Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-857/22-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la empresa Alma S.A. y el señor Néstor Adolfo Mazzón en PE516928-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-857/22-IMC-TSJ Sentencia N°: 1111 Actor: ALMA S.A. Y OTRO Demandado: MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 15/11/22 TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1111 FOLIO Nº 3562/3564 PROT. ELECT. TSS1016C.221
Río Gallegos, 15 de noviembre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “ALMA S.A. Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº A-857/22-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que en los autos principales la empresa Alma S.A. y Néstor Adolfo Mazzón interponen demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de 28 de Noviembre, con el objeto de que se declare la nulidad del procedimiento administrativo de caducidad y desajudicación impulsado en relación al inmueble que individualizan como lote 1, manzana 352 de esa localidad. Peticionan la declaración de nulidad e inaplicabilidad -y subsidiariamente, la inconstitucionalidad- de la Ordenanza Nº 020/88 y su Decreto Reglamentario Nº 0784/21, de la Ordenanza Nº 3081/20 y de las “tasas municipales de 28 de Noviembre”. De modo subsidiario, también procuran la declaración de prescripción de la caducidad y desajudicación referidas. Solicitan que se exhorte al municipio demandado a crear un Boletín Oficial o medio público similar, a fin de publicar todas las normas locales (cfr. PE516928-2022, págs. 1 y 2).- Con carácter cautelar, en el acápite III de su presentación reclaman que se emita una orden al Departamento Ejecutivo Municipal para que: “…suspenda la aplicación de cualquier procedimiento relacionado a una ‘caducidad de adjudicación en venta’ que afecte el inmueble…ordenando como medida cautelar la prohibición de innovar en la situación de hecho actual.” (cfr. PE cit., pág. 6).-
II. En su pedido de tutela precautoria, sostienen que mediante ella se procura asegurar la eficacia de la sentencia definitiva para que no resulte ineficaz, en función del irremediable transcurso del tiempo (cfr. PE y pág. cit.).-
Afirman que: “…solo ordenando la suspensión de la aplicación de los actos administrativos impugnados y decretando la prohibición de innovar en el inmueble…posibilitará mantener la verosimilitud del derecho planteado por esta parte, toda vez que el interés jurídico que fundamenta el otorgamiento de las cautelares solicitadas encuentra su justificación legítima en el peligro que implica que la duración del proceso convierta en ilusorios los derechos reclamados.” (cfr. PE cit., pág. 9).- En cuanto a la verosimilitud del derecho que invocan, expresan: “Surge en forma palmaria, en la medida en que mis mandantes son titulares del bien inmueble referenciado, tal como surge del decreto de adjudicación acompañado…el ‘fumus boni iuris’ surge inequívocamente de la descripción de los derechos conculcados, que en est[a] demanda se desarrollan.” (cfr. PE cit., pág. 10).-
En lo relativo al peligro en la demora, dicen: “…En el caso el dictado de la medida impediría no sólo la materialización y permanencia en el tiempo de una flagrante arbitrariedad, también evitaría que personas extrañas a la actora, ingrese[n] a la propiedad y ponga en riesgo los equipos ya instalados en el predio, los cuales son muy sofisticados y complejos debido a que tienen la función de almacenar productos inflamables. Se resalta que, sólo personal calificado y certificado puede manipular y/o movilizar los equipos subterráneos y de superficie que actualmente están dentro de la propiedad…por lo que la medida cautelar también evitará riesgos sobre cualquier persona que, con la intención de manipular estos artefactos, pueda terminar lesionada o genere accidentes mayores.” (cfr. PE cit., pág. cit.).- Reconocen que la medida requerida “importa un verdadero anticipo de la garantía jurisdiccional, que se otorga con el objeto de impedir que los derechos cuyo reconocimiento se pretende de obtener (Arts. 14, 16, 17, 18, 19 y ccds. CN), pierdan virtualidad durante el plazo que transcurra la articulación del proceso y el pronunciamiento definitivo.” (cfr. PE cit., pág. 11).-
Por último, ofrecen caución juratoria.-
III. Corrido el traslado a la demandada (cfr. PE557348-2022), es contestado mediante PE597075-2022.-
Allí sostiene que el planteo debe rechazarse, con costas. Para sustentar su oposición, sostiene que la medida cautelar no reúne los requisitos mínimos para ser acogida (cfr. PE cit., pág. 1).-
Expresa que por regla general los actos emitidos por el Estado Municipal se presumen legítimos y que únicamente su suspensión puede acaecer por razones de interés público, para evitar prejuicios graves al interesado o ante una nulidad absoluta; en este contexto, aclara que ninguno de los supuestos referidos se presenta en autos (cfr. PE cit., pág. 9).-
Afirma que su parte respetó a rajatabla la Constitución Provincial, la Ley 55, la Ley Nº 1.260 y las Ordenanzas locales y, sobretodo, el derecho de defensa de la contraparte en sede administrativa (cfr. PE cit., pág. 11).-
Manifiesta que no existe peligro en la demora, por cuanto la incidentista no ha glosado ni una sola prueba tendiente a corroborar sus dichos relativos a la existencia de maquinarias y construcciones sensibles en el inmueble (cfr. PE cit., pág. 15).-
Por último, pone de manifiesto que la emisión de cualquier medida cautelar afectaría el interés público, dado que se encuentra en vías de concertación un convenio con el Estado Nacional para la realización de obras que beneficiarán a los vecinos de la localidad (cfr. PE cit., pág. 16).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia dictamina expidiéndose en sentido negativo, considerando que no debe hacerse lugar a la medida cautelar peticionada (cfr. PE663894-2022).-
Se dispone pasar las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver en PE425570-2022.-
IV. A fin de dirimir la cuestión planteada, debe examinarse si se encuentran acreditados los presupuestos genéricos para la procedencia de toda medida cautelar, en orden a lo normado por el artículo 25 y s.s. del CPCA, Ley Nº 2600, esto es, verosimilitud del derecho y peligro en la demora.-
Liminarmente, es preciso advertir que el juzgamiento de este tipo de pretensiones se despacha con una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria, de modo tal que puede ser modificado en la sentencia definitiva, por lo que ni el otorgamiento de la medida prejuzga sobre el mérito de la causa, ni el consentimiento de aquélla implica aceptación de la procedencia del derecho a juzgar en la sentencia definitiva (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1079, Folio 3445/3447).- Todo razonamiento a efectuarse en la materia debe hacerse teniendo especialmente en cuenta que los actos administrativos se presumen legítimos (cfr. art. 12 de la Ley Nº 1260). “Dicha presunción significa que se supone que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión…El fundamento de este carácter deriva…de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales” (cfr. Comadira, Julio R., “Acto Administrativo Municipal”, Depalma, Buenos Aires, 1992, págs. 99 y 100).- En este terreno también debe observarse una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión porque la decisión es netamente excepcional, habida cuenta que configura un anticipo de jurisdicción favorable (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 937, Folio 2811/2813, entre otros).-
Teniendo en cuenta las pautas reseñadas, es dable adelantar que en el presente caso no aparecen cumplidos los extremos que tornarían procedente la medida cautelar requerida.-
V. En cuanto al primero de los recaudos enunciados, esto es, el de la verosimilitud del derecho, resulta oportuno considerar que para derrumbar la enunciada presunción de legitimidad de la actuación administrativa, la misma debe emerger con indiscutible nitidez (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XIII, Reg. 852, Folio 2419/2422; XIV, Reg. 900, Folio 2636/2639 y Reg. 930, Folio 2771/2775, entre otros), lo cual -en principio- no se verifica en el caso de autos. De la lectura del acto administrativo cuestionado, no emana prima facie una arbitrariedad manifiesta, pues el Decreto Municipal Nº 2222/22 del Departamento Ejecutivo Municipal, ha sido dictado en ejercicio de las potestades constitucionales y legales pertinentes, ello sin perjuicio del oportuno mérito que pueda realizar este cimero Tribunal al momento de dictar sentencia definitiva en el proceso principal (cfr.
TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XI, Reg. 722, Folio 2036/2037 y Reg. 781, Folio 2199/2201; XII, Reg. 835, Folio 2369/2371; XIII, Reg. 852, Folio 2419/2422 cit.; y XIV, Reg. 930, Folio 2771/2775 cit., entre otros).- En este sentido, resulta preciso subrayar que: “‘…Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y son ejecutorios, por lo que la viabilidad de la medida de no innovar contra ellos debe ser apreciada con criterio restrictivo. Para que proceda frente a la Administración Pública es necesario acreditar prima facie la arbitrariedad del acto recurrido o, con el mismo alcance, la violación de la ley, a fin de hacer caer la presunción de legalidad de que goza y, por lo tanto, la ejecutoriedad del acto (CNCiv.
Sala B, 2/2/79 Rep. JA 1979, p. 43 Nºs.10-11)…’ (confr. Martínez Botos ‘Medidas Cautelares’, Ed. Universidad, ed. 1999, pág. 335/336)” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 937, Folio 2811/2813 cit.).- De conformidad con ello, es dable puntualizar que el acto municipal que declaró la caducidad del inmueble otrora adjudicado a la empresa Alma S.A. (de la cual el señor Mazzón es su presidente) ha sido emitido dentro de las atribuciones del Municipio, con lo cual no se advierte en este incipiente estadio procesal que aparezcan de modo manifiesto las causas de nulidad alegadas por la incidentista y que pudieren habilitar la cautelar peticionada.- Respecto del peligro en la demora, debe señalarse que del estudio de las actuaciones no surge con claridad que exista un peligro inminente, o de tal gravedad que amerite el dictado de la medida cautelar que se peticiona, ni mucho menos que el hipotético perjuicio sea irreparable posteriormente.
Cuadre destacar, en tal sentido, que “Si bien en el caso de la apariencia de buen derecho el tribunal hace un preventivo cálculo de probabilidad en el caso del peligro en la demora debe alcanzar su fuerte probabilidad (lindando con la certeza) y no la verosimilitud. Así el peticionante debe probar las circunstancias que configuran el peligro en la demora…” (cfr. Hutchinson, Tomás, Derecho Procesal Administrativo, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo III. pág. 512).- Nótese, en tal sentido, que la incidentista procura fundar el peligro en la demora sosteniendo que la tutela precautoria que pretende evitaría que personas extrañas ingresen a la propiedad y pongan en riesgo equipos instalados en el predio, los cuales son muy sofisticados y complejos debido a que tienen la función de almacenar productos inflamables (cfr.
PE516928-2022, pág. 10). Tales afirmaciones son insuficientes por sí mismas para sustentar adecuadamente el requisito en estudio, puesto que no pasan de ser una mera opinión personal, carente de sustentación objetiva, ya que no cuentan con elementos de prueba que la respalden. No debe olvidarse que no resultan suficientes, para satisfacer este requisito, las meras apreciaciones subjetivas basadas en la particular susceptibilidad de quien reclama.- En cuanto a los perjuicios que el acto impugnado causare o pudiera causar a la incidentista, cabe indicar que la aplicación de esa decisión estatal no le generaría, en principio, un perjuicio de imposible o difícil reparación dado que nada impediría que, en caso de obtener una sentencia definitiva favorable logre una justa reparación integral de los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado (cfr.
TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos IX, Reg. 722, Folio 2036/2037; Reg. 743, Folio 2096/2098; y XV, Reg. 978, Folio 2984/2986), o bien que la Municipalidad de 28 de Noviembre le haga entrega de otro terreno de similares características. Asimismo, debe tenerse en cuenta la solvencia de la incidentada, la cual en éste caso resulta notoria. No parece aventurado pensar entonces que, de lograr la actora una sentencia de fondo favorable a su pretensión, no pueda la demandada hacer frente a los resarcimientos que pudieran corresponderle por derecho.-
VI. El hecho de no encontrarse configurados los presupuestos a que se hizo referencia más arriba nos exime de ponderar la afectación del interés público, puesto que estos requisitos deben hallarse siempre presentes, ya que no funcionan de forma alternativa sino complementaria (cfr. Hutchinson, Tomás, ob. cit., Tomo III, pág. 515; TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211; y XVIII, Reg. 1085, Folio 3464/3467, entre otros).- Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión a debatirse en el proceso principal.-
Por ello, y considerando que no se ha acreditado, dentro del estrecho margen de conocimiento de este incidente de medida cautelar, que la actuación de la Municipalidad de 28 de Noviembre responda a un accionar irrazonable o arbitrario, como así tampoco el requisito del peligro en la demora, corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, imponiendo las costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por al artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.- Que, en atención a las consideraciones expuestas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la empresa Alma S.A. y el señor Néstor Adolfo Mazzón en PE516928-2022.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1016C.221 Tomo: XVIII Sentencia: 1111 Folio N°: 3562/3564 Secretaría: 1
Fin de la sentencia