Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 48474-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, modificando parcialmente la tasa de interés, que deberá ser calculada de conformidad con lo dispuesto en el considerando XI de la presente. Con costas de ambas instancias a cargo de la AFIP – DGI por resultar sustancialmente vencida (art. 68, CPCCN).
En relación a la apelación de la demandada contra los honorarios regulados en la19/08/2020 55476/2019 ALLOLIO ISABEL NORMA TF 48474-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Dres. Arístides Horacio M. Corti y Rubén Amilcar Calvo, cabe señalar que, teniendo presente la naturaleza, resultado y valores involucrados, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, corresponde confirmar sus honorarios, desde que sólo han sido apelados por altos (arts. 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 24 de la Ley 27.423).
Por análogas razones, y en atención al resultado del recurso, por la gestión ante esta Alzada, SE FIJAN los honorarios del Dr. Rubén Amilcar Calvo, por su actuación en la dirección letrada y representación de la parte actora en la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 31.920), equivalente a DIEZ (10) UMA, de conformidad con el art. 30 de la Ley 27.423, y Acordada CSJN 2/2020. …
55476/2019 ALLOLIO ISABEL NORMA TF 48474-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2020 [CMP] Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. A fs. 16/18 la Sra. Isabel Norma Allolio interpuso ante el Tribunal Fiscal de la Nación recurso de apelación por denegatoria de repetición, previsto en el art. 81 de la ley 11.683, contra la resolución del 6 de diciembre de 2017 dictada por la Jefa (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la AFIP – DGI, por la que resolvió no hacer lugar al reclamo interpuesto el 28 de julio de 2017. A través de dicho reclamo, solicitaba la repetición de la suma de $ 573.832,42, con más intereses, correspondientes a retenciones del impuesto a las ganancias de los períodos 2014, 2015 y 2016, que consideraba fueron practicadas indebidamente por parte del Instituto de Seguridad Social de la Provincia de Neuquén, al liquidar su haber como magistrada judicial jubilada. Expuso que también incluyó en la apelación la repetición del impuesto a las ganancias abonado por los períodos julio a noviembre de 2017 por la suma de $ 108.536,67, con más intereses desde la fecha de presentación del recurso.
II. El Tribunal Fiscal de la Nación, por sentencia obrante a fs. 81/85 resolvió por mayoría: (i) hacer lugar a la repetición de la totalidad de los conceptos incluidos por la actora en su recurso, con más intereses conforme lo expuesto en el considerando V del voto del Dr. Magallón. Con costas a cargo del Fisco Nacional; (ii) ordenar a la AFIP – DGI a que en el plazo de 30 días practique la liquidación de las sumas adeudadas a la recurrente de acuerdo con lo decidido en el punto precedente.
En relación a la procedencia sustancial de la pretensión, en el voto de la Dra. Gómez —al cual, en este punto, adhirieron los Dres. Magallón y Marchevsky— se sostuvo, en síntesis, que conforme surge de la ley orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén, los jueces de paz integran dicho sistema y conforme surge de lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén no se efectuaba a la Sra. Allolio liquidación en concepto de retenciones en el impuesto a las ganancias, en virtud de su condición de magistrada provincial y por aplicación de lo dispuesto por el TSJ provincial mediante Acuerdo N° 3035 punto 12 y Acordada 20/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se añadió que si bien el ente fiscal basa su denegatoria en que la remuneración de los jueces de paz de la Provincia de Neuquén resultan ser inferiores al haber que perciben los jueces de primera instancia, por lo tanto no encuadraría en las previsiones del art. 20, inciso p) y r) de la ley del gravamen, y por ende, en la acordada de la CSJN 20/96, no puede perderse de vista que las escalas remunerativas de los miembros de los poderes judiciales provinciales no responden a una concepción uniforme y que las variaciones salariales que se presentan entre distintas jurisdicciones se hallan vinculadas más a la posibilidad presupuestaria de cada una de ellas que a la función o jerarquía desempeñada por los beneficiarios de la retribución.
Se agregó que la distinción que hace el ente fiscal respecto de los jueces de paz —como el caso de la actora— con los jueces de primera instancia carece de sustento válido en tanto ello implica excluir a un segmento ordenado constitucionalmente del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén, cuando la retribución que percibe la recurrente goza de la misma inmunidad que la Constitución Nacional adopta para los miembros de la Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores, aspecto que involucra al impuesto a las ganancias, conforme lo resuelto por la acordada CSJN 20/96.
Se añadió, que “no puede desconocerse que la aquí recurrente dedujo acción de amparo – ley 16.986, contra la AFIP – DGI y el Instituto de Seguridad Social de la Provincia de Neuquén con el objeto de que se declarase que su haber mensual no se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias y en consecuencia cesan los descuentos por ese concepto. Que luce agregado en autos copia del mentado fallo emitido con fecha 24 de abril de 2018 (fs. 49/51), donde la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, se expide de manera favorable a la petición formulada por la Sra. Allolio admitiendo la acción intentada” (fs. 83).
En atención a ello, los tres vocales coincidieron en que correspondía hacer lugar a la repetición del impuesto a las ganancias correspondiente a las retenciones sufridas por la actora en el transcurso de los períodos fiscales 2014, 2015 y 2016.
En relación a las retenciones por los meses de julio a diciembre de 2017 y febrero, marzo y abril de 2018, la Dra. Guzmán votó por su improcedencia, por no haberse agotado la vía administrativa.
En cambio el Dr. Magallón, en voto al que adhirió el Dr. Marchevsky, se expidió favorablemente sobre las retenciones sufridas por la actora por idéntico concepto en ocasión de abonarse los haberes jubilatorios correspondiente a los meses de julio a noviembre de 2017. Para así decidir, en lo sustancial, consideró que si bien era un requisito el reclamo administrativo previo, en estos autos se configura un supuesto de “ritualismo inútil” exigirlo, figura que sigue vigente según el plenario “Córdoba, Salvador” de esta Cámara. En ese sentido, valoró que “el Fisco Nacional adoptó una posición frente al mismo (es decir, el reclamo) que ha mantenido invariablemente a la fecha, circunstancia que tornaría superfluo un nuevo reclamo sobre idéntica cuestión, que refería a retenciones sufridas en el período fiscal 2017” (fs. 85).
En relación a los intereses, respecto a los períodos fiscales 2014, 2015 y 2016, los tres vocales coincidieron en correspondía que sean calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo hasta la del efectivo pago, liquidados a la tasa 55476/2019 ALLOLIO ISABEL NORMA TF 48474-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO pasiva promedio publicada mensualmente por el BCRA.
En lo que se refiere a “las retenciones sufridas durante los meses de julio a diciembre de 2017 y febrero, marzo y abril de 2018” el Dr. Magarrón votó, acompañado por el Dr. Marchevsky, que los intereses que acceden a su devolución sean calculados a la misma tasa calculados desde la fecha de notificación al Fisco Nacional de la demanda interpuesta ante el TFN, es decir, el 9 de marzo de 2018 y hasta su efectivo pago.
III. La actora puso en conocimiento a fs. 87/92 que el 9 de abril de 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en la causa “Allolio Isabel Norma c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986”, expte. 39.208/2017, declarando inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la AFIP – DGI, razón por la cual el amparo deducido que tuvo sentencia favorable en la Sala V de esta Cámara “quedó firme y pasó en autoridad de cosa juzgada”.
IV. La AFIP – DGI apeló la sentencia a fs. 96, recurso que fue concedido a fs. 97, en tanto que expresó agravios a fs. 99/107, replicado por la contraria a fs. 122/127.
En primer lugar, se agravia porque se hiciera lugar al aspecto sustancial o de fondo del reclamo. Menciona que el art. 20, incisos p) y r) de la Ley del Impuesto a las Ganancias fue derogado por la Ley N° 24.631, y la misma a su vez fue posteriormente declarada inaplicable por la Acordada 20/96 de la CSJN, de la que se hicieron eco los distintos tribunales superiores de las provincias, en particular en el caso de la Provincia de Neuquén mediante Acuerdo N° 2025 de 1996. Agrega que según la documentación que presenta la actora, fue nombrada como “Juez de Paz Titular” por el Tribunal Superior de Justicia de dicha provincia en el año 1995 y se desempeñó como tal hasta su jubilación a comienzos de 2014. Explica que la ley provincial de Neuquén N° 2.526 prevé las categorías salariales de magistrados, funcionarios, jueces de paz, profesionales auxiliares de justicia y servicios de maestranza, surgiendo de allí que la categoría “JCM Juez de Primera Instancia” es la denominada “MF – 3” y la de los Jueces de Paz se denomina “JP – 1 a JP – 6”.
Señala que, según la citada ley provincial, el salario correspondiente al juez de primera instancia (MF-3) equivale a un 82% del nivel básico, al tiempo que las categorías correspondientes a los Jueces de Paz (JP – 1 a JP – 6) comprenden un rango entre el 34% al 50,50% del nivel básico, que siempre será inferior al MF – 3. Razona que, por ende, los Jueces de Paz perciben un sueldo menor al de un Juez de Primera Instancia y, por consiguiente, no cumplen el requisito del inciso p) del art. 20 de la ley del gravamen, esto es, según interpretación del apelante, gozar de un sueldo igual o superior al de un juez de primera instancia.
Más adelante, aduce que la postura fiscal se sustenta en la doctrina del Máximo Tribunal según la cual en materia tributaria las exenciones deben ser analizadas y aplicadas con criterio estricto, en caso de dudas debe ser resueltas en forma adversa a quien invoca el beneficio.
Por otro lado, se agravia que se admitieran los períodos que no fueron parte del reclamo administrativo previo y fueron presentados con posterioridad al recurso de apelación, por lo cual no se hallaban incluidos en la resolución denegatoria. Señala que la actora debió seguir respecto de los períodos agregados con posterioridad al reclamo administrativo, la vía del art. 81 de la ley de procedimiento tributario, teniendo en cuenta que los montos reclamados no pueden ser considerados pagos efectuados como consecuencia de una intimación de la AFIP en que se le exigiera el pago de un impuesto, y por tal motivo no resulta procedente el reclamo directo de repetición que también contempla el mencionado art. 81 sino la vía del reclamo administrativo. Solicita, entonces, la revocación por estos períodos no incluidos en el reclamo administrativo. También se agravia de la tasa de interés aplicable. Señala que la que corresponde es la que establecen las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dictadas en uso de las facultades de los artículos 37 y 52 de la LPF. Finalmente, solicita que se modifique la imposición de costas.
V. El TFN a fs. 115 resolvió regular los honorarios del Dr. Arístides Horacio M. Corti por la representación procesal en la suma de $ 13.618 (pesos trece mil seiscientos dieciocho) equivalente a 6,56 (seis con 56/100) Unidad de Medida Arancelaria (UMA), y por el patrocinio letrado la suma de $ 68.092 (pesos sesenta y ocho mil noventa y dos) equivalente a 32,82 (treinta y dos con 82/100) UMA, como así también regular los honorarios del Dr. Rubén Amilcar Calvo por la representación en la suma de $ 13.618 (pesos trece mil seiscientos dieciocho) equivalente a 6,56 (seis con 56/100) UMA, los que quedan a cargo del Estado Nacional.
La regulación de honorarios fue apelada por altos, por el Fisco Nacional, a fs. 116, recurso concedido a fs. 119.
VI. Antes de ingresar al tratamiento de los agravios presentados, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que se proponen a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970).
55476/2019 ALLOLIO ISABEL NORMA TF 48474-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO VII. Se impone recordar que la presente causa llega a conocimiento de este Tribunal por el recurso limitado previsto en el artículo 86, inc. b), Ley 11.683. En tal caso, los agravios en esta especie de recurso deben formularse teniendo en cuenta que lo que corresponde conocer y decidir a éste Tribunal, en principio y como regla general, es: a) si existió violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el TFN; b) acerca del fondo del asunto, teniendo por válidas las conclusiones del TFN sobre los hechos probados. Es decir, los agravios del apelante deben estar centrados, como regla general, en cuestiones de derecho (conf. esta Sala, causa 23.090/2012, in re “Arusa, Vicente Eduardo (TF 23735-I) c/ DGI s/Apelación”, sentencia del 12/11/2013, entre muchas otras).
VIII. Sentado lo que antecede, cabe señalar que se encuentra fuera de discusión que:
a. La Sra. Isabel Norma Allolio fue designada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén como Juez de Paz Titular mediante acuerdo N° 2967 del 16/08/1995, cargo que desempeñó hasta que presentó su renuncia, que se hizo efectiva a partir del 1 de enero de 2014, para acogerse al beneficio jubilatorio (cfr. fs. 34, 35 y 37, de la act. adm. 11450-34-2017 de la AFIP).
b. Por los períodos 2014, 2015 y 2016 se descontó impuesto a las ganancias del haber jubilatorio de la actora (cfr. Recibos a fs. 3 a 31 de las actuaciones administrativas citadas), lo cual dio lugar al reclamo de repetición en sede administrativa en los términos del art. 81 de la ley 11.683.
c. Mientras revistió en actividad, “no se le efectuaba liquidación en concepto de Retenciones en el Impuesto a las Ganancias cuarta categoría, en virtud de su condición de magistrada provincial y por aplicación de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo N°3035 punto 12 y Acordada N° 20/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” (cfr. Nota del Administrador General del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén a fs. 111 de las act. adm.). d. El reclamo de repetición por los períodos 2014, 2015 y 2016 fue resuelto en forma negativa mediante resolución 136/2017 de la Jefa (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la AFIP – DGI.
e. En el recurso que presentó ante el TFN (cfr. fs. 16/18) y con posterioridad como “ampliación del recurso”, la actora extendió su reclamo por las retenciones de los períodos julio 2017 a noviembre de 2017 (fs. 16/18), diciembre de 2017 (fs. 20) y febrero, marzo y abril de 2018 (fs. 34), acompañando los recibos jubilatorios.
IX. En primer término, corresponde analizar la cuestión vinculada la procedencia sustancial de la acción. Al respecto, el Fisco Nacional discrepa con la interpretación jurídica dada por el Tribunal Fiscal de la Nación a las exenciones que —en el texto vigente al tiempo de los hechos de autos— contenía el art. 20, incisos p) y r), de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Tal como se señaló a lo largo de estas actuaciones, el citado artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece las exenciones a dicho tributo. Según el texto y numeración aplicable a los hechos en estas actuaciones, el inciso p) establecía que estarían exentos:
“Los sueldos que tienen asignados en los respectivos presupuestos los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales provinciales, vocales de las Cámaras de Apelaciones, jueces nacionales y provinciales, vocales de los tribunales de Cuentas y tribunales Fiscales de la Nación y las provincias. Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios judiciales nacionales y provinciales que, dentro de los respectivos presupuestos, tengan asignados sueldos iguales o superiores a los de los jueces de primera instancia”
A su vez, el inciso r) del mismo artículo contemplaba como supuesto de exención:
“Los haberes jubilatorios y las pensiones que correspondan por las funciones cuyas remuneraciones están exentas de acuerdo con lo dispuesto en los incisos p) y q)”. Dichas exenciones fueron derogadas por Ley 24.631. A su vez, en relación a esta derogación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Acordada 20/96 resolvió:
“Declarar la inaplicabilidad del art. 1° de la ley 24.631 en cuanto deroga las exenciones contempladas en el art. 20, incs. p) y r), de la ley 20.628, texto ordenado por dec. 450/86, para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación”. Esta misma decisión fue receptada por los poderes judiciales provinciales, que en el caso de la Provincia de Neuquén se exteriorizó a través de la Acordada 3035/1996 del Tribunal Superior de Justicia local.
Cabe señalar, en este punto, que la AFIP – DGI no discute la aplicación de las exenciones del art. 20, incisos p) y r), de Ley de Impuesto a las Ganancias en el ámbito de los magistrados provinciales, sino específicamente en relación a la actora por su condición de jubilada del cargo de Juez de Paz de la Provincia de Neuquén.
Al respecto es pertinente señalar que las normas federales y locales cuya interpretación aquí se controvierte, y refieren a la cuestión de si las personas jubiladas en el cargo de juez de paz de la Provincia de Neuquén deben tributar Impuesto a las Ganancias, fueron analizadas en un caso análogo por la Sala V de esta Cámara en el expediente 962/2014, caratulado “Pérez, Yolanda Inés c/ EN – Instituto de Seguridad Social 19/08/2020 55476/2019 ALLOLIO ISABEL NORMA TF 48474-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO de 2014, cuyos fundamentos este tribunal comparte, aplicables en lo pertinente en el sub lite, y a los que cabe remitirse en homenaje a la brevedad .
En el citado precedente se concluyó que “del examen de las normas constitucionales de la Provincia de Neuquén, así como de las leyes reglamentarias respectivas, resulta que tanto desde el punto de vista material o sustancial como desde el punto de vista orgánico o formal, los Jueces de Paz, en tanto ejercen funciones de naturaleza jurisdiccional, y lo hacen en calidad de integrantes del Poder Judicial de esa provincia, no pueden ser caracterizados como meros funcionarios administrativos (…) Ello así en la medida en que tienen a su cargo decidir con fuerza de verdad legal los casos o controversias que son propios de su competencia, y ejercen esa función de manera independiente del Poder Judicial provincial” (considerando. XI.).
Si bien lo expuesto en el citado precedente resultaría suficiente para resolver la controversia de interpretación jurídica que plantea la apelante, cabe poner de relieve algunos aspectos que brindan un mayor fundamento a esta cuestión.
Así pues, la AFIP – DGI centra su postura en calificar a la actora por su —entonces— cargo de juez de paz como “funcionaria judicial”, y por ello desarrolla su argumento en torno a que percibía una remuneración menor a la de un juez de primera instancia, pero debe advertirse que esta categoría es la prevista en la segunda oración del inciso p) del art. 20 bajo análisis, siendo que la primera oración exceptúa a los “jueces nacionales y provinciales”, sin distinción de instancias, por lo cual la interpretación de la norma es más sencilla.
En efecto, no es necesario desentrañar si los jueces de paz son equiparables a jueces de primera instancia, y por ello considerar sus salarios, sino si los jueces de paz de la Provincia de Neuquén son “jueces provinciales” y para ello hay que remitirse, ineludiblemente, a las normas locales, ya que es dicha Provincia (y no a la autoridad federal) la que en virtud de la autonomía que le otorga el art. 5 de la Constitución Nacional tiene la atribución para definir quién será catalogado como “juez provincial” en su jurisdicción.
Así, se puede advertir —sin dudas— que la actora cuando fue Jueza de Paz era una “jueza provincial” del Poder Judicial de Neuquén porque: (i) la justicia de paz está prevista en la Constitución de la Provincia de Neuquén (art. 176 a 181) dentro del Capítulo VI referido a “Del Poder Judicial”; (ii) la propia Ley Orgánica del Poder Judicial provincial (decreto – ley 1436) establece que los jueces de paz son órganos jurisdiccionales de dicho poder, al igual que el Tribunal Superior de Justicia, las Cámaras de Apelaciones y los jueces de primera instancia; (iii) el Tribunal Superior de Justicia consideraba a la actora como “magistrada provincial” (cfr. fs. 111 de las actuaciones administrativas.).
Por otro lado, cabe señalar que en el caso “Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSeS” (Fallos: 329:1092, sentencia del 11/04/2006) la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que la invalidez de la derogación por la ley 24.631, también era aplicable a los jueces provinciales. En efecto, sostuvo en el considerando XI: “Establecida por la jurisprudencia del Tribunal la invalidez de la referida derogación, por resultar ésta incompatible con el principio instituido por el art. 110 de la Constitución Nacional, y como tal principio no puede ser desconocido en los ámbitos provinciales, debe afirmarse que esa derogación, inaplicable respecto de los integrantes del Poder Judicial de la Nación, también lo es con relación a las judicaturas de las provincias. En efecto, los jueces locales son, como los nacionales y federales, jueces de la Constitución, motivo por el cual cumplen, como los demás, idéntico ministerio y, por lo tanto, se hallan sujetos a parejas responsabilidades y deberes, y han de contar, a tal efecto, con similares garantías”. Finalmente, no puede perderse de vista que en la sentencia dictada el 24/04/2018 en el expte. 39.208/2017 caratulado “Allolio, Isabel Norma c/ EN – AFIP – DGI y otro s/ amparo ley 16.986” la Sala V de esta Cámara —tras revocar la decisión de la instancia anterior— hizo lugar a la acción de amparo presentada por la misma actora de estos autos, contra la AFIP – DGI y el Instituto de la Seguridad Social de Neuquén, a fin de que se declarase que su haber mensual no se encontraba alcanzado por el Impuesto a las Ganancias y, en consecuencia, cesaran los descuentos por ese concepto, decisión que se encuentra firme por haber sido declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación inadmisible el recurso extraordinario contra dicha decisión, mediante sentencia del 9/04/2019.
Por todo lo expuesto corresponde confirmar la sentencia del TFN en cuanto al fondo de la cuestión analizada.
X. Como siguiente cuestión a analizar, la apelante se agravia de que el TFN hiciera lugar al reclamo de repetición por el período julio a diciembre de 2017 y febrero, marzo y abril de 2018, sin que haya mediado reclamo administrativo previo de la actora. Preliminarmente cabe señalar que la apelante no se hace cargo de los fundamentos que sostuvieron la decisión del a quo, lo cual de por sí ameritaría a desestimar sus agravios al respecto.
Más allá de eso, cabe señalar que tal como lo afirma el TFN, en el plenario del fuero, dictado en autos “Córdoba Salvador y otros c/EN - Dirección General de Fabricaciones Militares- s/ Empleo Público” (expte. 11.277/01, sentencia del 18/05/11), esta Cámara fijó como doctrina legal: “El "ritualismo inútil" traduce un principio jurídico que subsiste como tal, no obstante haber sido normativamente suprimido por la reforma que 19/08/2020 55476/2019 ALLOLIO ISABEL NORMA TF 48474-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO reclamo administrativo previo".
Tomando dicho criterio como parámetro, se debe advertir que si en estos autos la actora presentó reclamo administrativo previo por las retenciones de ganancias de los períodos 2014, 2015 y 2016, y le fue rechazada por la AFIP - DGI, constituye un claro “ritualismo inútil” exigirle que haga lo mismo por los períodos posteriores, siendo que: (i) se trata del mismo impuesto sobre el mismo hecho imponible (haber jubilatorio); (ii) el hecho imponible, es decir el haber jubilatorio, tiene la característica de liquidarse y pagarse en forma consecutiva y regular todos los meses, por ende también el impuesto que se le descontaba; (iii) la duración del trámite del reclamo y la impugnación de la decisión, conjugado con la característica anterior, hace que, naturalmente, el perjuicio se replique mensualmente, por exactamente el mismo motivo.
Todo ello no conduce a presumir, como primera opción, que la AFIP – DGI tuviera una postura distinta al reclamo de la actora por el período julio a diciembre de 2017 y febrero, marzo y abril de 2018 que la que tuvo por los períodos 2014, 2015 y 2016, y así lo demuestra su propia contestación del traslado de recurso (fs. 40/45) y el memorial de agravios ante esta Alzada (fs. 99/107), en la cual se opuso a la procedencia sustancial del reclamo para todos los períodos, sin esbozar fundamentos distintos.
Desde otra perspectiva argumental, a fin de ponderar si en autos constituye un ritualismo inútil exigirle a la actora que transite el reclamo administrativo por los períodos posteriores, no puede perderse de vista la naturaleza del crédito principal y la calidad de la accionante.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado recientemente en autos “García, María Isabel c/ AFIP” (FAL FPA 7789/2015, sentencia del 26/03/2019) que “el envejecimiento y la discapacidad —los motivos más comunes por las que se accede al status de jubilado— son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales” (v. considerando. 13). En se sentido, el Máximo Tribunal ponderó diversos precedentes jurisprudenciales en los que se ha manifestado “particularmente sensible a las cuestiones que atañen al resguardo de los créditos pertenecientes a la clase pasiva, grupo vulnerable e históricamente postergado, procurando con sus decisiones hacer efectiva la protección que la Constitución Nacional garantiza a la ancianidad (art. 75, inc. 23)” (v. considerando. 21).
En ese sentido, la Corte Suprema señaló que debía introducirse como parámetro de evaluación de las normas “la vulnerabilidad vital” del colectivo integrado por los jubilados (v. considerando. 17). Este elemento no puede, por las mismas razones esbozadas en el citado precedente, perderse de vista al evaluar el acceso a la jurisdicción cuando el litigante sea un jubilado, lo cual no implica establecer una regla única, sino una circunstancia más de especial ponderación en atención a la calidad de sujeto vulnerable. En efecto, en estos autos, cabe ponderar que: (i) la actora litiga en su condición de jubilada; (ii) el reclamo versa sobre una retención efectuada sobre su jubilación; (iii) el período sobre el cual no cumplió el reclamo administrativo previo corresponde al inmediatamente posterior al que sí lo hizo, y fue introducido en la misma causa. Estos elementos son suficientes, desde esta otra perspectiva, para moderar, en este caso concreto, las exigencias impuestas a otras especies de administrados.
Por lo expuesto, entonces, cabe confirmar la decisión del TFN en el aspecto analizado.
XI. En lo relativo a la tasa de interés, la decisión del TFN se ajusta parcialmente a lo decidido por este Tribunal en el precedente “Veleda, Carlos Alberto c/Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, expte. 68267/2018, sentencia del 7/11/2019.
Por ello, de conformidad con el criterio sentado en el citado precedente, y atención a que no fue apelado la pauta para el inicio del cómputo, cabe establecer que los intereses que habrán de acceder a la suma cuya repetición el TFN hizo lugar, deberán ser liquidados de la siguiente manera: i) desde el momento de formularse el reclamo administrativo (períodos 2014, 2015 y 2015) o desde la fecha de notificación al Fisco Nacional de la demanda interpuesta ante el TFN (períodos julio a diciembre de 2017 y febrero, marzo y abril de 2018) y hasta la entrada en vigencia de la Resolución Nº 598/19, aplicando la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (Comunicado Nº 14.290 BCRA), y ii) a partir de la entrada en vigencia de aquella norma, aplicando la tasa efectiva mensual que publica la AFIP, en cumplimiento de la misma. Ello hasta el momento del efectivo pago.
XII. Finalmente, respecto a las costas, en atención al resultado del pleito y del recurso, corresponde que sean impuestas a cargo de la AFIP - DGI, en tanto resultó sustancialmente vencida (art. 68, CPCCN).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, modificando parcialmente la tasa de interés, que deberá ser calculada de conformidad con lo dispuesto en el considerando XI de la presente. Con costas de ambas instancias a cargo de la AFIP – DGI por resultar sustancialmente vencida (art. 68, CPCCN).
En relación a la apelación de la demandada contra los honorarios regulados en la19/08/2020 55476/2019 ALLOLIO ISABEL NORMA TF 48474-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Dres. Arístides Horacio M. Corti y Rubén Amilcar Calvo, cabe señalar que, teniendo presente la naturaleza, resultado y valores involucrados, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, corresponde CONFIRMAR sus honorarios, desde que sólo han sido apelados por altos (arts. 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 24 de la Ley 27.423).
Por análogas razones, y en atención al resultado del recurso, por la gestión ante esta Alzada, SE FIJAN los honorarios del Dr. Rubén Amilcar Calvo, por su actuación en la dirección letrada y representación de la parte actora en la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 31.920), equivalente a DIEZ (10) UMA, de conformidad con el art. 30 de la Ley 27.423, y Acordada CSJN 2/2020. Hágase saber que, en caso de que los profesionales beneficiarios acrediten— en la instancia anterior— su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia