Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE2049281-2025 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE2175913-2026.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: N-2694/26-TSJ Interlocutorio N°: 3920 Actor: N. A. A.
Demandada: D.L.
Objeto: ALIMENTOS Y LITIS EXPENSAS Fecha: 23-04-2026 Texto: TOMO XXXVII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3920 FOLIO Nº 7287/7290 PROT. ELECT. TSS1 011 I.261
Río Gallegos, 23 de abril de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “N. A. A. c/ D. L.
s/ ALIMENTOS Y LITIS EXPENSAS”, Expte. N° N-6150/19 (N-2694/26-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por el Defensor Público Oficial de Gobernador Gregores, Dr. Santiago Roberto Ericksen, en representación de la parte actora (cfr. PE2049281-2025), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Sra. A. A. N., confirmando la providencia identificada como PE680903-2023 en cuanto ha sido ha sido materia de agravio, con costas a la recurrente vencida (cfr.
PE2033517-2025).-
La providencia de Primera Instancia había aprobado la liquidación de alimentos presentada por la actora en PE1066141-2023 por la suma de pesos un millón doscientos noventa y seis mil ciento cinco con 20/100 centavos ($ 1.296.105,20) respecto a la liquidación final por despido del Sr. L. D.. Imputó que la liquidación final por despido alcance a cuatro (4) cuotas alimentarias a favor de la niña A.R.N., desde mayo hasta agosto de 2023. Fecha en la cual el alimentante comenzó a hacer efectivo pago de la cuota alimentaria por parte de la nueva empleadora (ordenado en la sentencia PE227369-2021). Respecto del saldo existente en la liquidación por despido, luego de realizado los descuentos señalados, se ordenó su entrega al Sr. L. D., por la suma de pesos un millón veintidós mil setecientos ochenta y uno con noventa y cinco centavos ($1.022.781,95) (cfr. PE680903-2023).-
II. Que contra esta decisión, el Señor Defensor Oficial de Gobernador Gregores manifiesta que la decisión impugnada vulnera los valores y principios del ordenamiento jurídico, particularmente el valor superior de la justicia (cfr. PE2049281-2025, pág. 1).-
Solicita la nulidad del resolutorio de la Cámara de Apelaciones, por quebrantamiento de forma y de la doctrina legal, que se revoque la misma, y se resuelva la cuestión de fondo (cfr. PE cit., pág. 2).-
Dice que la casación se sustenta en el quebrantamiento de forma y la violación de la ley o doctrina legal, con la aplicación rigurosa del formalismo legal que erróneamente incide sobre la decisión contenida en la resolución (cfr. PE y pág. cits.).-
Señala que la violación es en virtud de las normas del artículo 279 y sgtes. del CPCyC, con una clara afectación a los derechos y garantías específicamente tutelados en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, tales como el de legalidad, debido proceso, etc. (cfr. PE y pág. cits.).-
Plantea que: “La causal de la infracción normativa procesal denunciada se configura desde que se rechaza el pago en concepto de alimentos del total de la indemnización por despido del alimentante, por parte del Juzgado de Primera Instancaia en lo Civil y comercial de Puerto San Julián…” (cfr. PE cit., pág. 3).- Afirma que durante todo el proceso, el demandado estando debidamente notificado, y prestando pleno consentimiento mediante Actas labradas en la Defensoría Pública Oficial de Puerto Santa Julián, expresó no sólo que se amplie la retención, y que se le retenga también la última liquidación final por despido (Acta Nº 70/23), sino que también la alimentada pueda disponer del monto remanente, ya que dicho progenitor alimentante se encontraba nuevamente sin trabajo formal (Acta Nº 73/24) (cfr. PE y pág. cits.).- Aduce que en la resolución impugnada se ha obviado o alterado lo dispuesto en normas procesales y en la doctrina legal; cayendo en un notorio rigorismo formal, y excesivo apego a las formas, lo que conlleva una arbitrariedad (cfr. PE cit., pág. 4).-
Manifiesta que: “…es errónea la interpretación de que no existe un fundamento para imputar el 22% del ítem indemnización. Toda vez que ese porcentaje fue dispuesto por el a quo en sentencia firme de fecha 31 de agosto de 2021, Tomo XXII, Registro 1131, Folio 4261/4266. Se pone de manifiesto que el a quo con el excesivo rigorismo formal, está conculcanco el derecho alimentario de la niña de autos…” (cfr. PE cit., págs. 4/5).- Argumenta que: “El Juez de Primera Instancia ordenó la transferencia de la suma de pesos un millón doscientos noventa y seis mil ciento cinco con veinte, afectando los derechos alimentarios de la niña de autos, asimismo ordenó el depósito parcial, sin tener en cuenta el 22% tal como fuera resuelto en la sentencia definitiva de dicho órgano de familia, favoreciendo al progenitor alimentante demandado, por encima de los derechos del alimentado.” (cfr. PE cit., págs. 5/6).-
Advera que la indemnización por despido se puede retener para cubrir la cuota alimentaria de los hijos para garantizar sus sustento (cfr. PE cit., pág. 6).-
Argumenta que no se tuvo en cuenta que el demandado, a través de un acta confeccionada en la Defensoría Oficial, y en beneficio de su hija menor de edad, expresó que se incluya además del 22% de sus haberes, también sobre los ítems despido, renuncia, retiro voluntario o similar. Agrega que ninguno de los operadores de derecho a priorizado el interés superior del niño (cfr. PE cit., pág. 7).-
Afirma que en el acta Nº 70/23, presentada en autos, en la cual se presentó espontáneamente el Sr. D. ante la Defensoría Pública Oficial de Puerto San Julián, manifestando su conformidad para que se deposite a favor de su hija el monto retenido en concepto de liquidación final por despido, con el debido patrocinio Letrado Adjunto de dicha Sede Judicial, el Dr. Raúl Bottino (cfr. PE cit., págs. 7/8).-
Sostiene que la presentación de acuerdos que instrumenten modos diversos de cumplimentar las sentencias, en la etapa de ejecución y dentro de la esfera lícita voluntad de las partes. Agrega que la ejecutoriedad de esos acuerdos sustituye a la sentencia, no pudiendo las partes reclamarse en lo sucesivo, sino lo pactado en los mismos (cfr. PE cit., págs. 10/11).-
Manifiesta que: “…No ha podido la Cámara a quo, por consiguiente, sustituir la doctrina legal del Superior Tribunal por el propio criterio de sus camaristas sentenciadores, del modo en que lo ha hecho, sin brindar alguna interpretación fáctica o jurídica novedosa, susceptible de conducir al tribunal casatorio a un cambio de su jurisprudencia…” (cfr. PE cit., pág. 11).-
Sostiene que el procedimiento de cobro de la cuota alimentaria homologada estaba vigente en autos al momento del cese de la vinculación laboral estable del alimentante, sin cuestionamiento alguno de su parte, de modo que tal afectación debe mantenerse en la misma proporción al tener los fondos su origen en la misma fuente (cfr. PE cit., pág. 13).-
Tacha al interlocutorio atacado de padecer de una arbitrariedad manifiesta; pues con la aplicación del formalismo excesivo se deja de lado la búsqueda de la razonabilidad, y la protección de derechos de los justiciables (cfr. PE cit., pág. 18).- Observa que a partir del caso Casal, el Alto Tribunal Nacional ha sostenido que la casación es la vía mediante la cual se permite la revisión de la sentencia a los fines de asegurar la doble instancia. Añade, por su parte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en autos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, indicó que el recurso que contempla el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos debe garantizar un examen integral de la decisión recurrida (cfr. PE cit., págs. 18/19).- Por lo dicho, solicita que se declare nula la sentencia (cfr. PE cit., págs. 19/20).-
La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE2175913-2026).- En PE1303740-2026 se corrió vista a la Sra. Defensora ante este Tribunal Superior de Justicia, a fin que tome la intervención que en derecho corresponda (art. 103 inc. a) del CCyC). En PE2203866-2026 dicha funcionaria contesta vista, dictaminando, en lo que aquí interesa, que debe rechazarse el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en atención a los argumentos que expone, a los que me remito en honor a la brevedad.-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE1308814-
2026.-
III. Que sentado lo anterior debemos, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso extraordinario intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda ingresar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que los recurrentes desplieguen una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
En este análisis previo, se detectan falencias en la fundamentación del recurso que obstan a su concesión.-
Así, se verifica que el planteo del recurrente tiene como núcleo fundamental cuestionar la valoración de los medios probatorios efectuada por la Alzada respecto a si el saldo de la indemnización por despido del demandado es un monto que puede ser embargado en concepto de cuota alimentaria. Es decir, remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba que, en principio, son ajenos a esta instancia extraordinaria salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en el proceso de marras.-
Recordemos que, por principio, las demandas de alimentos se vinculan con cuestiones de hecho, y prueba, propias de los jueces de la causa y ajenas al recurso extraordinario (cfr. sum. CSJN, “Bianculli, Víctor José c/ Lotito de Bianculli, María Rosa.”, del 16 de mayo de 2000, Cita Online SAIJ: SUA0054582).-
En referencia a este tipo de agravios, este Tribunal Superior de Justicia también ha sostenido que las cuestiones de hecho y prueba son ajenas al ámbito de la casación. En efecto, la impugnación está estructurada en torno a circunstancias extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial. Las impugnaciones sólo evidencian discrepancias con los fundamentos del decisorio pero no logran demostrar la sin razón de aquellos (cfr. Interlocutorio, Tomo XXII, Reg. 2767, Folio 4301/4305). En este contexto es que el recurso, como se apuntara, carece del contenido necesario para abrir la vía intentada.- En la especie, los agravios remiten a materias propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia casatoria (cfr. TSJ Santa Cruz Interlocutorio, Tomos VI, Reg. 893, Folio 1044/1046; XI, Reg. 1462, Folio 2044/ 2045 entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de cuestiones de hecho y prueba, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXI, Reg. 2685, Folio 4097/4099; Reg. 2661, Folio 4030/4032; XXII, Reg. 2767, Folio 4301/4305), circunstancias, estas últimas que no se avisoran en los presentes.-
Desde este particular cuadrante, el recurso no cumple con el requisito de adecuada fundamentación, toda vez que se desentiende de las razones esenciales dadas en el decisorio. Disentir con lo resuelto por la Cámara de Apelaciones, no es base idónea de agravios ni configura arbitrariedad o absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, ya que dicha anomalía queda configurada únicamente cuando media cabal demostración de su existencia (cfr. SCBA, “Larroque Germán D. c/ Gallo Ignacio P. s/ Daños y Perjuicios”, causa LP Ac. 52.433-S, del 03/05/1994; “Acosta Héctor Oscar c/ Leonetti Carmen Nélida s/ Daños y Perjuicios”, causa Ac. 58.850-S, del 17/10/95). Sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de una cuestión de hecho (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos VI, Reg. 880, Folio 1019/1021; XI, Reg. 1496, Folio 2093/2095, entre otros).-
Recordemos que la revocación de una sentencia por absurdo es un remedio excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946, entre otros).-
En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha entendido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr. Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788; XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003 y XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946).-
Los fundamentos brindados en la sentencia en crisis no logran ser conmovidos por los reproches expuestos por la casacionista, ya que del agravio esgrimido sólo se advierte discrepancia con el Juzgador que no logran poner de manifiesto el vicio alegado, apreciándose -de su lectura- una mera disconformidad con el resultado obtenido sin realizar un juicio crítico de los razonamientos empleados por la Alzada para decidir como lo hizo.- Asimismo, se observa que el recurrente alega violación de la ley o doctrina legal y quebrantamiento de formas, no obstante omite señalar con precisión cuál fue la norma o la doctrina legal que han sido conculcadas y dónde radicó y cómo se produjo la infracción o quebrantamiento de formas que, sostiene, han acontecido. Tal requisito no se cumple con la mera discrepancia con los argumentos que sustentan la decisión atacada.-
IV. En cuanto a la alegada violación de los derechos reconocidos y protegidos por la Constitución Nacional y Provincial, no podemos soslayar que el impugnante sólo se ha limitado a mencionar la existencia del vicio sin precisar cuáles son los artículos o principios vulnerados y de qué manera el fallo recurrido produjo esa violación. No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido. Este Tribunal en reiteradas oportunidades ha puntualizado que “...la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156).-
V. En definitiva, nos encontramos ante la insuficiencia técnica del recurso en examen, desde que su crítica al fallo no pasa de ser una mera opinión personal que pretende sustituir el criterio de los Magistrados de la anterior instancia, lo que torna inadmisible el recurso intentado.-
Que, en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la la parte actora en PE2049281-2025, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial adjunta en PE2175913-2026 de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE2049281-2025 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE2175913-2026.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Presidenta-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretario: Dr. César Matías Neil.-
Protocolización: TSS1011I.261 Tomo: XXXVII Interlocutorio: 3920 Folio N°: 7287/7290 Secretaría: 1
Fin de la sentencia