Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2021-23746356-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios intentados por la parte actora e intimar el ingreso de la tasa de actuación correspondiente.
2Intimar a la actora para que en el término de cinco (5) días, ingrese la suma de pesos dos millones novecientos quince mil ciento cincuenta y siete con 79/100 ($2.915.157,79.-), en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse boleta de deuda, (conf. arts. 2, 3 y 7 de la ley 25964).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-25808697-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 12 de Marzo de 2025 SALA A VOC. 1RA En la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por el Dr. José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el expediente EX-2021-23746356-APN-TFN#MEC, caratulado: “ALIMENTOS TANCACHA S.A. s/ incidente”.
El Dr. Pérez dijo:
Que en su escrito de recurso la parte actora expone las razones por las cuales entiende que no corresponde ingresar la tasa de actuación.
Explica que la tasa para acceder al servicio de justicia es un concepto de naturaleza netamente tributario ya que la ley dispone que el producido por los ingresos de tasa irá a la Tesorería General de la nación. Esta falta de afectación específica la transformaría en un impuesto, ya que la Tesorería puede disponer libremente de lo recaudado por dicho concepto, lo cual sería suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la referida tasa, ya que no retribuiría expresamente los gastos que demande el servicio que presta el Tribunal Fiscal de la Nación.
Señala que el incremento de la tasa que habría operado desde el dictado de la Ley 25.964 tendría la finalidad de desalentar el acceso a la jurisdicción por parte de los contribuyentes, lo que la constituiría en un verdadero impuesto a la apelación (sic), en clara contravención con el principio de gratuidad que gobierna el derecho administrativo.
Expresa que la tasa en cuestión violaría la capacidad contributiva del contribuyente ya que en el caso la tasa del 2,5% sobre el capital e intereses discutido en autos ascendería a $2.915.157,79.-, mientas que la utilidad del ejercicio cerrado al 30.11.2019 sería de 2.171.147,65.- lo que representaría más del 134% de la utilidad lo la absorbería totalmente y como no alcanzaría, impactaría sobre el capital de la empresa. Manifiesta que la tasa representaría el 90% de la utilidad impositiva lo que demostraría la confiscatoriedad de la misma, más aún la ley cuestionada, en cuanto superaría con creces el resultado fiscal obtenido, a su entender, excedería los límites de la garantía de razonabilidad.
Abona su tesis con variada doctrina y jurisprudencia y deja planteado el Caso Federal.
Que corresponde entonces resolver los planteos efectuados por la actora con relación al ingreso de la tasa de actuación correspondiente, los que se limitan a plantear la inconstitucionalidad de la Ley 25.964. Que la citada ley establece que las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación estarán sujetas a la tasa del 2,5% siempre que no se establezca una solución especial para el caso. Dicho porcentaje se calcula sobre el importe total cuestionado, incluyendo sanciones (art. 2). Asimismo, dispone que estarán exentas el pago de la tasa las personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos.
Que más allá de las restricciones jurisdiccionales que a este Tribunal le impone el art. 185 de la ley 11.683, corresponde se expida en relación al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente. Cabe señalar que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal tuvo oportunidad de señalar in re “Agro World Export SRL” sentencia del 31/5/2012, “…que no resuelta procedente el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 25964 ya que la tasa es moderada en su importe y si no implica una traba real para que el justiciable reciba en plenitud y eficacia el servicio estatal de administración judiciaria, no cabe tacharla de inconstitucional…”.
“En el mismo sentido, la tasa que actora tacha de inconstitucional puede compararse, a los fines de este análisis, con la tasa establecida por la Ley N° 23.928, que se exige en contraprestación del servicio de justicia. Respecto de esta tasa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que afectaban el principio de la defensa en juicio ni la garantía de la propiedad privada, en tanto no sean confiscatorias (Fallos 201:557, Fallos 262:697, entre otros…”.
Que cabe destacar que el Tribunal cimero ha señalado desde antiguo que las tasas judiciales –de la misma naturaleza de la que aquí se analiza- son constitucionalmente válidas, pues no afectan el principio de la defensa en juicio ni la garantía de la propiedad privada en tanto no sean confiscatorias (Fallos 201:557, 262:697).
Ahora bien, sabido es que dicho Alto Tribunal, requiere para que la tacha por confiscatoriedad prospere, que el contribuyente deba probar tal carácter, en forma concreta y circunstanciada. En este sentido, resulta importante advertir que es la propia ley que el actor impugna, la que establece un procedimiento a seguir por los litigantes que no puedan hacer frente al pago de la tasa de actuación. Éstos podrán demostrar tal situación conforme el art. 9 de la citada ley, quedando así garantizado el acceso a un juez o tribunal competente, independiente e imparcial para la determinación de sus derechos u obligaciones tributarias, contenida en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica.
En cuanto al monto de la tasa, la jurisprudencia se ha ocupado de aclarar que no corresponde establecer una relación matemática entre la tasa y el costo del servicio, no siendo la adopción de determinada base imponible una circunstancia que ponga a la tasa en pugna con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que aquella debe respetar, más allá del parámetro adoptado para liquidar el tributo (Vid. Entre “Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de la Matanza”, C.Fed. de San Martin, de fecha 2/09/00). Asimismo, corresponde resaltar que si bien es de la naturaleza de la tasa tener relación con el costo del servicio, no ha de interpretarse esto último en el sentido de una equivalencia estricta, prácticamente imposible de establecer, sino en el de que al cobro de una tasa corresponde siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente.
Con arreglo a ese criterio, no es censurable que para la determinación de la tasa se tenga en cuenta la capacidad tributaria del beneficiario del servicio, la que se presume por el monto del pleito o interés económico jurídicamente comprometido.
En tal sentido se ha expresado la CSJN, in re “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de c/ Estado Nacional s/nulidad de decreto –incidente de tasa de justicia- “del 7/7/1998 (Fallos 321:1888). Lo contrario ha de probarse mediante la tramitación del correspondiente beneficio de litigar sin gastos, lo que no ha ocurrido en el caso de autos.
En lo que concerniente al destino de lo recaudado en virtud de la tasa de actuación, cabe señalar que ello es materia de orden presupuestario y no tributario, no advirtiéndose un agravio concreto de la recurrente al respecto, en tanto no aduce cual es el perjuicio que le irroga (en tal sentido “La Nueva Esperanza S.A. (TF 33934-I) – INC C/DGI”, ya citado).
Asimismo, la Sala I de la Alzada rechazó una petición similar a la aquí planteada, al señalar que la jurisdicción de este Tribunal Fiscal es optativa, y normalmente es elegida por quienes estiman ventajoso –en cada caso- acudir al mismo, lo cual excluye toda idea de exceso en la materia, así como la argüida violación al derecho de defensa, por lo cual entendió que no había motivos para dispensar su pago (CNCAF, in re “Benfide S.A. (TF 31316-I) –Incidente”, de fecha 27/10/2009 y “La Nueva Esperanza S.A. (TF 33934-I) – INC C/DGI”, Sala II, de fecha 18/12/2012).
Por último, es conveniente añadir lo expuesto por la Alzada Judicial en punto a que si la tasa no implica una traba real para que el justiciable reciba en plenitud y eficacia el servicio estatal de administración judicial, no cabe tacharla de inconstitucional, máxime cuando el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece un proceso –beneficio de litigar sin gastos- que exime de su pago a aquéllos litigantes que carezcan de recursos económicos que les permitan solventarla (esta Sala, in re “Grupo Plaza de Inversion S.A. Demandado: AFIP DGI s/incidente de tasa de justicia”, sent. del 8/11/16). En sentido análogo se ha pronunciado la Sala III en el “Incidente N° 1 – Actor: Aconada Magliano, Ricardo José ( TF 121201587-I) s/ inc. apelación”, sent. del 05/09/2023 y la Sala II in re “Minera Argentina Gold SRL s/ incidente de tasa de justicia”, sent. del 1/10/19.
Por todas las consideraciones expuestas, habida cuenta de que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad y ultima ratio del orden cabe desestimar los agravios intentados por la parte actora e intimar el ingreso de la tasa de actuación correspondiente.
La Dra.Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos efectuado por el Vocal Instructor.
II. Que corresponde resolver el incidente de oposición de la tasa de actuación efectuado por la actora, que se limita a plantear la inconstitucionalidad de la ley 25964.
La citada ley establece que las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación estarán sujetas al 2,5% siempre que no se establezca una situación especial para el caso. Dicho porcentaje se calcula sobre el importe total cuestionado, incluyendo sanciones (art. 2). Asimismo, dispone que estarán exentas del pago de la tasa las personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos.
III. Que más allá de la restricción jurisdiccional que a este Tribunal le importe el art. 185 de la ley 11683, corresponde que se expida en relación al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora. En principio cabe destacar que el Tribunal cimero ha señalado desde antiguo que las tasas judiciales –de la misma naturaleza de la que aquí se analiza- son constitucionalmente válidas, pues no afectan el principio de la defensa en juicio ni la garantía de la propiedad privada en tanto no sean confiscatorias (Fallos 201:557, 262:697).
Ahora bien, sabido es que dicho Alto Tribunal, requiere para que la tacha por confiscatoriedad prospere, que el contribuyente deba probar tal carácter, en forma concreta y circunstanciada, situación que no se ha dado en la especie, toda vez que el actor se ha limitado a expresar que el pago por anticipado que establece la normativa no guarda proporción alguna con el costo del servicio. En este sentido, resulta importante advertir que es la propia ley que el actor impugna, la que establece un procedimiento a seguir por los litigantes que no puedan hacer frente al pago de la tasa de actuación. Estos podrán demostrar tal situación conforme el art. 9 de la ley, quedando así garantizado el acceso a un juez o Tribunal competente, independiente e imparcial para la determinación de sus derechos u obligaciones tributarias, contenida en el art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica.
En cuanto al monto de la tasa, basta aclarar que la jurisprudencia se ha ocupado de precisar que no corresponde establecer una relación matemática entre la tasa y el costo del servicio, no siendo la adopción de determinada base imposible la circunstancia que ponga a la tasa de pugna con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que aquella debe respetar, sino que corresponde determinar si el resultado al que se arribe excede la aludida razonabilidad más allá del parámetro adoptado para liquidar el tributo (vid. “Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de la Matanza”, C.FED. de San Martin, de fecha 2/09/00).
En ese contexto, el agravio no puede tener acogida favorable, toda vez que en su caso, y de resultar favorable la pretensión de la recurrente, el importe ingresado de más le será reintegrado. El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Pérez.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Desestimar los agravios intentados por la parte actora e intimar el ingreso de la tasa de actuación correspondiente.
2. Intimar a la actora para que en el término de cinco (5) días, ingrese la suma de pesos dos millones novecientos quince mil ciento cincuenta y siete con 79/100 ($2.915.157,79.-), en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse boleta de deuda, (conf. arts. 2, 3 y 7 de la ley 25964).
3. Regístrese, notifíquese a las partes y a la Sección Coordinación de Impuesto de Sellos y Varios de la D.G.I. y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.03.12 12:24:02 ART Date: 2025.03.12 14:24:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.12 16:22:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.12 16:23:07 -03:00
Fin de la sentencia