Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2.034/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada a fs. 46/47 vta., y en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 500/502 de los autos principales, declarando bien denegado el recurso de casación interpuesto a fs. 478/484 vta. de dichos autos; todo ello con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del artículo 18 de la ley 1687.-
2Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 39/40 vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2.034/15-TSJ Interlocutorio N°: 3.207.-
Actor: ALMIRON DIEGO MANUEL Demandado: CAJA DE SEGUROS S.A Objeto: ORDINARIO S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 13-06-16 Texto: TOMO XXVII – INTERLOCUTORIO – T.S.J.-
REGISTRO Nº 3207 FOLIO Nº 5283/5286 PROT. ELECT. TSS1 049 I.161
Río Gallegos, 13 de junio de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “ALMIRON DIEGO MANUEL c/ CAJA DE SEGUROS S.A. s/ ORDINARIO s/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº A-2.034/15-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de queja articulado por la Dra. Leticia Jaramillo, en su carácter de apoderada de la Caja de Seguros S.A., a fs. 46/47 vta., contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante -en copia- a fs. 40/44, que declara formalmente inadmisible el recurso de casación. Este último se había interpuesto contra el fallo obrante en copia a fs. 20/30 que confirmó el fallo de Primera Instancia que rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada (conf. fs. 17 vta.).- La Cámara de Apelaciones declaró inadmisible el recurso interpuesto porque consideró que la crítica formulada no logra traspasar la valla formal exigida por la ley Nº 1687, por no alcanzar a demostrar el error que endilga a la sentencia ni la arbitrariedad en razón del apartamiento que denuncia de la ley aplicable (conf. fs. 41).-
II. Ante esta solución, la parte demandada interpuso recurso de queja argumentando que: “…planteamos recurso de casación en tiempo y forma fundando principalmente nuestra postura en el criterio de la C.S.J.N. en el caso ‘Buffoni’ en el cual el máximo Tribunal fijó posición en cuanto a que la Ley de Defensa del Consumidor es ley general posterior respecto a la ley especial del contrato de seguro, por lo que no la deroga ni la modifica, tácita ni implícitamente; entendiéndose de tal forma claramente la existencia de violación de la ley y de la doctrina legal argumentada” (cfr. fs. 46 vta./47). También expresa que “El rechazo efectuado por la Excma. Cámara deriva de una conclusión sin siquiera haber arribado al análisis del recurso planteado por mi parte y contiene afirmaciones absolutamente dogmáticas […] Dicha resolución en consecuencia debe ser revisada en esta instancia, dado que con la mención de determinados criterios in abstracto se pretende valorar un planteo que ha sido fundado teniendo en cuenta las circunstancias especiales del caso y el más alto criterio que debe ponderarse, cual es la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” (cfr. fs. 47). Por último se remite a su recurso de casación, “…por cuanto en el mismo hemos volcado la crítica concreta y razonada que resulta el fundamento del recurso” (cfr. fs. 47 vta.). En dicho recurso afirma que “…se denuncia la inaplicabilidad de ley por infracción en que incurre la sentencia recurrida al artículo 58 de la ley 17.418, que establece el plazo de prescripción de un año en las acciones derivadas del contrato de seguro. Criterio consolidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del caso ‘Buffoni, Osvaldo c/ Castro, Ramiro’ (8-4-2014), al señalar que ‘la Ley de Defensa del Consumidor (ley general posterior) no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro’…” (cfr. fs. 35).- A fs. 51 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. En primer lugar debemos señalar que la demandada constantemente enuncia y hace referencia, en su recurso de casación, a un supuesto recurso de “inaplicabilidad de ley”, recurso que no tiene asidero legal en nuestro ordenamiento local. Incluso transcribe un artículo de un código de procedimientos extraño a esta jurisdicción que establece dicho recurso (conf. fs. 34), y jurisprudencia que hace referencia al mencionado artículo (conf. fs. 35 vta./36). Sin perjuicio de ello, corresponde ingresar en el análisis de los argumentos que esgrime para sostener el recurso de queja articulado (conf. art. 18 de la ley 1687). Se advierte que el mismo resulta inadmisible, en tanto se observa que la decisión, cuya revisión se pretende, es -en principio- ajena al ámbito de la casación, en la medida en que la recurrente no logra esgrimir fundamentos que permitan su acceso a esta instancia respecto a que el fallo atacado haya violado o aplicado erróneamente la ley o doctrina legal. Circunstancias estas últimas, respecto de las cuales la recurrente no argumenta idóneamente, toda vez que -más allá de la discordancia que pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces- el fallo cuenta con suficiente fundamentación.- El agravio de la recurrente se centra en la aplicación del plazo de prescripción de 3 años establecido en la Ley de Defensa del Consumidor (Ley Nº 24.240, con la modificación introducida por la ley 26.361) realizada por la Cámara en la resolución en crisis, y no el de la ley de Seguros -Nº 17.418- de 1 año.-
De esta manera, la Cámara adhiere a una corriente doctrinaria y jurisprudencial. Así encontramos que el mismo criterio utilizado por la Cámara ha sido expuesto por la doctrina nacional al decir que: “…fundamento constitucional de la relación de consumo, hace que cuando ella existe, los principios protectorios del consumidor trascienden con fundamento en la norma infraconstitucional de la LDC, y en cualquier otra que los contemple. Por lo tanto, mal puede referirse que el art. 50 solo alude a las acciones contempladas en la 24.240, sino respecto de todas aquellas que involucren relación de consumo” (cfr. Guillermo E. Falco, “La ley de defensa al consumidor y la ley de seguros. Lo general y lo específico. Un debate concluido”, Cita La Ley online: AR/DOC/1985/2014). En igual sentido: “…en la prescripción de seguros, se aplicará el plazo de tres (3) años, cuando favorezca al consumidor de seguros… en los casos en que el asegurado (v.gr. consumidor de seguros) pretenda accionar contra la Aseguradora, el plazo de prescripción es de tres (3) años (Art. 50 de la Ley 24.240)” (cfr. Waldo Sobrino A. R., “Las modificaciones a la ley de seguros por aplicación de la ley de defensa del consumidor”, cita La Ley online: AR/DOC/5956/2010).- Esta corriente doctrinaria ha tenido recepción en la jurisprudencia: “Tratándose de una acción iniciada contra una aseguradora a fin de percibir una indemnización por invalidez total y permanente, que era un riesgo cubierto por el seguro de vida colectivo contratado por el empleador, el plazo de prescripción aplicable es el trienal previsto por el art. 50 de la Ley 24.240, pues ésta tiene jerarquía superior respecto de otras leyes, en tanto desarrolla y hace efectivos los derechos que expresamente reconoce al consumidor la Carta Magna, máxime cuando adherir a esta postura amplia es compatible con el carácter de orden público y protectorio de la normativa consumerista” (cfr. STJ Neuquen, sum. “M., R. H. c. Caja de Seguros S.A.”, 25/02/2013, Cita La Ley online: AR/JUR/18409/2013).- Más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Cámara que la recurrente pudiera tener, lo cierto es que ésta se encuentra fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la presente contienda.-
Aun reconociendo que sobre la materia pueden existir distintas opiniones doctrinarias o jurisprudenciales, la adhesión por parte del juzgador a una de ellas no habilita por sí sola la vía casatoria, ni en principio configura fundamento suficiente para agraviarse de violación de la ley. Y así se ha pronunciado este Tribunal, al decir que “Cuando existen distintas visiones sobre el ‘thema decidendum’, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica - en principio - el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad…” (cfr. Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2813, Folio 4400/4404; Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2880, Folio 4541/4546; Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2977, Folio 4800/4803; Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3038, Folio 4915/4919).- Por tanto, se advierte que en estos agravios no se encuentran debidamente fundados.-
IV. Por último, la recurrente cita en apoyo a su postura, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que entiende aplicable al caso de autos, afirmando que: “…esta decisión del máximo tribunal de la República habilita la apertura de la vía casatoria, tornando idónea la denuncia de violación de la doctrina vinculada al principio de congruencia; en atención a que los tribunales inferiores deben respetar la interpretación de las normas legales de sus superiores” (cfr. fs. 35).- En tal sentido se debe hacer notar que el recurso de casación reglamentado por la Ley 1687 establece en su art. 3° que: “Habrá lugar al recurso de casación por violación de la Ley o doctrina legal cuando la sentencia: a) Haya violado o aplicado erróneamente la ley o la doctrina legal sentada por otro tribunal colegiado de única o última instancia de la Provincia dentro de un lapso no mayor de tres (3) años…”.-
Se advierte que el agravio invocado por la recurrente gira en torno a una alegada violación de “doctrina legal” sentada la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: “Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios”, del 08/04/2014. Por lo que, considerando lo dispuesto en el artículo citado ut supra y el tribunal del cual surge la supuesta “doctrina legal”, resulta improcedente la alegada violación.-
Así lo ha sostenido este Tribunal Superior al expresar: “…es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)…” (cfr. Tomo XVI, Interlocutorio, Reg. 2077, Folio 3046/3049).- Al respecto, resulta oportuno recordar que este Tribunal ha afirmado, citando a Piedecasas, que “…’…la Ley de Defensa del Consumidor ha venido a ampliar el sistema de protección a todas luces insuficiente que instauran las normas específicas y ha permitido que los tribunales puedan pronunciarse con fundamento en ella, y a favor del consumidor, en situaciones que no siempre resultaban claras y contundentes con el régimen de seguros.
Asimismo, no hay dudas de que el seguro como servicio queda involucrado en el régimen de la ley 24.240, sin que ello implique desplazamiento de los demás cuerpos normativos, los que deben aplicarse coordinadamente, sin que exista el mentado orden de prelación que señala el autor citado…’…” (cfr. Tomo XVI, Sentencia, Reg. 548, Folio 3.093/3.102).- Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, cabe señalar que la Cámara en la resolución en crisis, ha fundado debidamente su posición, partiendo para su análisis de la siguiente conclusión: “…Es menester remarcar que el Magistrado de la anterior instancia ha concluido que el contrato de seguro que vinculara a las partes es un contrato de consumo, cuestión que no ha sido impugnada y, por ende, constituye un parámetro desde el cual debe partirse para la resolución del sub lite” (cfr. fs. 23).
En función de ello es que concluye: que las relaciones de consumo se rigen por el régimen dispuesto en la ley de Defensa del Consumidor, el orden público de dicha norma, y afirma el principio protectorio a favor del consumidor. Por lo que, sin ingresar al debate respecto a la aplicación a los presentes del precedente citado por la recurrente, debemos señalar que la Cámara realiza una subsunción de las normas en cuestión al caso de autos, y su correspondiente ponderación, citando para ello tanto jurisprudencia como doctrina que avalan su posición. Por lo que, si bien consideramos que la doctrina sentada en los precedentes del Máximo Tribunal Nacional goza de autoridad moral, los jueces mantienen su facultad de apreciar con su criterio los casos sometidos a su juzgamiento, sin perjuicio de que deban fundar adecuadamente su decisión de apartarse de dicha doctrina.
Por lo que, en atención a lo expresado en este párrafo, y la insuficiencia de fundamentos de la recurrente, quien se limitó a citar el fallo de la Corte Suprema de la Nación que sostiene resulta aplicable, sin expresar de que manera los hechos y alcances de dicha decisión son sustancialmente análogos a los presentes autos, es que no corresponde la apertura de la instancia casatoria.- En tal sentido, el planteo intentado por la recurrente no alcanza a superar las vallas formales de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la ley 1.687, por lo que debe ser desestimado.-
IV. Por lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la ley 1687, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la demandada a fs. 46/47 vta., de los presentes y en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 500/502 de los autos principales en cuanto declaró formalmente inadmisible el recurso de casación agregado a fs. 478/484 vta., de dichos autos, todo ello con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del artículo 18 de la ley 1687 y teniendo presente la reserva del caso federal formulada a fs. 39 y vta., de los presentes.- Las Dras. Alicia de los Angeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y la Srta. Presidente Dra. Clara Salazar, adhieren al voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani.-
Voto del Dr. Enrique Osvaldo Peretti:
Que, por el presente expreso mi DISIDENCIA con la solución propuesta, por considerar que, no obstante lo resuelto en el interlocutorio denegatorio de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial entiendo que se encuentran reunidos –en principio- los extremos formales que hacen admisible el recurso articulado- conforme lo dispuesto en el artículo 7º de la Sección 6ª, Capítulo IV, de la ley 1687- por haber “prima facie” indicado los agravios en que funda las causales invocadas para sustentar el recurso.- En virtud de lo expresado corresponde hacer lugar a la queja planteada por la demandada a fs. 46/47 vta., declarando mal denegado el recurso de casación interpuesto, revocando en consecuencia, la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería obrante a fs. 500/502 de los autos principales, debiendo acumular las presentes actuaciones al principal, conceder el recurso de casación interpuesto en dichos autos a fs. 478/484 vta., y poner los mismos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada. Así lo voto.- Por todo lo expuesto, el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Angeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, y de la Srta. Presidente Dra. Clara Salazar y el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada a fs. 46/47 vta., y en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 500/502 de los autos principales, declarando bien denegado el recurso de casación interpuesto a fs. 478/484 vta. de dichos autos; todo ello con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del artículo 18 de la ley 1687.-
2. Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 39/40 vta.-
3. Regístrese. Notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales, separándose los mismos para su correspondiente devolución. Oportunamente, archívese la presente queja.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani – Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1049I.161 Tomo: XXVII Interlocutorio: 3.207.-
Folio N°: 5.283/5286.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia