Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2020-82547816-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses. Con costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-63343253-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 11 de Junio de 2025 VOC. 1RA En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el Expte. N° EX-2020-82547816-APN-SGAI#TFN, caratulado: “ALIMENTOS TANCACHA S.A. s/ recurso de apelación”;
El Dr. Pérez dijo:
I. Que en RE-2020-82540567-APN-SGAI#TFN se interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 9/20 (DV RRCU) del 21 de abril de 2020 emitido por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Río Cuarto, notificada a la recurrente con misma fecha; en virtud de la cual se determinó de oficio, con carácter parcial, el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales Julio 2014 a Marzo 2018, resultando disminución de saldo a favor de la contribuyente en el período Octubre 2014 y Saldo a favor del fisco en los periodos Julio a Septiembre 2014 y Noviembre 2014 a Marzo 2018; con más sus intereses. Por otro lado, resolvió diferir la instrucción sumarial por los períodos fiscales Julio a Septiembre 2014 y Noviembre 2014 a Marzo 2018, ello atento lo dispone el artículo 20 de la Ley 24.769. Que, en primer lugar, manifiesta que la recurrente es una empresa familiar situada en la localidad de Tancacha, de la provincia de Córdoba dedicada principalmente a la actividad de industrialización de productos agrícolas, y en forma secundaria a la exportación y venta de granos y subproductos. Solicita la nulidad de las actuaciones. Manifiesta que la documentación recibida, que al final está denominada como “Resolución N° 9/20 (DV RRCU)”, carece de firma. Lo mismo aconteció con la pretendida “vista” previa; al contestarla, ATSA advirtió que la papelería recibida no era jurídicamente una “vista”, porque incumplía los recaudos dispuestos por la ley 19.549, lo que no fue considerado por la AFIP. Por una elemental cuestión de defensa, en esta presentación lo trata -dice-, sin que ello implique otorgarle validez jurídica.
Sostiene que la falta de firma, lo nulifica como acto administrativo, por ausencia de uno de sus elementos connaturales. Una resolución determinativa de oficio, constituye una especie de los actos jurídicos, razón por la cual la manifestación de voluntad de quien la suscribe se acredita al insertar la firma. Con relación al secreto fiscal manifiesta que, en relación a los proveedores cuestionados, no existe ninguna de estas causas, con lo cual es ilegal -y hasta delictiva, conforme el art. 157 Código Penal- la violación del secreto, hecha por los papeles recibidos de la AFIP que pretenden ser “vista” y “determinación de oficio”. También viola el secreto, la información que se brinda universalmente desde la base denominada apoc, a través de internet, que permite acceder a dicha base en todo el mundo. Información que está dentro de las prohibidas, porque no ha existido denuncia penal a los supuestos apócrifos.
Sostiene que los “fundamentos” de la pretensión fiscal no se ajustan a derecho, ya que citar a terceros a que informen sobre actividades de la recurrente o propias en cuanto involucren a la actora (facturas, remitos, cartas de porte, cobros), es totalmente opuesto a revelar cuestiones económicas de dichos terceros. Máxime ante la inexistencia de determinación de oficio firme a dichos terceros.
Afirma que en autos y en relación a las operaciones cuestionadas, en todos los casos la recurrente las pagó mediante cheque y/o transferencia a la cuenta declarada por el proveedor ante la AFIP, y las facturas recibidas estaban debidamente autorizadas por la AFIP.
Entiende que, si la AFIP autorizó las facturas, con todas las constataciones previas que ello implica, la ley tiene por probada la veracidad de la operación; no interesa en este caso si fueron pagadas en efectivo. Alega que en todos los proveedores cuyo crédito fiscal pretende ser desconocido, el organismo se basa en distintas consideraciones, que harían que dicho proveedor sea calificado de apócrifo, y como tal, exhibido en la que denomina ilegal base del organismo en su página web oficial.
Sostiene que la actora imprimió al finalizar cada operación con estos proveedores, su condición en dicha base apoc, ninguno estaba en la misma a ese momento. Indica que la actora proveyó dicha documentación probatoria al organismo.
Manifiesta que queda probado que un contribuyente inscripto en el Registro Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres, ostenta y tiene acreditada oficialmente por la AFIP su capacidad económica y financiera para operar en el mercado de granos. El organismo lo hace saber mediante publicaciones oficiales, al universo de contribuyentes/ que operan con ellos, quienes no deben limitar las retenciones de IVA y de ganancias.
Sostiene que el hecho jurídico de la inscripción realizada por la AFIP a los proveedores cuestionados en el Registro, prueba fuera de toda duda, que demostraron capacidad económica para operar y reunieron todos los demás requisitos exigidos para su inclusión en aquél, lo que cierra la discusión al respecto, y justifica la revocación del acto apelado, con costas al fisco nacional.
Alega que los proveedores impugnados fueron incluidos en la base por no tener capacidad económica –ausencia de bienes, consumos eléctricos, características del inmueble-. Pero, contradictoriamente, la autorización para emitir facturas es una palmaria confesión que el organismo examinó documentación consistente en verificación del CAI, existencia de cuentas bancarias y movimientos financieros, presentación de declaraciones juradas, solvencia patrimonial, e inexistencia de irregularidad alguna. Afirma que el Informe Final de Inspección reconoce explícitamente que la actora puso a disposición de la fiscalización, para justificar el traslado de los productos, ―tique de ingreso, remito y/o carta de porte, copia del carné del chofer, copia de la tarjeta de identificación del camión, etc., lo que acredita el traslado de la mercadería. Documentación que desmiente la negativa de los choferes - que muy probablemente evadieron declarar el pago recibido de quien lo encargó-, o la denuncia efectuada por uno de ellos, ya que no los contrató la recurrente; fueron los proveedores los encargados de enviar la mercadería.
Manifiesta que resulta jurídicamente inadmisible prescindir de documentación con meras declaraciones de los choferes, máxime cuando no hubo ni siquiera intento de confrontar tales declaraciones con la documentación exhibida por la actora.
Sostiene que la fiscalización realizó una prolija investigación, para verificar si los proveedores no fueron los verdaderos vendedores, con resultado negativo. Indica que intentando refutar hechos, con simples sospechas realizadas por apreciaciones personales, o reproducir y ser un mero transmisor de los dichos de terceros -caso de algunos transportistas-, pero sin constatar la veracidad de sus dichos, como acreditan los expedientes administrativos. Solo hay conjeturas, no hechos ciertos y comprobados. Presume que los pagos con cheques y transferencias a cuentas de los proveedores, son una maniobra para encubrir operaciones.
Alega que el organismo admite la realidad de las operaciones, motivo por el cual no ha impugnado el costo en el impuesto a las ganancias ni reclama impuesto a las salidas no documentadas previsto en la ley de ganancias.
Sostiene que la AFIP ha realizado una ilegal cadena de presunciones, ya que no ha partido de hechos ciertos y comprobados, para de allí inferir una supuesta obligación tributaria. Afirma que el Fisco Nacional no probó la irregularidad que pregona, en las operaciones que impugna.
Alega que hace base en dichos de terceros -transportistas- sin ejercer mínimamente un control sobre sus meros dichos, supone que han facturado por otros, supone - insólitamente- que mi parte creó un andamiaje ficto, supone que los pagos realizados probarían lo apócrifo de las operaciones, supone que las retenciones son una maniobra para encubrir falsas operaciones, etc.
Sostiene que los fiscalizadores realizaron una minuciosa tarea sobre los registros de ventas, de compras, estados contables, documentación, movimientos financieros, movimientos físicos de productos, etc. de la recurrente, cotejando incluso esta información con las propias bases fiscales, sin encontrar irregularidad alguna que corroborara o cimentara, o diera un mínimo viso de fundamentación para que el organismo fiscal iniciara el proceso de determinación de oficio. Es decir, no encontraron hechos concretos carentes de explicación, y que permitan realizar suposiciones. Por el contrario, el circuito físico y financiero no merecieron observación alguna.
Alega que otra ilegalidad es no haber detraído de su pretensión fiscal, las retenciones de IVA y ganancias que la recurrente ha realizado y depositado, a los proveedores cuyas operaciones objeta el organismo. Sin que ello implique convalidar, la pretensión fiscal. Sostiene que las retenciones fueron detalladas en declaraciones juradas SICORE presentadas por la recurrente, no impugnadas por el fisco nacional. Con respecto a los intereses resarcitorios manifiesta que en el presente caso no concurre el elemento subjetivo exigido para el reclamo de intereses, es decir, la culpa en la demora. No puede existir tal culpa, cuando las operaciones fueron con proveedores a los que el organismo acreditó oficialmente su capacidad para operar. No hubo perjuicio fiscal, salvo el que pueda haber sido ocasionado por el propio organismo, a lo que se agrega que las operaciones, se registraron en libros exigidos oficialmente, se informaron a medida que se realizaban a través de las retenciones, que significan dinero ingresado al fisco nacional, y el fisco validaba cartas de porte.
Indica que las supuestas irregularidades del proveedor, no son cuestiones imputables a la actora, como categóricamente lo sentenció la Corte en el decisorio ―Bildown desconocido por la AFIP.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que en IF-2021-36010939-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirme el acto apelado, con costas. Que en primer lugar señala que se detectaron irregularidades respecto de supuestos proveedores, de los que se verificó que no poseen capacidad económica suficiente como para haber podido realizar las operaciones comerciales que surgían de la documental aportada por la contribuyente, y debidamente detalladas en la Resolución apelada.
Indica que la actora aventura un pedido de nulidad olvidando que ésta opera como una última ratio de orden jurídico al que sólo cabe acceder en casos muy especiales, en los que puede determinarse sin ninguna duda un agravio constitucional. El área interviniente dictó el acto administrativo cumpliendo toda la normativa y formalidades impuestas.
Manifiesta que la invalidez de los actos administrativos emanados del Organismo Fiscal se presupuesta según el perjuicio que sufren los intereses intervinientes. No puede declararse la nulidad del acto por la simple presencia de un vicio o de una violación si no existe un perjuicio, salvo cuando la nulidad se sanciona en forma expresa por una norma.
Sostiene que los actos administrativos gozan de la presunción de legitimidad, debiendo primar siempre la conservación de los actos, ante meros y simples planteos abstractos de nulidad, por lo cual esta parte solicita se rechace el planteo incoado, con expresa imposición de costas.
Manifiesta que se constató erogaciones sin el debido sustento documental fehaciente que acreditase que fueran realizadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, encontrando su correlato en el indebido cómputo de crédito fiscal en exceso con origen en la utilización de documentación inválida, habida cuenta que la responsable no ha podido probar la veracidad de las operaciones económicas que las facturas presuntamente abonadas sustentan, en relación con las supuestas proveedoras.
Sostiene que la impugnación realizada se sostiene en la prueba recolectada por el Fisco Nacional, no se trata de uno o dos indicios, de uno o dos proveedores, se trata de toda una trama armada para intentar darle un marco legal a toda una operatoria “en negro”. Los cuales se encuentran debidamente detallados en el informe final de inspección y en el acto administrativo apelado.
Afirma que no significa que un sujeto que acredite todas las formalidades para resultar incluido en todos los registros, vaya a observar una conducta irreprochable, es por ello que dichos Organismos tienen previstos causales de suspensión y exclusión, lo cual suele surgir con posterioridad como resultado de verificaciones o fiscalizaciones. Pero en situaciones como en la presente, cuando las maniobras están sustentadas en verdaderas ingenierías infraccionales que se despliegan con gran complejidad, solo pudiendo ser detectadas y desarticuladas muy posteriormente a la emisión de la facturación apócrifa. Solicita que se declare improcedente el planteo de violación del secreto fiscal respecto de los supuestos proveedores. Ello así porque no son considerados sujetos pasivos de una obligación tributaria, pues no tienen la capacidad de la producción del hecho imponible; y en atención de ello no se viola ningún secreto fiscal en los términos del artículo 101 de la Ley 11.683 (t.o. vigente) Y en segundo lugar se comprende como lo plantea como un agravio, ya que no sería un perjuicio a sus intereses o derechos, no obstante que en base de la información de esos “supuestos proveedores” se le determina de oficio sus impuestos. Afirma que resulta a todas luces improcedente alegar que la pretensión fiscal por la que se impugnan operaciones está basada en simples sospechas -cadena de presunciones- o bien la actividad fiscalizadora es superficial e insuficiente cuando en la resolución determinativa de oficio como en la vista respectiva, quedaron claramente expuestas las constantes inconsistencias detectadas que fundamentaron el ajuste practicado, atento la totalidad de los elementos colectados por el Fisco a los fines de determinar la verdad material de los hechos.
Manifiesta que fue la actora quien realizó operaciones marginales a las cuales luego intentó volcar al circuito formal con la utilización de los documentos impugnados, al sólo efecto de abultar los créditos fiscales en sus declaraciones juradas, con el objeto de disminuir su carga impositiva; omitiendo asimismo el pago en tiempo y forma del Impuesto al Valor Agregado puntualmente en discusión en el marco de este expediente.
Afirma que la recurrente entonces, no puede sostener que la resolución se basa en simples manifestaciones cuando todas estas actuaciones están correctamente incorporadas en autos. Las graves inconsistencias constatadas y detalladas en la Vista y en la Resolución determinativa de Oficio, constituye las razones por las cuales se les dio el carácter de “prestanombre” a cada uno de los sujetos impugnados, lo que da basamento a las impugnaciones efectuadas por el Fisco Nacional Señala que la circunstancia de que los comprobantes que haya computado un contribuyente, se encuentren con la autorización para haber sido impresos, no habilita necesariamente a presumir que los sujetos que figuran “facturando” actúen conforme y/o dentro del marco legal. Cabe resaltar entonces, que la sola comprobación de la autorización de las facturas impugnadas por sí sola no exonera de responsabilidad a la contribuyente ni garantiza la regularidad de la operación.
Alega que la inclusión de los supuestos proveedores impugnados en la base E-APOC, no es otra cosa que el fruto de una ardua tarea investigativa, que luego de un pormenorizado análisis, concluye que dicho sujeto NO posee capacidad operativa para realizar las operaciones que la firma actora pretende adjudicarle, y ello quedó acreditado con la prueba documental acompañada por el Fisco Nacional, puntualmente por los legajos de insolvencia de cada uno de los proveedores, de donde surge patente que el Organismo tenía sobradas pruebas y fundamentos para incluirlos en la Base Apoc.
Afirma que queda asimismo probada la subjetividad requerida para configurar la mora culpable, en tanto la apelante, más allá de abundar en desarrollos teóricos carentes de circunstanciación concreta, no persuade ni menos prueba ningún argumento en tren de excluirla, como es de rigor a tenor de asentada jurisprudencia de nuestro máximo tribunal.
Por último, considera que la sanción aplicada resulta procedente y correctamente ponderada en la resolución apelada, por lo que solicita su confirmación.
III. Que mediante PV-2023-67437981-APN-VOCI#TFN se abre la causa a prueba, ordenándose producir la prueba pericial contable. En IF-2023-141987121-APN-DTD#JGM obra producida prueba pericial contable. En PV-2025-18251377-APN-VOCI#TFN se elevaron los autos a consideración de la sala “A”; Mediante IF-2025-20192762-APN-VOCI#TFN se ponen los autos para alegar. Finalmente, en IF-2025- 56665455-APN-VOCI#TFN llamó los mismos a sentencia.
IV. Que, en primer lugar, por una cuestión de lógica precedencia, cabe referirse a los agravios de nulidad planteada por la actora, por cuanto considera que la resolución apelada carece de sustento. En cuanto a la invocada falta de firma de la resolución apelada, tal como se observa en la propia copia aportada por la recurrente en autos, la misma ha sido suscripta mediante firma digital por Alfredo Esteban Collosa, el 21/4/2020, según se observa en la última página del RE-2020-82545604-APN-SGAI#TFN. Si bien la copia aportada figura como “Signature not verified”, ello se debe a que el programa utilizado para su visualización no cuenta con el sistema de autenticación de firmas, pero ello en modo alguno indica que carezca de la misma.
Que en consecuencia desde lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos esenciales estatuidos por el artículo 7º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, observándose que cumplimenta con el artículo 16 de la Ley Nº 11683, en cuanto de su articulado se desprende que se “determina de oficio” y se determina “la obligación tributaria de la contribuyente”, impugnándose las declaraciones juradas presentadas por la misma, surgiendo de los considerandos de las resoluciones cuestionadas los conceptos impugnados, el importe a los efectos de la determinación del gravamen y la diferencia de impuesto a ingresar. Que cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C. NAC. CONT. ADM. FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Ahora bien, con respecto a los agravios de la recurrente con relación a la presunta violación del secreto fiscal. Cabe dejar sentado que la Sala "B" de este Tribunal -en su anterior conformación- ya se ha expedido con relación al tema en cuestión en autos “Narvaja L. y Regatuso O. S.H.” sentencia del 11/03/2009; criterio ratificado por la misma Sala en su actual composición que integro como Vocal Titular en autos “Silvia Raquel Torti” y “CARINDU S.A.” En tal sentido se sostuvo: “Al respecto, el art. 35 de la Ley 11.683 regula los poderes de verificación de la AFIP y en lo que aquí interesa establece que en el desempeño de esa función la Administración Federal, podrá: a) citar al firmante de la declaración jurada, al presunto contribuyente o responsable, o a cualquier tercero que a juicio de la AFIP tenga conocimiento de las negociaciones u operaciones de aquellos, para contestar o informar verbalmente o por escrito...todas las preguntas o requerimientos que se le hagan sobre las rentas, ingresos, egresos y, en sobre las circunstancias y operaciones que a juicio de la AFIP estén vinculadas al hecho imponible previsto por las leyes respectivas; b) exigir de los responsables o terceros la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieran al hecho precedentemente señalado; c) inspeccionar los libros, anotaciones, papeles y documentos de responsables o terceros, que puedan registrar o comprobar las negociaciones y operaciones que se juzguen vinculadas a los datos que contengan o deban contener las declaraciones juradas.... Asimismo, el art. 101 de la ley aludida, establece el principio de que "las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la AFIP, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos, y prevé que excepcionalmente dicho secreto no regirá "para los organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales, siempre que las informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones".”
“Que de la normativa transcripta, surge que en el marco de los poderes de verificación el Fisco se encuentra facultado para recabar datos de terceros —es decir, ajenos a las relación jurídica tributaria cuya obligación se verifica, fiscaliza y determina en las presentes actuaciones y que tiene como sujeto activo al Fisco y como sujeto pasivo al contribuyente o responsable— siempre que exista una vinculación entre el hecho imponible que se verifica y la actividad de aquellos sujetos de quienes la información intenta ser recabada; y que el secreto establecido en el artículo 101 no regirá cuando entre la declaración jurada, manifestaciones e informes requerida de aquellos y los gravámenes que se verifican, fiscalizan o determinan, se dé una vinculación directa. Ello así, y sin perjuicio de dejar a salvo que la recurrente esgrime en este punto agravios que corresponde sean ponderados al momento de resolver el fondo del asunto, en lo que hace estrictamente al secreto fiscal, cabe poner de relieve que la actora en ningún momento cuestiona el vínculo existente entre los terceros de los cuales el Fisco ha recabado información y la obligación tributaria de la contribuyente, no pudiendo tal circunstancia ser vislumbrada de sus propios dichos sino que, por el contrario, de lo manifestado surge que efectivamente el Fisco ha actuado en el entendimiento de que entre aquellos terceros y los hechos imponibles, fiscalizados, existe la vinculación legalmente exigida.”
Que, en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la recurrente donde se impugnan operaciones con los siguientes proveedores. De los antecedentes administrativos surge de lo actuado por la inspección, que:
1. ACEITERA VEDIA S.A.
Se observa que la firma ACEITERA VEDIA S.A. se encuentra incluida en la Base eApoc bajo la condición "Sin Capacidad Económica".
Cabe decir que la firma Alimentos Tancacha S.A. realiza, dentro del período fiscalizado, sólo una operación con la misma, la cual es cancelada a través de una transferencia bancaria (Cuerpo Impuesto al Valor Agregado fs. 27 y 863).
En cuanto al circuito físico de la única operación observada, en la documentación puesta a disposición por la fiscalizada, se localiza el remito N°0001-00000200 correspondiente al traslado del aceite de girasol hacia la planta ubicada en la localidad de Tancacha; realizado por la firma THECNOLET S.R.L. C.U.I.T. N° 30702051092 (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 foja 1).
Con fecha 14 de enero de 2019, a fines de obtener información respecto del transporte realizado, se circulariza a la firma Thecnolet S.R.L., no recibiendo respuesta alguna al día de la fecha (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 foja 114).
Transcurrido el plazo otorgado para aportar la información solicitada, se consulta el padrón de la transportista, detectándose que también se encuentra cargada en la base eApoc del Organismo, bajo la condición "Sin Capacidad Económica"; representando esto una inconsistencia grave que no hace más que poner en duda la veracidad de las personas que intervinieron en la operación (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°12 fs. 357 a 361).
Respecto del análisis del circuito financiero de la operación realizada con Aceitera Vedia S.A., de la documentación puesta a disposición por la fiscalizada (órdenes de pago, recibos, copia de transferencias realizadas, etc.) surge que la misma fue cancelada a través de una transferencia bancaria (Cuerpo Análisis del Circuito Financiero N°1 foja 1).
En ese sentido, se analizan las acreditaciones anuales obtenidas por la contribuyente apócrifa, pudiendo observarse que en el período fiscal en que realiza la operación con Alimentos Tancacha S.A. (2014), sus acreditaciones crecen exponencialmente para luego, de manera intempestiva, caer hasta dejar de tener ingreso alguno; característica compartida por muchas de las usinas apócrifas utilizadas a fines de incorporar al circuito legal, bienes obtenidos de manera marginal (Cuerpo Análisis del Circuito Financiero N°15 foja 2987).
2. AGROCOR S.A.
Se observa que la firma AGROCOR S.A. se encuentra incluida en la Base eApoc bajo la condición "Con irregularidades en la Cadena de Comercialización". Vale decir que entre los meses de octubre de 2014 y octubre de 2015 la firma Alimentos Tancacha S.A. declara haber realizado múltiples operaciones con la misma (Cuerpo Impuesto al Valor Agregado fs. 29 a 31/// fs. 863 a 864).
Que del informe del proveedor la inspección actuante destaca que son varios los proveedores con los que se relaciona de características apócrifas, pero hay (2) dos que en forma irrefutable establecen las irregularidades fiscales fijadas: Sergio Roberto Nieto que nunca realizó transacciones, negocios u trabajos compatibles con el agro y sus derivados y menos con AGROGOR S.R.L. al cuál ni conoce, e Intersurcos S.R.L. firma que tiene la clave inactiva desde Septiembre del 2013 encontrándose incluida en la Base APOC por carecer de capacidad operativa; y debido que el monto de las operaciones de compras de estos dos proveedores sumada asciende a $ 9.438.518,00 en el año 2012, representando el 88 % de todas las compras de la inspeccionada.
Por lo expuesto, es opinión del funcionario actuante que la firma objeto de la presente fiscalización debe ser cargada en la BASE APOC según lo establecido en el punto 2.2.10 de la Instrucción 748/2005 - Con irregularidades en la cadena de comercialización, donde corresponden a los intermediarios que blanquean operaciones de compra y por lo general carecen de valor agregado en función de las ventas registradas." En lo referido al circuito físico de las operaciones comerciales realizadas, tomando como base el relevamiento realizado sobre la documentación puesta a disposición, se confecciona una planilla de trabajo donde se detallan -entre otras cosas- los transportistas que figuran en los remitos de traslado de los bienes hasta la planta de Alimentos Tancacha S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 foja 1). Posteriormente, con fecha 14 de enero de 2019, se circulariza a parte de los transportistas involucrados, solicitando que informen el detalle de las operaciones realizadas con Agrocor S.R.L. y/o Alimentos Tancacha S.A., juntamente con la ubicación exacta de los establecimientos donde eran cargados los productos transportados (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 95 a 96, 105 y 118 a 119). El día 31 de enero de 2019, se recibe la respuesta de la transportista María José NICOLETTI de la ciudad de Río Tercero (del resto de los contribuyentes circularizados no se obtuvo ninguna contestación hasta el día de la fecha); en la cual, a través de una multinota impositiva, manifiesta que "...durante el período solicitado, no he realizado operaciones con la empresa Agrocor S.R.L. C.U.1.T. 30709329711..."; desconociendo así los múltiples remitos con los que Alimentos Tancacha S.A. pretende respaldar las operaciones que supuestamente realizó con la firma apócrifa Agrocor S.R.L.
3. AGROGANADERA LOS CHAMANES S.A.
Se observa que la firma AGROGANADERA LOS CHAMANES S.A. se encuentra incluida en la Base eApoc bajo la condición "Sin Capacidad Económica".
De la consulta a las bases de datos, respecto de AGROGANADERA LOS CHAMANES SA, surgen las siguientes situaciones a tener en cuenta: No figura como titular de NINGÚN bien registrable. Sólo efectuó algunos pagos insignificantes a la AFIP, solo como empleador. Solicitó la baja como EMPLEADOR desde el 10/2015.
Antes de solicitar la baja como empleador declaró 2 empleados en relación de dependencia lo cual se considera insuficiente para cumplir con las tareas operativas y administrativas que demanda un funcionamiento de un ACOPIO. Por lo expuesto cabe preguntarse cómo hace para cumplir, con solo dos empleados en relación de dependencia, con las tareas operativas (playero, balancero, acomodador que maneje el ingreso y egreso de los granos, etc.) y administrativas. En la DDJJ GANANCIAS año 2014, declaró QUEBRANTO.
En lo referido al circuito físico de las operaciones comerciales realizadas con Agroganadera Los Chamanes S.A., se confecciona una planilla de trabajo donde se detallan, entre otras cosas, los transportistas que figuran en las cartas de porte confeccionadas para realizar el traslado de los cereales hasta la planta de Alimentos Tancacha S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 1 a 2). Luego, se circulariza a parte de los transportistas involucrados, solicitando que informen el detalle de las operaciones realizadas con la firma Agroganadera Los Chamanes S.A., juntamente con la ubicación exacta de los establecimientos donde eran cargados los cereales transportados (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 86, 97, 103 y 117).
El día 7 de marzo de 2019 se recibe la respuesta del transportista Tristán Martín ACUÑA de la localidad de Las Bajadas; quien manifiesta a través de multinota impositiva "...que no he tenido ningún tipo de vínculo comercial con las empresas y personas nombradas en el requerimiento..."; negando así, haber realizado los fletes del cereal (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 195 a 196).
En el mismo sentido, con fecha 13 de marzo de 2019, el transportista Juan Alonso MARQUE manifiesta no haber realizado ninguna operación de fletes donde se haya visto involucrada la firma AGROGANADERA LOS CHAMANES S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 199 a 201).
4. AGROJUNIORS S.A. De la impresión del Padrón Completo que obra a fojas 941 a 944 del Cuerpo Impuesto al Valor Agregado N°5, se observa que la firma AGROJUNIORS S.A. se encuentra incluida en la Base eApoc bajo la condición 'Sin Capacidad Económica".
El caso del asunto tiene su origen en el Informe de Investigación generado en el Operativo Granos caratulado "ACOPIADOR INCLUIDO EN EL RFOG QUE COMERCIALIZARIA GRANOS DE ORIGEN MARGINAL", en este sentido se informa que los granos movilizados por el contribuyente serian superiores a los recibidos y que no habría efectuado retenciones en concepto de cereal adquirido, del análisis desarrollado se presume que se trata de un contribuyente utilizado para la comercialización de granos de origen marginal, valiéndose de su inclusión en el RFOG como ACOPIADOR.
Por su parte, a efectos de corroborar la veracidad del circuito físico de los cereales comercializados, se confeccionan planillas de trabajo donde se detallan -entre otras cosas- los transportistas que figuran en las cartas de porte confeccionadas para realizar su traslado hasta la planta de Alimentos Tancacha S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 2 a 6).
Tomando como base dicha información, se circulariza a los mismos solicitando que informen el detalle de las operaciones realizadas con Agrojuniors S.A., indicando la ubicación exacta de los establecimientos donde eran cargados los cereales transportados (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 83, 88, 90 a 91, 100 a 101, 109 a 110, 112 a 113 y 115 a 116).
El día 6 de febrero de 2019 se recibe la respuesta del transportista Oscar Alberto CZERONKA de la localidad de Monte Ralo; quien manifiesta a través de multinota impositiva "...que no he realizado operaciones comerciales ni de ninguna índole con la firma AGROJUNIORS S.A. en el período solicitado, por lo que cualquier documentación que pudieran tener no pertenece a mi firma ni la confección, ni contenido, ni emisión; rechazando la misma por considerarla apócrifa, por tal motivo impugno dichas operaciones a mi nombre" (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 172 a 173).
Asimismo, en dicha nota adjunta una actuación realizada ante la Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple -2° Turno- de la ciudad de Alta Gracia (de fecha 01/02/2019), donde presenta formal denuncia penal por presunto uso de su firma de transporte de cereales, esgrimiendo que desde AFIP se le solicita que aporte un detalle de operaciones de transporte que nunca realizó (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 174 a 175).
En el mismo sentido, con fecha 01 de marzo, FERMO S.R.L. manifiesta a través de multinota impositiva no haber realizado operaciones de fletes con la firma Agrojuniors S.A., desconociendo de esa manera los transportes supuestamente realizados hasta la planta de Alimentos Tancacha S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 189 a 192).
Se observa que la firma AGROPECUARIA LAMBERTI S.R.L. se encuentra incluida en la Base eApoc bajo la condición "Sin Capacidad Económica".
Las compras de los Subproductos industriales están respaldadas en Proveedores apócrifos y no están practicadas las Retenciones del Impuesto a las Ganancias, lo que no demuestra el origen de la mercadería, representando alrededor del 90 % del total de las operaciones de la Firma.
La significativa diferencia física entre las existencias declaradas en los Balances y la incluidas en las facturas de compras y ventas, demuestran que la documentación y Libros citados no reflejan la realidad económica de la Firma.
Del traslado de esas mercaderías se desprenden significativas irregularidades en la información y detalle de los Remitos aportados, negación de las empresas transportistas, y otras que han reconocido el traslado pero desconocen o no han tenido relación con los Responsables de la Firma, manejando la logística Terceras personas ajenas a la empresa, y la contradicción en la que incurre el Sr STEFANI que manifesta que el flete lo encarga el proveedor y, por otro lado, que los comprobantes son provistos por la Firma bajo análisis. Por ello no está probado el movimiento físico de los Subproductos.
Con respecto al circuito físico de la mercadería indica la inspección actuante que el día 14 de febrero de 2019 se recibe la respuesta del transportista Julio Horacio DEMARCHI de la ciudad de Gualeguay (Entre Ríos); quien manifiesta a través de multinota impositiva que no ha realizado operaciones en las que intervenga la firma AGROPECUARIA LAMBERTI S.R.L., desconociendo de esta manera los remitos puestos a disposición por la fiscalizada para respaldar el traslado de los bienes comercializados (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 foja 182).
De igual modo, con fecha 7 de marzo se recibe la respuesta del transportista Tristán Martín ACUNA de la localidad de Las Bajadas; quien manifiesta a través de multinota impositiva "...que no he tenido ningún tipo de vínculo comercial con las empresas y personas nombradas en el requerimiento..."; negando también haber realizado los fletes de los productos (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 195 a 196). El transportista Hugo Alberto EMMERT responde en el mismo sentido que los anteriores, manifestando que no ha prestado servicios de transporte para la firma Agropecuaria Lamberti S.R.L. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 197 a 198).
6. AGROZEA SRL:
Se observa que la firma AGROZEA S.R.L. se encuentra incluida en la Base e-apoc bajo la condición "Con irregularidades en la Cadena de Comercialización".
Del legajo del proveedor surge que el presente caso tiene su origen en el informe recibido de la Mesa de Análisis del Operativo Granos 2015, efectuado bajo N° de orden 1 05712015. Del mencionado informe surge que la firma del rubro se encontraría facilitando a otra/s empresa/s, la posibilidad de intervenir en el comercio marginal de granos. Fs. 1 a 12.
MOTIVOS DEL CARGO: AGROZEA S.R.L. estaría participando en maniobras tendientes a ingresar al mercado, granos provenientes del comercio marginal. Asimismo, se verificó que se encuentra utilizando Cartas de Porte de su propiedad para movilizar granos de los cuales no se puede determinar su origen. Mediante lo informado por la Mesa de Análisis del Operativo Granos 2015 y lo que se pudo extraer de las bases con que cuenta el Organismo, se detectó que declara recibir granos que pertenecerían a una firma observada por la Mesa de Análisis del Operativo Granos e incluso, en algunos casos, mediante la utilización de sus propias Cartas de Porte.
Por otro lado, respecto del circuito físico de la mercadería, se confecciona una planilla de trabajo donde se enumeran las cartas de porte utilizadas para realizar el transporte de las mercaderías, detallando entre otras cosas, los transportistas a cargo de los fletes (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 7 a 19). Tomando como base dicha información, se les requiere que informen el detalle de las operaciones realizadas con Agrozea S.R.L., indicando la ubicación exacta de los establecimientos donde eran cargados los cereales transportados (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 83, 93 a 94, 97, 100 a101, 103 a 104 y 117a 118).
El día 06 de febrero de 2019 es recibida la respuesta del transportista José Domingo CASTELLAN de la localidad de Villa Ascasubi, quien a través de multinota impositiva manifiesta que sólo ha realizado una operación facturada directamente a Alimentos Tancacha S.A., desconociendo en absoluto los múltiples viajes que se le atribuyen, en los cuales supuestamente transportaba cereales de la apócrifa Agrozea S.R.L. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 foja 166 a 169).
En el mismo sentido responde el transportista Jesús Gregorio PÉREZ, quien informa haber realizado una sola operación, pero directamente con Alimentos Tancacha S.A. por un viaje desde Corralito hasta Tancacha, desconociendo de esta manera los viajes que se le atribuyen transportando cereales de la apócrifa Agrozea S.R.L. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 foja 184a 187).
Agrega además lo siguiente "...tengo un camión modelo 1992 y un acoplado modelo 1985 que no me permiten realizar viajes largos... esta situación de anomalía ya me pasó dos veces anteriores con las mismas características de este requerimiento.....; dando a entender que no sería la primera vez que fe preguntan por viajes que en realidad no efectuó.
7. ALTOS CEREALES S.R.L.
Se observa que la firma ALTOS CEREALES S.R.L. se encuentra incluida en la Base eApoc bajo la condición "Usina Empresa Desactivada".
En virtud de las anomalías detalladas precedentemente y habiéndose detectado que con posterioridad al Concurso Preventivo solicitado, el cual consta en el Padrón de la sociedad con fecha 28/03/2014, no fue posible efectuar la ubicación de la firma, razón por la cual la actuante propone, salvo opinión contraria de jefatura, que se proceda a incluir la Cuit en la Base APOC encuadrado en lo establecido en el punto 2.2.2 "USINA EMPRESA DESACTIVADA" según consta en la tabla de condición establecida en la Instrucción General 748/05 (Dl PYNF).
Tomando como base dicha información se requiere a los mismos que informen el detalle de las operaciones realizadas con Altos Cereales S.R.L., indicando Ja ubicación exacta de los establecimientos donde eran cargados los cereales transportados (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 104, 108 y 118).
Antes de analizar las respuestas recibidas, resulta importante destacar que la gran mayoría de los viajes en los que se traslada el cereal comercializado por este proveedor, son suuestamente realizados por Claudio Ángel CABRERA, cuando éste también se encuentra en los proveedores observados por División Investigación por realizar operaciones con Alimentos Tancacha S.A., estando incluido en la base de contribuyentes no confiables del Organismo.
Asimismo, el transportista Norberto MATULICH informa que "...los servicios de transporte en los cuales hubiera intervenido Altos Cereales S.R.L. fueron contratados por la firma PEP S.R.L. (30-71439631-1) y facturados a la misma..."; no aclarando en su respuesta -tal como fuera requerido- si dichos fletes facturados se corresponden con viajes realizados a la planta de Alimentos Tancacha S.A. o bien, a algún otro destino que nada tiene que ver con las operaciones que se analizan en la presente verificación (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 foja 183).
Corresponde aclarar, además, que el resto de los transportistas circularizados (María Verónica BAZÁN y Valeria SIMONIAN) no contestaron al día de la fecha, o bien los requerimientos fueron devueltos por no haberse encontrado persona alguna en los domicilios fiscales declarados.
Asimismo se observa que múltiples cheques emitidos a la orden de Altos Cereales S.R.L. terminan siendo endosados y/o cobrados por la firma GAMA S.A., la cual también cobra valores emitidos por Alimentos Tancacha S.A. a la orden de muchas otras firmas apócrifas apuntadas en la presente verificación, tales como: Agrojuniors S.A., Agropecuaria Lamberti S.R.L., Agrozea S.R.L., C y D Argentina S.A., Cerealera Olavaria S.R.L., Group Services S.R.L., LR Agropecuaria S.R.L., Raemju Cargo S.A,, Skive S.A. y Vadel S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Financiero N°15 fs. 2994 y 2996).
8. ARUYI ARGENTINA S.A.
Se observa que la firma ARUYI ARGENTINA S.A. se encuentra incluida en la Base eApoc bajo la condición "Sin Capacidad Económica".
En cuanto a los integrantes de la empresa señala que 1) ROSANE Nelson Osvaldo - C.U.I.T. N° 20- 20106807-0; Es accionista y director suplente de la empresa; pertenece a la DR Córdoba; Se encuentra inscripto en la actividad de "Servicios prestados por profesionales y técnicos, para la realización de prácticas deportivas desde el 03/1999; Posee baja provisoria en el impuesto a las Ganancias desde 09/2002, nunca presentó declaraciones juradas ni ha efectuado pagos al Organismo; No es titular de bienes muebles e inmuebles registrables, se encuentra informado corno irrecuperable en Deudores del Sistema Financiero.
2. JALIL Esteban Martín - C.UJ.T. N°20-30154352-3; Fue informado como presidente de la sociedad según RG 3293; Pertenece a la D. Regional Córdoba. Se encuentra inscripto en la actividad de 'Servicios de Asesoramiento, dirección y gestión empresarial'; Posee baja definitiva en todos los impuestos a partir del 11/2013; No efectúa pagos desde el año 2013;
3. JUAREZ Carlos Alberto - C.U.I.T. N° 20-07613909-2. Según el PUC es accionista, presidente y Administrador de la clave fiscal, pertenece a la D. Regional Microcentro, Se encuentra inscripto en la actividad se "Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial", Fue dado de baja en el Monotributo en 09/12 y dado de alto en el Impuesto a las Ganancias a partir de dicha fecha: El último pago registrado es en su carácter de autónomos en el año 2013; fue informado en el año 2010 como propietario de un inmueble ubicado en la localidad de Córdoba, es titular de un camión Mercedes Benz 1114, modelo 1998, dominio VUZ-434 respecto del cual no se precisa valuación.
-La empresa NO ha sido localizada en su domicilio fiscal.
-No posee bienes registrables.
-No ha presentado declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias desde AÑO 2015 y hasta LA FECHA, no exteriorizando ingresos por ventas y situación patrimonial de envergadura. -No ha presentado declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado desde octubre 2015 y hasta la fecha.
-No ha presentado declaraciones juradas de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, tampoco tiene alta de impuesto.
-No ha presentado declaraciones juradas de Impuesto sobre los Bienes Personales Participaciones Societarias, 2015; siendo del 2014 sin impuesto determinado.
-No registra pagos de Impuesto al Valor Agregado y de Impuesto a las Ganancias y/o Regímenes de Seguridad Social.
-No posee autorizaciones de C.A.I. Vigentes.
-No declara tener empleados en relación de dependencia.
Por lo expuesto, se puede inferir que la investigada es un sujeto sin solvencia patrimonial, sin capacidad operativa y posible usina de única actividad de venta de facturas.
9. C Y D ARGENTINA S.A.
Se observa que la firma C Y D ARGENTINA S.A. se encuentra incluida en la Base eApoc bajo la condición "Sin Capacidad Económica".
La fiscalizada no cumplimentó requerimiento oportunamente notificado. La inspección señala que no cuenta con la capacidad técnico/económica para efectuar las ventas de bienes y/o prestaciones de servicios documentados en las facturas que emitió.
En virtud de lo expuesto es opinión de esa Fiscalización que el contribuyente C y D Argentina SA (en formación), no posee capacidad económica, financiera y/o estructura organizativa para efectuar la venta de bienes ni prestar los servicios en los que se encuentra inscripto. No obstante lo expresado se considera asimismo que el mismo es un eslabón más en una cadena de interpósitas personas físicas y/o jurídicas (insolventes, empresas de papel), a los fines de justificar la comercialización y/o prestaciones de servicios y el ocultamiento de los verdaderos vendedores y/o prestadores de tales servicios o bien con el único fin de generar Créditos Fiscales inexistentes.
Luego, se requiere a los mismos que informen el detalle de las operaciones realizadas con C y D Argentina S.A., indicando la ubicación exacta de los establecimientos donde eran cargados los productos transportados (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 84, 90 a 91, 99, 102 y 117).
Con fecha 4 de febrero el transportista Marcelo PASINI, a través de la presentación de multinota impositiva, no reconoce haber realizado viajes en los que haya estado involucrada a firma C y D Argentina S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 127 a 128).
Asimismo, el día 7 de marzo de 2019 se recibe la respuesta del transportista Tristán Martín ACUÑA de la localidad de Las Bajadas; quien manifiesta a través de multinota impositiva "..que no he tenido ningún tipo de vínculo comercial con las empresas y personas nombradas en el requerimiento..."; negando así, haber realizado los fletes (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N1 fs. 195 a 196).
10. CABRERA CLAUDIO:
Se observa que Claudio Alberto CABRERA se encuentra incluido en la Base eApoc bajo la condición "Con Resistencia Pasiva a la Fiscalización".
En cuanto al circuito físico de la mercadería, se confecciona una planilla de trabajo donde se enumeran los remitos utilizados para realizar el transporte de las mercaderías, detallando entre otras cosas, los transportistas a cargo de los fletes (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 26 a 27). Tomando como base dicha información se requiere a los mismos que informen el detalle de las operaciones realizadas con Claudio Alberto Cabrera, indicando la ubicación exacta de los establecimientos donde eran cargados los productos transportados (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 88, 92, 104 y 115 a 116).
Con fecha 01 de marzo de 2019, FERMO S.R.L. manifiesta a través de multinota impositiva no haber realizado operaciones de fletes donde haya estado involucrado Claudio Alberto CABRERA, desconociendo de esa manera los transportes supuestamente realizados hasta la planta de Alimentos Tancacha S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 189 a 192).
Del mismo modo, el transportista Hugo Alberto EMMERT responde en el mismo sentido que la anterior, manifestando que no ha prestado servicios de transporte para el Sr. Claudio Alberto CABRERA (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 197 a 198).
11. CEREALERA OLAVARRIA SRL:
Se observa que la firma CEREALERA OLAVARRIA S.R.L. se encuentra incluida en la Base e Apoc bajo la condición "Sin Capacidad Económica".
Del informe final de inspección del proveedor cuestionado teniendo en cuenta el período 01/2014 a 03/2015, la firma inició con cero stock, faltando toda justificación de los granos movilizados (Anexo VI, apartado B pto 3 RG 2300).
Se informan retenciones IVA sufridas por $ 4.994.823 y practicadas por $ 31.209; por lo que no podría justificar el origen de los granos comercializados habiendo omitido actuar como agente de retención (Anexo VI apartado B pto 4 y 7 RG 2300). No posee empleados, ni inmuebles registrados, siendo que en el transcurso del presente año se reportan más de tres millones de pesos de acreditaciones bancarias. Movilizó granos, remitiendo cartas de porte de diez localidades de cuatro provincias distintas, lo que incurre en uso indebido de las cartas de porte, incumpliendo el art 15 de la RG 2595 (Anexo VI apartado B pto 12 de RG 2300).
Del análisis realizado, se observa que en la inmensa mayoría de los casos (más del 95%) figura como transportista de los granos el contribuyente Claudio Alberto CABRERA, quien también se encuentra entre los proveedores observados por División Investigación por realizar operaciones con Alimentos Tancacha S.A., estando incluido en la base de contribuyentes no confiables del Organismo; no pudiendo de este modo corroborar fehacientemente la veracidad de los viajes realizados.
A efectos de valorar los motivos por los cuales Cabrera es incorporado a la base eApoc, se remite al análisis particular realizado en el punto 1.11.12 del informe final de inspección.
Por otra parte, respecto del análisis del circuito financiero de las operaciones, del relevamiento muestral realizado sobre la documentación puesta a disposición surge que las mismas fueron canceladas a través de la emisión de cheques librados desde la cuenta corriente nro. 120/46 que Alimentos Tancacha S.A. posee en el Banco de la Nación Argentina. (Cuerpo Análisis del Circuito Financiero N°1 foja 10).
Se observa que la firma DON ÁNGEL S.R.L. se encuentra incluida en la Base bajo la condición "Sin Capacidad Económica".
Asimismo, del informe final de inspección correspondiente al proveedor impugnado se desprende que en función al análisis de la documentación aportada y por lo expuesto por el Sr. Esper Eduardo, la firma DON ANGEL S.R.L., desarrolla una actividad que consiste en acercar dos partes en la comercialización de subproductos de cereales y oleaginosas, y para el funcionamiento de la misma se observa lo siguiente: -Cuenta solamente con un bien registrable que se trata de un Camión Fíat lveco - Dominio: C1G627 para prestar el servicio de flete, en contra posición se observaron en comprobantes aportados, facturas de gastos por servicios de transporte que ha tercerizado;
-No posee lugar físico para desarrollar sus actividades, como tampoco cuenta con una oficina comercial; -Posee solo una cuenta corriente bancaria en Banco Crediccop - Suc. Villa María (Cba). N° de cuenta: 191112-0004464-2, que, según los movimientos en resúmenes bancarios aportados, estos no se corresponden con la operatoria comercial en relación al volumen de las compras efectuadas e ingresos por ventas que ha efectuado;
-No fueron aportados el detalle y/o nómina de los deudores comerciales y deudores por ventas cuyos importes se consignan en la declaración jurada del Imp a las Ganancias - periodo 2014;
-Se verificaron los comprobantes respaldatorios de las operaciones de compras y/o gastos, observándose un alto grado de porcentaje de las operaciones con: Alimentos Tancacha S.A. - C.U.I.T. N° 30-70963966- 7, Agricultores Federados Argentinos SCL - C.U.I.T. N° 30-52571862-6; Alimentos Balanceadores S.A. - C.U.I.T. N° 30-70963066-7, que corresponden a la compra/venta de sub-productos relacionados a la actividad agropecuaria.-
Por lo mencionado en el párrafo precedentemente y de acuerdo a lo solicitado en el presente cargo de verificación -donde se sugiere determinar fehacientemente la “capacidad operativa” en el marco de la lnst. Gral. N° 748/05 (Dl PYNF)- y agregado a que la firma DON ANGEL S.R.L., "NO posee inscripción alguna en la Municipalidad de Villa María, con relación a la contribución que incide sobre las actividad/es comercial/es, industrial/es y de servicios"; es opinión de la inspección que el contribuyente no ha demostrado capacidad económica, ni financiera para desarrollar la actividad en la cual se encuentra inscripto según bases sistémicos obrantes en la Administración.-
13. FIORE PABLO ANDRES:
Se observa que Pablo Andrés FIORE se encuentra incluido en la Base eApoc bajo la condición "Sin Capacidad Económica".
Del informe final de inspección del proveedor impugnado se desprende que no es Propietario de Inmueble. No es propietario de Automotor-Camión, para desarrollar la actividad en que se encuentra inscripto. No cuenta con local comercial, en ningunos de los domicilios declarados en la base para realizar la actividad. No posee personal en Relación de Dependencia.
No posee Bienes Registrables, ni Embarcaciones, Aeronaves y Maquinarias Agrícola a su nombre.
Por todo ello, habiéndose cumplido con lo dispuesto por la Instrucción General 748/2005 (Dl PYNF), se propone la remisión de las actuaciones a la Jefatura de Región de la DRR II, para que posteriormente se remitan a la División Investigación de la DIRECCION REGIONAL ROSARIO II, para su conocimiento y posteriormente se proceda a la carga del contribuyente en la base eAPOC desde el 26/01/2016, encuadrándose en el punto 2.2.6 - "Sin capacidad económica", de la mencionada Instrucción General, atento a que se trata de un sujeto que no demuestra una capacidad económica para realizar las prestaciones de servicios que ha facturado'.
Con fecha 7 de marzo se recibe la respuesta del transportista Tristán Martín ACUÑA de la localidad de Las Bajadas; quien manifiesta a través de multinota impositiva "...que no he tenido ningún tipo de vínculo comercial con las empresas y personas nombradas en el requerimiento..."; negando de este modo haber realizado los fletes que se le endilgan (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 195 a 196). En el mismo sentido responde el transportista Jesús Gregorio PÉREZ, quien informa haber realizado una sola operación, pero directamente con Alimentos Tancacha S.A. por un viaje desde Corralito hasta Tancacha, desconociendo de esta manera los viajes que se le atribuyen transportando cereales del apócrifo Pablo A. FIORE (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 foja 184a 187).
Agrega además lo siguiente "...tengo un camión modelo 1992 y un acoplado modelo 1985 que no me permiten realizar viajes largos... esta situación de anomalía ya me pasó dos veces anteriores con las mismas características de este requerimiento..."; dando a entender que no sería la primera vez que le preguntan por viajes que en realidad no efectuó.
Por su parte, la firma PRIMO ANTONIO Y PRIMO ERNESTO S.H. -a través de nota presentada con fecha 28 de enero- también niega los viajes que se le endilgan, manifestando que no ha mantenido ningún tipo de operación comercial, ni prestación de servicio, ni ningún otro tipo de intervención con el contribuyente Pablo A. FIORE (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 122 a 123).
14. FUMICAI SERVICIOS SRL:
Se observa que la firma FUMICAI SERVICIOS S.R.L. se encuentra incluida en la Base eApoc bajo la condición "Sin Capacidad Económica".
De las tareas realizadas y de la información obrante en bases de datos se desprende a modo de síntesis: El domicilio fiscal del contribuyente se trata de un departamento en un edificio al cual no se pudo acceder. La fiscalizada no declara empleados en relación de dependencia. Según informe de la Municipalidad de Rosario, el verificado no registra comercios habilitados a su nombre.
El contribuyente presentó resistencia a la fiscalización, no cumplió con requerimiento Nro. 0240002015034597704 de fecha 27/05/2015, en el cual se solicitó libro IVA COMPRAS/VENTAS, comprobantes respaldatorios, resúmenes bancarios y Habilitación Municipal. Se observa que el contribuyente posee cuentas bancarias y registra acreditaciones importantes.
El socio gerente de la firma Sr. Arriola Carlos, se relaciona según las consultas realizadas, con contribuyente que se encuentran en la Base e-apoc de la repartición o poseen cuit inactiva. La Sra. Echaurri Mónica Adriana, cuit:27-10866593-4, socia de la firma no se encuentra inscripta en ningún impuesto en la Repartición.
Si bien el contribuyente por Multinota describe que la actividad de Fumicai Servicios SRL es la comercialización de aceites de soja, producto que esta empresa adquiere en plantas pequeñas y medianas de la provincia de Entre Ríos y vende a Alimentos Tancacha SA, utilizando el transporte o fletes de terceros en camiones cisternas apropiados. La actuante no pudo ratificar con documentación respaldatoria los siguientes puntos:
-A quién la fiscalizada le compra el aceite que comercializa.
-De qué manera se transporta el aceite que comercializa.
-Nunca aportó libros, de compra y ventas ni documentación respaldatoria.
-No se puede verificar ni ratificar la capacidad productiva de la firma debido a todas las inconsistencias enumeradas.
15. GROUP SERVICES S.R.L.
Se observa que la firma GROUP SERVICES S.R.L. se encuentra incluida en la Base eApoc bajo la condición "Sin Capacidad Económica".
Del informe final de inspección del proveedor se desprende que los socios de la firma no tienen capacidad económica ni financiera para realizar las operaciones de compras y de ventas informadas en factura electrónica y en las DDJJ del IVA períodos 07/2017 al 0212018.
Que no se practicaron retenciones de IVA ni de Ganancias. Que el domicilio visitado del Socio Gerente de la firma, que también es el domicilio fiscal de la firma, es de características humildes y no condicen con los movimientos de dinero que surgen de las facturas electrónicas informadas. Que en ningún momento se hicieron presente integrantes de la sociedad. Que la firma no cumplimentó el requerimiento, resistiéndose a la fiscalización.
Por los motivos expuestos precedentemente, teniendo en cuenta lo verificado, se considera que corresponde la inclusión del contribuyente "GRUPO SERVICES SRL" CUIT N° 30-71564058-5, en la eApoc del Organismo, ya que el mismo, se considera "sin capacidad económica" (punto 2.2.6 - de la Instrucción 748/2005 Dl PYNF). "sin capacidad financiera (punto 2.2.7 - de la Instrucción 748/2005 Dl PYNF) y "con resistencia a la fiscalización" (punto 22.5 - de la Instrucción 748/2005 DI PYNF)" Por su parte, respecto del circuito físico de la mercadería, en este caso el transportista Bartolo Omar GRASSO informa -mediante nota presentada con fecha 7 de marzo- que no ha tenido ningún tipo de vínculo comercial con la firma GROUP SERVICES S.R.L., negando haber realizado los viajes que figuran en los remitos aportados por Alimentos Tancacha S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 193 a 194).
16. LOS TUTORES SRL:
Se observa que la firma Los Tutores SRL se encuentra incluida en eApoc bajo la condición "Usinas sin capacidad operativa, económica y/o financiera".
El contribuyente LOS TUTORES SRL no posee capacidad económica, financiera y estructura organizativa para realizar las actividades en las que se encuentra inscripto.
Se eleva un informe al Jefe a cargo de la División Fiscalización N° 4 "para que, a los fines de resguardar la utilización de créditos fiscales apócrifos, proceda a incluir al contribuyente LOS TUTORES SRL en la base APOC, bajo los Puntos 2.2.2 Usina empresa desactivada, 2.2.6- Sin capacidad económica y 2.2.7- Sin capacidad financiera (Instr. Gral 748/2005 - Dl PYNF)'.
"Considerando conveniente el análisis por parte de División Investigación, a los fines de la informar a la dependencia correspondiente la generación de una Orden de Intervención para los contribuyentes que surgen de la base E-FISCO como presuntos compradores de Maíz Partido, Soja Desactivada, Expeller y Aceite de Soja, a los efectos de su verificación en relación a Créditos Fiscales improcedentes que pudiere haber computado"."
En cuanto al circuito físico de la mercadería, se confecciona una planilla de trabajo donde se detallan los remitos utilizados para realizar el transporte de las mercaderías, constatándose que la totalidad de los mismos los realiza el transportista Leonardo Ariel FERREYRA (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 foja 36).
Se observa que la firma se encuentra incluida en eApoc bajo la condición "Usinas sin capacidad operativa, económica y/o financiera".
La firma figuró incluida en el Registro RG 2300, como ACOPIADOR, surgiendo que los movimientos de granos (según CTG), y las ventas de granos (según Retenciones de IVA sufridas), fueron bajo dicha condición.
Siendo que la firma no registra indicios de capacidad patrimonial, económica y financiera, se presume que la misma estaría siendo utilizada para el comercio marginal de granos, y que según el análisis del presente informe, surge que habría incurrido en las siguientes INCONDUCTAS por las que se procedió a la SUSPENSION DEL RFOG de "L.R AGROPECUARIA S.R.L.":
Granos movilizados con origen en LA PORTEÑA (Córdoba) Planta 14389. Falta de Justificación del origen de los granos movilizados como INTERMEDIARIO (Carta de Porte inciso b.) solicitadas para la Planta 14389, según CTG Confirmados por Destino, siendo que desde el 01/01/2016 movilizó 33.667 toneladas de Granos, cuando desde dicha fecha no recibió granos de otros operadores, y cuando sólo podría justificar tener granos en Stock de períodos anteriores por sólo 219,24 toneladas. (causal: punto 3, apartado B, Anexo VI de la R. G. 2.300/07.)
Omisión de actuar como agente de Retención de IVA, siendo que vendió granos como intermediario por un monto neto $ 98.998.075 (Retención IVA Sufrida $ 7.919.846), cuando sólo practicó RETENCIÓNES por un monto neto de compras $ 33.371.001,75 (Retención IVA practicada $ 2.699.680) (causal: punto 4 y/o 7, apartado B del Anexo VI de la R. G. 2.300.).
Omisión de ingresar las Retenciones informadas por código 783 durante el año 2016, habiéndose compensado dicha suma en forma improcedente, siendo que el operador al que le practicó las Retenciones es un sujeto NO INCLUIDO, por lo que no podría contar con el beneficio del artículo 9 de la RG 2300 (causal: punto 7, apartado B del Anexo VI de la R. G. 2.300) y además se remite a lo informado en el apartado CONSTATACION DE DOMICILIO Y ACTIVIDAD DE PLANTA DE ACOPIO.
Omitió la presentación de un TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN de DATOS (RG 2300), siendo que no informó la renovación del contrato de la Planta de Acopio que declaró en el trámite de INCLUSION al "Registro". Contrato de Planta vencido. Tampoco informó ante el RFOG la explotación de la Planta 14.389 que es sobre la que versan las observaciones del presente informe (INCUMPLIMIENTO al art. 31 inciso b de la RG 2300. Causal: punto 16, apartado B del Anexo VI de la R.G. 2.300).
La suspensión de la contribuyente LR AGROPECUARIA SRL consta publicada el 02/05/2016.
Ante lo expuesto se eleva copia del presente informe a División Jurídica - D.R.R. II a los efectos de que, salvo mejor opinión de la superioridad, se proceda a la emisión del Dictamen para la EXCLUSION del Registro Fiscal de Operadores de Granos (RG 2300) a la firma LR AGROPECUARIA S.R.L.
Asimismo, y considerando el análisis de datos y constataciones efectuadas, se remite el presente cuerpo a Jefatura de Dirección Regional Rosario para que proceda a cargar al contribuyente LR AGROPECUARIA S.R.L. en la base e APOC con estado "Fiscalización Terminada" - Condición 2.2.6 "SIN CAPACIDAD ECONÓMICA"."
18. MAYIMEK TRADE S.A.:
Se observa que la firma MAYIMEK TRADE S.A. se encuentra incluida en la Base eApoc bajo la condición "Con Resistencia a la Fiscalización".
Se encuentra inscripta en los Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, sobre los Bienes Personales (Acciones y Participaciones) y en los Aportes de la Seguridad Social Empleadores, desde 12/2012; El domicilio fiscal de la firma, es en la calle Anatole France 1533, Piso 90 A, de la localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires; Con respecto al IVA, posee una Relación Débito/Crédito aproximadamente igual a 1, no surgiendo saldos de impuestos a favor de la AFIP; No posee Bienes Registrables; La rubrada no registra ni ha solicitado nunca su Inclusión en el REFOG (Registro Fiscal de Operadores de Granos), por lo que no presenta aplicativo alguno en el que declare a quien le estaría arrendando el inmueble de las plantas, ya que no registra ningún bien inmueble, ni bien mueble a su nombre, por lo que se presume que la firma no tendría capacidad operativa para llevar adelante las actividades que declara realizar, y que estaría actuando sólo a efectos de la venta de crédito fiscal, por lo que se debería evaluar la posibilidad de que a la firma se la tuviera que incluir en la base E-Apoc, bajo los lineamientos de la Instrucción 748; Se debe tener en cuenta que, prima facie, cuando se analiza a sus Directivos, se advierte que no presentan indicios de capacidad operativa, por lo que llama la atención las cifras vertidas tanto en el activo como en el pasivo, ya que no se encuentran informados ni sus deudores ni sus acreedores; la empresa omitió realizar la transferencia electrónica de sus Estados Contables; La contribuyente emitió Facturas Electrónicas, desde el mes de Junio a Diciembre del 2015, por un total de $13.167.463,33.- Respecto del circuito físico de las operaciones, tomando como base el relevamiento realizado sobre la documentación puesta a disposición, se confecciona una planilla de trabajo de la que surge que todos los transportes de mercadería fueron supuestamente realizados por la propia apócrifa Mayimek Trade S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 foja 37).
Esta situación, además de anómala por el hecho de estar el transportista incluido en la base eApoc del Organismo, resulta ser un impedimento al momento de corroborar a través de terceras personas, la veracidad de los viajes realizados.
19. MOLIENDAS MEDITERRANEAS S.A.
Se observa que la firma MOLIENDAS MEDITERRÁNEAS S.A. se encuentra incluida en la Base eApoc bajo la condición "Usina Única Actividad Venta de Facturas".
Atento no disponer de ningún tipo de documentación aportada por la firma, se procedió al análisis tanto de la información extraída de las bases de datos de esta A.F.l.P.-D.G.l. como de las diferentes actuaciones y visitas realizadas a los domicilios que se mencionan en el informe final de inspección, surgieron las siguientes conclusiones:
Indica que la firma no posee bienes registrables (automotores, maquinaria, bienes de uso, inmuebles), que le permitan desarrollar las actividades declaradas. El inmueble donde establece el domicilio fiscal, es un departamento donde se domicilia el hijo de la Directora Suplente, que se encuentra estudiando en la capital de la Provincia. La firma no practica retenciones. La firma no dio cumplimiento al requerimiento efectuado.
Con respecto al circuito físico el día 6 de febrero de 2019, es recibida la respuesta del transportista Germán Jesús POGNANTE de la localidad de Tancacha, a través de la cual manifiesta que "...no registramos prestación de servicios de transporte en el período 01-07-2014/31-03-2018, en relación a la contribuyente Moliendas Mediterráneas S.A. ."; desconociendo así los remitos con los que Alimentos Tancacha S.A. pretende respaldar las operaciones que supuestamente realizó con la presente firma apócrifa. En el mismo sentido, con fecha 7 de marzo el transportista Héctor Daniel SANTIAGO deja constancia a través de multinota impositiva que no existen operaciones efectuadas que involucren al contribuyente Moliendas Mediterráneas S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°2 foja 202)
Continuando con las inconsistencias, se observa que, en varios remitos puestos a disposición, quien figura como transportista de los cereales es la contribuyente Mayimek Trade S.A., quien también se encuentra entre los proveedores observados por División Investigación por realizar operaciones con Alimentos Tancacha S.A., estando incluido en la base de contribuyentes no confiables del Organismo.
20. RAEMJU CARGO S.A.
Se observa que la firma RAEMJU CARGO S.A. se encuentra incluida en la Base eApoc bajo a condición "Sin Capacidad Económica".
Se consultaron las bases correspondientes a CITI-VENTAS (es decir las compras que efectúa la rubrada), en este punto se observa como situación irregular que se encuentra informado hasta el mes de diciembre 2014 no efectuando más presentaciones, además los montos de esas operaciones son de importes extremadamente bajos para los volúmenes que moviliza la firma.
Se consultó la Base de Factura Electrónica por informado (es decir la información aportada por terceros respecto de la firma analizada) al respecto se observa que el volumen de operaciones resulta muy reducido en comparación con lo que la empresa manifiesta operar. Otra de las observaciones a efectuar en este punto es que la firma EXPELER YACEÍTES DE PUAN SA (CUIT N° 30-71485553-7), principal cliente de la rubrada, no informa operaciones.
Otro aspecto que surge como irregular es la relación Débito fiscal/Crédito fiscal muy cercano a 1, es decir que los mismos no poseen prácticamente diferencias, por lo que no se generan saldos a ingresar en ningún momento, situación poco probable para una empresa con las características de esta que posee actividad como prestadora de servicios.
Del análisis de los pagos efectuados se observa que los mismos son de escasa significación comparados con los movimientos que informa la firma. Ventas informadas 2016: $ 254.106.839 - Pagos realizados: $ 154.832 (0,06%).
Del análisis de las retenciones/percepciones que la firma debería informar se observa que no aporta información al respecto, es decir que no efectúa retenciones/percepciones.
Con respecto a las retenciones efectuadas por terceros (es decir sufridas por Raemju Cargo SA) se observan una gran cantidad de ellas y de empresas de importancia, pero no en relación a la magnitud que la empresa dice operar. Una situación al menos llamativa es que la empresa EXPELER Y ACEITES DE PUAN SA (CUIT N° 30-71485553-7), no efectúa ni sufre ningún tipo de retenciones.
Otras de las tareas realizadas con el objetivo de determinar la capacidad de la empresa que nos ocupa es el análisis de las bases de datos de esta Administración donde se puede concluir que la empresa no declara bienes inmuebles ni rodados. Situación que haría pensar en que no podría realizar fletes o servicios, que luego son facturados.
No da cumplimiento a lo establecido por la RG 3685, respecto de la información de compras y ventas, además la empresa incumplió los requerimientos efectuados oportunamente, al no aportar dichos comprobantes.
En cuanto al circuito físico de la mercadería señala que el día 6 de febrero de 2019, es recibida la respuesta del transportista Germán Jesús POGNANTE de la localidad de Tancacha, a través de la cual manifiesta que "...no registramos prestación de servicios de transporte en el período 01-07-2014/31-03-2018, en relación a la contribuyente Raemju Cargo S.A. ..."; desconociendo así los remitos con los que Alimentos Tancacha S.A. pretende respaldar las operaciones que supuestamente realizó con la presente firma apócrifa.
Del mismo modo, la transportista María Luisa MEYER -a través de multinota impositiva recibida el día 11 de febrero de 2019- manifiesta NO haber realizado los servicios de flete sobre los cuales se le consulta, constituyendo esto una inconsistencia grave, que no hace más que restarles veracidad a las operaciones declaradas por la fiscalizada. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 176 a 181).
En el mismo sentido, el transportista Tristán Martín ACUÑA de la localidad de Las Bajadas; manifiesta a través de multinota impositiva "...que no he tenido ningún tipo de vínculo comercial con las empresas y personas nombradas en el requerimiento..."; negando también haber realizado los fletes del cereal (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 195 a 196).
El transportista Hugo Alberto EMMERT responde en concordancia con los anteriores, manifestando que no ha prestado servicios de transporte para la firma Raemju Cargo S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico Nól fs. 197 a 198).
Se observa que el contribuyente Iván Ariel RUANO se encuentra incorporado en la Base eApoc bajo la condición "Sin Capacidad Económica".
En virtud de esta verificación los inspectores señalan que no se ha podido constatar la real existencia de la contribuyente, no se localizó sede administrativa, comercial, y/o depósitos.
Que el contribuyente expone una resistencia a la verificación, al no cumplimentar el requerimiento que se le efectuó y notificó en el domicilio fiscal.
Del análisis realizado exclusivamente de la información surgida de la Base E Fisco surgen elementos de extrema importancia: -elevado monto de ventas según compras y ventas informadas como vendedor ( $ 983.372.805 para el año 2017) declarando menor monto de ventas. -Imposibilidad de verificación de las operaciones de compras dada la resistencia demostrada por la contribuyente -No Registra Pago De Impuestos - No Posee Empleados En Relación De Dependencia.
En virtud a lo mencionado esta fiscalización considera que el contribuyente no posee capacidad económica ni financiera para el desarrollo de las actividades que declara, presenta resistencia a la fiscalización, motivo por el cual corresponde su inclusión en la base e-apoc del contribuyente Ruano Saez Ivan Ariel.
22. SKIVE S.A.
Se observa que la firma SKIVE S.A. se encuentra incorporada en la Base eApoc bajo la condición "Sin Capacidad Económica".
Se verificó que: El contribuyente se encuentra inscripto en los impuestos de IVA y Ganancias desde el 11/2016. Se inscribió en las actividades: 1. Servicios de apoyo agrícola 2. venta al por mayor de productos y subproductos de molinería 3. Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos 4. Servicio de transporte automotor de cargas. Presentó dos DDJJ-IVA en el año 2016 y cuatro en el 2017. Registra pagos de IVA en el año 2017 por $ 1.859,95. No registra pagos en el impuesto a las Ganancias. No presenta DDJJ Ganancias. No tiene propiedades, vehículos ni otros bienes registrables. No registra acreditaciones bancarias. No declara consumos relevantes. No presenta nómina salarial.
La fiscalización actuante deja sentado que esta Firma es un eslabón más en una cadena de interpósitas personas físicas y/o jurídicas (insolventes, empresas de papel), a los fines de justificar la comercialización y/o prestaciones de servicios y el ocultamiento de los verdaderos vendedores y/o prestadores de tales servicios o bien con el único fin de generar Créditos Fiscales inexistentes.
Con respecto al circuito físico de la mercadería indica que FERMO S.R.L. manifiesta a través de multinota impositiva no haber realizado operaciones de fletes con la firma SKIVE S.A., desconociendo de esa manera los transportes supuestamente realizados hasta la planta de Alimentos Tancacha S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 189 a 192).
Asimismo, se observa que también figura como transportista la propia Skive S.A., siendo esto un impedimento al momento de corroborar a través de terceras personas, la veracidad de los viajes realizados.
23. VADEL S.A.
Se observa que la firma VADEL S.A. se encuentra incorporada en la Base eApoc bajo la condición "Sin Capacidad Económica".
De acuerdo a lo vertido en el informe final de inspección y teniendo en consideración que: La contribuyente no ha presentado documentación alguna, en cuanto a compras y gastos respecta, que permitan inferir en una mínima medida que desarrolla algún tipo de actividad, máxime teniendo en cuenta que la actividad presuntamente realizada requiere de gastos cuantiosos y diversos, tales como compra de semillas, fertilizantes y agroquímicos; no surge de la base de datos que sea poseedor de maquinaria necesaria para la siembra y cosecha de granos: así como tampoco presentó factura alguna que de cuenta de la tercerización de dicha tarea.
En tal sentido del informe final de inspección del proveedor se determinó que para la campaña que pretendió hacer ver que la explotación se encontraba tercerizada, la empresa que supuestamente habría realizado los trabajos en el campo arrendado MAXIMILIANO THEA Y FEDERICO REINERO (CUIT 30-70820167-3); fueron incorporados en la base APOC luego de la fiscalización practicada por la División Fiscalización N°1 de la Dirección Regional Tucumán.
Con relación al campo arrendado, se ha explicado que quien supuestamente es el titular del mismo; no presenta declaraciones juradas en esta Administración Federal; tampoco la firma VADEL S.A. le practicó retención alguna; desde el año 2011.
Informó a la Dirección Regional Santa Fe acerca de la compra de SILO BOLSAS, los que fueron adquiridos a una empresa incorporada en la base APOC (EL PETISO S.A. CUIT 30-70865285-3). Con relación a los transportistas se dejó constancia que el nueve con veintiún por ciento negó haber tenido relación con VADEL S.A., pero resulta más llamativo que el transportista CLAUDIO ALBERTO CABRERA (CUIT 20-23530798-8) que habiendo recibido la notificación cursada por esta fiscalización y no contestándola, se encuentra incluido en la base APOC por la inspección practicada por División Fiscalización N° 4 de la Dirección Regional Córdoba; sea el responsable de haber trasladado el treinta y seis con quince (36,15%) del total del traslado de granos según el CTG.
Otro hecho a tener en cuenta, es que resulta apoderado ante la firma ALIMENTOS TANCACHA S.A., el contribuyente LUCIANO DAMIAN FERREYRA (CUIT 20-23530798-8); también fue inspeccionado e incorporado en la base APOC; en este caso por la División Fiscalización N° 3 de la Dirección Regional Río Cuarto, En resumidas cuentas, la empresa en el transcurso de la fiscalización quiso justificar su actividad con dos contratos (el de arrendamiento y el de locación de servicios por siembra y cosecha); las tareas de labor se pretendieron justificar con una empresa incorporada en la base APOC, los transportes en la mayoría de los casos fueran realizados por otra empresa incorporada en la base APOC, y el apoderado ante uno de los clientes, también está incluido en dicha base.
Por todo lo expuesto precedentemente y de acuerdo a las tareas de auditoría realizadas por la fiscalización se propuso incorporar a VADEL S.A. a la base de Apócrifos del Organismo (APOC) de acuerdo a los lineamientos de la Instrucción General N° 748/2005 (DI PYNF) bajo el rubro "SIN CAPACIDAD ECONOMICA", según lo descrito en el punto 2.2.6 de la mencionada norma: "Se consideran aquellos sujetos que no demuestran una capacidad económica para realizar las prestaciones de servicio o ventas de bienes que han facturado, no cuentan con bienes que permitan presuponer que poseen capacidad de producir y vender, o prestar los servicios en cuestión".
Respecto del circuito físico de las operaciones, se confecciona una planilla de trabajo de la que surge que la gran mayoría de los transportes de granos fueron supuestamente realizados por el contribuyente Claudio Alberto CABRERA; el cual se encuentra entre los proveedores observados por la verificación, por haber realizado operaciones con Alimentos Tancacha S.A., estando incluido en la base de contribuyentes no confiables del Organismo. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 45 a 48)
Esta situación, además de ser anómala por el hecho de estar el transportista incluido en la base eApoc del Organismo, resulta ser un impedimento al momento de corroborar a través de terceras personas, la veracidad de los viajes realizados. A efectos de corroborar las causas que determinan la apocrificidad de Claudio Cabrera, se remite al análisis particular realizado en el punto 1.1.12 del informe final de inspección.
24. VOUILLE S.A.
Se observa que la firma VOUILLE S.A. se encuentra incorporada en la Base eApoc bajo la condición "Con Irregularidades en la Cadena de Comercialización".
En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores y de los solicitado por el origen del cargo se desprende que:
En el domicilio fiscal no se localizó a persona alguna como así tampoco se visualizó actividad comercial ni administrativa, por lo que se le realizó marca en el PUC.
No posee Bienes Registrables a su nombre.
Realizó operaciones con proveedores apócrifos y otros que está siendo verificados presumiéndose también apocrificidad, quienes consultados en las bases del organismo se observó que presentan serias irregularidades (desde proveedores incluidos en la base Apoc, hasta duplicación de comprobantes). No dio cumplimiento a lo establecido por la RG 830.
A los efectos de corroborar la veracidad del circuito físico de la mercadería con fecha 01 de marzo de 2019, la transportista FERMO S.R.L. manifiesta a través de multinota impositiva que no ha realizado ningún tipo de operación con la firma Vouille S.A., desconociendo de esa manera los transportes supuestamente realizados hasta la planta de Alimentos Tancacha S.A. (Cuerpo Análisis del Circuito Físico N°1 fs. 189 a 192).
VI. Que, en relación al fondo del asunto, la impugnación de dichos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional. En tal sentido corresponde destacar que se trata en todos los casos de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora, destacando entre las principales anomalias, presunción de utilización de prestanombres, falta de capacidad económica. Asimismo en cuanto al circuito financiero corresponde señalar que en muchos casos los cheques terminan siendo cobrados por la firma AMX ARGENTINA S.A., la cual también cobra valores emitidos por Alimentos Tancacha S.A. a la orden de otras firmas apócrifas apuntadas en la presente verificación, tales como: Agrocor S.R.L., Agropecuaria Lamberti S.R.L., Agrozea S.R.L., Altos Cereales S.R.L., Aruyi Argentina S.R.L., Claudio A. Cabrera, Moliendas Mediterráneas S.A., Raemju Cargo S.A., Iván Ariel Ruano y Vadel S.A.
Idéntica situación se da en el caso de MARIO SANDLER, quien termina siendo el destinatario de valores emitidos por Alimentos Tancacha S.A. a nombre de nueve (9) proveedores apócrifos diferentes: Agrocor S.R.L., Agrojuniors S.A., Agropecuaria Lamberti S.R.L., Aruyi Argentina S.R.L., Claudio A. Cabrera, Cerealera Olavaria S.A., Moliendas Mediterráneas S.A., Raemju Cargo S.A. e Iván Ariel Ruano. Asimismo, conforme se desprende del Considerando anterior en cuanto circuito físico de la mercadería una gran cantidad de agentes de transporte indicaron no haber realizado operaciones de fletes correspondientes a los proveedores impugnados circunstancia esta que resta sustento a los argumentos esbozados por la recurrente.
Cabe destacar que no ha quedado probado en autos que dichas firmas hayan sido quienes efectivamente proveyeron a la recurrente de los bienes, toda vez que no surge de las verificaciones efectuadas por el personal fiscalizador ni de las pruebas arrimadas, la capacidad operativa de las mismas como proveedores de aquella.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que, formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los productos involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros o que no es su obligación verificar el domicilio comercial de sus proveedores. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M) /CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.”
Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de facturas o que dichos proveedores se encuentren inscriptos, resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias mas arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados.
En lo que se refiere a la defensa planteada por la actora en referencia a las retenciones practicadas a los proveedores cuestionados, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nacion -en la causa ADM Argentina SA c/EN – AFIP – DGI- Resol. 24/08 25/08 (DV Dy R2) s/ Dirección General Impositiva, del 10/03/2015- ha puesto en evidencia que la existencia de retenciones practicadas no constituye un elemento capaz de acreditar la veracidad de las operaciones.
Asimismo cabe poner de resalto que en casos como el presente cuando se trata de operaciones cuya impugnación fundamental se basa en que las irregularidades comprobadas dieron origen a considerar que las operaciones cuestionadas no fueron concertadas con los proveedores observados, se estima que no procede computar las retenciones oportunamente ingresadas que solo existieron para dar un viso de realidad a las operaciones fraudulentas y que han quedado en evidencia en la descripción de la maniobra detectada por el Fisco Nacional. Al respecto, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Molinos Río de la Plata SA”, el 25/8/2015, la aquí recurrente carecería de legitimación para efectuar el citado reclamo.
Por su parte la contribuyente invoca en el presente procedimiento, el fallo de la CSJN “Bildown SA”, de fecha 27/12/2011. Cabe señalar que el mismo no resulta aplicable por cuanto se refiere a circunstancias diferentes de las que aquí se tratan en atención a que en el referido precedente las impugnaciones del organismo recaudador se habían sustentado en el cuestionamiento de operaciones realizadas con determinados proveedores sobre la base de que las facturas involucradas no cumplían ciertos requisitos reglamentarios, y no se encontraba en debate en esa causa la existencia y materialidad de las operaciones realizadas entre el contribuyente y sus proveedores, circunstancia esta que difiere en el caso sub examine y corresponde rechazar los argumentos esbozados por la actora en ese sentido.
Ahora bien, con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que los mismos estaban autorizados para operar en el Registro Fiscal de Operadores en la compraventa de granos y legumbres secas, entre otros; en modo alguno permite tener por acreditada la materialidad de las operaciones impugnadas por el Fisco Nacional. Cabe advertir que la incorporación al mentado Registro Fiscal, no implica eximir a los integrantes del mismo de controles fiscales, pues en esa inteligencia, de comprobarse irregularidades, la AFIP, puede proceder a su exclusión, tal como aconteció con los proveedores cuestionados.
Asimismo, en cuanto a la producción de la prueba pericial contable corresponde señalar que la misma no resulta de utilidad para resolver la cuestión en el sentido planteado por la recurrente ya que en el caso de marras no se cuestiona que los bienes fueron adquiridos, sino que la verdadera operación no se corresponde con la consignada en el documento, toda vez que quien figura como proveedor -y en algunas ocasiones como transportista- no es en realidad quien perfeccionó el hecho imponible.
Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquellas.
En efecto, los meros cumplimientos de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que, toda vez que la actora no ha logrado derribar las conclusiones a las que arribó el Fisco a través de la inspección realizada, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto determina la obligación tributaria de la recurrente. Con costas.
VII. Que, en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en la determinación apelada.
La Dra. Guzmán dijo:
Que se adhiere al relato de los hechos y al voto del Dr. Pérez con excepción de las costas en la defensa de la nulidad.
En efecto, entiendo que las costas deben ser soportadas por la excepcionante toda vez que los argumentos que sustentan su defensa están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el art. 171, inc. h) de la ley de rito, pues reposan –como quedó dicho- en la falta de causa del acto, agravio que acarrea inexcusablemente aquélla declaración. Asimismo, su planteo mereció réplica concreta por parte de la apelada, por lo que no advierto razones para apartarme de la aplicación del art. 68 del C.P.C.C.N.
Resulta oportuno recordar que como señalara la CSJN in re “Bolland y Cía. SA” la exención de costas procede cuando el planteo –de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto no es el de autos.
En definitiva, el tratamiento de cuestiones incidentales como la de autos no puede encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Pérez.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses. Con costas a la vencida. Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2025.06.11 15:39:50 ART Date: 2025.06.11 16:20:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.11 17:00:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.11 17:01:32 -03:00
Fin de la sentencia