Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 103484477-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la nulidad del Decreto nº 793/18 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VI, VII y VIII,
2Desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y
3Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
26081/2025 "ALLIANCE ONE TOBACCO ARGENTINA SA (TF 103484477-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, 28 de octubre de 2025.- AP VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 27/12/2024, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación -por unanimidad- confirmó la resolución nro. 26/2024, en cuanto dispuso denegar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma ALLIANCE ONE TOBACCO ARGENTINA SA. Asimismo, impuso las costas por su orden.
Para así resolver, sostuvo que, las cuestiones planteadas en el sub examine eran sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.”
En tales condiciones, consideró que debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación a las destinaciones nros. 18053EC01001582M, 18053EC01001644L, 18053EC01001674Y, 18053EC01001667R, 18053EC01001694Z, 18053EC01001693P, 18053EC01001692Y y 18053EC01001720G.
Respecto a los permisos 18053EC01001745N y 18053EC01001772N, sostuvo que a la fecha de su oficialización -que data del 04/12/2018 y 07/12/2018- se encontraba vigente la Ley 27.467 (B.O. 04/12/2018) que ratificó el Decreto N°793/2018 (B.O. 04/09/2018) el cual adquirió rango legal. Por ello, consideró que resultaba inoficioso el tratamiento de todos los argumentos vertidos en autos respecto a la validez del decreto 793/18, en los términos en que la cuestión aparece planteada por las partes. Así, en relación a las destinaciones mencionadas también confirmó el pronunciamiento apelado.
Por último, estimó que las costas debían imponerse por su orden, (v. págs. 458/462 del DEO: 19187268 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 10/07/2025).
II. Que, disconforme con lo resuelto, ambas partes interpusieron recurso de apelación, la parte actora con fecha 05/02/2025, fundándolo en idéntica fecha (ver fs. 468/504, respectivamente, del expediente administrativo), y el 18/03/2025 lo hizo el Fisco Nacional, quien lo fundó en ese acto (ver fs. 560/564 del expediente administrativo).
Corridos los pertinentes traslados, la parte actora con fecha 20/03/2025 replicó los fundamentos de su contraria, mientras que el fisco contestó los agravios de la actora el 06/03/2025 (ver fs. 512/556, 571/572; e informe de fs. 576 del DEO: 19187268 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 10/07/2025).
Con fecha 28/08/2025 emitió su dictamen el señor Fiscal General.
III. Apelación de la firma actora:
En primer lugar, luego de referir los antecedentes del caso, la exportadora, cuestionó la aplicación de la solución plenaria adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”.
Sostuvo que por el pronunciamiento recurrido se omitió aplicar la doctrina resultante del fallo dictado por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA.
Citó distintos precedentes jurisprudenciales y dictámenes del Fiscal General ante el fuero en los que fue seguido dicho criterio.
Por otra parte, recalcó que la controversia planteada en autos remitía a cuestiones sobre las que ya se expidió reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que, conforme lo normado por el artículo 1164 del Código Aduanero, el Tribunal Fiscal de la Nación se encontraba en condiciones de pronunciarse y aplicar la doctrina emergente de tales fallos.
Manifestó que los derechos de exportación involucrados en autos poseen naturaleza tributaria, por manera que, al respecto, rige plenamente el principio de legalidad o reserva de ley. Expresó que la base imponible, la alícuota máxima de los derechos, la posibilidad de imponer restricciones directas a la importación absolutas o relativas, la fijación de los derechos antidumping, la imposición de los derechos compensatorios para neutralizar los subsidios, entre otros tópicos, se encuentran regulados por acuerdos internacionales celebrados en el marco del GATT y ratificados por ley, de modo que sus disposiciones prevalecen sobre cualquier norma interna que se dicte.
A su vez, remarcó que la legislación delegante dictada a partir de 1994 solo podrá dejar aspectos muy limitados para que sea completada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Expuso que resultaba inaceptable en materia aduanera que la atribución de fijar derechos de exportación derive de una norma que en forma laxa o vaga establezca una política legislativa, puesto que es el legislador el que, en forma ineludible, ha de definir con toda claridad los elementos esenciales que integran la obligación tributaria; esto es, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y, en su caso, las exenciones.
En aquel sentido, hizo hincapié en que nada impedía -en atención a la variabilidad de la realidad propia de la operatoria aduanera-, que se dejara librado al Poder Ejecutivo la posibilidad de adaptar el quantum de los derechos de exportación mediante el aumento o reducción de la alícuota, pero siempre dentro de una escala predeterminada por la ley. Explicó que el decreto 793/2018 de manera alguna cumplió con los estándares constitucionales, porque la norma delegante invocada (esto es, el artículo 755 del Código Aduanero) no establece los aspectos relacionados con las alícuotas máximas y mínimas, con el tiempo de su vigencia y una precisa descripción de las situaciones que pueden desencadenarlo.
Al punto, hizo hincapié en haber planteado, para el hipotético caso en que se considerara que el artículo 82 de la ley 27.467 convalidó el decreto 793/2018 con efectos retroactivos, su inconstitucionalidad. Así como también cuestionó la fecha decidida respecto de la entrada en vigencia de la misma.
Por lo expuesto, Alliance One Tobacco Argentina S.A. solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, se hiciera lugar al pedido de repetición que intentara.
IV. Apelación de la parte demandada:
La recurrente cuestionó, únicamente, el modo en que fueron distribuidas las costas.
Manifestó que el sentenciante aplicó erróneamente el art. 1.163 C.A. modificado por la ley 27.430.
Postuló que el dictado del plenario en virtud del cual el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió la confirmación de la resolución aduanera no constituía un justificativo válido para apartarse del principio general rector en materia de costas, según el cual han de ser soportadas por quien resulta vencido; en el caso, la exportadora.
V. Que, en primer lugar, cuadra advertir que no se encuentra controvertido en autos que para concretar las exportaciones documentadas entre el 08/11/2018 al 13/11/2018 y 04/12/2018 al 07/12/2018, mediante las destinaciones objeto del recurso, la actora efectuó el pago de la suma de $ 6.087.990,37 en concepto de derecho de exportación del total de las destinaciones indicadas, de conformidad con lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 793/2018 (B.O. 4/9/2018), por el cual estableció un derecho de exportación del doce por ciento (12%) a todas las exportaciones de consumo.
VI. Que puesto ello de relieve, en el sub examine la firma actora reclama el reintegro de los derechos de exportación liquidados y abonados con posterioridad al dictado del Decreto Nº 793/18, pero previamente a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.467, la cual -de acuerdo a los términos de las previsiones antes transcriptas, y con arreglo a la interpretación de la Corte en el caso citado- dio base legal, con efectos exclusivamente hacia el futuro.
En tales condiciones, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “Molfino Hermanos S.A. (TF 32275313-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. N° 13.598/2025, sentencia del 4/07/2025 (ver específicamente Considerandos V a XI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que la norma posterior que había pretendido convalidarlos sólo pudo haber tenido el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc.
Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la nulidad del Decreto Nº 793/18 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, al oficializar los despachos de exportación denunciados (oficializadas entre el 08/11/2018 al 13/11/2018 y 04/12/2018 al 07/12/2018), cuyos pagos -por lo demás- no fueron desconocidos en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala V, in re, expte. 51.458/2019, “Gut Metal SRL c/EN -AFIP s/Dirección General de Aduanas”, sentencia del 6/05/2021).
VII. Que resta agregar que, el decreto 793/2018 fue ratificado por ley posterior, en el caso, la ley nº 27.467 denominada “Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2019”, publicada en el Boletín Oficial el 4/12/2018, la que, según sus términos refleja que si bien el Poder Legislativo Nacional tuvo la clara y expresa voluntad de conferirle rango de ley, sus previsiones no tuvieron efectos retroactivos, careciendo de eficacia para ello, pues rige para el futuro. La ley 27.467 fue publicada el 4 de diciembre de 2018 y entró en vigencia a partir del 1º de enero de 2019.
De este modo, el aludido artículo 82 de la ley 27.467, que entró en vigencia a partir de los ocho días de su publicación en el Boletín Oficial (conf. artículo 5° del CCyCN), mal pudo convalidar con efecto retroactivo los derechos de exportación determinados y aplicados por el Fisco Nacional entre el 04/12/2018 y 07/12/2018 al amparo del decreto 793/2018 (en sentido concordante esta Sala en la causa: “Aceitera General Deheza SA -TF 52274432-A- c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, expte n° 26808/2025, sentencia del 12/09/2025, entre otros).
VIII. Que, sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Cencosud SA - TF 29.535-A c/DGA", del 15/05/2014), cabe remitir –en lo que pertinente–, a lo decidido por este Tribunal en la causa “Molfino”, del 4/07/2025 (considerando XII), más arriba citada, entre otros.
Y, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde la petición administrativa de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular según las tasas vigentes para cada período (esta Sala “Molfino”, cit., Considerando XIII).
IX. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero). Estas mismas circunstancias determinan -de por sí- el rechazo de la apelación del Fisco Nacional.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la nulidad del Decreto nº 793/18 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VI, VII y VIII, 2º) desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y 3º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia