Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-857/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta por interpuesta por Alma S.A. y Néstor Rodolfo Mazzón en PE516928-2022, contra la Municipalidad de 28 de Noviembre.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-857/22-TSJ Sentencia N°: 1170 Actor: ALMA S.A. Y OTRO Demandado: MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 01/04/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1170 FOLIO Nº 3850/3852 PROT. ELECT. TSS1 027 C.251
Río Gallegos, 1 de abril de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “ALMA S.A. Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº A-857/22-TSJ venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que las presentes actuaciones llegan a tratamiento de este Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver sobre la admisibilidad formal de la acción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del CPCA, Ley N° 2600.-
La empresa Alma S.A. y Néstor Rodolfo Mazzón promueven demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de 28 de Noviembre, con el objeto de que se declare la nulidad del procedimiento administrativo de caducidad y desadjudicación impulsado en relación al inmueble que individualizan como lote 1, manzana 352 de esa localidad. Peticionan la declaración de nulidad e inaplicabilidad -y subsidiariamente, la inconstitucionalidad- de la Ordenanza Nº 020/88 y su Decreto Reglamentario Nº 0784/21, de la Ordenanza Nº 3081/20 y de las “tasas municipales de 28 de Noviembre”. De modo subsidiario, también procuran la declaración de prescripción de la caducidad y desadjudicación referidas. Solicitan que se exhorte al municipio demandado a crear un Boletín Oficial o medio público similar, a fin de publicar todas las normas locales (cfr. PE516928-2022, págs. 1/2).- Sostienen que resultan ser propietarios del inmueble individualizado, adquirido a la Municipalidad el 30 de diciembre de 2015, mediante el Decreto N° 4496/2015. Manifiestan que el precio original de la propiedad fue $1.918.632 y que se acordó abonar dicho monto en especie, haciéndose responsables de la totalidad de los costos necesarios para adecuar el terreno -inicialmente inapto para el desarrollo del proyecto- mediante estudios, trabajos, pago de tasas e impuestos, contratación de profesionales, entre otros (cfr. PE cit., págs. 2/3).- Detallan que la empresa Alma S.A. solventó los gastos del “Plan Regulador para el Desarrollo Edilicio Ordenado de la Planta Urbana”, el cual concluyó con la aprobación de la Dirección Provincial de Catastro de la mensura oficial M-15288, fechada el 5 de agosto de 2015. Aseguran que la única condición establecida por la administración local para concretar la compraventa fue que la empresa asumiera todos los costos mencionados (cfr. PE cit., pág. 3).-
Asimismo, exponen que el propósito de la adquisición fue el desarrollo de un proyecto comercial que incluía la construcción de un hotel boutique y una estación de servicio, y que dicho proyecto fue presentado y aprobado por las autoridades municipales. Afirman que, pese a las dificultades económicas, políticas y sanitarias experimentadas en los últimos años -incluyendo la pandemia de covid-19-, han seguido avanzando en la ejecución del proyecto, con tareas como movimientos de suelo, instalación de tanques para combustibles y cercado perimetral del terreno (cfr. PE cit., págs. 3/4).- Señalan que, siete años después de la venta, la Municipalidad de 28 de Noviembre impulsa un procedimiento administrativo tendiente a desadjudicar el bien, invocando una supuesta “caducidad de adjudicación en venta” y una deuda por impuestos inmobiliarios (cfr. PE cit., págs. 4/5).-
Argumentan que las normas locales en las que se basa el Municipio para la desadjudicación del inmueble -Ordenanza 020/1988, Decreto Reglamentario N° 0784/2021, Ordenanza N° 3081/2020 y disposiciones relacionadas con tasas municipales- no fueron publicadas en un medio oficial, lo cual, sostienen, afecta su vigencia y aplicabilidad. En consecuencia, solicitan que se declare su nulidad e inaplicabilidad, y, en subsidio, su inconstitucionalidad. Aseveran que la ausencia de un medio oficial de difusión en la localidad de 28 de Noviembre impide a los habitantes conocer las disposiciones que los afectan, constituyendo un serio perjuicio al estado de derecho. Por ello, solicitan que se exhorte a la Municipalidad a crear un Boletín Oficial o medio similar que asegure la publicidad de todas las normas locales (cfr. PE cit., págs. 11/23).- Solicitan, de manera subsidiaria, que se declare la prescripción del derecho del demandado a impugnar la adquisición efectuada respecto del inmueble en cuestión, conforme a los artículos 2560, 2564 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. PE cit., pág. 23).-
II. En PE881605-2023 la Municipalidad de 28 de Noviembre contesta demanda, solicitando su rechazo.-
Luego de realizar una negativa general y particular de los hechos contenidos en la demanda, la accionada destaca que la adjudicación fue realizada de manera precaria y supeditada al cumplimiento de una serie de obligaciones esenciales por parte del adjudicatario, entre las cuales se encontraba la ejecución de obras específicas y el pago de tasas. Argumenta que, al no haber cumplido con estas condiciones, la actora carece del derecho de titularidad que pretende hacer valer en la demanda. Asegura que el lote en cuestión ha sido destinado a proyectos de interés social y cultural que beneficiarán a la comunidad de 28 de Noviembre. Asimismo, resalta que la administración respetó el derecho de defensa de la actora en todas las instancias administrativas, habiéndola notificado de cada incumplimiento observado en el terreno. Hace hincapié, igualmente, en que la caducidad de la adjudicación se resolvió mediante el Decreto N° 2222/2022 que no fue impugnado por los actores (cfr. PE cit., págs. 8/16).-
III. A su turno, el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictamina que: “…la demanda fue interpuesta en fecha anterior (7/06/22) al dictado del acto administrativo (25/07/22), lo que resulta ser contrario a lo expuesto en el art 5 y ssgtes del C.C.A.…en el presente caso…no se puede habilitar la promoción de la acción judicial conforme el art 7 de la ley 2600, porque al momento de iniciar la demanda contencioso administrativa, no había acto administrativo que cause estado. En efecto, el acto administrativo que se pretende atacar y que resulta ser objeto de la presente demanda no formó parte del procedimiento de inicio, no integró la litis por no haberse dictado al tiempo de la interposición de la demanda, lo que también trae aparejado que no se pudiera verificar si se dan los presupuestos sustanciales e intrínsecos que permiten habilitar la instancia procesal administrativa…lo que no puede acarrear otra consecuencia que no sea la inadmisibilidad de la instancia… resultando por tanto inatendible esta vía, dada la falta de oportunidad procesal.”, por lo que concluye que: “…no se encuentra formalmente habilitada la vía contencioso administrativa, por lo cual ese Alto Cuerpo deberá declarar inadmisible dicha pretensión en función de lo establecido en el art 5 y sgtes. y 61 de la ley 2600.” (cfr. PE 1213928-2023, pág. 2).- Pasan los presentes al Acuerdo en PE756877-2024.-
IV. Sabido es que como paso previo a la dilucidación del fondo de la cuestión es presupuesto procesal inexcusable el análisis de determinadas circunstancias relacionadas con la admisibilidad del proceso. Es procesalmente ilógico enjuiciar y decidir una pretensión cuyo planteamiento no puede legalmente admitirse (cfr. Sesin, Domingo J., “El contencioso de Córdoba y la habilitación de instancia”, en Sesin, Domingo J. (Director), “La admisibilidad del Contencioso Administrativo: Requisitos esenciales - Causales de inadmisión”, 1ª ed., Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2011, pág. 7).- Al respecto, este Tribunal Superior de Justicia ha realzado la conveniencia de un pronunciamiento previo sobre la procedencia de la demanda, calificándolo como uno de los trámites procesales más importantes dentro de todo litigio contencioso administrativo. Ello, por cuanto implica un beneficio para los litigantes, al evitarse dilaciones y gastos de un litigio, al que de otra manera se verían expuestos por tener que esperar el final del mismo, corriendo el riesgo de la declaración y el rechazo de la demanda por improcedente (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo IV, Reg. 307, Folio 687/689, entre otros).- En el caso que nos ocupa, los actores procuran, sustancialmente, que: “…se declare la nulidad del procedimiento de ‘caducidad’ y ‘desadjudicación’ que se impulsa contra el inmueble propiedad de la empresa Alma S.A.” (cfr. PE516928-2022, pág. 1).-
Cabe advertir que la demanda fue articulada por los actores el 7 de junio de 2022 (cfr. PE cit.), es decir con antelación al dictado del Decreto N° 2222/2022 que declaró la caducidad de la adjudicación en venta, el cual se emitió recién el 21 de julio de ese año (cfr. foja 107/108 del expte. adm. glosado en PE PE590445-2022, OFI00032884.pdf). De este modo, surge con claridad prístina que la demanda se dirige genéricamente a obtener la nulidad de un procedimiento de caducidad y desadjudicación, por cuanto al momento de la interposición de la demanda, no existía un acto administrativo definitivo, sino un procedimiento en curso, que no cumplía con los requisitos de “decisión final” necesarios para activar la instancia judicial.- Más aún, es importante destacar que, en el momento en que los actores interpusieron la demanda, la autoridad administrativa había concedido a la adjudicataria la oportunidad de presentar un descargo en relación con los incumplimientos verificados (cfr. fs. 75/77 del expte. adm. glosado en PE590445-2022, OFI00032883.pdf).
Esta posibilidad, ofrecida antes de emitir una decisión definitiva, indica que el procedimiento administrativo aún estaba en curso, sin que se hubiera alcanzado un acto administrativo final que justificara la intervención judicial.- Debe recordarse que bajo el Titulo II “Agotamiento de la Vía Administrativa”, el CPCA, Ley Nº 2600, prescribe que para la promoción de las acciones reguladas en esta ley es necesaria, entre otras cosas, la existencia de una decisión administrativa definitiva (cfr. art. 5º), la que es conceptualizada como aquella que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y que, siendo de trámite, impide totalmente la continuación del procedimiento, quedando excluidas las relativas a tramitación, procedimiento y las que recaigan sobre cuestiones incidentales (cfr. art. 6º).- En sintonía con las normas legales enunciadas, este Alto Cuerpo ha indicado que: “El acto definitivo resuelve, directa o indirectamente, la cuestión de fondo planteada en un procedimiento, refleja la voluntad concreta de la Administración y produce los efectos jurídicos deseados por ella acerca de dicha cuestión y se opone, conceptualmente, al acto preparatorio o de mero trámite, que ni contiene ni expresa la voluntad de la Administración respecto de aquella cuestión, ya que concurre meramente a formularla (cfr.
Quiles Buteler, Tristán M., “Agotamiento de la Vía Administrativa. Causación de estado”, en Sesin, Domingo J. (Director), “La Admisibilidad del Contencioso Administrativo: Requisitos esenciales, Causales de inadmisión”, 1ª ed., Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2011, pág. 157)” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1152, Folio 3760/3763).- Así las cosas, se advierte que mediante la pretensión bajo examen los accionantes no impugnan judicialmente una manifestación administrativa sobre el fondo del asunto en cuestión y, en consecuencia, la demanda instaurada no logra sortear el examen de admisibilidad formal.-
Esta suerte adversa también resulta extensible a la petición de nulidad e inaplicabilidad de diversas ordenanzas y su reglamentación, así como a la solicitud subsidiaria de prescripción, ya que no al no prosperar la pretensión reseñada anteriormente, resultaría inconducente expedirse sobre dichos planteos, debido a la falta de configuración de alguno de los supuestos previstos en el artículo 24 de la Ley N° 1260 y la valla que demarca el art. 89 del CPCA, Ley N° 2600, en cuanto establece que el fallo del Tribunal deberá limitarse a resolver la cuestión relativa al derecho administrativo conforme a lo alegado y probado por las partes, excluyendo expresamente toda posibilidad de pronunciamiento respecto de derechos reales o civiles (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos VIII, Reg. 527, Folio 1439/1446 y XIV, Reg. 916, Folio 2705/2710; entre otros).-
V. Que, en virtud de lo expuesto, y conforme lo normado por el artículo 61, inciso d), del CPCA, Ley N° 2600, corresponde declarar inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta por Alma S.A. y Néstor Adolfo Mazzón en PE516928-2022, imponiendo las costas en el orden causado de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Por todo lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta por interpuesta por Alma S.A. y Néstor Rodolfo Mazzón en PE516928-2022, contra la Municipalidad de 28 de Noviembre.-
3. Regístrese y notifíquese.
Fdo. Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1027C.251 Tomo: XX Sentencia: 1170 Folio N°: 3850/3852 Secretaría: 1
Fin de la sentencia