Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 49119-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) confirmar la declaración de incompetencia del Tribunal Fiscal, con costas por su orden en ambas instancias (art. 68, segunda parte, y 279, CPCCN); y b) y dejar sin efecto la regulación de honorarios obrante a fs. 129/129vta.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
71678/2022 "ALIMENTOS TANCACHA SA (TF 49119-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, marzo de 2023.
Estos autos caratulados: “Alimentos Tancacha SA (TF 49119-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, venidos en recurso del Tribunal Fiscal,
1. Que, mediante pronunciamiento del 22/02/22, el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar a la excepción opuesta por el Fisco Nacional y declaró su incompetencia para entender en la presente causa, con costas.
Para así decidir, indicó que las resoluciones que se apelaran ante su instancia, debían reunir una serie de condiciones para que ese Tribunal fuera competente: (i) contener una intimación a pagar una suma de dinero que no surja de una autodeterminación del sujeto pasivo de la relación jurídica principal; (ii) que el acto haya sido dictado por un juez administrativo previa verificación de los hechos ocurridos y mediante la aplicación de las disposiciones jurídicas correspondientes como pautas legales de valoración; (iii) que el ajuste sea conceptual; y (iv) que afecte a operaciones que hacen a la base imponible del gravamen en cuestión. A la luz de los recaudos reseñados, entendió que la decisión del organismo recaudador de detraer $991.614,56 del total de lo solicitado por el contribuyente en concepto de recupero de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado, emitida en el marco de la resolución general (AFIP) 2000/2006 (en adelante, “RG 2000”), resultaba inhábil para abrir la competencia de ese Tribunal.
Asimismo, puso de resalto que la ley 27.430 (B.O. 29/12/17) sustituyó el tercer párrafo del art. 76 de la Ley de Procedimiento Tributario y estableció que el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal “no será procedente respecto de: (…) 5. Los actos mediante los cuales se intima la devolución de reintegros efectuados en concepto de Impuesto al Valor Agregado por operaciones de exportación”. Sin perjuicio de ello, destacó que el caso de autos no encuadra en la disposición supra transcripta “toda vez que en la especie no hubo reintegro alguno que devolver y esa es, precisamente, la razón por la que no procede aquí la aplicación del plenario Yusin SACIFIA” (fs. 99vta.).
2. Que, contra dicha decisión, apeló la actora a fs. 115 y expresó agravios a fs. 119/128, que fueron replicados a fs. 154/159vta. Sostiene que la decisión recurrida es nula por cuanto: (i) no indicó cuáles de los recaudos enunciados se encontraban ausentes en la decisión administrativa impugnada; y (ii) se limitó a reproducir los argumentos expuestos por la recurrente sin analizarlos; circunstancias que impiden considerar al pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido.
Precisa que en los plenarios dictados por esta Cámara in re “Construcciones San Luis” y “Sidertec” se dejó sentado que, incluso cuando no exista intimación de pago –como sucede en el caso de autos-, si la impugnación del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado supera los umbrales mínimos previstos legalmente, el Tribunal Fiscal resulta competente. En ese sentido, se agravia de que el a quo, “sin decirlo expresamente, parecería basar su decisorio en la inexistencia de intimación de pago” (fs. 123); circunstancia que no fue determinante en el dictado del plenario “Yusin SACIFIA” por parte del Tribunal Fiscal como consecuencia del plenario “Las 2 C S.A.” de esta Cámara. Subraya que el voto mayoritario de este último plenario citó el precedente “Agrupación de Colaboración San Antonio (TF 27457-I) c/ DGI”, sent. del 28/11/08, en el que no se intimó suma alguna puesto que se trataba de un rechazo de “solicitud de reintegro antes de proceder a su reintegro, intimando a corregirla ” (fs. 123vta.).
Manifiesta, en definitiva, que el plenario de esta Cámara ha resuelto que la impugnación de créditos fiscales vinculados a exportación constituye una revisión de la materia imponible en el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV Impuesto al Valor Agregado que habilita la competencia del Tribunal Fiscal.
Puntualiza que el Fisco Nacional impugnó las declaraciones juradas de reintegro de exportación presentadas por Alimentos Tancacha S.A. con base en una presunta inexistencia de crédito fiscal que deriva de una fiscalización previa. Cita jurisprudencia que considera aplicable.
Alega que el acto cuestionado ante el Tribunal Fiscal comporta una verdadera determinación de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, en tanto individualiza el sujeto pasivo, el monto y demás elementos que permiten precisar la pretensión fiscal y estuvo precedido por una puntual tarea de fiscalización que concluyó con la liquidación del monto a devolver.
Plantea la inconstitucionalidad de la RG 2000 en cuanto establece un régimen recursivo contra la impugnación de una declaración jurada que se aparta de las disposiciones del art. 76 de la ley 11.683, arrogándose indebidamente facultades legislativas. En subsidio, solicita la imposición de costas por su orden dado que la declaración de incompetencia del a quo no se fundó en el desarrollo argumental del Fisco Nacional y esgrime que contaba con razones atendibles para acudir al Tribunal Fiscal.
El 10/02/23 emitió dictamen el Fiscal General ante esta Cámara.
3. Que, conforme surge de las constancias de la causa, el 10/07/18 la AFIP notificó a la actora la resolución nro. 627635 que resolvió: (i) convalidar las compensaciones interpuestas mediante la utilización del formulario 798 por la suma de $473.032,75; (ii) aprobar la compensación obligatoria de deuda propia por impuesto propio y/o compensaciones de oficio por la suma de $403.393,39 (fs. 5/8); y (iii) detraer del monto total de reintegros solicitados (esto es, $1.868.586,70) el importe de $991.614,56 por “Incluido Base Cont. No Confiables”; circunstancia que motivó el recurso de apelación interpuesto ante el a quo el 22/08/18 (fs. 19/31vta.).
4. Que, el art. 76, apartado 5º, de la ley 11.683 (texto según la modificación introducida por el art. 212 de la ley 27.430) excluyó de la competencia del Tribunal Fiscal a los recursos contra actos mediante los que se “intime la devolución de reintegros efectuados en concepto de Impuesto al Valor Agregado por operaciones de exportación”. En consecuencia, este Tribunal tiene dicho que la doctrina del fallo plenario “Las 2 C SA” ha perdido actualidad, resultando de aplicación el explícito texto de la norma procesal sustituida (conf. Sala III de esta Cámara, in re “Argenti Lemon S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 25/04/19 y Sala I in re “Puerto Miñor S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 13/06/19).
Ahora bien, así planteadas las cosas y sin perjuicio de que en autos no ha existido una intimación a la empresa actora para que devuelva o ingrese reintegros o compensaciones; es razonable concluir que el acto apelado que denegó una porción de los reintegros solicitados comparte la naturaleza de aquellos a los que alude el art, 76, inciso 5º, de la ley de rito. En efecto, resulta lógico concluir que si la intimación a devolver créditos fiscales vinculados a operaciones de exportación -previamente acreditados a favor del contribuyente- no califica como acto determinativo susceptible de ser revisado por el Tribunal Fiscal de la Nación, tampoco cabe extender la competencia de dicho organismo para conocer respecto a la resolución que rechaza la solicitud de reintegro de los mentados créditos fiscales; máxime cuando la normativa aplicable prevé un régimen recursivo especial (conf. art. 24 y concordantes, RG 2000).
Ello así, corresponde confirmar lo resuelto por el Tribunal Fiscal a fs. 98/100. (en sentido análogo, Sala I, in re “Alimentos Tancacha SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 16/10/18; Sala V, in re “Alimentos Tancacha SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV organismo externo”, sent. del 22/09/20; Sala I, in re “Alimentos Tancacha SA (TF 57698382-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 26/04/22).
5. Que, respecto a la inconstitucionalidad planteada por la actora respecto a la RG 2000, cabe destacar que la parte interesada se limitó a alegar que la demandada se había arrogado facultades legislativas, sin demostrar, con solvencia técnica, la tacha deducida. Ello así, corresponde desestimar el agravio impetrado.
6. Que con relación a las costas del pleito, dadas las circunstancias de hecho de la causa, el cambio legislativo introducido por la ley 27.430 y el particular contenido del acto apelado, corresponde hacer lugar a la queja deducida por la actora e imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, en virtud de que la aquí apelante pudo haberse considerado con un mejor derecho (art. 68, segunda parte, y 279 del CPCCN).
7. Que en virtud del modo en que se resuelve, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada a fs. 129/129vta. y, en consecuencia, deviene inoficioso un pronunciamiento respecto de la apelación de la actora obrante a fs. 137/140 por considerarlos altos.
Por lo expuesto, SE RESUELVE: a) confirmar la declaración de incompetencia del Tribunal Fiscal, con costas por su orden en ambas instancias (art. 68, segunda parte, y 279, CPCCN); y b) y dejar sin efecto la regulación de honorarios obrante a fs. 129/129vta. Regístrese, notifíquese -al Fiscal General en su público despacho- y, oportunamente, devuélvase.
Marcelo Daniel Duffy Jorge Eduardo Morán Rogelio W. Vincenti
Fin de la sentencia