Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 99465241-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1.
Desestimar los agravios de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva y confirmar el pronunciamiento apelado. 2. Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado. 3. Regular los honorarios con el alcance del considerando X.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I
45902/2022 ALLOLIO, NORMA ISABEL (TF 99465241-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 16 de febrero de 2023.-RR Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que la actora interpuso ante el Tribunal Fiscal de la Nación el recurso por denegación tácita de repetición previsto en el artículo 81 de la ley 11.683 (fs. 12/15, de las actuaciones acompañadas al DEO n° 6762659, incorporado al Sistema Lex100 el 24 de agosto de 2022). Señaló que transcurrieron tres meses sin que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP- DGI) se haya expedido respecto del reclamo de repetición presentado el 3 de junio de 2019 referente al impuesto a las ganancias que le fue retenido en el período comprendido entre mayo y noviembre de 2018 de los haberes previsionales que percibe por su condición de jubilada del cargo de jueza de paz letrada de la Provincia de Neuquén.
II. Que la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, en el pronunciamiento del 9 de marzo de 2022 (fs. 225/229), admitió la acción de repetición de la actora y ordenó la devolución de la suma de $193.036,10, más intereses liquidados a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina, de conformidad con la doctrina plenaria de ese tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.”, sentencia del 27 de diciembre de 1993.
Impuso las costas a la AFIP-DGI vencida y reguló los honorarios a favor del letrado interviniente por la actora.
Para decidir de ese modo, sostuvo:
(i) Correspondía aplicar las consideraciones expuestas por la Sala III de la cámara en la causa “Allolio Isabel Norma TF 48474-I c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 19 de agosto de 2020, que resolvió un planteo idéntico al de estas actuaciones relativo a las retenciones practicadas a la actora sobre los haberes jubilatorios abonados en los períodos de 2014 a 2016, de julio a diciembre 2017, y de febrero a abril de 2018, cuya devolución convalidó. (ii) Asimismo, la Sala V del fuero en la causa n° 39.208/2017 “Allolio, Isabel Norma c/ EN – AFIP – DGI y otro s/ amparo ley 16.986”, pronunciamiento del 24 de abril de 2018, admitió la acción de amparo presentada por la actora contra la AFIP–DGI y el Instituto de la Seguridad Social de la Provincia de Neuquén, a efectos de que se declare que su haber mensual no se encontraba alcanzado por el impuesto a las ganancias y se ordene el cese de los descuentos por ese concepto. (iii) También debía ponderarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “García, María Isabel” (Fallos 342:411), declaró la inconstitucionalidad de los artículos 23, inciso ‘c’, 79, inciso ‘c’, 81 y 90 de la ley del impuesto a las ganancias y solicitó al Congreso de la Nación que “legislara un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad y enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial”.
Dado que de la declaración jurada del impuesto a las ganancias surge que en el periodo fiscal 2008 la actora “no tuvo otros ingresos más que los provenientes de sus haberes jubilatorios, debe considerársela alcanzada por la doctrina sobre su vulnerabilidad fijada en el precedente citado”.
III. Que la AFIP-DGI interpuso recurso de apelación y expresó agravios que no fueron replicados por la actora (fs. 242 y 249/263). Asimismo, recurrió la regulación de los honorarios (fs. 239). Sostuvo las siguientes críticas:
(i) El precedente de la Sala III que el Tribunal Fiscal aplicó para fundar su decisión aún no se encuentra firme, en tanto la Corte Suprema CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I 45902/2022 ALLOLIO, NORMA ISABEL (TF 99465241-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO aún debe resolver el recurso extraordinario que se interpuso contra aquella sentencia.
(ii) La categoría de revista de la actora durante su desempeño como jueza de paz provincial “no resulta asimilable a una categoría ‘igual o superior’ a la de un juez de primera instancia, de acuerdo a lo establecido por el derogado art. 20 inc. p) de la ley del gravamen y de aplicación conforme la Acordada N° 20/96 de la CSJN, sino que corresponde a una categoría inferior, por lo que no resulta incluida en los beneficios que ella otorga, y -por lo tanto- no se encuentran alcanzados por la exención en el impuesto a las ganancias los haberes jubilatorios por ella percibidos, sino gravados en los términos del art. 79, inc. c) de la ley del tributo”. (iii) “[R]esulta definitorio destacar que si bien el (…) art. 20 inc. r) de la ley del gravamen establecía la exención para los haberes jubilatorios correspondientes a remuneraciones que estuvieran exentas, la Acordada N° 20/96 de la CSJN, que devuelve vigencia a dicha norma, lo hace respecto de ‘los sueldos de todos los jueces del Poder Judicial de la Nación y de los funcionarios judiciales que tuvieran asignadas retribuciones iguales o superiores a los jueces de primera instancia, así como a los haberes jubilatorios y las pensiones correspondientes a dichas funciones’, requisitos que - como ya se señalara- incumple la contribuyente apelante”.
(iv) “[A]l no encontrarse las remuneraciones percibidas en actividad por la actora beneficiadas por la Acordada 20/96 CSJN, reitero el fundado y procedente criterio del Organismo que represento en el sentido de que no se encuentran alcanzados por la exención en el impuesto a las ganancias los haberes jubilatorios por la Sra. Allolio percibidos”. (v) “[L]a norma es clara al establecer expresamente como parámetro para la exención los sueldos de los Jueces de Primera Instancia, resultando inapropiado e improcedente efectuar una interpretación por analogía y alterar indirectamente los términos de la letra de la ley para incluir a una jueza de paz de la Provincia de Neuquén que percibía un sueldo inferior al antes señalado”.
(vi) El artículo 110 de la Constitución Nacional establece el principio de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados. Al establecer que “la compensación de los jueces no podrá ser disminuida ‘en manera alguna’ solo ha querido referirse a aquellas disposiciones discriminatorias o limitadas a los magistrados que, directa o indirectamente, afectaran la independencia de la judicatura o pudieran implicar una forma de ejercer coacción sobre ella, pero nunca a los tributos públicos, equitativos y uniformes”.
(vii) La tasa de interés reconocida por el Tribunal Fiscal en su sentencia es improcedente, dado que se apartó de las normas aplicables en la materia. La tasa que debió aplicar son las establecidas por “las resoluciones del Ministerio de Economía, dictadas en uso de las facultades conferidas por los artículos 37 y 52 de la ley 11.683”.
IV. Que no es materia de controversia: (i) que la actora percibe haberes jubilatorios del Instituto de Seguridad Social de la Provincia de Neuquén derivados de su desempeño como jueza de paz de esa provincia; (ii) que sobre esos haberes se practicaron retenciones en concepto del impuesto a las ganancias (ver los recibos correspondientes a los meses de mayo a noviembre de 2018 acompañados al recurso por denegación tácita de repetición); y (iii) que la AFIP-DGI no dio respuesta dentro del término previsto en el artículo 81 de la ley 11.683 al reclamo administrativo presentado por la actora.
V. Que es relevante destacar que la actora instó previamente a estas actuaciones otros dos procesos en los que cuestionó la aplicación del impuesto a las ganancias sobre sus haberes, a saber:
(i) La causa n° 39.208/2017 “Allolio, Isabel Norma c/ EN-AFIP- DGI y otro s/ amparo ley 16.986”, mediante la cual demandó a la AFIP- DGI y al Instituto de la Seguridad Social de la Provincia de Neuquén con CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I 45902/2022 ALLOLIO, NORMA ISABEL (TF 99465241-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO el objeto de que se declare que el haber mensual que percibe en su condición de jueza de paz jubilada no se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias y se ordene el cesa de los descuentos por ese concepto.
Esa causa obtuvo una sentencia definitiva favorable a la pretensión de la actora, dictada el 24 de abril de 2018 por la Sala V. Ese pronunciamiento se encuentra firme, dado que la Corte Suprema desestimó, por inadmisible, el recurso extraordinario interpuesto por la AFIP-DGI (ver el pronunciamiento del 9 de abril de 2019).
En ese precedente, la Sala V sostuvo:
a. “[L]a cuestión resulta sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal en la causa Nº 962/14 ‘Pérez Yolanda Inés c/ EN – Instituto de Seguridad Social de la Provincia de Neuquén y otro s/ amparo ley 16.986’, sentencia del 3 de marzo de 2015”.
b. En ese precedente se expresó que:
—“[D]el examen de las normas constitucionales de la Provincia de Neuquén, así como de las leyes reglamentarias respectivas, resulta que tanto desde el punto de vista material o sustancial como desde el punto de vista orgánico o formal, los Jueces de Paz, en tanto ejercen funciones de naturaleza jurisdiccional, y lo hacen en su calidad de integrantes del Poder Judicial de esa provincia, no pueden ser caracterizados como meros funcionarios administrativos en los términos de la doctrina de Fallos 308:2133; y de 311:334 en los que, con relación a los jueces que formaban parte de la justicia Municipal de Faltas de la Capital Federal, se expresó que no podían ser calificados como jueces, sino que en rigor ejercían funciones administrativas. Ello es así, en la medida en que tienen a su cargo decidir con fuerza de verdad legal los casos o controversias que son propios de su competencia, y ejercen esa función de manera independiente del Poder Ejecutivo Provincial”.
—“[E]n el artículo 229 de la Constitución Provincial, de manera concordante con lo establecido en el artículo 110 de la Constitución Nación se establece que ‘Todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial perciben por sus servicios una retribución que no puede ser disminuida mientras permanezcan en el cargo. Pagan los impuestos generales y los aportes previsionales que correspondan en plena igualdad de condiciones con los demás contribuyentes’”.
—“[S]i bien el examen del régimen provincial exhibe diferencias significativas entre los Jueces de Paz, y los demás integrantes de la justicia provincial, ya que son designados y removidos por el Tribunal Superior de Justicia de la referida Provincia, no se les exige la condición de ser profesionales del derecho o letrados; deben fundar sus decisiones en la equidad y no en derecho; y su competencia está limitada a los asuntos de menor cuantía o al juzgamiento de las faltas y contravenciones municipales, lo cierto es que gozan de estabilidad en sus cargos pues solo podrán ser removidos de sus funciones por el Tribunal Superior de Justicia ‘en razón de mala conducta en el desempeño de su cargo, por delitos comunes o por inhabilidad física o moral sobreviniente’ (cfr. artículo 246 de la Constitución Provincial); es decir, en las mismas condiciones que los demás jueces”.
—“[L]a cuestión en examen ha quedado decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas de Fallos 329:1092 y 330:2274 (…). En esas causas se había reconocido a los jueces provinciales la exención dispuesta por la Acordada nº 20/95, con fundamento en que ‘…los jueces locales son, como los nacionales y federales, jueces de la Constitución, cumplen idéntico ministerio y se hallan sujetos a parejas responsabilidades y deberes, a tal efecto, con iguales garantías’; y afirmó que la intangibilidad de los emolumentos de los magistrados es extensible a haber de los jueces jubilados”. c. Teniendo en cuenta esa doctrina, concluyó que “resulta acreditada la arbitrariedad del obrar estatal de descontarle del haber mensual de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I 45902/2022 ALLOLIO, NORMA ISABEL (TF 99465241-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO amparista las sumas detalladas a fs. 5/33 en concepto de impuesto a las ganancias”.
(ii) La causa n° 55.476/2019 “Allolio, Isabel Norma TF 48474-I c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, mediante la cual instó un reclamo de repetición contra la AFIP-DGI respecto de las rentenciones practicadas a sus haberes previsionales en concepto del impuesto a las ganancias durante los períodos 2014, 2015, 2016, y de julio a noviembre de 2017.
En esa causa, la Sala III confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto declaró la procedencia de la repetición reclamada (ver el pronunciamiento del 19 de agosto de 2020, que fue materia de recurso extraordinario por la AFIP-DGI que se encuentra en trámite ante la Corte Suprema).
En ese pronuncimiento, en cuanto aquí más interesa, dicha sala sostuvo:
a. Se debe tener en cuenta la doctrina establecida por la Sala V en el precedente “Pérez, Yolanda Inés”.
b. Más allá de esa doctrina, la procedencia del reclamo era legítima, pues más allá de “desentrañar si los jueces de paz son equiparables a jueces de primera instancia”, debía repararse en que “si los jueces de paz de la Provincia de Neuquén son ‘jueces provinciales’ (…) hay que remitirse, ineludiblemente, a las normas locales, ya que es dicha Provincia (y no a la autoridad federal) la que en virtud de la autonomía que le otorga el art. 5 de la Constitución Nacional tiene la atribución para definir quién será catalogado como ‘juez provincial’ en su jurisdicción”. c. “[L]a actora cuando fue Jueza de Paz era una ‘jueza provincial’ del Poder Judicial de Neuquén porque: (i) la justicia de paz está prevista en la Constitución de la Provincia de Neuquén (art. 176 a 181) dentro del Capítulo VI referido a ‘Del Poder Judicial’; (ii) la propia Ley Orgánica del Poder Judicial provincial (decreto – ley 1436) establece que los jueces de paz son órganos jurisdiccionales de dicho poder, al igual que el Tribunal Superior de Justicia, las Cámaras de Apelaciones y los jueces de primera instancia; (iii) el Tribunal Superior de Justicia consideraba a la actora como ‘magistrada provincial’”.
d. “[E]n el caso ‘Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSeS’ (Fallos: 329:1092, sentencia del 11/04/2006) la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que la invalidez de la derogación por la ley 24.631, también era aplicable a los jueces provinciales”.
e. No “puede perderse de vista (…) la sentencia dictada el 24/04/2018 en el expte. 39.208/2017 caratulado ‘Allolio, Isabel Norma c/ EN – AFIP – DGI y otro s/ amparo ley 16.986’ [por] la Sala V de esta Cámara”.
VI. Que las consideraciones expuestas llevan a confirmar el pronunciamiento apelado.
Es claro advertir que los planteos que la AFIP-DGI formula en sus agravios —además de comportar una reedición casi textual de los fundamentos expuestos en la contestación del recurso que la actora interpuso ante el Tribunal Fiscal (ver la presentación de fs. 189/200)— ya fueron examinados por las Salas III y V en los precededentes reseñados (considerando V) con un criterio que este tribunal comparte.
VII. Que, en este contexto, la ilegitimidad de las retenciones practicadas en concepto del impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales que percibió la actora durante el período comprendido entre mayo y noviembre de 2018 se encuentra acreditada.
Por tanto, la repeticón reclamada es procedente.
VIII. Que los agravios ofrecidos por la AFIP-DGI en punto a la tasa de interés reconocida en el pronunciamiento apelado no pueden ser admitidos.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I
45902/2022 ALLOLIO, NORMA ISABEL (TF 99465241-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En efecto, esta sala se ha pronunciado a favor de la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina en reclamos de repeticion en el precedente “Linos, Gustavo Pedro (TF 45593-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo organismo externo”, pronunciamiento del 20 de febrero de 2018, a cuyos fundamentos se remite por razones de brevedad.
Cabe destacar que esa decisión adquirió firmeza en virtud de que la Corte Suprema desestimó, por inadmisible, el recurso extraordinario interpuesto por la AFIP-DGI (ver el pronunciamiento del 17 de diciembre del 2020).
IX. Que, en suma, corresponde desestimar los agravios de la AFIP- DGI y confirmar el pronunciamiento recurrido.
Las costas de esta instancia deben ser distribuidas en el orden causado, dada la ausencia de sustanciación (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
X. Que resta expedirse respecto del recurso de apelación que la AFIP-DGI interpuso contra los honorarios regulados en el punto 2° del pronunciamiento de fs. 225/229.
En función de la naturaleza del proceso, de su monto —para el que debe tomarse las sumas cuya repetición fue reclamada por la actora—, de la etapa cumplida —toda vez que el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la causa como de puro derecho (fs. 208)—, del mérito, de la calidad y de la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, SE FIJA en 6,14 UMA —equivalentes a las sumas de $63.856, de conformidad con los valores establecidos en la acordada nº 25/2022 de la Corte Suprema— los honorarios a favor del Dr. Rubén Amílcar Calvo por el ejercicio de la representación procesal y de la dirección letrada de la actora en la instancia anterior (artículos 16, 20, 21 y demás concordantes de la ley 27.423).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1.
Desestimar los agravios de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva y confirmar el pronunciamiento apelado. 2. Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado. 3. Regular los honorarios con el alcance del considerando X.
Regístrese, notifíquese y remítase al Tribunal Fiscal de la Nación. Se hace constar que la jueza Liliana María Heiland no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
Fin de la sentencia