Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121447
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y se anula el pronunciamiento en cuanto omitió el tratamiento del planteo incorporado por la parte actora a fs. 604/607 (art. 298, CPCC).
Asimismo, se admite en forma parcial el de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada con los alcances establecidos en el punto IV del voto emitido en primer término respecto de la segunda cuestión; con costas (art. 289, CPCC).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.447, "Herrera, Cristian Ariel contra Aloisi y Cía. S.R.L. y otros. Daños y perjuicios" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 707/729 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 773/778) y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 752/772).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 806/808), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Cristian Ariel Herrera y condenó a la coaccionada Provincia ART S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral temporaria en los términos del art. 13 de la ley 24.557 con más sus intereses.
En cambio, respecto del reclamo referido a la incapacidad laboral permanente parcial contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" del citado régimen legal, sin perjuicio que liminarmente sostuvo que debía prosperar en razón del grado del 56% de minusvalía que padece el trabajador, posteriormente juzgó que la previa percepción por parte de éste de cierta suma de dinero en concepto de indemnización por daños y perjuicios, fruto del acuerdo celebrado con la codemandada Du Pont Argentina S.A. -que fuera homologado por el mismo tribunal- en tanto resultó mayor a aquel monto reconocido por la prestación especial, provocó la "extinción" total de la obligación (v. fs. 707/729 vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 773/778).
Sostiene que el juzgador omitió tratar una cuestión esencial, pues ninguna consideración efectuó en el pronunciamiento sobre el pedido realizado por la parte actora para que se aplicaran a las prestaciones reclamadas el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), y en su caso, se decretara la inconstitucionalidad de los arts. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y 12 y 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Señala que dicha omisión condujo al sentenciante a fijar el importe de las prestaciones sistémicas a valores notoriamente bajos e injustos que no superan el test de constitucionalidad y convencionalidad.
Finalmente, alega que el tribunal de grado transgredió el art. 171 de la Constitución provincial, toda vez que, si bien en el veredicto hizo mención a las conclusiones plasmadas en las pericias psiquiátrica y traumatológica, luego se desentendió del resultado de la primera y sin aportar fundamento o cita legal alguna en una cuestión de relevancia, dejó sin resarcimiento al daño psíquico que porta el actor.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En su presentación de fs. 604/607 la parte actora solicitó que se aplicara el índice RIPTE a las prestaciones dinerarias reclamadas (insisto en precisar: el requerimiento fue formulado bajo la forma gramatical plural, que en su razonamiento entonces -y sin que quepa aquí abrir juicio sobre su pertinencia- abarcaría tanto aquellas relativas a la incapacidad temporal como permanente), planteó en esa ocasión a todo evento, la inconstitucionalidad de los arts. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y 12 y 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo. El tribunal confirió traslado de dicho escrito a la contraria (v. fs. 608), el que fue contestado por la codemandada Provincia ART S.A. (v. fs. 612/614).
No obstante, la trascendencia de la pretensión incorporada por la accionante, nada dijo al respecto el a quo en su sentencia, ello a pesar de haber juzgado que al trabajador le asistía el derecho a reclamar las prestaciones dinerarias sistémicas, si bien con las precisiones que efectuó en orden a aquella prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Ha incurrido así en la infracción denunciada con fundamento en la cláusula prevista en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Es sabido que la ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes, oportunamente planteados constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita ) que conlleva a la nulidad del fallo (causas L. 117.219, "Arriola Camacho", sent. de 12-XI-2014; L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018 y L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019).
Lo señalado, conduce a declarar la nulidad del pronunciamiento en el aspecto analizado.
III.2. En cuanto al restante agravio, cabe señalar que la infracción al art. 171 de la Constitución local se configura cuando el fallo carece de todo fundamento legal (causas L. 104.795, "Brega", sent. de 21-XII-2011; L. 117.819, "Natiello", resol. de 18-VI-2014 y L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I.", sent. de 20-XII-2017), lo que no se verifica en el caso.
III.3. Con todo, vale aclarar que la nulidad propuesta en el primer punto de la presente no ha de alcanzar a la totalidad del pronunciamiento sino solamente a la parcela afectada por el vicio señalado (causas L. 80.137, "Garín", sent. de 6-IX-2006; L. 79.235, "Carnival", sent. de 23-V-2007 y L. 84.928, "Formigo", sent. de 19-IX-2007).
IV. En razón de lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 806/808), corresponde disponer la nulidad parcial del fallo en cuanto soslayó el planteo incorporado en el expediente a fs. 604/607. Las actuaciones deberán volver al tribunal de grado para que con "diferente integración" dicte un nuevo pronunciamiento con el alcance que aquí se indica (art. 298, CPCC).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis y 19 de la Constitución nacional; preámbulo, primer párrafo y art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; preámbulo, segundo párrafo y arts. 5 incs. 1 y 2, 8, 11 inc. 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; preámbulo y arts. 7 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; preámbulo y art. 10 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 850 y 851 inc. "c" del Código Civil y Comercial de la Nación; 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 12 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1 apartado 2 inc. "b", 6, 8, 11, 14 y 39 apartado 4 de la ley 24.557; leyes 25.280 y 26.378; arts. 163 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 752/772).
II.1. En primer lugar, cuestiona que el tribunal de grado dedujera del importe determinado en concepto de prestaciones dinerarias sistémicas lo percibido por el actor en concepto de indemnización de daños y perjuicios con motivo del acuerdo conciliatorio celebrado con la demandada Du Pont Argentina S.A.
Señala que con tal proceder el a quo pulverizó el derecho irrenunciable del trabajador a obtener el resarcimiento que le correspondía en los términos del régimen especial de la ley 24.557, limitándose a reconocerle una ínfima suma correspondiente a prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria.
Expresa que se equivoca el tribunal de grado al juzgar que entre Du Pont Argentina S.A. (indica: tercero en relación al contrato de trabajo y al que ninguna de las partes encuadró en el art. 12 del decreto 491/17, que reputa inconstitucional) y Provincia ART S.A. se verifican "obligaciones concurrentes", pues -explica- no concurre en el caso la necesaria identidad de objeto, en tanto el demandante reclamó a la aseguradora de riesgos del trabajo el otorgamiento de las prestaciones de la ley 24.557 propias de la seguridad social y al tercero señalado como responsable el pago de una indemnización integral sustentada en las normas del derecho común. Alega que ni el pago, ni la transacción acordada en relación con una de ellas tiene efectos sobre la restante, en consecuencia, no se ha producido ninguna extinción total o parcial, es que no es aplicable el art. 851 del Código Civil y Comercial.
Sostiene que más allá del encuadre que se hiciera de las obligaciones reclamadas, la cuestión ventilada en autos se encuentra regulada en el art. 39 apartado 4 de la ley 24.557, norma que -agrega- fue erróneamente aplicada por el juez de grado que sufragó en tercer término pues a tenor de ella lo que se reduce no son las prestaciones del sistema en cuanto exista un pago por un tercero, sino la obligación resarcitoria de éste.
Luego de cuestionar la lectura que aquel magistrado hizo de ciertas expresiones vertidas en el escrito de demanda, el impugnante despliega sendas consideraciones sobre los alcances del acuerdo celebrado entre el señor Herrera y Du Pont Argentina S.A. Así, enfatizando en que el monto pactado allí expresamente se imputó a la indemnización civil peticionada en autos, afirma que entonces lo acordado no puede importar la extinción de un crédito laboral irrenunciable a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo, cuando además el actor indicó que continuaría reclamando en estas actuaciones.
Argumenta que la actuación del tribunal de mérito estuvo reñida con el principio de buena fe y transgredió la doctrina de los actos propios, ya que fijó la audiencia de conciliación, la dirigió e incluso instó a las partes a llegar a un acuerdo que luego homologó sin condicionamiento alguno, para posteriormente desentenderse de lo actuado y considerar que el reclamo por las prestaciones sistémicas contra la aseguradora de riesgos del trabajo era inviable. Postula que, si el juzgador consideraba que correspondía efectuar una deducción de importes, debió informar de ello a las partes para que pudieran actuar en consecuencia, máxime cuando se pueden afectar derechos de un sujeto que goza de preferente tutela constitucional.
II.2. En otro orden, objeta que el a quo haya ponderado que el actor únicamente padece una incapacidad del 56% cuando en el propio veredicto se señala que ese es el porcentaje que corresponde a la minusvalía física, pero existe un 35% adicional por incapacidad psíquica.
Refiere que, de este modo, el tribunal de origen se apartó absurdamente de las conclusiones periciales, desatendiendo un daño que es indemnizable tanto en el marco del derecho civil como en el sistema de la ley 24.557.
II.3. Finalmente, alega que en la sentencia se cuantificaron las prestaciones sistémicas de modo irrazonable, sin computarse las mejoras introducidas a la ley 24.557 por el decreto 1.694/09 y la ley 26.773 cuando ello fue peticionado oportunamente en el litigio, sin perjuicio de la facultad-deber que tienen los magistrados de realizar de manera oficiosa el control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas.
Argumenta que la aplicación de las referidas mejoras a los accidentes de trabajo producidos con anterioridad a la entrada en vigencia de las nuevas normas, ha sido receptada por numerosa jurisprudencia en los casos en los que aún no se habían pagado las prestaciones respectivas.
Por último, "en defecto" de esos argumentos, alega sobre la necesidad de arribar a un resultado justo declarándose la inconstitucionalidad de la tarifa, conforme la Constitución nacional y los estándares en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
III. El recurso prospera en los límites que seguidamente habrán de precisarse.
Advirtiendo tal desenlace, también he de aclarar que, para un mejor tratamiento, no habré de seguir el orden en que fueron propuestos los agravios.
III.1. Resulta procedente la crítica que gira en torno a la incapacidad del trabajador determinada en el fallo.
III.1.a. Del veredicto se desprende que si bien el a quo hizo una muy breve síntesis de ciertas consideraciones expuestas tanto en la pericia "médica" como en la "psiquiátrica" agregadas en autos (v. fs. 386/394; 466/471 vta. y aclaraciones del segundo de los expertos mencionados a fs. 480/481 vta.), posteriormente al establecer el grado de la incapacidad del actor para así determinar la prestación sistémica que habría de reconocerle, sólo consideró aquel del 56% informado por el médico especialista en traumatología, sin brindar ningún argumento que -con la claridad exigible en todo pronunciamiento judicial- explique las razones por las cuales marginó al porcentual también dictaminado por el perito psiquiatra sobre una disímil faceta de la incapacidad (v. vered., fs. 711 y vta.; sent., fs. 716 vta. y 717).
III.1.b. Evidentemente, le asiste razón al recurrente cuando afirma que en dicho aspecto lo resuelto por el tribunal es fruto del vicio del absurdo.
Sin ingresar a analizar el acierto o desacierto del resultado final al que arribó el órgano jurisdiccional de grado, el motivo que conduce a revocar este tramo del pronunciamiento reside en que esa definición fue obtenida sobre la base de un análisis simplista y parcializado de la prueba, en el cual no se establecieron las pautas o motivos que lo condujeron a la solución objetada, yerros que en la doctrina de esta Suprema Corte son reveladores de aquel extremo vicio denunciado por el interesado (causas L. 99.499, "F., H. O.", sent. de 10-VIII-2011; L. 117.638, "Malvendes", sent. de 10-VI-2015 y L. 117.626, "Celestino", sent. de 14-XII-2016).
Cabe con estos lindes casar el veredicto y la sentencia de grado, debiendo las actuaciones regresar al tribunal de origen para que nuevamente integrado y renovando los actos procesales necesarios, dicte un nuevo pronunciamiento en el punto.
III.2. Con lo gravitante que resulta lo anterior, tampoco ha de quedar en pie lo decidido por los magistrados de la instancia en cuanto dedujeron del importe que hubiera percibido el actor en razón de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 lo abonado con motivo del acuerdo conciliatorio celebrado con la demandada Du Pont Argentina S.A. en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
III.2.a. El art. 39 apartado 4 de la ley 24.557 establece -en lo pertinente- que cuando el accidente de trabajo hubiese sido causado por un tercero, el trabajador podrá reclamar del responsable la reparación que pudiere corresponderle conforme el derecho civil y que de esa indemnización podrá deducirse el valor de las prestaciones que haya percibido o deba percibir de la aseguradora de riesgos del trabajo.
III.2.b. En ese contexto, el fallo de grado carece de toda reflexión orientada a evidenciar que aquella suma de dinero que percibió el actor de parte de quien fuera demandada en autos como tercero responsable (según se dijo en la demanda, en razón de ser propietaria de la "maquinaria que protagonizó" el infortunio; v. fs. 40 vta.) no haya sido el resultado en el marco de la propuesta conciliatoria de una lógica deducción o descuento de lo que el accionante podría percibir -según el futuro desenlace del litigio- de la aseguradora de riesgos también demandada. Esa insuficiencia argumental adquiere más importancia si se observa que en la instrumentación de dicho acuerdo -desde ya, homologado en esos términos por el propio tribunal que dictó la sentencia aquí recurrida- expresamente se consignó que la acción "continuaba" contra la aseguradora de riesgos del trabajo por las prestaciones de la ley 24.557 (v. fs. 530).
Con todo, no es aceptable el proceso lógico que llevó al tribunal ha considerar extinta la obligación que -conforme declaró- pesa en cabeza de Provincia ART S.A.
Junto a lo ya ordenado en el marco del primer agravio analizado, también con su nueva integración el tribunal de la instancia deberá abordar nuevamente esta cuestión.
III.3. En atención a lo juzgado al acogerse parcialmente el recurso extraordinario de nulidad deducido y a lo aquí resuelto, no cabe expedirse en orden a la impugnación en la que se reclama la aplicación de las "mejoras" que trajo el decreto 1.694/09 y la ley 26.773, o en su caso, a la inconstitucionalidad de "la tarifa" prevista en la ley especial a la que alude el recurrente.
IV. En virtud de lo expuesto cabe hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en los términos trazados en los puntos III.1.b. y III.2.b. del presente. Con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y se anula el pronunciamiento en cuanto omitió el tratamiento del planteo incorporado por la parte actora a fs. 604/607 (art. 298, CPCC).
Asimismo, se admite en forma parcial el de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada con los alcances establecidos en el punto IV del voto emitido en primer término respecto de la segunda cuestión; con costas (art. 289, CPCC).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2020 17:15:15 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 19:37:04 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 22/05/2020 14:59:22 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 09:42:39 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 11:45:36 - DI TOMMASO Analia Silvia -
Fin de la sentencia