Abriendo la norma
Juzgado de Paz de Daireaux
Q., B. N. C/ P., D.O. – A., G. S/ALIMENTOS
Expte. N° 18263-25 Daireaux, en la fecha en que se suscribe la presente resolución Proveyendo la presentación electrónica MEDIDA CAUTELAR - SOLICITA (238800115000616368) de fecha 13/02/2026 (DR. H.S.S.)
I. Téngase por contestado el traslado conferido. Hágase saber a las partes.-
Téngase presente lo solicitado en relación a la atribución de la vivienda, y en relación a ello, estése a lo resuelto a continuación.
1. Que nos encontramos en autos frente a una progenitora que asume el cuidado principal de sus tres hijos B. de 17 años, B. de 13 años y B. de 9 años, instando una demanda de alimentos contra el progenitor de sus hijos.
La actora alega que a falta de vivienda propia tuvo que mudarse a vivir con sus hijos a la casa de la abuela materna.
Que dicha residencia de los niños con su madre, no ha sido desconocida por la parte demandada.-
Y asimismo, se denuncia en autos un incumplimiento total por parte del progenitor de la cuota alimentaria provisoria.
Como consecuencia de ello solicita se le atribuya la vivienda donde reside actualmente el alimentante, en tanto refiere que dicha vivienda fue oportunamente adjudicada a ambas partes por el gobierno municipal local como un lote baldío para la construcción de una casa. Acompaña a la petición el acta de adjudicación de inmueble.-
2. Que respecto de la obligación alimentaria el 01/12/2025 el demandado fue notificado de los alimentos provisorios fijados en la suma de $ 1.033.103,83 mensuales (Res. Del 27/11/2025). Dicha suma resulta del costo informado por el INDEC, de la Canasta Básica Total de Gran Buenos Aires por adulto equivalente (CBT) la cual ascendió a $ 392.815,15, representando para B. de 17 años el 104% ($ 408.527,75) para B. de 13 años el 90% ($ 353.533,63) y para B. de 9 años el 69% ($ 271.042,45). Es decir, la cuota fijada contempla los requerimientos alimentarios y de bienes y servicios mínimos que necesitan los niños.
Que conforme surge de la consulta de los movimientos de la cuenta de autos que se adjunta a la presente resolución, el demandado no ha realizado pago alguno en concepto de alimentos, arrojando un saldo de $ 0 la cuenta, sin ningún movimiento a la fecha.-
Es decir, el alimentante adeuda los alimentos de los meses de Diciembre de 2025, Enero. Febrero y Marzo de 2026.-
Que pese a haber sido intimado a su cumplimiento por resolución de fecha 15/12/2025, notificado el 16/12/2025, continuó con su actitud reticente frente al cumplimiento, por lo cuál, en fecha 06/02/2026 se ordena inscribir al Sr. P. D. O. por ante el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme lo normado en el Art. 3º de la Ley 13.074 y arts. 550, 553 y 670 del C.C. y C, y dar intervención a la Justicia Penal Departamental por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, dispuesto por la Ley 13944, y por insolvencia fraudulenta.-
3. El progenitor, en la contestación de demanda de fecha 04/02/2026, alega tener vinculo con los niños, sobre todo con B., no obstante, no desconoce que los mismos residen con la madre.-
Por su parte, en la audiencia del 26/02/2026, el demandado ofrece la suma de $ 400.000 en concepto de cuota alimentaria, por sus tres hijos, no siendo aceptada dicha cuota por considerarla insuficiente.
Pese al reconocimiento de la obligación alimentaria, la misma no ha sido puesta a disposición de los niños, aún en la suma ofrecida. Que esta falta de aporte y los reiterados incumplimientos deja en una indefensión y estado de carencia a sus tres hijos a favor de los cuales se reclaman los alimentos, en contrario con los principios de buena fe que deben regir todos los procesos de familia. (art. 705 y conc. CCyCN)
4. Que en las cuestiones que versan sobre derecho de familia rigen los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, y oficiosidad, lo que se traduce en la necesidad de realizar un análisis de todas las causas que involucran al grupo familiar y no solo los presentes obrados, a fin de contar con los elementos necesarios que finalmente le den sustento al decisorio. (art. 705 y conc. CCCN)
Es por ello, que brevemente haré un repaso de los antecedentes que involucran al grupo familiar, y que no puedo dejar de considerar.- La conflictiva familiar presenta antecedentes de violencia familiar, ya que en principio, a raíz de un informe de la Dirección de DD.HH., Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de Daireaux se inician las actuaciones caratuladas "Q., B. S/PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR" EXPTE. Nº: 15258-22.
En este informe que data del 18 de junio de 2022, el equipo del organismo refiere: "... Siendo anoche las 20:42 hs. recibo un llamado al teléfono de guardia, proveniente del Sr. R.Q., padre de B. quien me informa su preocupación debido a un hecho de violencia por razones de género que ésta habría sufrido por parte de su pareja; D. P.. Afirma que en el marco de una discusión éste la habría escupido y arrojado agua caliente. Aclara que esta no sería la primera situación de violencia que su hija padece y pone de manifiesto su temor considerando que de no de haber un freno a tales actitudes, su hija podría sufrir graves consecuencias..." "...En el transcurso de la mañana de hoy, asisto con la Dra. A C., integrante del Equipo Interdisciplinario de Comisaría, al hogar de la abuela de B., sito en calle Panamá N° 258 de este medio, a fin de escuchar su relato, y de manera conjunta asesorar a la joven. La misma afirma que si bien se encuentra separada de su pareja desde hace aproximadamente ocho meses, hasta ayer continuaban habitando el mismo hogar. Es dable informar que la mujer se encuentra viviendo en el domicilio de su abuela con sus tres hijos, decisión que tomó en la noche de ayer, luego de la situación de violencia sufrida en su hogar por parte de quien es su pareja; D. P...." y "...Se la ve agobiada, preocupada por la relación de sus hijos con el padre con quienes no habría problemas en cuanto al vínculo, manifiesta contar con una casa en construcción, inhabitable por el momento. B. comunica que actualmente se encuentra trabajando como empleada doméstica y es beneficiaria de la Asignación Universal por sus dos hijos menores, quienes no fueron reconocidos por su padre. ...En su relato B. afirma que su segundo hijo debe asistir a tratamiento psicológico y psicopedagógico, tras una intervención propuesta por la institución educativa a la que concurre el niño. De inmediato confirma que esta situación se debería a una cuestión de tipo emocional derivada de la convivencia en el hogar.."
Que posteriormente, en el marco de los autos "Q., B. N.
S/PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR", EXPTE. Nº 16892-
24 obra un informe del 11/09/2025 del equipo interdisciplinario de la Comisaria de la Mujer y la Familia en el cual refiere la Sra. Q. que "...Con respecto a los hijos que tienen en común (3) manifiesta que ya inicio los trámites con su abogado, el Dr. S. H. por la cuota y el régimen comunicacional, pero que P. no está cumpliendo, ella se arregla sola, porque no quiere más problemas..."
Es decir, existen antecedentes que evidencian que la actora ha sufrido situaciones de violencia familiar, y también los niños, lo que puede desprenderse de distintas circunstancias.
En primer lugar, la falta de reconocimiento formal del vínculo biológico que une al demandado con sus hijos, lo que aún no se ha materializado, y que constituye una omisión que afecta y vulnera el derecho de los niños a su identidad, y claramente constituye violencia en los términos de la Ley 12569, art. 1. (por omisión).
El derecho a la identidad es reconocido por la Ley 26061 en su art. 11, y el derecho a la documentación en su art. 13. Asimismo, la Convención de los Derechos del Niño en su art. 8 garantiza dichos derechos, incorporada con jerarquía constitucional por la CN que en su art, 75 inc. 22.- También surge de los mentados obrados que la Sra. Q., pese a la situación de violencia que manifiesta vivenciada cotidianamente, ha permanecido ocho meses conviviendo con el demandado, por no tener otro lugar para vivir, hasta poder trasladarse con sus tres hijos a residir a la casa de su abuela. Es decir, la situación de vulnerabilidad económica y habitacional no le ha permitido en lo inmediato ponerse a resguardo con sus hijos aguardando poder ser albergada por algún familiar.
Claramente, incorporarse con tres niños a otro hogar ya constituido, aun siendo un familiar allegado, no resulta una situación sencilla de sobrellevar, no solo por la inestabilidad que representa para los niños, el cambio y la falta de una vivienda propia, sino para el sostén y la continuidad en armonía de los lazos familiares existentes, que ineludiblemente se ven afectados.
En este sentido, se advierte que en principio es el progenitor de la Sra. Q. quien denuncia la situación de violencia hacia su hija y los niños, y la abuela, es quien recibe a su nieta y a sus hijos para resguardarlos de la violencia sufrida. Es decir, el contexto de violencia en el cual se encuentra inmersa la víctima y sus hijos involucra a todo su grupo familiar más cercano.-
Frente a esta situación descripta nos encontramos con el progenitor, que no asume su obligación alimentaria, constituyendo una forma de violencia de género, en este caso económica hacia la Sra. Q., y constituyéndose violencia familiar hacia los niños, dada la omisión de garantizarles los medios para su subsistencia. (art. 1 Ley 12569)
5. Ahora bien, frente a la petición de la parte actora, debemos poner en análisis la situación del alimentante, y su condición económica para hacer frente a la obligación alimentaria.-
En principio en los autos "Q., B. S/PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR" EXPTE. Nº: 15258-22, en audiencia de fecha 06/07/2022 el Sr. P. refiere que: "... trabaja como albañil, de lunes a sábados, en el horario de 8.30hs a 18.30hs aproximadamente...". Por su parte, en los autos ya mencionados Expte. 16892-24, en el acta de fecha 24 de Mayo de 2024, mediante la cual solicita la designación de un Defensor Oficial, el Sr. P. D. O., preguntado que fue cual es su ocupación y sus ingresos por todo concepto, responde que se desempeña como changarin percibiendo por ello aproximadamente $ 130.000 mensuales. Asimismo, refiere domiciliarse en calle C. y V. de Daireaux. Cuando se le consulta si ocupa vivienda propia o alquila, responde que la vivienda que ocupa es propia, la cual está pagando mediante convenio municipal en la suma de pesos 1.000 mensuales, y a la pregunta de cómo está compuesto el grupo familiar conviviente y cuáles son los ingresos totales, responde que vive solo.-
Asimismo en la contestación de demanda de estos obrados del 04/02/2026 "...El Sr. P. manifiesta subsistir gracias a changas o empleos temporales. No posee empleo fijo. Sus mejores ingresos (aunque lejos de la pretensión de la actora) han sido producto de changas en campos de la zona. Realiza trabajos de peón general. En oportunidades lo han empleado en campos de la zona para esquilar ovejas. No posee ingresos mensuales fijos...."
Podemos destacar que él mismo manifiesta tener una actividad económica que le genera ingresos, que se domicilia en el inmueble adjudicado a ambas partes por la Municipalidad, y es de destacar que refiere que vive solo.
1. Que la cuota provisoria fijada en autos contempla el valor del componente habitacional de los niños ya que toma la CBT que publica mensualmente el INDEC que amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios.
Que en este sentido debe tenerse en cuenta que el contenido de la obligación de alimentos debe comprender la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, asistencia, gastos por enfermedad incluyéndose también la habitación. Y del mismo modo, los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y deben ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. (art. 659 CCyCN)
2. Es importante destacar que la noción de coparentalidad responde a un sistema basado en la igualdad y en la solidaridad familiar lo cual implica una dinámica vincular entre los padres y sus hijos que persigue mantener las responsabilidades parentales en cabeza de ambos adultos.
3. Que consta en autos que la vivienda en la cual reside el alimentante es un inmueble adjudicado a ambas partes por la Municipalidad de Daireaux, conforme documentación acompañada por la actora.
Conforme los dichos del mismo Sr. P. reside solo en la mentada propiedad.-
Debe destacarse que en los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba, y que la carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar. (art. 710 CCyCN)
4. Que no consta en autos que la vivienda en la cual reside el alimentante haya sido sede de la convivencia o matrimonio (no obra en autos constancia del vínculo), no resultando procedente la atribución del hogar conyugal o convivencial como medida propia y autónoma de dichas situaciones en los términos de los Arts. 443 y 526 del CCyC.
No obstante ello, lo cierto es que la conducta del demandado y los persistentes incumplimientos derivan en la existencia de violencia económica a la luz de lo dispuesto por Ley 26485, y por tanto debe analizarse si lo peticionado - la provisión de la vivienda - encuentra andamiaje jurídico pero por otra vía.
5. En efecto, no puede desconocerse que el persistente incumplimiento de la cuota alimentaria provisoria fijada en los presentes obrados por parte del alimentante, causa un gravamen actual y cierto al grupo familiar, y que por su parte, el concepto habitacional integra necesariamente el conjunto de necesidades que requieren los niños para que sea garantizada un minino de subsistencia.-
Más concretamente el artículo 659 del CCyC versa sobre el contenido de la obligación alimentaria en el marco de la responsabilidad parental, entre los que se encuentra la vivienda.
6. Que la Ley 26485 define a la violencia económica y patrimonial como la que se dirige a perjudicar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de distintas vías, entre ellas la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna o la limitación o control de sus ingresos. (Art. 5 inc. 4 ap. C) Ley 26.485), siendo un modo de ejercicio de violencia económica la no satisfacción de las necesidades económicas de los hijos que conviven con la madre.
Siguiendo a la doctrina especializada en la materia se ha dicho que en materia de violencia de género, tal vez la forma más reiterada y frecuente es la violencia económica en sus innumerables facetas, poniendo de resalto y a titulo ejemplificativo: administrar todo el dinero el varón y darle a la mujer lo que necesita. (La compensación económica ante la finalización del proyecto de vida en común. Superación de la desigualdad estructural originada en estereotipos de género”. Chechile, Ana María – López, Cecilia. La Ley 27/09/2021. AR/DOC/2745/2021).
El manejo autoritario del dinero y el control de los recursos por parte del varón pueden estar tan naturalizado que pocas veces se percibe como una forma de disciplinamiento o maltrato (…) el problema no es meramente anecdótico, sino básicamente estructural, y que por un abordaje integral de la violencia de género conduce necesariamente a reconocer el papel relevante que la privación de los recursos económicos tiene como factor de consolidación del ciclo del maltrato. (Molina de Juan, Mariel, El impago de alimentos como forma de violencia económica” en Género y Derecho Actual, Abril 2021, 1° Ed, p. 46.)
7. Que el caso de marras no resulta un hecho aislado. Se puede afirmar válidamente que cuando se analiza quienes concurren a los estrados en pos de un reclamo alimentario, surge que en la mayoría de los casos, son mujeres que detentan el cuidado personal principal o exclusivo de sus hijos e hijas, y en beneficio de niñas, niños y adolescentes que interpelan a una tutela especial.-
En este sentido, no puedo dejar de advertir que el incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires, en particular, y en nuestro país en general, es un problema estructural que ha profundizado las desigualdades de género.-
Así ha quedado plasmado en el informe del año 2022 respecto de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires llevado a cabo por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Pcia de Buenos Aires, el cual contempla que más de la mitad de las mujeres encuestadas (51,2%) indica no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos. Dentro del grupo de encuestadas que indican que el progenitor aporta dinero en concepto de obligación alimentaria (41,2%), un 24,9% menciona que es realizado de manera regular y un 15,3% de manera irregular. Es decir, más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria, o sólo la percibe eventualmente. Por otra parte, la gran mayoría de las encuestadas indicó que en los casos en que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de dinero, el monto resulta escaso o alcanza a cubrir solo algún gasto o necesidad particular, y de la misma manera: . A su vez, la imposibilidad de participar en el mercado laboral ha originado que los hogares encabezados por mujeres sean particularmente vulnerables a las formas de sobreendeudamiento (Cavallero y Gago, 2020). Este fenómeno se hizo aún más fuerte en los hogares monomarentales, con mujeres responsables de cuidados, convirtiendo al endeudamiento en otra de las formas de intensificación de las desigualdades de género (Cavallero y Gago, 2019)..." (1)
Que de igual modo, el informe de UNICEF Argentina, Situación de la Niñez y Adolescencia 2024 Un análisis de los Hogares liderados por mujeres, refiere en principio, respecto a la situación socioeconómica, de los hogares con niños y niñas que en un 48% de los hogares los ingresos mensuales no alcanzan para cubrir los gastos mensuales corrientes, y que esta situación se eleva al 56% en el caso de los hogares con jefatura femenina y al 61% en el caso de los hogares monomarentales. En todos los casos, se observa un crecimiento con respecto a los valores registrados en 2023 y 2022. (2)
El informe seguidamente hace mención al acceso de la cuota alimentaria, como un desafío central que enfrentan los hogares monomarentales, siendo un problema que suele estar invisibilizado. Que los datos muestran que el 56% de las madres no reciben la cuota alimentaria en aquellos hogares donde el padre de al menos una o un niño, niña o adolescente no convive en el hogar. El 68% si se consideran quienes no la reciben de manera regular. Entre quienes sí la reciben, un 24% manifiesta que es insuficiente para hacer frente a los gastos de las niñas y niños. Respecto de la organización social del cuidado, el informe destaca que tal como se refleja en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 INDEC las mujeres destinan casi el doble de tiempo a las tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. En el caso de aquellos hogares donde el padre no vive en el hogar, estos datos reflejan una situación aún más compleja: solo el 26% de las madres indican que los padres participan siempre, un 20% que solo lo hacen en situaciones puntuales y un 11% solamente si ellas se lo piden. Un 42% indica que no se responsabiliza de las tareas de cuidado.
También así lo ha receptado la Jurisprudencia: "...La falta de pago de la cuota apareja un notable deterioro en la calidad de vida de todos sus miembros, con la consiguiente caída en el nivel de estratificación económica. Aparece así la denominada feminización de la pobreza, es decir el predominio de las mujeres con respecto a los hombres en la población empobrecida, con empeoramiento de sus condiciones de vida y violación de sus derechos fundamentales, ocasionada entre otros factores por la violencia patrimonial ejercida por el moroso alimentario" fallo del Juzgado de Primera Instancia de Familia de Rawson, Provincia de Chubut "T. C/ J. s/ Alimentos" (Expte. Nº 887/2017) de fecha 4 de Octubre del 2017. Por lo cual, puedo llegar a una primera conclusión que es la necesidad de implementar mecanismos más eficaces para el acceso a sus derechos, lograr la efectividad del cumplimiento de la obligación alimentaria, y el imperativo de avanzar sobre el cambio y la modificación de patrones de conducta normalizados, que traen consigo la profundización de desigualdades, o problemas subyacentes que requieren un cuestionamiento y un cambio necesario.
8. Del mismo modo, en este caso concreto entran en juego las previsiones contenidas en la Convención de los Derechos del Niño, en sus arts. 4, 12 y 27, donde se establecen las siguientes reglas específicas que deben aplicarse a los casos particulares: a) el Interés Superior del Niño tendrá consideración primordial en todas las decisiones concernientes a los niños; b) todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; c) los padres u otras personas encargadas del niño tienen la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño; d) Los Estados partes deben tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo la celebración de acuerdos internacionales, para asegurar el pago de los alimentos por parte de los padres u otras personas responsables; y e) se garantiza al niño el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten.
En relación a ello, existe un derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a una sentencia que se cumpla. Dice Aida Kemelmajer de Carlucci, en su artículo “Derecho Procesal de Familia. Principios Procesales: “El art. 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, incorporada a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) dispone que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”…."Está claro pues que, para los intérpretes supremos de los documentos básicos en materia de derechos humanos, el derecho a la tutela efectiva comprende no solo el derecho a ser oído, a rendir prueba, a que se dicte una sentencia dentro de un plazo razonable por parte de un juez independiente, sino a que esa sentencia se cumpla, pues de otro modo, esa tutela no es efectiva".
9. En este sentido se ha dicho que: "... los jueces deben atender a las eventuales consecuencias de la sentencia al momento de dictar un determinado pronunciamiento, a fines de armonizar las exigencias de tipo formal con las particularidades que se presentan en el caso en pos de arribar a decisiones judiciales que sean verdaderamente útiles (ver al respecto el voto del Dr. Lázzari en causa "Castro, Héctor Jesús c/ Dycasa S.A. y otros", S.C.B.A., del 22.10.2003; esta Sala, causa n° 59761 "Bevacqua…" del 12.03.2015, n° 60449 "Hernández…" del 15.09.2015, n° 65435 "Guzmán…" del 12.12.2019, 64623 "Medina" del 20.02.2020,entre otras)..." (Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y comercial de Azul dictó sentencia definitiva en la causa “D., M. F. C/ P., C. A. S/ ATRIBUCION VIVIENDA FAMILIAR” (1-70859-2023)
10. En ese orden de ideas, se debe realizar un análisis que integre y compatibilice la normativa (Convención de los derechos del niños, Cedaw, CCyCN, Ley 26485, Ley 12569) vigente en pos de una solución al conflicto planteado que contemple sus distintos aristas y una solución holística transversalizando de esta manera el enfoque y perspectiva de género y de niñez de manda constitucional y convencional (obligación alimentaria, violencia económica, personas vulnerables, tutela efectiva, derechos de niños, niñas y adolescentes). Pero además debe ponderarse y analizar qué impacto deviene en adoptar o no la medida solicitada en cuanto la atribución de la vivienda a la progenitora para que resida con sus hijos. Y en este aspecto necesariamente sopesa la vulnerabilidad de los niños involucrados y de la progenitora que en su calidad de mujer, también vulnerable, se hace cargo unilateralmente del sostén del hogar que ha devenido monomarental.-
11. En este aspecto se debe tener en cuenta las Reglas de Brasilia relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad que tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, directa ni indirecta, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que les permitan el pleno reconocimiento y goce de los Derechos Humanos que les son inherentes ante los sistemas judiciales.
Dichas reglas recomiendan priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas.
De este modo constituyen causas de vulnerabilidad, entre otras, la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, a otras diversidades étnicas –culturales, entre ellas las personas afrodescendientes, así como la victimización, la migración, la condición de refugio y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la orientación sexual e identidad de género y la privación de libertad.
En el caso de marras se advierte una concurrencia de varias causas de vulnerabilidad; los niños por su edad, la actora por razones de género y la imperante necesidad económica que atraviesa el grupo familiar (carencia de recursos económicos, falta de vivienda).-
Ello, más allá de la vulnerabilidad que presenta toda persona por el solo hecho de constituirse en víctima de un hecho de violencia -constituya o no delito, perpetrado en el marco de las relaciones de familias-, algunas de ellas se encuentran atravesadas por múltiples e interrelacionados factores de vulnerabilidad que las hace destinatarias de una tutela reforzada y preferencial, no solo en razón de lo previsto por los artículos 14 bis, 16, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional, sino por los demás instrumentos de protección de derechos humanos (Respecto de este punto ver al respecto Saba, Roberto “(des)igualdad estructural”, en Marcelo Alegre y Roberto Gargarella (coords) “El derechos a la Igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario”, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2017. Allí el autor expresa que el art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional parte de una visión estructural de la igualdad, distinta al art. 16 de la misma que apunta a una igualdad “individualista”.)
12. Frente a la existencia de situaciones de violencia - en este caso económica - existe un mandato expreso de protección impuesto al Estado por todos los instrumentos legales que establecen obligaciones frente a las víctimas de este tipo de violencia, que requieren de un especial cuidado y efectiva protección (Ley 26.485, CADH; CEDAW; Convención de Belém do Pará, Ley 12.569).
La ley 24.632, Convención Belém do Pará, tiene como objetivos centrales: prevenir, sancionar, reparar y garantizar la no repetición. Sancionar, reparar y garantizar la no repetición son sin dudas obligaciones inherentes al poder judicial. En cuanto al objetivo de prevenir, también tiene correlato con la actividad jurisdiccional en la garantía de no repetición de otro hecho violento por parte del mismo agresor hacia la misma mujer u otra.
Esto se enmarca dentro de las obligaciones internacionales asumidas por el estado en los distintos pactos de derechos humanos oportunamente aprobados, patentizando el deber del Estado de actuar con la debida diligencia reforzada, y aplicando perspectiva de género.
13. La conducta del accionado encuadra en el estereotipo del Art. 5°,inc. c) de la Ley 26.485 (Violencia Económica) esto es, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna.
Las violencias en razón del género presentan formas múltiples, interrelacionadas y recurrentes. Son el producto de la organización social que denominamos patriarcado, afectando directamente la autonomía física de las personas violentadas, pero también su autonomía económica y con ello la toma de decisiones (MESECVI, 2014 “Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer”, MESEVI, OEA, pág. 22.).
Siguiendo los lineamientos expuestos por la Dra. Claudia Portillo “...Es esto de trascendental importancia, ya que la violencia económica y patrimonial contra la mujer, ejercida por medio de la falta de pago de alimentos, resulta una práctica común que tiene por objeto controlar, aprovecharse de su rol de cuidadoras, obstruir su desarrollo social y laboral, castigarlas por haber efectuado la denuncia u obligarlas a desistir de ella, destacando que en muchas oportunidades la falta de recursos y de seguridad económica es lo que determina el sostenimiento de una denuncia. Por lo demás, estos instrumentos ponen de resalto el imperativo de ofrecer y facilitar protección jurídica y judicial ante el supuesto de violaciones a estos derechos, tal el caso de la CEDAW, en su art. 2, inc. c, que impone a los Estados “Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”; mientras que en su art. 5 indica “a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres".-
14. Por su parte, los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), son sujetos de derecho y se les reconocen los mismos derechos que al resto de las personas, pero además se los ampara con un plus basado en las particulares necesidades de este grupo etario. (Respecto al proceso de especificación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, sus estándares y deber de protección especial ver Fernández, Silvia Eugenia, “Vulnerabilidad, Infancia y Protección especial. Sobre la especificación de Derechos humanos fundamentales como tutela reforzada de protección”, en Fernández, Silvia Eugenia (Dir.) Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Tomo I, Edit. Abeledo Perrot, pág. 63). Cuyo núcleo duro, en el ámbito Interamericano, ha sido denominado corpus iuris internacional de protección de la infancia. En tal sentido, y tal como lo reconoce la CDN, firmada en el año 1989 e incluida entre los instrumentos que integran el llamado bloque de constitucionalidad federal, los progenitores -padres, madres- tienen deberes-funciones que hacen a su crianza y su desarrollo integral. Luego -más allá del núcleo familiar primario-, tienen también obligaciones el grupo de referencia o comunitario y, por último, el Estado. Cabe destacar que la CDN se nutre y amplía constantemente en virtud de lo que acerca de ella dice el Comité de los Derechos del Niño, por medio de las Observaciones Generales que coadyuvan progresivamente al cumplimiento de esa Convención que busca brindar una protección integral a la par de desterrar prácticas adultocentristas.
Los NNA son víctimas de las violencias en el ámbito familiar con el agravante dado por sus especiales condiciones de vulnerabilidad producto de ser sujetos en desarrollo, por lo que el no pago de los alimentos entrelazado con situaciones y condiciones de vulnerabilidad, habilitan también el dictado de medidas de protección tendientes a evitar su perpetuación y garantizar su no repetición.
Como se ha expresado en el caso de autos los niños son víctimas de violencia familiar por la omisión del progenitor por no garantizar su derecho a la identidad formal y a la documentación, como asimismo, por no garantizar los medios mínimos de su subsistencia, colocando a sus hijos en una situación mayor de vulnerabilidad.- (art. 1 Ley 12569).
Ergo,, si nos encontramos ante un supuesto de violencia familiar resultan aplicables entonces las medidas cautelares dispuestas en el Art. 7 de la ley 12.569 para frenar y evitar la repetición de los hechos del tipo de violencia que se trate.
15. Por su parte, el art. 553 del C.CyC, admite la adopción de medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Se trata de una norma abierta que faculta al juez para disponer “medidas razonables” para asegurar el cumplimiento de lo fijado en la sentencia. Esta disposición tiene su fuente en el derecho comparado, y también en las experiencias de las legislaciones provinciales, los aportes de la doctrina y alguna jurisprudencia que la despojó de las rígidas estructuras procesales y se animó a implementar estrategias más creativas. (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Directores Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso; Infojus, Tº II p 271).-
En relación al Art. 553 ut supra citado, se ha dicho al efecto que la disposición opera a la manera de cierre del plexo normativo orientado a la eficacia de la sentencia de alimentos. Se trata de una norma abierta que faculta al juez para disponer medidas razonables para asegurar el cumplimiento de lo fijado en la sentencia. Esta disposición tiene su fuente en el derecho comparado, y también en las experiencias de las legislaciones provinciales, los aportes de la doctrina y alguna jurisprudencia que la despojó de las rígidas estructuras procesales y se animó a implementar estrategias más creativas. (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Directores Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso; Infojus, Tº II p 271).-
16. En este sentido, el artículo 636 bis del CPCCBA incorporado por la reforma ley 15513, establece la sanción de multa ante el incumplimiento de los alimentos provisorios, y la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en los términos y condiciones establecidos en la Ley N° 13.074, y asimismo, establece que el juez podrá ordenar cualquier otra medida razonable (Art. 553 CCyCN) que garantice la efectividad y ejecución de lo resuelto en la sentencia.
Se puede afirmar atinadamente, que la sanción de la Ley 15.513 nace en el marco de un contexto social caracterizado por profundas desigualdades estructurales que impactan de manera directa en la efectividad del derecho alimentario, y de esta manera, la reforma surge como respuesta a un escenario marcado por altas tasas de incumplimiento de las obligaciones alimentarias y la persistente desigualdad que existe en la distribución de las tareas de cuidado de los hijos e hijas, las cuales continúan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.
En este sentido los Fundamentos de la Ley 15513, refieren:
"...Cuando mencionamos que toda la sociedad ha cambiado, no podemos dejar de notar que ello ha devenido en un obligado cambio de las diferentes realidades por las que atraviesan las familias y la forma en que el Estado debe responder con iguales o distintas herramientas, pero siempre garantizando los mismos derechos a cada uno de los integrantes de las familias (cualquiera sea su modo de conformación). Porque como se plasma en los Fundamentos del Proyecto, lo que se necesita es conquistar la igualdad real y no abstracta para todos los ciudadanos. El Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 553 otorga amplias facultades al juez/a para asegurar la eficacia de la sentencia ante los incumplimientos reiterados de las obligaciones alimentarias, abriendo un vasto catálogo de medidas que ya encuentran antecedentes en la jurisprudencia como la prohibición de salir del país, la clausura del fondo de comercio, la suspensión del servicio de celular, apercibimiento de arresto, prohibición del ingreso al club, y otras que seguramente se irán construyendo en especies futuras. La reciente sentencia de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala I, ...dice que el art. 553 deja abierta la creatividad de los operadores jurídicos en proponer aquellas medidas que puedan resultar idóneas..".
El legislador provincial ha puesto un especial énfasis en el cumplimiento de los alimentos provisorios, en aras de asegurar y adelantar la tutela judicial efectiva sin tener que esperar el resultado final del proceso.
17. Como correlato, no puedo soslayar que la tarea que me ha sido encomendada me interpela a encontrar y aplicar los mecanismos más adecuados para dirigir el proceso, y que a la vez tal decisorio sea en marco de garantías y resguardo de los derechos de los justiciables.
Ahora bien, si hacemos foco en los mecanismos que establece la normativa vigente para acceder al derecho a la alimentación, nos encontramos con que nuestro Código Civil y Comercial, contempla una estructura normativa orientada, que comprende diferentes herramientas para prevenir y erradicar la conducta incumplidora de parte del obligado al pago, y para obtener la tutela judicial oportuna del crédito alimentario. En este sentido el art. 553 está orientado a la eficacia de la sentencia de alimentos. Se trata de una disposición abierta que faculta a los jueces para disponer medidas razonables.
De este modo la normativa vigente, otorga a los jueces la facultad de hacer cumplir la sentencia judicial que manda abonar alimentos de variadas formas (art. 550), imposición de responsabilidad solidaria ante el incumplimiento de retención y depósito de fondos correspondientes a la cuota alimentaria (art. 551), aplicación de intereses a las sumas no satisfechas aplicando la tasa de interés más alta (art. 552), y en el caso concreto la adopción de medidas para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, previsto en el art. 553 que reza: "el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia?. Resulta sabido que ante los reiterados incumplimientos por parte del alimentante, en virtud del artículo precedentemente citado, se admite la adopción de medidas razonables para asegurar la eficacia del cumplimiento de la obligación; y entre ellas, conforme lo admite la doctrina encontramos la imposición de sanciones conminatorias (art. 804 del CC y C).
Este criterio y condición de razonabilidad de las medidas, ha sido esbozado por la Dra. Kemelmajer de Carlucci (in re: Martínez Amada y otros c. Lucero Pascual, SC Mendoza, sala I, mayo 21 de 1998) ".... En el fondo está el "principio de la razonabilidad" como exigencia de todas las conductas de los poderes públicos y de los particulares. Cada potestad, cada obligación, han sido instituidas para que vivan razonablemente si no hay exorbitancia. Ello es así porque todas las normas jurídicas, aun las imperativas y las de orden público, deben ser interpretadas razonablemente en función de las circunstancias particulares del caso concreto, principios generales del ordenamiento jurídico y normas de jerarquía constitucional que le atañen (CS Tucumán - 15/04/94- con comentario favorable de Bueres y Vázquez Ferreyra publicado en la revista de Derecho Privado y Comunitario N° 10, 1996, p. 232; en idéntico sentido; CNCiv. sala B.
LA LEY, 1997-B, 954; CApel. Morón ED 150-524). UNIDAD PROCESAL Nº 5 (JUZGADO DE FAMILIA N° 5) CIPOLLETTI Sentencia 620 - 04/12/2023 (Expediente CI- 18498-F-0000 - Q.N.H. S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO CEJUME En efecto, la norma otorga un amplio margen a la creatividad judicial, ya que su propósito esencial es quebrar la conducta del alimentante reticente, y el límite a tal discrecionalidad lo marca el principio de razonabilidad, que consiste en la adecuación entre medios y fines, conforme lo prescribe el artículo 28 de la Constitución Nacional.. este sentido se ha expedido la jurisprudencia: "...Dado que el art. 553 al hablar de eficacia de la sentencia es lo suficientemente amplio como para permitirnos abarcar esta situación, con el norte fundamental de que las obligaciones y las sentencias deben ser honradas y cumplidas [...] habremos de admitir "en un balance razonable" algunas de las medidas pretendidas, en orden a procurar que el [demandado] cumpla su obligación y cerrar la situación que se viene arrastrando durante años.
Las deudas que no se cumplen, pudiendo hacerlo (y aquí nunca el [progenitor] ha dicho que no podía pagar), no hacen más que recargar la actividad de los tribunales (bastante recargada de por sí) y, entonces, si hacemos lo necesario para que las partes cumplan (y los asuntos concluyan) estamos actuando conforme el mandato de asegurar la eficacia de la justicia, por un lado y de hacerlo con la mayor economía procesal, por otro (art. 34 inc. 5 ap. e CPCC), lo que [...] es un deber nuestro. Quien no cumple, cuando puede hacerlo (o al menos no surge del expediente su imposibilidad), está contribuyendo a la generación de actividad de los tribunales de manera innecesaria y distrayendo recursos (materiales y humanos) que pueden afectarse para otros fines.
Es imprescindible, desde nuestro punto de vista, hacer lo que corresponda para que esto no suceda. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, Sala II 5/10/2023 ?RLP (Causa N° 58291)
De igual manera: "...Es inconcebible un Poder Judicial, destinado a la solución de conflictos, que no tenga el poder real de hacer valer sus sentencias. Ninguna utilidad tendrían las decisiones sin cumplimiento o efectividad. Negar instrumentos de fuerza al Poder Judicial es lo mismo que desconocer su existencia. La ejecución de las resoluciones judiciales forma parte del derecho a la tutela efectiva, ya que en caso contrario las sentencias y los derechos que en las mismas se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. El derecho a la ejecución impide que el juez se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a su ejecución, debiendo actuar enérgicamente, si fuera preciso, ante su eventual desobediencia [?]. La medida conminatoria habilita al juez a causar cualquier clase de perjuicio, moral o material, al desobediente que menospreció la autoridad del Poder Judicial, con la finalidad de forzarlo al cumplimiento de la resolución judicial. Es la orden emanada de un juez que tiende a obtener el debido cumplimiento in natura de un mandato judicial primigeniamente desobedecido, a través del concurso de la voluntad del destinatario del mismo y que involucra para el desobediente la amenaza de un desmedro que podría llegar a ser de mayor entidad que el resultante de persistir en dicha actitud contumaz. El despacho de la medida únicamente se encuentra limitado por la imaginación y la mesura, y encuentra fundamento en los poderes de hecho del juez, especie del género `atribuciones judiciales implícitas, que se caracterizan por conformar un plexo de facultades que posibilitan la materialización efectiva de lo ordenado por un tribunal de justicia y el consiguiente tránsito exitoso de lo `declarado a lo `ejecutado. Juzgado de Primera Instancia de Familia Nº 3 de la Circunscripción Judicial de Rawson 10/11/2016 (Causa Nº 17816380)
18. Por tanto, resta resolver si la dotación de la vivienda en la cual reside el progenitor, (inmueble adjudicado a ambas partes) a favor de los alimentados es una medida adecuada ante el incumplimiento total de la cuota alimentaria por parte del demandado.
Y en este sentido, concluyo que con dicha atribución, se suple aunque sea en parte, la falta de aporte alimentario del demandado y se garantiza al menos el componente habitacional que integra el contenido de la obligación alimentaria, y de este modo, un minino de subsistencia de los niños, y adolescentes involucrados en autos.-
Máxime cuando hasta el momento, las medidas previas oportunamente ordenadas para compeler al alimentante remiso no han resultado suficientes para el pago de la obligación alimentaria fijada en autos, puesto que ni siquiera se ha dado cumplimiento parcial a los alimentos provisorios fijados en autos, denotando un manifiesto desinterés por parte del progenitor en intentar cumplir con su responsabilidad parental.
Por ello, atento lo peticionado, el estado de las presentes actuaciones, la falta de cumplimiento de la cuota de alimentos provisoria y lo dispuesto en los Art. 645 del CPCC (Ley 15.513), Art. 553, 706, 709 y concordantes del CCyC, Ley 26485, Ley 12.569, CN art. 75 inc. 22, Convención de los Derechos del Niño, CEDAW, y los argumentos esgrimidos ut supra, RESUELVO adoptar las siguientes medidas:
Excluir a D. O. P. (Art. 7 Inc. c, Ley 12569, ).- del domicilio donde vive.
A partir de la notificación de esta resolución debe dejar de residir en la vivienda ubicada en calle xxxx de Daireaux.
Solamente puede llevarse de la vivienda sus OBJETOS PERSONALES., (Documentación personal y vestimenta).
No puede ingresar a la vivienda por ningún motivo hasta que se lo autorice judicialmente.
El personal policial debe INVENTARIAR LOS OBJETOS RETIRADOS e informarlo a este Juzgado dentro de las 48 horas de efectuada tal diligencia.
Se deja autorizado al personal policial la utilización de todo medio tecnológico (Cámaras fotográficas, etc.) que se encuentre a su disposición para registrar los elementos retirados.
Si D. O. P. se resiste a dejar la vivienda o intenta impedir su notificación, se autoriza al personal policial a allanar el domicilio en caso de resultar estrictamente necesario y hacer uso de la fuerza pública.. Para la efectivización de lo dispuesto autorizase al personal policial interviniente a allanar domicilio si resultare necesario.
Hacer entrega de manera provisoria y cautelar la vivienda sito en xxxx de Daireaux (residencia actual del demandado) a la Sra. B. N. Q. en su calidad de representante legal de los niños xxxx, xxx y xxx, la que se computará como parte de la cuota alimentaria, sin perjuicio de las acciones de fondo que en el fuero competente puedan iniciar las partes involucradas a fin de dirimir la atribución definitiva del inmueble, (división de condominio, etc).-
La medida regirá de manera provisoria mientras transcurra el presente proceso, y hasta tanto recaiga sentencia que resuelva en autos la obligación alimentaria del progenitor respecto de sus hijos, y hasta el momento en que el progenitor pueda abonar una cuota que asegure el derecho alimentario de los niños.
Asimismo a fin de la modificación de la medida deberá acreditarse el cumplimiento los alimentos adeudados, salvo acuerdo entre partes. Ello sin perjuicio de que las partes puedan pedir su modificación en caso que cambien las circunstancias de hecho que se tuvieran en cuenta al momento del dictado de la medida o en su caso de ofrezcan garantías de cumplimiento de la cuota alimentaria.
3. Comuniquese a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Daireaux a fin de que se ejecute lo arriba ordenado de manera URGENTE, debiendo notificar la parte resolutoria de las presentes medidas en el domicilio de cada una de las partes, de manera INMEDIATA, haciéndosele saber al Funcionario a cargo de la misma que en caso de detectarse el incumplimiento o demora injustificada de la ejecución de la presente, dará lugar al inicio de las actuaciones penales y disciplinarias correspondientes (Artículos 239, 248 y 249 del Cód. Penal.).
30648839088-COMISARIA-MUJER-FAMILIA-
La presente resolución se notifica en los términos de los Arts. 10, 11 a) y 13 del Ac. 4013, texto ordenado y modificado por Ac. 4039 de la S.C.B.A.- Para el supuesto de aquellas partes que tengan su domicilio procesal constituido en los estrados del Juzgado o no hubieran constituido siguiente hábil si este fuera feriado, mediante su publicación en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) (Conf. Art. 11 del Ac. 4013 de la SCBA).-
ML
Dr. Javier Pablo Heredia Juez de Paz
Fin de la sentencia