Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 49711-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) confirmar la declaración de incompetencia del Tribunal Fiscal, con costas por su orden en esta instancia (art. 68, segunda parte, CPCCN); y b) confirmar la regulación de honorarios obrante a fs. 398vta.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
25836/2023 ALIMENTOS TANCACHA SA (TF 49711-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, agosto de 2023.
Estos autos caratulados: “Alimentos Tancacha SA (TF 49711-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, venidos en recurso del Tribunal Fiscal,
1. Que, mediante pronunciamiento del 31/10/22, el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar a la excepción opuesta por el Fisco Nacional y declaró su incompetencia para entender en la presente causa, con costas.
Para así decidir, reseñó lo dispuesto en los arts. 76, inciso b, y 159 de la ley de rito e indicó que ese organismo jurisdiccional resultaba competente en materia de determinaciones de oficio y aplicación de sanciones, “resultando los supuestos contenidos en el art. 7 in fine según texto Ley 27.430 actos en los cuales directamente no será procedente el recurso” (fs. 375vta.).
A la luz de los recaudos reseñados, entendió que la decisión del ente recaudador de detraer $674.804,89 del total de lo solicitado por el contribuyente en concepto de recupero de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado atribuibles a operaciones USO OFICIAL de exportación, emitida en el marco de la resolución general (AFIP) 2000/2006 (“RG 2000”), resultaba inhábil para habilitar su competencia. Ello, por cuanto los actos apelados no reunían las características de las determinaciones de oficio en tanto no plasmaban “resultados de una revisión administrativa del contenido material de la obligación tributaria declarada” (fs. 376).
Asimismo, puso de resalto que la actora no se encontraba en un estado de indefensión, dado que el art. 24 de la RG 2000 prevé un régimen recursivo especial para los supuestos de saldos detraídos de las solicitudes ingresadas por los contribuyentes. Por último, destacó que en el caso de autos no procedía la aplicación del plenario “Yusin SACIFIA” porque no se hallaban reunidas las circunstancias allí consideradas, esto es, la denegación de reintegros y la intimación al ingreso de sumas oportunamente compensadas o devueltas, con más sus accesorios.
2. Que, contra dicha decisión, apeló la actora a fs. 383/383vta. y expresó agravios a fs. 389/396vta., que fueron replicados a fs. 416/428.
Sostiene que la decisión recurrida es arbitraria por cuanto desestimó planteos conducentes mediante afirmaciones dogmáticas. En efecto, precisa que el a quo omitió explicar las razones por las cuales consideró que el acto apelado no era el resultado de la mentada revisión administrativa del contenido material de la obligación tributaria; falencia que ―según su criterio― vulnera su derecho de defensa. Sin perjuicio de ello, destaca que las constancias de autos muestran que el Fisco evaluó y cuestionó la procedencia del crédito fiscal por lo que el rechazo dictado por la AFIP constituye un acto determinativo de oficio susceptible de ser cuestionado ante el Tribunal Fiscal. Indica que en los plenarios dictados por esta Cámara in re “Construcciones San Luis” y “Sidertec” se dejó sentado que, incluso cuando no exista intimación de pago, como sucede en el caso de autos, si la impugnación del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado supera los umbrales mínimos previstos legalmente, el Tribunal Fiscal resulta competente. En ese sentido, subraya que el voto mayoritario del plenario “Las 2 C S.A.” de esta Cámara citó el precedente “Agrupación de Colaboración San Antonio (TF 27457-I) c/ DGI”, del 28/11/2008, en el que no se intimó suma alguna puesto que se trataba de un rechazo de “solicitud de reintegro antes de proceder a su reintegro, intimando a corregirla” (fs. 393).
Manifiesta, en definitiva, que el plenario de esta Cámara “Las 2 C S.A.” resolvió que la impugnación de créditos fiscales vinculados a exportación constituye una revisión de la materia imponible en el Impuesto al Valor Agregado que habilita la competencia del Tribunal Fiscal. Asevera que la modificación introducida por la ley 27.430 al artículo 76 de la ley 11.683 refiere a un supuesto distinto al ventilado en autos por lo que resulta inaplicable al caso.
Alega que el acto cuestionado ante el Tribunal Fiscal comporta una verdadera determinación de la obligación tributaria a cargo del contribuyente que estuvo precedido por una puntual tarea de fiscalización que concluyó con la liquidación del monto a devolver. Cita jurisprudencia que considera pertinente.
Plantea la inconstitucionalidad de la RG 2000 en cuanto: (i) faculta al Fisco a impugnar créditos fiscales sin seguir el procedimiento previsto en los artículos 17 y siguientes de la ley 11.683; y (ii) establece un régimen recursivo diferente al legalmente previsto.
El 26/06/23 emitió dictamen el Fiscal General ante esta Cámara.
3. Que, conforme surge de las constancias de la causa, el 30/01/19, la AFIP emitió la resolución nro. 644272 que resolvió: (i) convalidar las compensaciones interpuestas mediante la utilización del formulario 798 por la suma de $1.400.768,67; (ii) aprobar la compensación obligatoria de deuda propia por impuesto propio y/o CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 25836/2023 ALIMENTOS TANCACHA SA (TF 49711-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO compensaciones de oficio por la suma de $603.871,08; y (iii) detraer del monto total de reintegros solicitados (esto es, $2.679.444,64) el importe de $674.804,89 por “Proveedor con Facturas Apócrifas” (fs. 5/7vta.); circunstancia que motivó el recurso de apelación interpuesto ante el a quo el 22/08/18 (fs. 299/317).
4. Que, el art. 76, apartado 5º, de la ley 11.683 (texto según la modificación introducida por el art. 212 de la ley 27.430) excluyó de la competencia del Tribunal Fiscal a los recursos contra actos mediante los que se “intime la devolución de reintegros efectuados en concepto de Impuesto al Valor Agregado por operaciones de exportación”. En consecuencia, esta Alzada tiene dicho que la doctrina del fallo plenario “Las 2 C SA” ha perdido actualidad, resultando de aplicación el explícito texto de la norma procesal sustituida (cfr. Sala III de esta Cámara, in re “Argenti Lemon S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 25/04/19 y Sala I in re “Puerto Miñor S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 13/06/19).
Ahora bien, así planteadas las cosas y sin perjuicio de que en autos no ha existido una intimación a la empresa actora para que devuelva o ingrese reintegros o compensaciones; es razonable concluir que el acto apelado que denegó una porción de los reintegros solicitados comparte la naturaleza de aquéllos a que alude el art. 76, USO OFICIAL inciso 5º, de la ley de rito. En efecto, resulta lógico colegir que si la intimación a devolver créditos fiscales vinculados a operaciones de exportación ―previamente acreditados a favor del contribuyente― no califica como acto determinativo susceptible de ser revisado por el Tribunal Fiscal de la Nación, tampoco cabe extender la competencia de dicho organismo para conocer respecto a la resolución que rechaza la solicitud de reintegro de los mentados créditos fiscales; máxime, cuando la normativa aplicable prevé un régimen recursivo especial (cfr. art. 24 y concordantes, RG 2000). Ello así, corresponde confirmar lo resuelto por el Tribunal Fiscal a fs. 374/378. (en sentido análogo, esta Sala in re “Alimentos Tancacha SA (TF 49119-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 9/03/23; Sala I, in re “Alimentos Tancacha SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 16/10/18; Sala V, in re “Alimentos Tancacha SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 22/09/20; Sala I, in re “Alimentos Tancacha SA (TF 57698382-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 26/04/22).
5. Que, en lo atinente a la inconstitucionalidad planteada por la actora respecto a la RG 2000, cabe destacar que la parte interesada se limitó a alegar que la demandada se había arrogado la facultad de establecer un procedimiento distinto al previsto por la ley 11.683, sin demostrar, con solvencia técnica, la tacha deducida (conf. en especial el art. 76, inciso 5º de la ley 11.683). Ello así, corresponde desestimar el agravio impetrado (en sentido análogo, esta Sala in re “Alimentos Tancacha SA (TF 49119-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 9/03/23).
6. Que con relación a las costas de esta instancia, dadas las circunstancias de la causa, el cambio legislativo introducido por la ley 27.430 y el particular contenido del acto apelado, corresponde imponerlas en el orden causado, en virtud de que la apelante pudo haberse considerado con un mejor derecho (art. 68, segunda parte, del CPCCN) (cfr. esta Sala in re “Alimentos Tancacha SA (TF 49119-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 9/03/23).
7. Que, ponderando la naturaleza del proceso, su monto, la importancia de la cuestión debatida ―excepción de incompetencia―, la forma en que fueron impuestas las costas y la calidad y eficacia de las labores desarrolladas por los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en el proceso ante el Tribunal Fiscal, corresponde CONFIRMAR ―desde que sólo fueron apelados por bajos― los honorarios regulados a fs. 398vta. (arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29, inc. g, 44, inc. a, 51 y ccdtes. de la ley 27.423 y acordada 19/23 CSJN).
Por lo expuesto, SE RESUELVE: a) confirmar la declaración de incompetencia del Tribunal Fiscal, con costas por su orden en esta instancia (art. 68, segunda parte, CPCCN); y b) confirmar la regulación de honorarios obrante a fs. 398vta.
Regístrese, notifíquese -al Fiscal General en su público despacho- y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia