Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la acción deducida por la actora Sra. S. M. A., y en consecuencia condeno al Sr. R. V. D. V., D.N.I. **.***.*** a abonar una cuota alimentaria definitiva a favor de su hija A. M. D.N.I. **.***.*** equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80 %) del monto al que asciende el índice de la Canasta de Crianza publicada por INDEC para el rango etario de 6 a 12 años; y UNA CUOTA COMPLEMENTARIA ANUAL equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la cuota mensual fijada supra, la cual será pagadera junto con la cuota correspondiente al mes de FEBRERO de cada año.-
2Disponiendo que la pensión alimenticia antes establecida deberá ser abonada en el plazo y modo establecido en los considerandos Nº 4 y 11.-
3ESTABLECIENDO, que la cuota alimentaria dispuesta en el punto 1°) del fallo deberá ser abonada en forma retroactiva al nacimiento de A. M., conforme lo dispuesto en el considerando N° 12, a cuyo efecto la determinación de las cuotas alimentarias atrasadas en concepto de alimentos devengados desde dicho momento y hasta la fecha de este pronunciamiento se difiere para el momento procesal oportuno, en que la actora practique liquidación por alimentos devengados por el concepto indicado.-
4Imponiendo las costas a la parte accionada conforme lo establecido en el considerando Nº 13.-
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA FAMILIA N° UNO SECRETARIA CIVIL N° DOS
Río Gallegos (C.P. 9400)
TOMO: LVIII REGISTRO: 24 FOLIO: 95/102
Río Gallegos, 8 de septiembre de 2023.-
Estos autos caratulados: “S. M. A. c/ R. V. D. V. s/ ALIMENTOS", Expte. Nº ****/21, en trámite por ante este Juzgado Provincial de Primera Instancia de la Familia Nº Uno a mi cargo, Secretaría Civil Nº Dos a cargo de la Dra. Gloria K. Cruz Fernández, venidos a despacho para dictar Sentencia, y
1.-Que por PE*****-2020 la Sra. S. M. A. comparece en representación de su hija A. M., promoviendo juicio de alimentos contra el padre, el Sr. R. V. D. V., solicitando se fije en concepto de cuota alimentaria mensual la suma de $20.000.-
2. Expresa que paralelamente a estos actuados, inició la respectiva acción de filiación, en razón de que el demandado no reconoció a su hija.-
Relata que su hija es fruto de una relación amorosa de público y notorio conocimiento en el medio, sostenida por un año e interrumpida desde el segundo trimestre del embarazo, habiendo convivido por dos meses aproximadamente.-
Refiere numerosos hechos de violencia graves que sufrió por parte del demandado.-
Afirma que: “nunca en estos 7 años volví a saber del accionado hasta hace dos meses, me consta que se encuentra en la ciudad por advertir noticias en periódicos del medio que lo posicionan como uno de los implicados a consecuencia de facturaciones apócrifas que involucran a comerciantes y empresarios”.-
Expresa que es empleada de la xxxxx de Río Gallegos, el cual es poco remunerado por la escasa carga horaria que debió asumir, en razón de que debe hacer cargo del cuidado de A. M.-
Por último solicita que los alimentos que se dispongan sean retroactivos a la fecha de la concepción de su hija.-
Funda en derecho y ofrece prueba.-
4. Mediante PE*****-2021 y PE******-2022 se incorpora el informe socio económico realizado a las partes.-
5. Que el Sr. R. V. D. V. se presenta en PE******-2021 y contesta demanda.-
Expresa que es padre de 4 hijos (de 3, 10, 14 y 18 años de edad), “los tres menores viven conmigo y con mi pareja y el mayor se encuentra cursando estudios universitarios de xxxxx en la xxxxx de la provincia de xxxxx. Además de lo dicho, mi hijo de 3 años nació con “pié Boot”, esta afección implica que tendrá que estar en tratamiento por tiempo indeterminado (por varios años hasta tanto su pié izquierdo pueda recuperar la posición correcta”, refiriendo que debió realizar en enero de 2020 un gasto por tal razón de $32.600, y seguidamente de la contestación de la demanda iba a realizar otros implementos con un costo cercano a los $50.000.-
Afirma que alquila, y que se desempeña como monotributista, facturando aproximadamente $80.000 o 90.000; “los aspectos reseñados deben ser tenidos en cuenta por V.S. al momento de dictar sentencia definitiva puesto que toda sentencia debe adecuarse a la realidad objetiva, a la verdad y por lo tanto S.S. no debe pasar por alto las particularidades personales de quien suscribe, mis ingresos, las cargas familiares que tengo, los gastos propios de mi grupo familiar, todo lo cual me demanda que la totalidad de mis ingresos estén dirigidos a solventar los gastos mensuales para nuestra subsistencia”.
6. Que mediante presentación SIPED PE******-2023, obra dictamen de la Defensoría Pública Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes Nº Dos: “teniendo en consideración que el demandado no posee empleo en relación de dependencia, este Ministerio Público es de opinión que al momento de dictar Sentencia debería fijarse como cuota alimentaria definitiva el 60% del salario mínimo, vital y móvil establecido y actualizado cada seis (6) meses por el Ministerio de Trabajo de la Nación y una cuota complementaria anual equivalente al 50% de la cuota que corresponda abonarse en el mes de febrero de cada año, a abonar por el Sr. R. V. D. V. en favor de mi representada A. M.”.-
7. Que mediante providencia PE******-2023 estos autos quedaron en estado de dictar SENTENCIA; y,
1. En atención a la pretensión esgrimida por la accionante, cabe destacar que las cuestiones controvertidas se circunscriben a: a) si es ajustado establecer una cuota alimentaria a favor de A. M.; b) a cuánto debe ascender en su caso la pensión alimentaria requerida en beneficio de la nombrada.-
2. En primer lugar es apropiado señalar que del análisis de éste proceso teniendo en cuenta la documental adjunta en la demanda y las pruebas producidas, se desprenden acreditados los siguientes hechos: a) El vínculo legal de la niña de autos con la actora y el demandado; b) Que los justiciables se encuentran residiendo en forma separada, siendo que la hija en común reside la totalidad del tiempo junto a su progenitora.-
3. En lo referente a la pretensión de la parte accionante, en su carácter de representante de su hija y meritando la edad de la misma, cuyas necesidades se presuponen, desde ya adelanto mi opinión favorable al progreso de tal pretensión siendo ajustado a derecho establecer una pensión alimenticia que en forma mensual deberá abonar el demandado a favor de su hija, a efectos de contribuir a su sostén. Ello dado que los arts. 646 y cc del Código Civil, claramente imponen al accionado tal obligación legal, quien se ve constreñido a la manutención de su hija.-
4. Continuando con el análisis de la cuestión controvertida, atento a que la obligación alimentaria de los padres frente a los hijos menores de edad es una consecuencia derivada de la responsabilidad parental que se ejerce sobre éstos, a diferencia de lo que acontece con otros parientes, no se encuentran los hijos menores de edad sujetos a demostrar cuáles son los gastos y erogaciones que en su favor deben satisfacerse mensualmente para su adecuada manutención, pues en orden a su menor edad, sus necesidades se presuponen, destacando que los alimentos comprenden la satisfacción de las necesidades de los hijos en la alimentación, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación y gastos por enfermedad.-
Que para la determinación de la cuota de alimentos tendré en cuenta la valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia que publica de manera mensual el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el rango de 6 a 12 años cumplidos. Dicha canasta incluye dos componentes: el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, y el costo del cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad. Además, se presenta por tramos de edad, los cuales se calculan de acuerdo a los niveles de escolarización y las horas de cuidado teóricas que de ellos se derivan.
Para continuar con la valoración de datos que hagan a una solución justa, resultará una pauta óptima de valoración el ya referido informe estadístico de INDEC del que puede dilucidarse el promedio de gastos devengados para un niño y su incidencia en la economía familiar, a tal efecto resulta atinado acudir a dicha tabla de equivalencias para la determinación de la cuota peticionada.-
Con lo cual estimo prudencial y equitativo establecer que el accionado deberá abonar mensualmente a favor de su hija:
1. una cuota alimentaria mensual equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80 %) del monto al que asciende el índice de la Canasta de Crianza publicada por INDEC para el rango etario de 6 a 12 años; y 2) UNA CUOTA COMPLEMENTARIA ANUAL equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la cuota mensual fijada supra, la cual será pagadera junto con la cuota correspondiente al mes de FEBRERO de cada año, conforme los fundamentos que seguidamente expondré.-
Ahora bien, el monto establecido supra se actualizará en base a los aumentos de dicha Canasta informados periódicamente por el INDEC. Desde esta perspectiva, corresponde destacar que el derecho a los alimentos se vincula directamente con el derecho a la vida y la dignidad de la persona y se encuentra consagrado en una multiplicidad de instrumentos internacionales. En especial, cuando se trata del deber alimentario a favor de las personas de menor edad, el art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que establece que a los progenitores u otras personas encargadas del cuidado del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida que sean necesarias para su desarrollo. El tercer apartado de la norma citada compromete al Estado a adoptar las medidas apropiadas para ayudar a los padres, madres y otras personas responsables a dar efectividad al derecho. A su vez, el cuarto apartado impone adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria por parte de quienes tengan la obligación a su cargo.
Sabido es que la cuota alimentaria es esencialmente provisional, por lo que posteriormente puede variar conforme cambian las necesidades del alimentado, su edad o las posibilidades del alimentante, o bien porque así lo aconsejan las variables económicas si las mismas han actuado en detrimento del poder adquisitivo del dinero en perjuicio de la beneficiaria.
Explicado ello, el principio de congruencia debe ser flexibilizado en el caso del derecho de familia para dar soluciones protectorias eficaces a quienes son los destinatarios de una tutela especial, como lo es en este caso la niña beneficiaria. Negar ello significa en el caso concreto negar protección a derechos de la niña y obligar a la parte a iniciar incidencias que pueden y deben ser evitadas en esta sentencia. Por lo expuesto es que aunque se haya solicitado un monto distinto en la demanda y la pauta de actualización sea distinta, ello debe ser modificado conforme a los argumentos de índole convencional ya esgrimidos, y en la medida que de no establecerse, la progenitora se vería obligada a instar el aumento de la cuota en función del costo de vida que es de prever, pueda seguir creciendo en nuestro país. Ocurre que la fijación de una cuota alimentaria y su importe, supone que el mismo mantenga su valor para cumplir su finalidad, esto es: satisfacer las necesidades de la hija enunciada en el art. 659 CCyC, que es el propósito inherente al derecho fundamental reconocido. Meritando la edad de la hija, no puedo dejar de considerar los gastos de educación, que si bien estos, forman parte de los alimentos ordinarios, no se puede negar que existen en todo comienzo del año lectivo mayores erogaciones (matrícula escolar, artículos de librería, uniformes, entre otros) los cuales merecen ser reconocidos, caso contrario, el alimentante se encontraría exento de aportar a ese fin, y el otro progenitor deberá -injustificadamente- afrontar dichos gastos en forma unilateral, o en el peor de los supuestos, no podrán ser abonados.- Estos gastos, si bien tienen el carácter de periódicos, previsibles, y no extraordinarios, no significa que sean mensuales, toda vez que se dan solo al inicio del año escolar, y que por ello implican un gasto único en una determinada época del año, los cuales se presumen sin requerir de mayor aporte probatorio, y pretender que se interpongan incidencias a los fines del reconocimiento de esos derechos implicaría atentar contra los principios que rigen en la materia.-
Dicho esto, es que corresponde entonces, en cumplimiento con los principios de celeridad y economía procesal y a los fines de evitar dilaciones en torno a decisiones trascendentales de la niñez que por el paso del tiempo podrían acarrear graves consecuencias en perjuicio de la niña y teniendo como principio rector el interés superior de esta, dispongo el pago de una cuota complementaria única y anual destinada a satisfacer esos gastos escolares, procurando la más eficaz satisfacción del derecho de educación de la alimentada, la cual equivaldrá al cincuenta por ciento (50%) de la cuota mensual fijada supra, la cual será pagadera junto con la cuota correspondiente al mes de Febrero de cada año.-
Sabido es que la cuota alimentaria es esencialmente provisional, por lo que posteriormente puede variar conforme cambian las necesidades de la alimentada o las posibilidades del alimentante, o bien porque así lo aconsejan las variables económicas si las mismas han actuado en detrimento del poder adquisitivo del dinero en perjuicio del beneficiario. Como expresé anteriormente, la fijación de una cuota alimentaria y su importe supone que el mismo mantenga su valor para cumplir su finalidad, satisfacer las necesidades de su hija, que es el propósito inherente al derecho fundamental reconocido.-
Que no escapa al suscripto que el índice aplicado tiene como rango máximo la edad de doce (12) años cumplidos, por lo cual a los fines de evitar que la actora se vea obligada a iniciar un nuevo proceso y/o entablar un nuevo pedido al respecto, corresponde prever dicha situación. Por ello y a los fines de garantizar el acceso a la justicia de manera eficaz a la parte actora, corresponde disponer que una vez cumplido los trece (13) años, se continuará utilizando para el monto y actualización de la cuota fijada el rango etario máximo del Índice de Crianza publicado por INDEC, ello a los fines que la beneficiaria continue con la percepción del beneficio.
En el supuesto que INDEC publique índice ampliando el rango etario se aplicará el que corresponde y/o este más cercano a la edad de la niña.-
5. Respecto al monto en concepto de alimentos a cargo del accionado y a favor de su hija, me convenzo de que el mismo resulta razonable como contribución que se fija respecto del demandado para cubrir las necesidades de la niña, máxime teniendo en cuenta la edad de la misma.-
No desconozco que el demandado posee otros hijos por los cuales también debe procurar alimentos. Sin embargo resultan llamativos distintos argumentos expresados por el Sr. R. V. D. V. en su contestación de demanda; en ese sentido argumentó que al momento de dictar sentencia debería considerarse que posee otras cargas familiares y que su aporte debía ser limitado a sus posibilidades.-
No niego que tal situación deba ser considerada al momento de resolver, tal como el demandado expresa. Pero a modo de ejercicio intelectual, resulta apropiado seguir el razonamiento expresado por el progenitor en tal sentido, es decir, hipotéticamente, qué pasaría si la progenitora también haría lo mismo que el progenitor, y aportara solo con el límite de lo que considerara dentro de sus posibilidades. ¿A. M. vería sus necesidades satisfechas en su totalidad?. La respuesta no es otra que negativa.-
Pero la realidad nuevamente se impone al analizar tal escenario, y vemos como la actora debe, no importa cómo, hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de A. M., hija en común. En la realidad, al igual que en el argumento del Sr. R. V. D. V., no importa ese “límite” en el caso de la progenitora, ella debe cumplir con su obligación sin “límite” a sus posibilidades o “cargas familiares”. Aquí es importante recordar expresamente lo que afirmó el demandado: “V.S. debe resolver este proceso estableciendo una cuota alimentaria que no implique dejar a quien suscribe y a sus otros hijos en situación perjudicial”. Entonces, la Sra. S. M. A. debe satisfacer las necesidades de A. M. sin interesar si eso ocasiona que ella y sus otros hijos (que se encuentra acreditado en autos conviven con ella) queden en una situación perjudicial, lo que importaría seria que esto no suceda con el demandado y sus hijos.- Este razonamiento no puede ser avalado por el Poder Judicial bajo ningún punto de vista.-
No dejo de analizar que es cierto que los demás hijos de ambas partes tienen el mismo derecho que A. M. de ver satisfechas sus necesidades, por eso mismo es que se fija el monto aquí establecido, habiendo ponderado tal situación.-
Que el poder judicial constituye la primera línea de defensa a nivel nacional para la protección de los derechos y las libertades individuales de las mujeres, y por ello la importancia de su respuesta efectiva ante violaciones de los derechos. Una respuesta judicial idónea resulta indispensable para que las mujeres víctimas de violencia cuenten con recursos ante situaciones que las perjudiquen.
La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, define a la “violencia contra las mujeres” como toda acción u omisión basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el orden púbico como en el privado, basada en una relación desigual de poder afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. La citada Ley en su art. 5°, distingue diferentes tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica. La violencia económica –entendida como la serie de mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres con relación al uso y distribución el dinero, junto con la amenaza constante de no proveer recursos económicos- es una de las formas más tremendas de violencia, que muestra las relaciones de poder que se establecen entre mujeres y hombres, quedando en manos de éstos últimos una autoridad y un poder acompañado de la sumisión y/o subordinación de las mujeres.-
Es común considerar que quién tiene el dinero, tiene el poder y, generalmente en nuestro país quienes tienen mayor ingreso son los hombres. Es por ello que cuando una mujer sufre violencia económica o patrimonial no siempre es porque no tenga un trabajo remunerado, sino que su pareja tiene mayor ingreso y es quién toma las decisiones sobre los gastos en la casa.
Una mujer es violentada económicamente cuando se le niega el dinero suficiente para solventar las necesidades básicas para sus hijos, como la alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud, entre otros. También cuando, de alguna manera, se le impide trabajar de manera remunerada o cuando se le exige rendir cuentas y/o comprobantes de pago por las compras que realiza para cubrir necesidades de su familia; o tras la separación, se le niega o regatea las pensiones alimenticias.
El Estado tiene el derecho de cuidar y proteger a sus ciudadanos, a que los derechos de los que padecen situaciones de vulnerabilidad, sean reconocidos por el Estado.-
De los antecedentes descriptos en este considerando, puedo observar que la Sra. S. M. A., se encuentra inmersa dentro del grupo de personas vulnerables que el estado debe proteger, toda vez que estando en una situación de inferioridad podría sentirse obligada a aceptar propuestas injustas.
Cabe señalar que el principio de igualdad exige que quienes son iguales ante la ley, pero no son iguales en la vida (por ejemplo por circunstancias económicas o culturales), tengan una protección cuando realizan ciertos actos (art. 16 CN), para evitar que acepten condiciones impuestas y hasta vejatorias. Es decir que se debe diferenciar igualdad formal de la real.-
Dicho ello, también corresponde recordar lo prescripto por el art. 1º de la Ley de Protección Integral de las Mujeres (Ley 26.485), el cual establece que las disposiciones son de orden público.-
Ello nos obliga como operadores del derecho a analizar la temática de la violencia de géneros cumpliendo la normativa pertinente incluso de oficio en materia de familia. De lo contrario, lo único que lograríamos sería tener normas muy bonitas desde lo discursivo, pero que de ninguna forma se apliquen y así permitir que esos principios y reglas se conviertan en realidades transformadoras, convirtiendo todo ello en una mera cuestión ilusoria alejada de la real vivencia de, en este caso, las mujeres.-
Que en la actualidad la tan mencionada "perspectiva de géneros", debe convertirse en acciones concretas que signifiquen un cambio de paradigma real en la situación de las personas afectadas, y que bajo ningún posible análisis de la cuestión puedan existir áreas del derecho ajenas a esa aplicación.- La aplicación del derecho no puede ser una acción discursiva, sino que en ello se juega la real protección de las personas.-
Frente a conflictos entre las partes en los que haya conductas de violencia de género contra la mujer que es parte de un juicio, las y los operadores del derecho debemos duplicar la prudencia, y asegurarnos que la víctima reciba una real protección, y no citar normas que las protegen para luego quedarnos en ello bajo pretexto de no tener posibilidad de protegerlas atento que cuestiones procesales nos impiden hacerlo.-
Un análisis superficial de la cuestión aquí debatida sería "El Sr. R.
V. D. V. tiene otros hijos a los que les debe alimentos". Ello no sería más que tornar ilusoria la real protección que se le debe otorgar a las víctimas, la cual se vería truncada únicamente porque no se analizó en profundidad la situación real de la Sra. S. M. A. Es decir, las víctimas se encuentran protegidas desde el campo normativo, para que los operadores jurídicos hagamos efectiva y concreta esa protección, y no podemos mirar al costado.
La realidad y la normativa actual nos impone y constriñe a un mayor protagonismo desde la jurisdicción, ya que allí cuando el contexto no permitió a esa mujer advertir que sus derechos eran vulnerados, es cuando debe activarse la justicia para su equilibrio y asistencia.- Por lo que, corresponde hacer saber al Sr. R. V. D. V. que deberá asistir a los talleres psicoeducativos brindados por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, cuya concurrencia será obligatoria. Para lo cual deberá presentarse en Amador Gonzalez Nº 290, de lunes a viernes en el horario de 9.00 13.00 horas, a los fines de solicitar se le otorgue un turno para que el mismo sea entrevistado, debiendo acreditar en el plazo de quince (15) días la asistencia al mismo; bajo apercibimiento de aplicar una multa y establecer otras medidas sancionatoria progresivas y que tiendan a neutralizar su incumplimiento.
6. Es sabido que el deber de alimentar corresponde a ambos progenitores a la vez. La obligación materna -en el presente caso- se estima cumplida con la atención que brinda a su hija cuyo cuidado personal ejerce, que se compensa en gran medida con dicha guarda y los gastos cotidianos.-
7. Cabe presumir que el progenitor que no se encuentra detentando el cuidado personal de la hija, se halla en mejores condiciones para prestar alimentos teniendo en cuenta el tiempo, cuidado y atención brindada por la madre, por lo que considero que el monto fijado representa el mínimo esfuerzo que el progenitor debe realizar en favor de su hija.-
8. Considero que la suma aquí estipulada es la más apropiada para cubrir las necesidades de su hija, alcanzando dicho monto a cubrir solo las necesidades más elementales.-
9. Entonces, deberá el Sr. R. V. D. V. realizar los esfuerzos necesarios para atender a los alimentos de su hija. Es que su obligación deriva de la responsabilidad que asumió de padre, de manera que debe adecuar su conducta, sus esfuerzos, su modo de vida, a la existencia de tal obligación para satisfacerla (Régimen Jurídico de los Alimentos- Gustavo A. Bossert. Edit. Astrea, Págs. 306/307).-
10. Los progenitores tienen el deber de proveer asistencia de sus hijos, y para ello deben realizar todos los esfuerzos que resulten necesarios, realizando trabajos productivos, sin que puedan excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando falta de trabajo o de ingresos suficientes cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables (Régimen Jurídico de los Alimentos- Gustavo A. Bossert. Edit. Astrea Pág. 223).-
11. En cuanto a la modalidad de pago de la pensión establecida en estos autos, entiendo que debe continuarse con la modalidad fijada, debiendo depositarse la suma fijada del 1 al 5 de cada mes en el Banco Santa Cruz S.A., Casa Central Río Gallegos, Sección Depósitos Judiciales, Cuenta de Usura Pupilar, a la orden de este Juzgado y Secretaría y como perteneciente a estos autos.-
12. Cabe analizar lo solicitado por la actora en cuanto a que se condene al demandado a pagar la cuota alimentaria en forma retroactiva a la concepción de A. M.-
No existe duda alguna que el reclamo incoado por la Sra. S. M. A. hace a uno de los derechos fundamentales que es reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.- Sintéticamente resulta posible señalar que en la cuota alimentaria quedan sujetos a ella derechos tan importantes como los de la vida, la integridad física, a la honra y dignidad, etc. Es un derecho humano básico que garantiza las condiciones mínimas y necesarias para llevar una vida digna, responsabilidad fundamental del Estado especialmente frente a aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Por ello, aniquilar este derecho por medio de la figura de la caducidad es contradictorio, violatorio del principio pro homine y de muy dudosa constitucionalidad (conf. Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, “Blanco Micaela Belén c/ Alvarez Humberto s/ Alimentos”).- Al respecto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha expresado que: “Sentado entonces que la obligación comienza en el momento de la concepción, la limitación del artículo 636 del CPCyC no puede ser aplicada a los niños, ya que tienen su base en el Bloque Constitucional Federal. Y que, por ello, la obligación ostenta entidad y no se satisface tuitivamente con la transformación de un crédito entre progenitores. No debe azuzarse con la idea de que la retroactividad podría causar desmanes jurídicos, porque su deber -el del padre-no solo lo compromete individualmente, para con su familia, sino también con la sociedad y la comunidad internacional ante la cual el Estado emitió su expresión de compromiso”.-
Por todo lo expuesto, queda claro que corresponde reconocer el derecho alimentario de M. con retroactividad a su concepción.-
13. En lo atinente a las costas procesales por este juicio corresponde imponer las mismas al demandado, encontrando su justificación en la necesidad de resguardar la incolumidad del derecho que aquí se reconoce a la parte vencedora pues de lo contrario los gastos se traducirían en definitiva en una disminución del derecho judicialmente declarado (conforme art. 68 y cc. del C.P.C. y C.), como así por el principio de la derrota que sindica a la parte vencida la carga de las costas y gastos procesales.-
Por lo expuesto y a tenor de lo estatuido en los arts. 646, 658 y cc., del C. Civil y Comercial de la Nación, arts. 68 y 636 del C.P.C.C., Ley 26.061, Convención sobre los Derechos del Niño, Doctrina y Jurisprudencia citada;
1. HACIENDO lugar a la acción deducida por la actora Sra. S. M. A., y en consecuencia condeno al Sr. R. V. D. V., D.N.I. **.***.*** a abonar una cuota alimentaria definitiva a favor de su hija A. M. D.N.I. **.***.*** equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80 %) del monto al que asciende el índice de la Canasta de Crianza publicada por INDEC para el rango etario de 6 a 12 años; y UNA CUOTA COMPLEMENTARIA ANUAL equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la cuota mensual fijada supra, la cual será pagadera junto con la cuota correspondiente al mes de FEBRERO de cada año.-
2. DISPONIENDO que la pensión alimenticia antes establecida deberá ser abonada en el plazo y modo establecido en los considerandos Nº 4 y 11.-
3. ESTABLECIENDO, que la cuota alimentaria dispuesta en el punto 1°) del fallo deberá ser abonada en forma retroactiva al nacimiento de A. M., conforme lo dispuesto en el considerando N° 12, a cuyo efecto la determinación de las cuotas alimentarias atrasadas en concepto de alimentos devengados desde dicho momento y hasta la fecha de este pronunciamiento se difiere para el momento procesal oportuno, en que la actora practique liquidación por alimentos devengados por el concepto indicado.-
4. IMPONIENDO las costas a la parte accionada conforme lo establecido en el considerando Nº 13.-
5. REGÍSTRESE, notifíquese a las partes y al Ministerio Público por SNE.-
Dr. Luis M. Cappa - JUEZ
Fin de la sentencia