Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-119920951-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de improcedencia formal articulado por la representación fiscal, con costas.
2Rechazar la excepción de nulidad articulada por la actora, con costas.
3Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-27075128-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Marzo de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2022-119920951-APN- SGAI#TFN, caratulado “ ALLASIA LUIS ALBERTO, s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I,- Que mediante RE-2022-119919032-APN-SGAI#TFN, el Sr. Luis Alberto Allasia interpone recurso de apelación contra la resolución dictada el 22 de septiembre de 2022 por la Dirección Regional Río Cuarto por la que se le determinó de oficio el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia (Ley 27.605 y su reglamentación), intimándose saldo a ingresar al organismo recaudador, liquidándose intereses resarcitorios y, finalmente, imponiendo una multa del 100% del aporte presuntamente omitido, ello en base al artículo 45 de la ley de rito fiscal (RE-2022-119919626-APN-SGAI#TFN).
El recurrente plantea como cuestión previa la nulidad del acto, en virtud de sostener la ausencia de firma de funcionario competente. Señala que no existe manera de saber si el escrito enviado al domicilio fiscal electrónico, fue emitido por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Río Cuarto de la Dirección General Impositiva, como se lee antes del título “RESUELVE”, u otra persona simplemente imprimió el escrito y lo envió al domicilio fiscal electrónico. Puntualiza que grave duda causa la ausencia de firma, como el signo de interrogación que aparece junto al nombre de Rovera, Fabricio Miguel.
Pone de relieve que la ley 11.683, en su art. 200 -conforme la modificación introducida por el art. 243 de ley 27.430 (B.O. 29/12/2017)- es clara en cuanto se podrá utilizar la firma electrónica y la firma digital, de acuerdo a los lineamientos que fije el Poder Ejecutivo Nacional; siendo que a la fecha ello no ha sucedido, el organismo está obligado a emitir los actos con firma autógrafa no pudiendo acudir a la ley 25.506 (art. 1°), que reconoce la generalidad del empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica, en las condiciones que establece esa norma, dado que la ley 27.430 es posterior y específica para el Fisco Nacional; arguye que tampoco resulta de aplicación la ley de procedimientos administrativos.
Trae a colación la explícita “no verificación” de la presunta firma. Aduce que al pie del escrito que pretende ser determinación de oficio, se lee el nombre de Rovera, Fabricio Miguel, no constando su cargo, ni mención de título profesional ni de juez administrativo; pero, se ve una leyenda en inglés “signature not verified” (traducción firma no verificada), lo que resulta contrario a los artículos 115 y 123 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto a que en todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional y que ante la presentación de documentos en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción realizada por traductor público matriculado. Asimismo, subraya que al tomar vista de los antecedentes administrativos previos al dictado del escrito apelado; la oficina fiscal le entregó copia de ellos, donde no constaba firma ológrafa ni autorizada alguna salvo en el dictamen jurídico. En tal sentido, destaca que la hipotética “vista” previa recibida en el domicilio fiscal electrónico adolece de las mismas falencias, excepto algunas firmas ológrafas. Finalmente, arguye que aun cuando se pretendiera dar validez a la firma digital en virtud de la ley 25.506 y su modificación, intentando sortear la clara disposición del art. 200 de la ley 11.683 -lo que según dice el apelante es jurídicamente es inadmisible-, el propio acto se encarga de descartar explícitamente dicha validez, por la específica leyenda inserta de “firma no verificada”.
Por todo ello, solicita se declare la nulidad del acto apelado, con costas.
Finalmente, expone los agravios relativos al ajuste practicado, ofreciendo prueba y planteando el caso federal. Solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Obra en el IF-2023-14742603-APN-DTD#JGM, la contestación de traslado del Fisco Nacional. Respecto a la nulidad planteada, la representación fiscal expone que no es condición para la validez del acto notificado que el mismo registre firma ológrafa, siendo válidas las notificaciones efectuadas. Sostiene que de acuerdo al procedimiento vigente, se registrará sólo una firma digital (de aquel que suscribe el acto administrativo) cuyo “sello visible” se inserta al final del archivo "pdf." o documento generado. Explica que ese sello visible es una “señal” que permite al usuario saber quién es el sujeto firmante, si al momento de suscribir el documento la firma era válida y si pudo ser validada mediante los certificados de seguridad que se intercambian sistémicamente al momento del envío electrónico.
Resalta que si bien el sello es la señal visible, no es la firma en sí misma (en los términos que se concibe a la facsimilar u ológrafa), debido a que la firma digital es simplemente un código/clave encriptado que integra al archivo que se envía al destinatario y que le permite “confiar” que ese archivo que recibe no fue adulterado. Además se aclara que se ha publicado en la página institucional el material de asistencia a los contribuyentes, que ayuda a efectuar la configuración correspondiente, permitiendo validar el certificado de AFIP sin inconvenientes; concluye que la manera en que se observe la firma digital, no obsta a la validez de la notificación cursada, por cuanto aquí resulta correcto el procedimiento criptográfico realizado.
Expresa que el apelante, tuvo en todo momento certeza de que las actuaciones eran legítimas, teniendo conocimiento certero del procedimiento llevado adelante por el organismo. Concluye que cualquier intento de nulidad, como las argumentaciones traídas a debate, no son más que meras afirmaciones carentes de sustento jurídico, motivo por el cual corresponde expresamente su rechazo, con costas.
A su vez, plantea la improcedencia formal del recurso. En tal sentido, destaca que conforme surge de las constancias administrativas, la resolución apelada fue notificada el día 23 de septiembre de 2022, sin impugnarse la notificación efectuada, resultando que el plazo para apelar vencía el 18 de octubre de 2022. Ello así, precisa que el recurrente interpuso en forma tardía el recurso, el 7 de noviembre de 2022. Indica que concederse la vista solicitada para acceder a las actuaciones, se le comunicó que se suspendían los plazos para recurrir, desde el momento de su petición, esto es el 28 de septiembre de 2022, hasta la fecha en que se otorgue la toma de vista; operando ello ante la posibilidad de que interponga recurso de reconsideración previsto en el art.76 inc a) de la Ley 11683 (t.v), por lo que, si la vista solicitada fue articulada –como en este caso- a los fines de articular el recurso de apelación previsto en el art. 76 inc. b). Concluye, la suspensión establecida por el art. 76 del Decreto Reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos no es aplicable para suspender los plazos de presentación del recurso establecido por el art. 76 inc. b) de la Ley 11.683, esto es ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Solicita se declare la improcedencia formal. Con costas.
Por lo demás, contesta los argumentos expuestos por la actora para rebatir el ajuste efectuado en el acto apelado, se opone a la producción a la prueba y peticiona que se confirme la resolución cuestionada, con costas. Finalmente pide que se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Que por PV- 2023-15183944-APN-SGAI#TFN se corre traslado a la actora del planteo de improcedencia formal opuesto por el organismo recaudador, obrando su contestación en el IF-2023-21799693-APN-SGAI#TFN donde por los argumentos que expone y la jurisprudencia dictada por la Alzada que cita en apoyo de su posición, solicita se rechace la defensa impetrada por la representación fiscal, con costas.
Mediante PV-2023-22882391-APN-VOCX#TFN se declara admisible las excepciones articuladas y se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”.
A través del IF-2023-26332797-APN-VOCX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. A fin de seguir un orden de precedencia, corresponde expedirse en este punto sobre el planteo de improcedencia formal interpuesto por la representación fiscal, debiendo resolverse si el recurso fue interpuesto dentro de los términos que la ley de rito fiscal establece.
Que conforme manifiestan ambas partes la resolución apelada fue notificada el día 23 de septiembre de 2022. Desde dicha fecha hasta la presentación del recurso de apelación ante la sede de este Tribunal, efectuada el día 7 noviembre de 2022, transcurrieron cuarenta y cinco (45) días.
Cabe advertir que surge de las constancias administrativas (vide adjunto al IF-2023-14797240-APN-DTD#JGM) que con fecha 28 de septiembre de 2022, la recurrente solicitó vista de las actuaciones administrativas, alegando que dicho pedido provocó la suspensión de los plazos previstos en el artículo 76 de la ley N° 11.683 según lo normado por el artículo 76 del Decreto N° 1759/72 reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos. Que con fecha 11 de octubre de 2012 se admitió su petición otorgando un plazo de diez (10) hábiles a partir de dicha notificación, tomando vista de las actuaciones el día 24 de octubre de 2022.
Al respecto, cabe advertir que el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos establece -en lo que aquí interesa- que “Si a los efectos de articular un recurso administrativo, la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones, quedará suspendido el plazo para recurrir durante el tiempo que se le conceda al efecto, en base a lo dispuesto por el artículo 1°, inciso e) apartados 4° y 5° de la Ley de Procedimientos Administrativos. La mera presentación de un pedido de vista, suspende el curso de los plazos sin perjuicio de la suspensión que cause el otorgamiento de la vista.”
Que el artículo 1° inciso e) apartado 9 de la Ley N° 19.549 -de aplicación supletoria conforme lo establece el artículo 116 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.)- prevé que “Las actuaciones practicadas con intervención de órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción ...”.
Cabe resaltar que el pedido de acceso a las actuaciones (conforme lo establece el artículo 38 del decreto 1759/72 reglamentario de la ley de procedimientos administrativos) puede hacerse en cualquier momento a fin de que el contribuyente pueda contar con las herramientas necesarias para organizar su defensa, porque de lo contrario quedaría obligado a recurrir sin haber podido tomar conocimiento adecuado de los antecedentes administrativos que dieran origen a la causa.
Que una interpretación armónica e integradora de las normas establecidas en la Ley N° 19.549 y de su decreto reglamentario, de aplicación supletoria al Título I de la Ley 11.683 dentro del cual se encuentra el artículo 76 que trata sobre el recurso de apelación ante este organismo jurisdiccional, lleva a concluir que la vista solicitada por la recurrente en los términos del artículo 76 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 19.549 y concedida por el juez administrativo, importa la suspensión del plazo para interponer el presente recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal.
Este criterio resulta uniformemente adoptado por las distintas Salas que componen la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Asociación Mutual de Asociados y Adherentes” - Sala I- (sentencia 30 del marzo 2010), “Jorge Ariel Duran” -Sala II- (sentencia del 9 de febrero de 2010), “Macoser SA” -Sala III- (sentencia 6 de mayo de 2008) y en igual sentido “Ambrosius, Nicolás F.” (sentencia del 16 de septiembre de 2010), “Polit SA” -Sala IV- (sentencia del 4 diciembre de 2007) y “Tarditti Cereales SA” - Sala V- (sentencia del 19 de septiembre de 2009). En idéntico sentido, esta Sala “D” del Tribunal Fiscal in re “Latin America Postal SA s/recurso de apelación - impuesto a las ganancias - salidas no documentadas”, sentencia del 13 de febrero de 2014.
Cabe advertir que tal como surge del párrafo precedente, el criterio de uno de los precedentes de este Tribunal citados por la representación fiscal para sustentar su postura (Macoser S.A.) fue revocado posteriormente por la Alzada admitiéndose la suspensión del plazo antes referida.
Más recientemente la Sala IV de la CNACAF in re “Caberah SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 11 de diciembre de 2018, puntualizó que “según la doctrina jurisprudencial de esta Sala in re “Polit SA (TF 23737I) c/ D.G.I.”, sent. Del 04/12/07 y “Laumann Marcelino (TF 32490I) contra D.G.I.”, sent. del 08/02/11, resulta razonable interpretar que el cómputo del plazo de 15 días para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación se suspende en razón del pedido de vista de las actuaciones solicitado por el contribuyente. Ello por cuanto, una interpretación razonable de los arts. 76 y 166 de la ley de rito no puede impedir la aplicación supletoria del régimen de procedimiento administrativo al que hace referencia el artículo 116, toda vez que el plazo de 15 días previsto en el artículo 166 no es otro que el ya fijado en el artículo 76 de la misma ley, correspondiente a su título I”.
En virtud de lo expuesto y los efectos de la vista solicitada, cabe concluir que el recurso de apelación aquí tratado fue interpuesto en plazo, con lo cual corresponde el rechazo del planteo efectuado por el Fisco Nacional,con costas.
V. Sentado ello, corresponde resolver sobre la excepción de nulidad planteada por la actora.
Del cotejo de las actuaciones administrativas, surge en la planilla de cálculo de intereses resarcitorios de la Resolución N° 31/2022 aquí apelada en autos, la firma digital del Sr. Rovera Francisco Miguel, haciendo notar que esa pieza también es parte integrante de ese acto recurrido (vide fs. 18, RE-2022-119919626-APN- SGAI#TFN). Asimismo, el citado funcionario también suscribió digitalmente la vista (vide archivo adjunto al IF- 2023-14798250-APN-DTD#JGM).
Que el Contador Francisco Miguel Rovera fue asignado mediante Disposición 193/2021 (publicada en el B.O. el 27 de mayo de 2021) como Jefe de División Int. - Div. Revisión y Recursos de la Dirección Regional Río Cuarto (DI RRCU) de la AFIP-DGI, con lo cual no puede desconocerse su competencia para firmar el acto que en autos es cuestionado.
En esta línea, asiste razón a la representación fiscal en cuanto a la procedencia del procedimiento criptográfico, resultando ello de conformidad con lo prescripto por el art. 2° de la ley N° 25.506 debido a que la firma digital fue susceptible de verificación, y en forma simultánea se identificó debidamente al firmante. Además las presunciones de autoría e integridad que rigen toda firma digital se mantienen incólumes según lo dispuesto por los arts. 7 y 8 de la mencionada ley (conf. criterio seguido por esta Sala D, en la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2019 dictada en el EX-2019-55108498-APN-SGAI#TFN, “Estudio de Ingeniería Reyes y Asociados SRL” y más recientemente en el EX. 2022-93839279-APN-SGAI#TFN, “Cola, Eduardo Alberto”, decisión del 28 de noviembre de 2022).
Que al no detectarse irregularidad alguna durante el procedimiento cursado en sede administrativa que colocara al actor en estado de indefensión, corresponde rechazar la excepción de nulidad articulada, con costas.
VI. Por lo expuesto se resuelve: 1) Rechazar el planteo de improcedencia formal opuesto por el Fisco Nacional, con costas; 2) Rechazar la excepción de nulidad articulada por la actora, con costas.
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere al voto precedente.
El Dr. Martín dijo:
Adhiero a las decisiones que adopta la Dra. Gómez en su voto, en cuanto rechaza el planteo de improcedencia formal articulado por la representación fiscal y la excepción de nulidad interpuesta por ALLASIA, LUIS ALBERTO, en ambos casos con costas Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de improcedencia formal articulado por la representación fiscal, con costas.
2. Rechazar la excepción de nulidad articulada por la actora, con costas.
3. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Regístrese, notifíquese, oportunamente vuelvan los autos a la Vocalía instructora para continuar con el trámite de la causa.
Date: 2023.03.10 16:10:06 -03:00 Date: 2023.03.10 17:17:51 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.13 09:16:01 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.13 09:16:02 -03:00
Fin de la sentencia