Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín
Lo que resolvió el tribunal
I. Receptar parcialmente los recursos de apelación deducidos a fs. 895 y 896, y en consecuencia, modificar la sentencia apelada de fs. 885/887, dejando sin efecto la declaración de nulidad de la resolución de fs. 848 (Arts. 3962, 4019, 4032 y ccs. del C.C.).
II. Sin costas, en atención a la falta de contradicción en Alzada (Art. 69 del C.P.C.C.).
III. Rechazar el recurso de apelación deducido a fs.882 (arts. 16, 22 y ccs. del dec. ley 8904).
Prescripción de honorarios Expte. N°: JU-3148-2005 ALMAR DE MARTINEZ MONICA ESTHER Y OTRO C/ COOP DE LUZ Y FUERZA ELEC. DE ROJAS LTDA S/ MATERIA A CATEGORIZAR ------------------------------------------------------------------------------ N° Orden: 93 Libro de Sentencia Nº: 54 //NIN, a los 18 días del mes de Junio del año dos mil trece, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa Nº JU-3148-2005 caratulada: "ALMAR DE MARTINEZ MONICA ESTHER Y OTRO C/ COOP DE LUZ Y FUERZA ELEC. DE ROJAS LTDA S/ MATERIA A CATEGORIZAR", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Juan José Guardiola y Ricardo Manuel Castro Durán.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Guardiola, dijo:
I. En la sentencia de fs. 885/887 la Sra. Jueza de primera instancia declaró prescripta la obligación del pago de los honorarios de los Dres. Miguel Piedecasas y Héctor José Lolli. Para así resolver, la Dra. Laura Josefina Panizza señaló que el planteo de la parte actora fue introducido temporáneamente porque no se encontraba firme el auto regulatorio. Asimismo, entendió que es aplicable al caso el plazo bianual previsto en el art. 4032 del C.C., por lo que concluyó que dicho plazo, computado desde que adquirió firmeza la sentencia definitiva, se encontraba holgadamente vencido al momento de solicitarse la regulación.
II. Apelaron este pronunciamiento los Dres. Piedecasas a fs. 895 y Lolli a fs. 896.
Concedidos en relación los recursos, presentaron memorial a fs. 898/914 y fs. 915, respectivamente.
El Dr. Piedecasas sostuvo que: a) la falta de base regulatoria es impeditiva del curso de la prescripción; b) que la contraria no apeló la regulación de honorarios, que se encontraría firme; c) que el planteo de prescripción es extemporáneo, considerando que la resolución que solicitó pautas para la regulación se notificó por nota; d) que el plazo de prescripción es de diez años, y no el bienal del art. 4032 aplicable al cobro de los honorarios contra el propio cliente; e) la falta de notificación por cédula del reingreso del expediente de la Cámara; f) la falta de fundamentación de la declaración de nulidad de la regulación de honorarios; y g) la interpretación restrictiva que debe hacerse de la prescripción. El Dr. Lolli se agravió de la falta de tratamiento de los argumentos que introdujo al contestar el traslado, alegando la improcedencia de la prescripción por la falta de notificación de la terminación del pleito, de la devolución del proceso a primera instancia, de la nulidad planteada y de la regulación de honorarios; y por el consentimiento de las pautas regulatorias.
Corrido el traslado de las reseñadas fundamentaciones, no recibieron réplica de la parte contraria.
A fs. 921 se dictó el llamado a sentencia, cuya firmeza deja las presentes en condición de ser resueltas (art. 270 del CPCC).
III. En ese menester, comenzaré por la discusión en torno a la temporaneidad del planteo, recordando existe una discusión en torno a si es procedente plantear la prescripción ante la petición de regulación de honorarios, o por el contrario, aguardar impetrarla en forma de excepción, una vez fijados los honorarios y ante su pretensa ejecución. La postura minoritaria postula la necesidad de que el juez, con carácter previo a la regulación de honorarios, analice la procedencia o impertinencia de la prescripción acusada, pues, de considerarla operada, será innecesario el trámite regulatorio y de ulterior ejecución, postura concorde con la economía procesal. En tanto que la mayoritaria sostiene que la prescripción sólo puede ser invocada durante la ejecución, debiendo regularse los honorarios primeramente, porque ni el pedido de honorarios ni la consiguiente regulación borran la prescripción operada de acuerdo al mismo (ver Guillermo M. Pesaresi en "Tratado de la prescripción liberatoria", Dir. Edgardo López Herrera, Ed. Lexis Nexis, año 2.008, T.II, pág. 1137). Como puede apreciarse, cualquiera sea la postura que se adopte en este punto, no quedan dudas que la prescripción introducida en autos dentro de los cinco días contados desde la notificación del auto regulatorio resulta temporánea (doctr. art. 3962 del C.C.).
Además, vale aclarar que dicha presentación fue la primera oportunidad que tuvo la actora para hacer valer la prescripción, no pudiendo inferirse de la presentación del escrito de fs. 843, en el que se constituye un nuevo domicilio, el conocimiento de la resolución que ordenó allegar pautas a fs. 842 (doctr. art. 134 del CPCC). Este Tribunal, tiene reiteradamente dicho que: "La notificación tácita de una providencia que todavía no ha sido notificada debidamente, sólo se produce en aquellos casos en que de la presentación posterior surge de manera inequívoca, que la parte tuvo conocimiento fehaciente de la resolución en cuestión, habiéndose resuelto que: "...Todo lo relativo a notificación tácita debe ser interpretado restrictivamente, pues de otro modo se puede efectuar el derecho de defensa en juicio...".JUBA. B2202334. CC0000 TL 8812 RSD-16-78 S 17-12-1987, Juez MACAYA (SD). CARATULA: Rossi, Luis María s/ Recurso de queja interpuesto en autos: Cobarco, Enrique Mario c/Génova, Mario s/ Cobro ejecutivo." (en autos nº 40782 "Menarvino Estela c/ Roberto A Menarvino S.A. s/ Disolución y Liquidación de Sociedad". L.A. n° 46, Nro de Orden 868 del 23-08- 05).
IV. Sentado ello, adelanto que la postura del recurrente en relación al plazo de prescripción es contraria a la doctrina legal del Superior Tribunal (ver causa C. 97.294, "Banco Integrado Departamental Coop. Limitado (su Quiebra) contra Vázquez de Maggiori, Silvia Graciela. Cobro ejecutivo", del 11/3/2009). En el precedente citado, el Dr. Genoud realiza una reseña de las variaciones jurisprudenciales acerca de la aplicación del plazo bienal a la obligación al pago de los honorarios contra el condenado en costas, señalando que: "...esta Corte en anterior composición resolvió que terminado el pleito y no regulados los honorarios en la sentencia, es aplicable la prescripción bienal del art. 4032 inc. 1 del Código Civil, sin que corresponda distinguir entre los supuestos de que ellos deban ser pagados por el mandante o por la contraparte, a raíz de la condena en costas (conf. causas Ac. 14.236, sent. del 10-IV- 1969, "Sensus", II, 1969, pág. 143; Ac. 16.062, sent. del 10-IV-1970). En fecha más reciente, este Tribunal con cita de los mencionados antecedentes reiteró la doctrina allí señalada en cuanto a que la prescripción a computar es la bienal prevista por el art. 4032 inc. 1 citado (conf. Ac. 46.486, sent. del 10-VIII-1993).
El fallo fue apelado a la Corte Suprema por los abogados a quienes les declararon prescriptos sus honorarios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 4 de mayo de 1995 revocó el fallo consignado. Dijo en su sentencia "... la prescripción bienal se limita precisamente a la acción del profesional contra su cliente respecto de quien cabe la posibilidad de solicitar regulaciones provisorias-, no siendo aplicable a supuestos como el sub judice, donde se persigue el cobro de la parte vencida en costas, ya que su imposición determina no sólo el nacimiento del crédito sino también la interversión [sic] del plazo, en tanto se impone el propio de la actio judicati". En virtud de ello, el superior Tribunal declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto y ordenó vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte nueva resolución con arreglo a lo expresado (Fallos 318:879). Con posterioridad, la Corte Suprema en la causa "Provincia de Formosa v. Nación Argentina" (sent. del 5-XI-1996), cambió -por mayoría- el criterio hasta aquí apuntado ya que no discriminó entre honorarios cuyo cobro se persigue a su cliente o al vencido en costas. Dijo allí: "Que es doctrina de esta Corte que en materia de prescripción de honorarios debe distinguirse entre el derecho a cobrarlos, cuando ya han sido regulados, y el derecho a que se regulen, dado que mientras en el primer supuesto se aplica la prescripción decenal, en el segundo rige la bienal (arts. 4023 y 4032 inc. 1 respectivamente del Código Civil; Fallos: 270:91; 314:1503; causa P.494.XIX 'Patricio, Juan Carlos c. Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y perjuicios', pronunciamiento del 5 de octubre de 1995)... costas en el orden causado, toda vez que el pronunciamiento de esta Corte en Fallos: 318:879 pudo dar lugar a que los letrados resistieran fundadamente la citada defensa..." (Fallos: 319:2648). Luego, en la causa "Escotorin de Bosetto" el superior Tribunal reiteró la doctrina apuntada aplicando la prescripción bienal sin discriminar quién es el perseguido al cobro ("Jurisprudencia Argentina", 2000-IV, pág. 657; "La Ley", t. 2000-C, pág. 232).
Esta es la doctrina que nuestro más alto Tribunal sostiene en la temática de marras, la cual -como ya lo anticipé- es concordante con la que oportunamente sostuviera esta Corte."
Bajo estos lineamientos, se impone señalar que el plazo de prescripción de la acción de los Dres. Piedecasas y Lolli para el cobro de honorarios contra el actor perdidoso es de dos años (art. 4032 inc. inc. 1º del C.C.).
V. En cuando al inicio del plazo de prescripción, la "a-quo" realizó el computo desde la firmeza de la sentencia, en tanto que los recurrentes afirman que la indeterminación de la pauta regulatoria condiciona la exigibilidad de los honorarios, y por ende, el cómputo de la prescripción.
Sin desconocer que la doctrina y la jurisprudencia no son unánimes sobre este aspecto (ver Pesaresi, ob. cit. pág.1125; Félix A. Trigo Represas, en Cód. Civil comentado, Ed. Rubinzal-Culzoni, año 2.007, pág. 638/639), entiendo que el diferimiento de la regulación de honorarios para el momento en que adquiere firmeza la sentencia, no condiciona el inicio del plazo, toda vez que el letrado es quien debe instar el procedimiento tendiente a que se fijen sus emolumentos. De lo contrario, se consagraría un nuevo supuesto de acción imprescriptible, colocando al deudor en la incómoda situación de esperar a que su acreedor se digne algún día instar el procedimiento para la cuantificación de sus honorarios, para que de esta forma comience el curso de la prescripción (conf. art. 4019 del C.C.).
En este sentido, se ha resuelto que: "El diferimiento de la regulación de honorarios "hasta tanto exista base económica para ello" no resulta suficiente para dispensar el plazo de prescripción bienal del art. 4032 del Cód. Civil (conf. art. 3980, Cód. citado)." (Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, sala civil y comercial, "Municipalidad de Gualeguaychú c. Empresa San Sebastián", del 02/04/1997, LLLitoral 1997, 1202 AR/JUR/78/1997).
Por las mismas razones, encuentro irrelevante a los efectos del cómputo del plazo, la alegada falta de notificación de la devolución del expediente a primera instancia.
Igualmente debe desestimarse la defensa fundada en el consentimiento de la pauta regulatoria, debiendo destacarse que al momento en que se peticiona la regulación de honorarios a fs. 841, el plazo de prescripción se encontraba vencido.
VI. En conclusión, la acción de los doctores Piedecasas y Lolli, respecto de la actora condenada en costas se encontraba expedita con la sentencia de fs. 826/833 que adquirió firmeza (fs. 834/835 y 836/837), razón por la cual a la fecha del planteo prescriptivo habían transcurrido holgadamente los dos años necesarios para extinguirla.
VII. Por otra parte, si asiste razón a los recurrentes en cuanto a la la improcedencia de la declaración de nulidad de la resolución que reguló los honorarios, dado que la recepción del planteo de prescripción efectuado por la condenada en costas no afecta la validez de dicha regulación.
Consecuentemente, propongo receptar parcialmente la apelación en tratamiento, dejando sin efecto la declaración de nulidad de la regulación de honorarios.
VIII. En atención a lo dispuesto precedentemente, es necesario tratar el recurso interpuesto por el Dr. Lolli a fs. 882, contra la regulación de honorarios.
Sostuvo el letrado que la acción tiene contenido económico y esta dado por el balance de la entidad, que fuera objeto de la asamblea cuestionada.
Debe recordarse que: "Determinar si las acciones de nulidad de asamblea u otras similares poseen o no contenido económico a los fines regulatorios constituye una cuestión circunstancial, sin que corresponda efectuar una declaración de principios al respecto, debiendo considerarse en cada caso concreto si la pretensión posee o no base económica." Juba B2172, SCBA, Ac 43840 S 15-10-1991, CARATULA: Falbo, Amílcar José c/ Ghys de Pezzati, María Clara y otras s/ Fijación de honorarios PUBLICACIONES: AyS 1991 III, 469). En este caso, se promovió demanda impugnando la asamblea ordinaria realizada el 22-03-2005, alegando como causales la violación del deber de información, la discontinuidad de los balances de los ejercicios 69 y 70, anomalías en la acreditación de los socios, etc.
De lo antedicho se desprende que en el sub-lite la pretensión no tuvo contenido patrimonial, debiendo en consecuencia confirmarse la regulación de honorarios efectuada en la instancia de grado (art. 16, 22 y ccs. de la ley arancelaria).
ASI LO VOTO.
El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Guardiola, dijo: Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso, - artículo 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, estimo que CORRESPONDE:
I. Receptar parcialmente los recursos de apelación deducidos a fs. 895 y 896, y en consecuencia, modificar la sentencia apelada de fs. 885/887, dejando sin efecto la declaración de nulidad de la resolución de fs. 848 (Arts. 3962, 4019, 4032 y ccs. del C.C.).
II. Sin costas, en atención a la falta de contradicción en Alzada (Art. 69 del C.P.C.C.).
III. Rechazar el recurso de apelación deducido a fs.882 (arts. 16, 22 y ccs. del dec. ley 8904).
ASI LO VOTO.
El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dió su voto en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DR. GASTON M.
VOLTA (Auxiliar Letrado).-
//NIN, (Bs. As.), 18 de Junio de 2013.-
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso - artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se
I. Receptar parcialmente los recursos de apelación deducidos a fs. 895 y 896, y en consecuencia, modificar la sentencia apelada de fs. 885/887, dejando sin efecto la declaración de nulidad de la resolución de fs. 848 (Arts. 3962, 4019, 4032 y ccs. del C.C.).
II. Sin costas, en atención a la falta de contradicción en Alzada (Art. 69 del C.P.C.C.).
III. Rechazar el recurso de apelación deducido a fs.882 (arts. 16, 22 y ccs. del dec. ley 8904).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DR. GASTON M.
VOLTA (Auxiliar Letrado).-
Fin de la sentencia