Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2.003/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 335/351 y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 328/331.-
2Hacer lugar a la demanda promovida por la Sra. Aurora Almonacid en forma parcial, modificando el punto 1º de la parte resolutiva, en lo que respecta a la procedencia de la indemnización establecida por los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 25.323 conforme la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas señaladas en la presente sentencia y rechazando los agravios referidos al artículo 80 de la LCT y a la tasa de interés.-
3Póngase en conocimiento a la AFIP de la presente sentencia por la instancia de grado (conf. arts. 15 de la LCT y 17 de la Ley Nº 24013).-
4Confirmar el fallo recurrido en lo demás que fuera materia de agravio.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2.003/15-TSJ Interlocutorio N°: 604.-
Actor: ALMONACID AURORA Demandado: FLEITAS DORA ELISA Objeto: S/ DEMANDA LABORAL Fecha: 23-11-2016 Texto: TOMO XVIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 604 FOLIO Nº 3465/3470 PROT. ELECT. TSS1 008 S.161
Río Gallegos, 23 de noviembre de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “ALMONACID AURORA c/ FLEITAS DORA ELISA s/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº A-13.077/11 (A-2.003/15-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 335/351, por el Dr. Alberto José Luciani, en su carácter de letrado apoderado de la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 328/331, por cuanto revoca parcialmente la sentencia de Primera Instancia, rechazando la indemnización de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 25323, del artículo 80 de la LCT y la orden de entrega de las certificaciones laborales.- La Sra. Aurora Almonacid promovió demanda laboral contra la Sra. Dora Elisa Fleitas, propietaria del comercio Farmacia Nueva Argentina, solicitando el pago de indemnización por despido incausado y por la falta de registración de su empleo. La sentencia de Primera Instancia hizo lugar a la demanda parcialmente, condenando a la demandada al pago de distintos rubros indemniza-torios, entre los que se encontraba la indemnización de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 25323 y la prevista por el artículo 80 de la LCT. Apelada dicha sentencia por la demandada, la Excma. Cámara hizo lugar a su recurso y la revocó en cuanto a las indemnizaciones mencionadas expresamente en el párrafo precedente.-
II. La actora interpone recurso de casación “…por quebranta-miento de formas (art. 2º Ley 1687) y violación de la ley y doctrina legal (art. 3º incs. ‘a’ y ‘b’ de la ley 1687)…” (cfr. foja 335). Afirma que “…claramente es aplicable al caso de autos el art. 1 de la Ley 25323, ya que la norma en cuestión establece específicamente que el agravamiento indemnizatorio allí establecido se aplica cuando la relación esté sin registrar o este deficientemente registrada…Por lo cual la sentencia de Cámara padece en este aspecto del pronunciamiento de un grave defecto de lógica, ya que a fs. 4 tiene por acreditada que la relación laboral con la actora comenzó en el año 2007, por lo cual las constancias registrales de la demandada eran incorrectas.
Por lo cual hay una evidente falla en el razonamiento lógico del pronunciamiento, pues es contradictorio, contrariando de esa manera las reglas de la lógica formal que prohíbe la contradicción en el razonamiento: pues no puede tener por acreditada (sic) un extremo fáctico para luego negarlo. Si la norma en cuestión establece que procede la indemnización mencionada en cuanto se verifique que hay registración laboral incorrecta y ello ha sido probado en autos, correspondía de manera inexorable la aplicación de la norma en cuestión, por lo tanto el pronunciamiento es arbitrario y desprovisto de apoyatura legal…” (cfr. foja 338). Expresa que “En cuanto a [la] no aplicación del art. 2 de la ley 25323 es claramente aplicable al caso de autos, pues esta parte debió litigar y sigue litigando e[n] pos de satisfacer sus créditos laborales, por lo cual no se entiende como pudo haberse decidido en contrario, constituyendo por ende esa decisión una decisión arbitraria y en contra de los (sic) dispuesto en la norma en cuestión…” (cfr. foja 338 vta.).
Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo a su postura (conf. fs. 339/341). Continúa su recurso manifestando que “La sentencia recurrida considera no aplicable al caso de sutos [sic] lo normado en el art. 80 LCT, por cuanto la demandada acompañó los certificados de trabajo al contestar la demanda”. (cfr. foja 343 vta.). Y argumenta que la resolución viola la norma en cuestión que establece las condiciones de procedencia de la sanción aplicable que se cumplen en esta litis, por lo cual la sanción era aplicable. Señala que consta en autos la intimación en tiempo y forma hacia la patronal; es decir transcurridos treinta días desde la terminación de la relación laboral y el vencimiento del plazo de 48 horas a los fines de la entrega de la documentación laboral en cuestión, siendo a todas luces extemporánea la entrega recién cuando contesta la demanda (conf. fs. 343 vta./344).
En este sentido entiende que es un cumplimiento defectuoso y tardío, que no merece ninguna dispensa ni condonación judicial y por lo cual la indemnización es procedente (conf. foja 345 y vta.).- Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a foja 353 y vta., este Tribunal lo declara bien concedido a foja 363 y vta., poniéndose los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec., 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CP C y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, ambas hicieron uso de las facultades que les otorga dicha norma.-
Que a fs. 367/368 vta., la demandada presenta memorial con los alcances previstos en el artículo 8º de del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, expresando que “…la actora no ha especificado ni aclarado, ni probado en autos, de que modo la relación laboral ‘no estaba registrada’ o ‘lo estaba de un modo deficiente’, y para éste último caso, cuál era la deficiencia de dicha registración. En autos ha quedado demostrado que al momento del despido, la relación laboral se encontraba registrada y no existía ninguna deficiencia, de manera que el agravamiento de la indemnización por esta circunstancia en la forma que lo reclama la actora, resulta improcedente, imponiéndose por ello, el rechazo a este agravio y a su pretensión de reconocimiento judicial a esta doble indemnización.” (cfr. foja 367 vta.). Respecto de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 25323, afirma que “…el requisito ineludible exigido por la ley para la procedencia del incremento, es que el empleador no le abonare las indemnizaciones. Sin embargo ocurre en autos, que el empleador le abona las indemnizaciones y lo que el empleado reclama en autos, no se trata del pago de las indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245 LCT, sino diferencias de las mismas…En ningún momento se le negó el pago de las indemnizaciones ni tampoco se le dijo que si quería percibirlas que inicie juicio.” (cfr. fs. 367 vta./368). Por último expresa que “La no entrega del certificado de trabajo y certificación de servicios es que torna procedente la indemnización de modo que su acompañamiento al momento de contestar la demanda, viene a demostrar la intención del empleador de cumplir con dicha obligación. Cumplida la obligación de entrega de la certificación que manda el art. 80 LCT la pretensión de indemnización resulta sin dudas un exceso formal, en desmedro del patrimonio del empleador y en beneficio exclusivo del trabajador, constituyendo en la especie una pretensión de enriquecimiento sin causa que no debe ser tolerado en estricto derecho y justicia.” (cfr. foja 368 y vta.).- La actora presenta memorial a fs. 370/375 vta., reiterando los argumentos esgrimidos en su recurso de casación.-
A fs. 378/380 vta., dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, quien expresa que “A poco que se avance en el análisis…es dable advertir que el recurrente no ha logrado demostrar que el razonamiento que motiva la solución a la que arriba el aquo presenta vicios o irregularidades de la entidad exigida para dar sustento al remedio casatorio […] Yendo a la cuestión traída a dictamen, y no perdiendo de vista que las situaciones no se resuelven en los hechos con la nitidez que con mayor o menor éxito alcanzan en la norma, pero teniendo como principio rector la buena fe que debe guiar a ambas partes no solo en el contrato de trabajo sino a lo largo de toda la vida de la relación laboral, es que considero que a la quejosa en este caso no le asiste razón, lo que significa que comparto el análisis que han llevado a cabo los Sres Jueces de Cámara respecto de la situación planteada en autos […] En el presente caso al momento del despido la relación laboral se encontraba registrada y como bien dice el Magistrado en la sentencia, ‘…en caso de que la dependiente entendiera que no eran correctos los datos proporcionados por la empleadora debió acreditar haberla intimado a modificarlos tempestivamente…’, por lo cual resulta improcedente la aplicación de la doble indemnización, por no darse el presupuesto que exige la norma…Respecto del art. 2º de la ley referida, tampoco se encuentran reunidos los requisitos para su aplicación, recordemos que la norma exige, que el empleador se encuentre fehacientemente intimado, que no le haya abonado las indemnizaciones al trabajador y como consecuencia de ello éste, haya tenido que iniciar acciones judiciales para el cobro de las mismas (arts. 231, 233 y 243 LCT), advirtiéndose en el presente caso que las indemnizaciones fueron efectivamente pagadas, restando algunas diferencias que se podían reclamar por la vía correspondiente, lo que no habilita a sancionar a la empleadora…En cuanto al certificado de trabajo cuya entrega prevé el art. 80 de la LCT…el incumplimiento que da lugar al pago de la indemnización tarifada sólo se produce cuando el empleador no entrega la constancia o el certificado dentro de los plazos prescriptos por la ley; en el supuesto que nos convoca, el demandado acompañó en el momento de contestar la demanda el respectivo certificado, encontrándose cumplida la obligación en este aspecto por lo que este agravio tampoco debe prosperar […] Lo hasta aquí expuesto me lleva a concluir que la Sentencia de Cámara, se encuentra ajustada a derecho, no surgiendo de la misma violación de la ley ni arbitrariedad conforme lo alegara la recurrente, siendo opinión de esta Fiscalía que el recurso de casación interpuesto por la actora no es procedente.” (cfr. fs. 379/380 vta.).-
III. Tal como ha quedado planteada la cuestión extraordinaria, ésta se desarrolla dentro del carril impugnativo de los artículos 2º, 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad.-
En cuanto al alegado quebrantamiento de las formas, el artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- establece que “?El recurso de casación por quebrantamiento de forma procede cuando se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia, siempre que la nulidad no haya sido consentida por las partes”.-
Distinguida doctrina ha dicho que “…esta vía tiene en miras el quebrantamiento de las formas, y sus causales se agrupan en dos categorías: a) omisión de cuestiones esenciales; b) falta de fundamentación legal…” (cfr. Juan Carlos Hitters, ‘Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación’, Ed. LEP, La Plata, 1998, pág. 635). Y que “…el medio bajo análisis tiene por objeto asegurar la observancia de las formalidades impuestas…” (cfr. autor y ob. cit., pág. 634).-
La recurrente sostiene este agravio conjuntamente con los de violación a la ley y arbitrariedad, no teniendo una fundamentación propia.-
En este sentido tiene sentada su postura este Tribunal Superior que reiteradamente ha sostenido que “?El quebrantamiento de las formas esenciales del acto jurisdiccional se debe demostrar y probar exhaustivamente, siendo insufi-ciente la sola alegación e invocación de falta de fundamentación, ya que es imprescindible un despliegue argumental que demuestre y descubra la ausencia de la estructura formal, motivante y lógica que debe presidir todo fallo?” (cfr. Sentencia, Tomos II, Reg. 61, Folio 245/250; XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273 y Reg. 576, Folio 3279/3288), y que “?La invocación simultánea del quebrantamiento de formas con el recurso…” (cfr. Sentencia, Tomo IV, Reg. 153, Folio 761/771), normado por el artículo 3º inciso “a” del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin definición propia impide su tratamiento independiente de la causal.- Por lo cual corresponde el rechazo del recurso por quebrantamiento de formas ya que el mismo es invocado, mas no fundado por la parte recurrente.-
IV. A los efectos de la debida resolución del presente recurso, corresponde efectuar el análisis por el camino de la violación o errónea aplicación de la ley (art. 3º, inc. a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), teniendo en cuenta que el principal embate recae sobre las supuestas violaciones por parte de la Cámara de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 25323 y del artículo 80 de la LCT.-
Que, para una mejor comprensión de la cuestión que nos ocupa, resulta apropiado recordar que el vínculo laboral entre Aurora Almonacid y Dora Elisa Fleitas, se extinguió por decisión de la empleadora. Conforme surge de las constancias obrantes en autos, el 7 de septiembre de 2011 la demandada remite carta documento a la Sra. Aurora Almonacid comunicándole su decisión de dar por terminado el vínculo laboral que hasta ese momento venían sosteniendo. La deman-dada no expresó ningún motivo para tomar dicha decisión según se desprende de los términos de dicha notificación (conf. foja 3).- La actora considera que se le deben abonar las indemnizaciones establecidas en los artículos ut supra mencionados.-
En primer lugar cabe recordar que el artículo 1 de la Ley Nº 25323 establece, en lo que concierne a los presentes, que “…Las indemnizaciones previstas por las Leyes 20.744 (texto ordenado en 1976), artículo 245 y 25.013, artículo 7°, o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente […] El agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo, no será acumulable a las indemnizaciones previstas por los artículos 8°, 9°, 10 y 15 de la Ley 24.013”.- Es decir que dicha normativa establece una sanción indemnizatoria adicional cuando la relación estuviera deficientemente registrada, y lo que interesa en estos autos es determinar aquello que debe entenderse como deficiente registración, y si, como afirma la Cámara, era necesaria una intimación previa por parte de la actora (conf. foja 329 vta.).-
Respecto de la intimación previa a la que alude la Cámara, resulta evidente del texto de la ley que tal requisito no existe. En ningún momento establece la necesariedad de una intimación previa por parte del trabajador. Por el contrario, la Ley Nº 25323 se aplica en aquellos casos en los que el trabajador no puede ampararse en la Ley Nº 24013, en la cual sí se exige una intimación previa (art. 11). En este sentido podemos afirmar que “La disposición procuró, precisamente, comprender los supuestos de trabajadores clandestinos despedidos sin causa que no pudieron usufructuar de las posibilidades de la 24.013, pues no intimaron la registración antes de la extinción del vínculo. Ello se desprende de su párrafo final en cuanto determina la imposibilidad de acumular tal indemnización con las previstas en los arts. 8, 9 y 10 de aquel plexo legal.” (cfr.
Sofía Andrea Keselman, “Empleo no registrado. Sanción y prueba del emplazamiento”, La Ley 2011-F, pág. 360). Así como también que “…La sanción prevista en el art. 1 de la ley 25323 no está condicionada a requerimiento o intimación alguna, el único presupuesto al que la norma supedita su procedencia, es que se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente…” (cfr. CNTrab, Sala II, “Fonts, Gabriel Alejandro c. Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música S.A.D.A.I.C.”, 30/09/2008, Cita La Ley online AR/JUR/8890/2008).- Sentado ello, cabe determinar qué se debe entender por relación laboral deficientemente registrada. Al respecto podemos afirmar “…Para el incremento de la indemnización, la ley no se limita a contemplar el supuesto de ausencia de registración sino que incluye los casos de registración defectuosa; ésta -en principio- debe ser entendida en referencia a los casos de los arts. 9º y 10 de la ley 24.013 (que se haya asentado una fecha de ingreso posterior o una remuneración menor a la real).
Esto en la inteligencia de que el art. 1º de la ley 25.323 es complementario de los arts. 8º, 9º, 10 y 15 de la ley 24.013, tal cual surge del informe de comisión producido por el diputado Pernasetti, que afirma que este artículo viene a llenar un vacío legislativo y dar solución a aquellos casos en que el trabajador, cuya relación no estaba registrada o estaba mal registrada, era despedido sin haber intimado en los términos del art. 11 de la ley 24.013…” (cfr. Julio Armando Grisolía, “Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo”, Ed. Nova Tesis Jurídica, Rosario, 2007, 4º Ed., pág. 425).- En igual sentido “Respecto de qué debemos entender por empleo no registrado o deficientemente registrado, el art. 1º de la ley 25.323 alude a dichos conceptos sin definirlos.
Por ello debemos remitirnos a la ley 24.013, considerando una relación laboral no registrada la determinada en el art. 7° de dicha ley y relación laboral registrada ‘de modo deficiente’ aquella en la que se consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real (art. 9, ley 24.013), o una remuneración menor que la percibida por el trabajador (art. 10, ley 24.013)” (cfr. Leonardo Pablo Ferraro, “La viabilidad de las multas de la ley 25.323”. Cita Online AR/DOC/1117/2013).- Así también lo ha expresado la jurisprudencia al decir que “Resulta procedente otorgar el incremento indemnizatorio previsto en el art. 1° de la ley 25.323 (DT, 2000-B, 2017) a un trabajador que estuvo registrado de manera deficiente al haberse consignado en los libros laborales y recibos de haberes una fecha de ingreso posterior a la real” (cfr. sum.
CNTrab, sala I, “Cabrera, José Eugenio c. Express Oriente S.R.L.”, 26/11/2007. Cita Online AR/JUR/8625/2007).-
Considerando los conceptos precedentemente expuestos, la decisión de la Cámara resulta arbitraria, en cuanto, por un lado confirma la decisión de primera instancia en cuanto a la fecha real en la cual se inició la relación laboral (abril del 2007, conforme foja 329 vta.), y por otro lado afirma que la relación se encontraba registrada adecuadamente (conf. foja 329). Es decir que, si la relación fue tardíamente registrada (conf. fs. 198 y 217) le corresponde a la actora percibir la indemnización establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 25323. Por lo que, corresponde revocar en este punto la sentencia de Cámara, condenando a la Sra. Dora Fleitas a abonar a la actora el doble de la indemnización por antigüedad establecida en la sentencia de primera instancia (conf. fs. 297 y vta.), la cual se encuentra firme en lo que respecta al rubro mencionado.-
V. Corresponde ingresar al agravio referido a la aplicación a los presentes de lo establecido por el artículo 2º de la Ley Nº 25323.-
Dicho artículo establece: “Cuando el empleador, fehacien-temente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%. Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago”.- Es decir que resulta necesario para obtener la indemnización prevista en el artículo 2° de la Ley Nº 25323 que la trabajadora hubiera intimado a su empleadora para que le abone las indemnizaciones propias del distracto, y que, ante la conducta reticente de éste, la trabajadora deba iniciar las actuaciones judiciales tendientes al cobro de las indemnizaciones no abonadas oportunamente.-
En relación a la intimación que debe realizar el trabajador, podemos expresar que “…A los fines del progreso de la indemnización contenida en el art. 2 de la Ley 25.323, el reclamo de ‘indemnización’ opuesto a la carta documento donde se notificaba el despido, y que el trabajador rechazara por falsa, maliciosa e improcedente, basta para constituir en mora a la empleadora en relación a los resarcimientos derivados de la extinción del vínculo laboral” (cfr. Sum., CNTrab., sala I, González, Ariel Darío c. Top Meat S.A. y otro s/despido, 28/11/2012. Cita online AR/JUR/67932/2012). Esta doctrina resulta aplicable a los presentes autos, en los cuales la actora ha intimado al pago de las indemnizaciones debidas (conf. foja 6), expresando en dicha misiva que “Intimo nuevamente y conforme a su despido sin causa abone indemnización que por ley corresponde…” (cfr. foja cit.). Por lo que considero que la actora ha cumplido con la intimación a la Sra. Fleitas para obtener la indemnización que le correspondía.- Por lo que este Alto Cuerpo tiene dicho y en atención a que la demandada no ha abonado en forma completa las indemnizaciones que le debía a la actora, es que corresponde condenar a la demandada al pago de la indemnización que establece el articulo 2º de la Ley Nº 25323 (conf. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 576, Folio 3279/3288, entre otros)
Sentado ello, debemos determinar el cálculo para ello. Corresponde limitar el incremento indemnizatorio previsto en el artículo 2 de la Ley Nº 25323 a la diferencia existente entre la suma abonada y lo que efectivamente se debió pagar al trabajador, ya que el incumplimiento sancionable se limita a la parte que motivó el reclamo (conf. sum. CNTrab., sala II, “Karakas, Kirig c. Costas, Ángel Osvaldo s/consignación”, 24/05/2012. Cita online, AR/JUR/36615/2012). En el mismo sentido: “La indemnización del art. 2 de la ley 25.323 no procede sobre el total de las indemnizaciones sino sobre la diferencia respecto de la porción no abonada que debió ser dilucidada en el marco de un litigio, por lo que es respecto de ese crédito indemnizatorio sobre el que debe calcularse” (cfr. sum., CNTrab, sala I, “Zalazar Nazario Elso c. General Industries Argentina SA y otro s/ despido”, 29/11/2013. Cita online: AR/JUR/87926/2013). Por lo que corresponde incrementar en un 50 %, la diferencia entre lo abonado en su momento por la demandada y lo que correspondía abonarle en concepto de indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración por mes de despido (arts. 232, 233 y 245 de la LCT), todos rubros que han quedado firmes a abonar en concepto de indemnización por el artículo 2 de la Ley Nº 25323.-
VI. En relación al agravio relativo a la indemnización del artículo 80 de la LCT, la Cámara expresa que “…no se acreditó la necesaria intimación previa, ya que el telegrama que pretendió hacerlo no fue entregado al destinatario (ver fs. 8/9 vta.). Además debe tenerse en cuenta que en oportunidad de contestar la demanda la empleadora ha agregado a estos actuados (fs. 99/101) las correspondientes certificaciones por lo que cabe revocar también en este punto la sentencia apelada…” (cfr. foja 330).-
Resulta necesario señalar, como correctamente lo hace la Cámara, que la supuesta intimación que le hace la actora para la entrega de los certificados, no fue diligenciada, ya que a foja 9 obra copia de la carta documento devuelta al remitente.-
Al respecto, Juan Carlos Fernández Madrid expresa que “… Para que se configure la conducta sancionada deben existir los siguientes hechos:… 3) El reclamo fehaciente del trabajador…” (cfr. aut. cit., “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, La Ley, Buenos Aires, 2007, 3º Ed. actualizada y ampliada, Tomo II, pág. 1978). También podemos citar: “Transcurridos treinta días desde la extinción del contrato, el trabajador debe intimar por dos días la entrega del o los instrumentos. Vencido el plazo, nace la obligación del empleador remiso de pagar la multa. Ello no ocurre si se omite la intimación…” (cfr. CNTrab, sala VIII, “Celle, Alberto Carlos c. Extreme Gear S.A. s/ despido”, 23/02/2015. Cita online: AR/JUR/683/2015).- Así se ha expresado este Tribunal: “…El artículo 45 de la ley 25345 agrega una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador el último año de la relación o durante el tiempo de la prestación de servicios si este fuere menor, para el caso que el empleador no cumpliere con la entrega de las constancias o el certificado dentro de los dos días hábiles de efectuado el requerimiento en forma fehaciente.
Ambas obligaciones impuestas por el artículo 80 requieren el emplazamiento al empleador para la procedencia de la indemnización…En definitiva el plazo que tiene el empleador para entregar el certificado es de 30 días contados desde la disolución del vínculo y la indemnización es debida si el empleador no entrega los certificados vencido el plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de la intimación, realizada luego de treinta días corridos de extinguido el contrato de trabajo (confr. Grisolía, Julio Armando, ob. cit., pág. 672/674)?” (cfr. Sentencia, Tomo XV, Sentencia, Reg. 533, Folio 2996/3004). Así, para que proceda la indemnización a favor del trabajador por la no entrega de la documentación del artículo 80 de la LCT, éste “‘…debe haber intimado en forma fehaciente requiriendo su entrega dentro del plazo de dos días hábiles?
(confr. Rodríguez Mancini, Jorge, Ley de Contrato de Trabajo, Comentada, anotada y concordada, T° II, Buenos Aires, La Ley, 2007, pág. 1033)…’” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 579, Folio 3303/3311). También este Alto Cuerpo, ha afirmado que “…para que se torne operativa la reparación se necesita un emplazamiento -fehacientemente formulado- del trabajador, y que transcurran dos días hábiles desde dicho emplazamiento (computados a partir del siguiente a la recepción de la intimación) sin que el patrono cumpla lo pedido.” (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 484, Folio 2628/2634).- En atención a que no se ha demostrado que se ha realizado la intimación necesaria, es que cabe confirmar en este punto la sentencia recurrida.
Ello más aún considerando que la actora en su recurso no realiza ningún intento de rebatir la conclusión de la Cámara, sino que por el contrario, únicamente realiza transcripciones de fallos que considera aplicables a los presentes autos, sin expresar debidamente algún fundamento que permita demostrar la equivocación de la sentencia recurrida. En ningún momento intenta rebatir el fundamento de la Cámara (la falta de intimación) para el rechazo de la indemnización solicitada. No demuestra ni siquiera menciona la intimación que otorgaría sustento a su pedido, realiza meras afirmaciones dogmáticas como “…consta en autos la intimación en tiempo y forma de esta parte hacia la patronal…” (cfr. foja 343 vta.), sin especificar donde consta tal intimación.
La recurrente cita y transcribe antecedentes jurisprudenciales para dar sustento a su agravio, pero no podemos dejar de señalar que aún en ellos, al iniciar la transcripción, comienza señalando “la intimación fehaciente…” (cfr. foja 346), lo que no hace más que confirmar que se debe rechazar este agravio.-
VII. Por último, la actora en su recurso solicita la aplicación de intereses calculados según la tasa activa (conf. foja 350 vta.). Es pertinente señalar que este Tribunal no puede ingresar al análisis de la aplicación de la tasa activa, ya que la sentencia de primera instancia determinó la aplicación de la tasa pasiva, y no habiendo sido apelada por la actora dicha sentencia (a foja 316 vta. se declaró extemporáneo su recurso), ha adquirido firmeza dicha decisión, en ese tópico no pudiendo ser modificada en esta instancia.-
En síntesis, la indemnización a favor del actor, deberá calcularse únicamente en base a las pretensiones admitidas precedentemente; con más los intereses calculados desde la fecha del distracto laboral, según la tasa pasiva publicada por el Banco Central de la República Argentina que ha quedado firme en la instancia de grado. A cuyo fin deberá practicarse liquidación por la instancia de grado de conformidad con lo normado por el artículo 99 de la Ley Nº 1444.-
VIII. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 335/351 y en consecuencia casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 328/331, haciendo lugar a la demanda promovida por la Sra. Aurora Almonacid en forma parcial, modificando el punto 1º de la parte resolutiva, en lo que respecta a la procedencia de la indemnización establecida por los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 25.323 conforme la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas señaladas en la presente sentencia y rechazando los agravios referidos al artículo 80 de la LCT y a la tasa de interés. También se deberá, por la instancia de grado, comunicar a la AFIP de la presente sentencia a los fines pertinentes (conf. art. 15 de la LCT y 17 de la ley 24.013).- Por aplicación del principio objetivo de la derrota, las costas deben ser impuestas a la demandada perdidosa (art. 68 del CPC y C por remisión del art. 121 de la Ley Nº 1444), difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (conf. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores; teniendo presente la reserva del caso federal efectuada por la actora a foja 375 vta., apartado V.-
Por todo ello, oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 335/351 y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 328/331.-
2. Hacer lugar a la demanda promovida por la Sra. Aurora Almonacid en forma parcial, modificando el punto 1º de la parte resolutiva, en lo que respecta a la procedencia de la indemnización establecida por los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 25.323 conforme la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas señaladas en la presente sentencia y rechazando los agravios referidos al artículo 80 de la LCT y a la tasa de interés.-
3. Póngase en conocimiento a la AFIP de la presente sentencia por la instancia de grado (conf. arts. 15 de la LCT y 17 de la Ley Nº 24013).-
4. Confirmar el fallo recurrido en lo demás que fuera materia de agravio.-
6. Diferir la regulación de honorarios de los letrados inter-vinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (conf. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos- Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1008S.161 Tomo: XVIII Interlocutorio: 604.-
Folio N°: 3465/3470.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia