (criterios clasificatorios), tanto de la Resolución General AFIP nro. 3427/2012, como el Dictamen Técnico indicado, emitidos por la propia Aduana, pueden ser aplicados para la clasificación de la mercadería bajo análisis, surgiendo de los elementos del nulo Protocolo de Análisis (en el cual se identifica positivamente no sólo maíz molido sino cloruro y/o sales), que la posición arancelaria declarada en el PE en cuestión resulta correcta, y por lo tanto, no puede, calificarse esta conducta como infracción de declaración inexacta, dado que tal conducta con sólo leer el texto de esta última infracción, no se encuentra amparada en aquella.
Concluye que, el resultado y lo plasmado en el único nulo y parcial Protocolo de Análisis en trato, evidencia que la mercadería aquí involucrada, se trata de una mezcla homogeneizada de los elementos que la componen, que sirve como un complemento para la formulación de alimentos balanceados, y como tal, es un producto que debe adicionarse a una mezcla final para ser utilizado en la alimentación animal, tal como ha sido declarado por su parte en el PE y como fuera el producto aprobado por el SENASA, lo cual no ha sido considerado.
Finalmente, sin perjuicio de todo lo expuesto y en subsidio, solicita que, aún en el improbable supuesto de que existiera alguna duda, debe aplicarse de modo estricto lo previsto en el artículo 898 del C.A. En este sentido, resalta y deja asentado que esta su parte ha declarado correctamente la Posición Arancelaria de la mercadería exportada, hecho y/o situación que además de quedar reflejado con los resultados del propio protocolo, no puede ser válidamente rebatida a través de un procedimiento viciado de nulidad absoluta. Es por ello que deberá ser dejado sin efecto tanto el reclamo de multa como así también el de tributos que aquí se pretende, declarándose la nulidad absoluta de todo lo actuado, debiendo dejarse sin efecto el fallo aquí cuestionado y por ende la Resolución aduanera dictada en autos, con costas a cargo de la demandada.
V. Apelación del Despachante de Aduana:
Sostiene el recurrente que, según surge de los antecedentes de autos, no existe duda alguna que lo exportado es una premezcla para la alimentación animal incompleta que, al poseer otros ingredientes distintos a la harina de soja, excede a la partida 2304, ello aun cuando se considere que dicha premezcla contiene un alto porcentaje de harina de soja.
Afirma que, no puede entenderse que la mercadería exportada sea harina de soja que clasifica en la partida 2304, dado que está demostrado que, en un todo conforme a lo declarado, se trata de una premezcla que contiene otros agregados distintos al de la soja, los cuales sirven para la alimentación animal. Esta afirmación, además, se encuentra sustentada por las notas explicativas del Capítulo 23, teniendo en consideración que lo que se exportó es una “premezcla y/o preparación” (que se utiliza para la alimentación animal –preparación para la alimentación animal incompleta-) al que deben adicionarse otros elementos para que se considere un alimento completo para la alimentación animal.
Manifiesta que, de la documental complementaria remitida por la empresa exportadora (la factura comercial describiendo el producto y el análisis de SENASA -que si bien atiende a cuestiones sanitarias, los técnicos de la materia describen en el certificado el objeto de análisis-) surge que, en el caso, el producto coincide con la clasificación propuesta. Expone que, si bien no hay dudas que la función de clasificación recae en cabeza de Aduana, de igual manera no se puede considerar que los certificados fitosanitarios de SENASA, a modo de ejemplo, suscriptos por técnicos, pueden describir un producto sin criterio alguno, o a petición de la exportadora, cuando, por el contrario, los mismos efectúan los análisis sobre muestras que conservan en el Organismo y luego expiden el certificado correspondiente.
Argumenta que, no se puede pretender que el despachante sea más técnico que los técnicos mismos, cuando SENASA, como en el caso, describe el producto en la documental complementaria, tal la clasificación propuesta. No es cierto que el despachante haya sido displicente o actuado sin la debida diligencia, cuando asumió un criterio fundado sobre esa base técnica y demás informes de mención por la exportadora en su propia instancia recursiva.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Destaca que su parte ha arribado a una “razonada” clasificación según su leal saber y entender. Nunca hasta la corrida de vista años después del hecho de la oficialización, esta parte entendió que la posición de Aduana con relación a la clasificación de la mercadería exportada, difería de la clasificación que emana de la oficialización (no intervino en otra instancia de conocimiento posterior). Tampoco el despachante posee antecedente infraccional alguno, ni disciplinario, ni de ninguna otra naturaleza, prueba de su obrar diligente en toda su actuación profesional, cumplimentando siempre la normativa involucrada.
Pone de relieve que su parte no fue notificada del resultado del análisis, pues su parte no intervino en instancias posteriores al acto propio de la oficialización.
Deja sentado que comparte las conclusiones traídas por la exportadora, Alimentos y Forrajes SA, en su escrito de apelación, por cuanto en lo sustancial evidencian la violación de garantías básicas emergentes del requerimiento de un plazo razonable. Esto no ha sido siquiera ponderado por el fallo, habiendo sido postulado como agravio propio de la apelación por ante el Tribunal Fiscal por su parte. Advierte que la Aduana difiere de la clasificación propuesta transcurridos cinco años desde la oficialización.
Agrega que su parte no intervino en el acto de la notificación de los resultados del análisis, habiendo intervenido otro despachante (Marcelo A. Basetti): ni siquiera se tuvo la posibilidad de requerir un segundo análisis por su propio derecho, cuando puede verse involucrada su propia responsabilidad (incluso tributaria como en el fallo en crisis). Insiste en que dicha circunstancia, no ha sido considerada en el fallo apelado, generando una grave violación del derecho de defensa, habiendo tomado conocimiento del dispar criterio de Aduana cinco años después el acta de extracción de muestras -en el que si participó-, con el traslado en el sumario para contestar vista por la presunta infracción, violando todo criterio de razonabilidad.
Hace hincapié en que, el despachante de aduana es un mandatario del exportador/importador, lo cual no se encuentra en discusión a través del sistema de autorizaciones “on line” hoy vigente y como tal, actúa en ese carácter, en este caso por cuenta y orden de Alimentos y Forrajes S.A. El despachante de aduana interviene profesionalmente en representación –por cuenta y orden- de su cliente (mandato comercial), por lo que todos los efectos de los actos que realice dentro de los límites del mandato (no hay discusión en la especie), recaen en cabeza de su mandante importador / exportador.
Afirma que, en estos supuestos, es claro que quien realiza el hecho gravado no es el profesional, sino su cliente, razón por la cual el mismo no podrá ser pasible de responsabilidad tributaria.
Pondera que, refuerza lo que se refiere al aspecto tributario puntualmente y sus implicancias en la responsabilidad del despachante de registro, lo dispuesto por el artículo 779 del Código Aduanero: “[e]l despachante de aduana que realizare un hecho gravado sin acreditar su condición de representante en alguna de las formas previstas en el artículo 38 responde personalmente por los tributos pertinentes”. Es decir que, la única responsabilidad tributaria que se puede imputar al despachante de aduana es cuando realiza un hecho gravado por su cuenta; por ello, la acreditación de la condición de representante en algunas de las condiciones previstas en el artículo, exime de responsabilidad al mismo.
Se agravia, especialmente en el punto, la circunstancia que el firmante en tanto despachante actuó cumpliendo las instrucciones de la exportadora, con convencimiento por las demás circunstancias del caso de la correcta clasificación. Luego, se le negó lo que podría significar su única instancia defensiva, cuando Aduana no le notifica el resultado del análisis emergente de la extracción de muestras, que según el criterio de la Administración motiva el encuadre infraccional, y a la postre el traslado de la responsabilidad tributaria en cabeza del despachante. Hay una vulneración clara del derecho de defensa del despachante, a quien se le ha aplicado de manera infundada una responsabilidad que no es tal. En subsidio plantea que, aún en el improbable supuesto de que existiera alguna duda, debe aplicarse de modo estricto lo previsto en el artículo 898 del C.A. En este sentido, resalta que su parte ha declarado correctamente la Posición Arancelaria de la mercadería exportada. Es por ello que deberá ser dejado sin efecto tanto el reclamo de multa como así también el de tributos que aquí se pretende, declarándose la nulidad absoluta de todo lo actuado, debiendo dejarse sin efecto el fallo aquí cuestionado y por ende la resolución aduanera dictada en autos, con costas a cargo de la demandada.
VI. Que, de manera inicial debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
VII. Que, sentado ello, en primer lugar, se abordarán los planteos de nulidad formulados por los recurrentes, pues de prosperar tornarían inoficioso el tratamiento de los agravios restantes.
VIII. Que, a tal fin, corresponde efectuar una reseña de las previsiones contenidas en la Resolución General AFIP n° 1582/2003, que regula el procedimiento de extracción y análisis de las muestras de la mercadería involucrada.
Así las cosas, cabe señalar que el Anexo III dispone que:
“2.2.1. - ANALISIS DE CONTROL Es aquel que se realiza para identificar las mercaderías a los efectos de comprobar si su especie y calidad corresponden con lo declarado en la destinación aduanera. Los análisis de control pueden ser estadísticos o presuntivos. a) Análisis de control presuntivo es aquel que se efectúa cuando por alguna circunstancia, relacionada con la verificación de la mercadería, existen elementos de juicio necesarios y suficientes para iniciar el procedimiento por las infracciones por declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas (…).
Es el que se efectúa cuando de la primera pericia ha surgido un resultado motivo de litigio o de diferencias entre la Aduana y el Importador o el Exportador de la mercadería.
El segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis.
Se deberá solicitar por ante la División ITEM aún cuando el primer análisis haya sido realizado por otros organismos públicos o privados (…)”.
IX. Que, sentado ello, corresponde apuntar que, de las constancias obrantes en el expediente administrativo Nº 12551-188-2013 surge que:
(i) mediante la Nota 413/13 de fecha 5/04/2013 la Aduana de Rosario le solicitó a la Div. Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM) que “de conformidad con lo normado en la RG AFIP 1582/2003 y e-mail nª 11/13 (SDG OAI), se extrajeron muestras representativas de la mercadería documentada por la firma Exportadora/Importadora Alimentos y Forrajes SA en DDT 13052EC01002155D (…), presumiéndose podría corresponderle HARINA DE SOJA 2304.00.10. a efectos de que se efectúe el correspondiente análisis cuali cuantitativo determinando los porcentuales de los distintos componentes constitutivos de la muestra, solicitando que conjuntamente con el protocolo analítico se especifique si se está o no en presencia de preparaciones que cumplan con las condiciones de las que resultan clasificables en la partida 2309” (fs. 1).
(ii) Con fecha 18/03/2013 la firma Alimentos y Forrajes S.A.
oficializó la destinación de exportación a consumo nº 13052EC01002155D, amparando una carga de 500 TN de “Las demás. Las demás PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES” (P.A. 2309.90.90.900T) (fs. 2).
(iii) con fecha 21/03/2013 se labró el Acta de Extracción de muestra de la mercadería en los siguientes términos: “(…) proceden a labrar la presente acta a fin de dejar constancia que, con el objeto de someterlas a un análisis de control presuntivo (…), y en presencia de los intervinientes se ha extraído un juego de tres muestras de la mercadería…las que debidamente cerradas y firmadas se destinan: la primera al organismo analizador, la segunda a la Aduana interviniente y la tercera al Importador/Exportador o Despachante de Aduana/ Apoderado/ Perito/s de parte en representación de Alimentos y Forrajes S.A.. En este acto el representante habilitado del importador/exportador manifiesta: Presto mi conformidad sobre las muestras extraídas, las cuales son representativas del total de la partida documentada. Asimismo asumo el formal compromiso por el pago de las eventuales diferencias de tributación que se comprobaren del análisis a practicarse más las multas que correspondieren en caso de verificarse tal es inexactitudes”, para lo cual se conformó garantía. (4.1.) Para análisis de control presuntivo y a su vez a la característica intrínseca de la destinación exportación). Estadístico: “ El retiro de la mercadería con lleva el compromiso por el pago de las eventuales diferencias de tributación que se comprobara del análisis a practicarse más las multas que correspondieran en el caso de verificarse tal es inexactitudes quedando supeditada la percepción de los beneficios a la exportación que pudieran corresponder hasta tanto se concluya la consideración del análisis por parte de la UTV, como así también la facultad del interesado de solicitar CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II un segundo análisis en los términos del punto 3 del anexo III RG n 1582/03 (fs. 4).
(iv) con fecha 25/03/2013 el Subdirector General mediante el E- mail Nº 21/2013 (SDG OAI) de fecha 25/03/2013, dirigido a las Direcciones Regionales Aduaneras (TODAS), Asunto: PA 2309.90.90.900T, indicó: “Por medio del presente se informa que para aquellos casos en que las aduanas realicen extracción de muestras de mercadería de mención en el asunto corresponderá al momento del envío al laboratorio oficial de la dirección general de aduanas solicitar que conjuntamente con el protocolo analítico se especifique si se está o no en presencia de preparaciones que cumplan con las condiciones que resultan clasificables en la partida 2309”. (fs. 5). (v) con fecha 25/03/2015 se emitió el Protocolo de Análisis LAB 91806 en los siguientes términos: “(…) 3) proporción aproximada de estructuras vegetales: harina de soja desgrasada 96%, maíz molido 4%; 4) Identificación de Cloruro de sodio: Positivo”, notificado el 22/04/2015 a la actora y el 4/05/2015 al Despachante de Aduana, señor Marcelo A. Bassetti. (fs. 6. Fs. 9 y fs. 10).
(vi) del informe nº 341/2016 de fecha 30/09/2016 surge que: “(…) del resultado del análisis desprende que la composición de la mercadería declarada en la destinación es mayoritariamente harina de soja y maíz molido (…) de lo expuesto esta instancia entiende que debió declararse la posición arancelaria 2304.00.10.100B (considerando que la cantidad de harina de soja es significativamente superior) bajo el régimen de la ley 21.453. Por lo tanto a criterio de esta instancia estaríamos en presencia de declaración inexacta en los términos del artículo 954 INC. a) , por cuanto se ha tributado por el 5% cuando debió haber tributado 32% al precio oficial (…)” (fs. 12 y vta).
(vii) con fecha 30/09/2016 se labró el Acta de Denuncia por presunta infracción al art. 954 del C.A. (fs. 22).
(viii) el 27/04/2018 se instruyó sumario por la presunta infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, incs. a) del C.A. contra la firma exportadora y el despachante de aduana y se corrió vista de todo lo actuado, lo que se notificó a ambas partes con fecha 3/05/2018 (fs. 28/30). Con fecha 17/05/2018 y 18/05/2018 presentaron sus descargos la firma exportadora y el Despachante de Aduana.
(ix) el 5/06/2019 la Aduana de Rosario mediante la Nota 275/2019 remitió el sumario a la División Clasificación Arancelaria, a fin de emitir el dictamen técnico clasificatorio (fs. 36).
(x) el 6/09/2019 la División Clasificatoria emitió el Dictamen Técnico nº 47/19 en los siguientes términos:“(…) III-OPINIÓN: “la mercadería resultante correspondiente a la destinación 13052EC 01002155D, de fecha 18 de marzo de 2013 debe conceptuarse como: ‘ mezcla constituida por estructuras vegetales compatibles con harina de soja desgrasada (aproximadamente 96%) y maíz molido (aproximadamente 4%), de granulometría heterogénea, con el agregado de cloruro de sodio, presentada a granel”, la que clasificaba al momento imponible en la posición arancelaria NMC 230 4.0 0.10, posición SIM 230 4.0 0.1 0. 100” (fs. 87/89).
(xi) con fecha 29/10/2019 se emitió el Dictamen Jurídico 126/2019 (fs. 92/93).
(xii) con fecha 26/12/2019 se dictó la Resolución n° 334/2019 (AD ROSA).
X. Que analizadas las constancias obrantes en el expediente administrativo a la luz de las disposiciones previstas en la resolución 1582/2003, cabe concluir, contrariamente a lo sostenido por el Tribunal Fiscal de la Nación, que se han configurado vicios procedimentales que determinan la nulidad del procedimiento llevado adelante por la autoridad administrativa.
XI. Que, ello es así pues, en este caso en particular resulta que, el ITEM, al emitir el resultado del análisis omitió cumplir con lo solicitado en la Nota nº 413/13 del 5/4/2013 y asimismo, con lo ordenado por el Subdirector General de Aduana del Interior mediante el mail nº 21/13 del 25/3/2013.
Es decir, omitió pronunciarse sobre si se estaba o no, en presencia de preparaciones que cumplan con las condiciones de las mercaderías que resultan clasificables en la partida 2309, lo que provocó que la actora -razonablemente- entendiera que la posición arancelaria declarada en la destinación de exportación era la correcta y no solicitara la realización de un segundo análisis..
Al respecto, cabe señalar que la expresa indicación relativa a que el análisis “especifique si se está o no en presencia de preparaciones que cumplan con las condiciones de las que resultan clasificables en la partida 2309”, a diferencia de lo indicado por el Tribunal Fiscal, no sólo surgía del requerimiento efectuado por el Subdirector General a todas la Aduanas a través de un mail interno, sino que, la Aduana de Rosario, expresamente, con referencia a la destinación de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II exportación, objeto de autos, solicitó al ITEM dicha especificación en la Nota 413/13.
Asimismo, debe advertirse que, ello era necesario para que el organismo de control determine de modo claro si conforme el resultado del protocolo se estaba o no en presencia de resultado motivo de “litigio” o “diferencia entre la Aduana y el exportador”, en los términos de lo dispuesto en el punto 3, Anexo III de la resolución general AFIP 1582/03.
En este punto, cuadra añadir que, contrariamente a lo sostenido por el organismo jurisdiccional administrativo, si el Subdirector de la Aduana y la propia Aduana de Rosario, solicitaron al ITEM que indique si se estaba en presencia de una preparación de alimento para animales o no, era por cuanto el propio Organismo consideraba que el resultado técnico que emite dicho laboratorio, en donde se determinan meros porcentajes y existencias de componentes, podría llegar a generar situaciones de duda, en cuanto a su interpretación.
En este sentido, aparece en principio razonable y ajustado al contexto factico y normativo en que se desenvolvió la cuestión, el criterio de la recurrente (que expresó en todas sus presentaciones), que interpretó que al no registrar el análisis ninguna observación o indicación en concreto, su resultado era favorable al criterio clasificador por ella adoptado, por identificarse positivamente no sólo harina de soja sino también maíz molido y cloruro, lo cual, a su entender, se correspondía con una mezcla que sirve para complemento para la formulación de alimento incompleto para animales.
En definitiva, cabe concluir que, el hecho de haberse notificado el resultado del protocolo de análisis sin indicarse si se trataba de una preparación para alimentación animal o por el contrario harina de soja, ello denota una actuación irregular por parte de la Aduana que provocó que no exista un acto administrativo claro y temporáneo que indique, concretamente que, el resultado le había sido desfavorable o “motivo de litigio” o “de diferencias entre la aduana y el exportador de la mercadería”, de conformidad con lo previsto en el punto 3, Anexo III de la Resolución General 1582/03, lo que determinó que la exportadora no solicitara la realización de un segundo análisis.
Pues lo cierto es que si la actora hubiera tenido fehaciente conocimiento acerca del criterio de la Aduana respecto del resultado del análisis en cuanto le era desfavorable, hubiera podido, eventualmente, solicitar un segundo análisis, designar un perito químico y/o proponer un laboratorio analizador especial, y allí sí, la omisión de tal conducta habría generado la consecuencia con base en la cual el Tribunal Fiscal sustentó su decisión..
XII. Que, por otra parte, no puede dejar de advertirse que, en atención a las especiales a las características intrínsecas de la mercadería en trato (producto perecedero), circunstancia que no se encuentra controvertida por las partes, el tiempo transcurrido desde que tuvo lugar la toma de la muestra (21/03/2013) y la fecha del resultado del laboratorio (25/03/2015), no permiten concluir con la exactitud y suficiencia requeridas, en este tipo de cuestiones, si la especie y calidad de la mercadería exportada coincidía o no con lo declarado en la destinación, por no mantenerse inalteradas la condiciones del producto analizado, lo que determina la falta de aptitud del análisis practicado, a los fines de arrojar un resultado concluyente e irrefutable sobre la composición de la mercadería.
En este contexto, no puede perderse de vista que la representatividad de la muestra, es decir, la posibilidad de reflejar en forma fidedigna las características de la mercadería en cuestión, es el principio básico sobre el cual se encuentra estructurado el procedimiento previsto en la normativa aplicable de modo tal que, desaparecida esa representatividad, el análisis de la muestra deviene inútil.
En consecuencia, cabe concluir que, en el caso en examen, ha quedado neutralizada la posibilidad de la actora de realizar un segundo análisis dadas las características de la mercadería y el tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y su análisis, lo que ha conculcado en forma irreversible su derecho de defensa, siendo dicha imposibilidad responsabilidad exclusiva de la autoridad aduanera. Es que resulta insoslayable que tratándose de un producto perecedero y con determinadas condiciones necesarias para su conservación, existe una imposibilidad práctica de un segundo análisis, pues al no mantenerse el producto inalterado, la muestra sobre la cual se llevaría a cabo el análisis, no resultaría apta para ser lo suficientemente representativa de la mercadería exportada, lo que fulmina de nulidad el Análisis LAB 91806 y de todo lo actuado con posterioridad, por haberse impedido “de facto” la posibilidad de que la firma recurrente pueda recurrir el análisis del Protocolo LAB nro. 91806 requiriendo un segundo análisis, tal como prevé la Resolución General nro. 1582/03.
En consecuencia, corresponde concluir que las omisiones y deficiencias del procedimiento llevado a cabo por la Aduana, tanto en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II orden a la dilación de la notificación del resultado del LAB (más de dos años de la toma de la muestra), así como también por el hecho de no haber indicar al notificar el resultado del análisis (como era su obligación, según ha quedado claramente especificado) si aquél era o no favorable a la actora, constituyen irregularidades que no pueden subsanarse en esta instancia y determinan la nulidad del LAB 91806 y de todo lo actuado con posterioridad; por lo que corresponde dejar sin efecto la resolución (AD ROSA) 334/2019 (en similar sentido esta Sala, in re: expte. 11.143/2022 “Compañía Argentina de Granos SA (TF 72699922-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 5/04/2023 y expte.: 56.332/2022, “Viluco SA y Otro (TF 60588502-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 1/02/2023, entre otros).
XIII. Que, en atención al modo en que se resuelve, resulta insustancial pronunciarse respecto de los restantes agravios planteados por las co actoras.
XIV. Que, en atención al modo en que se resuelve, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (arts. 279 y 68, 1° parte del C.P.C.C.N.). En consecuencia, este Tribunal
1. hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por la actora y el Despachante de Aduana, y revocar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 11/07/2022; 2°) declarar la nulidad del LAB 91806 y de todo lo actuado con posterioridad y por consiguiente corresponde dejar sin efecto la resolución (AD ROSA) 334/2019 y 3°) imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 279 y 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia