Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Azul · Causa 63171
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada;
2Confirmar por otros fundamentos la sentencia de fs. 450/456 vta.;
3Con costas al apelante perdidoso (art. 68 cpcc), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 ley 8904 y 14.967.-Notifíquese y regístrese.-
Yamila Carrasco Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Lucrecia Inés Comparato Esteban Louge Emiliozzi Juez Juez -Sala 1- -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- -Cám.Civ.Azul- Ante mi Dolores Irigoyen Secretaria -Sala 1-
-Cam.Civ.Azul-
CONTRATO DE ASISTENCIA AL VIAJERO-DEBER DE DENUNCIAR EL SINIESTRO-VALORACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS-NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE REDUCCIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN
Con fecha 30 de Abril de 2019, la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y comercial de Azul dictó sentencia definitiva en la causa “ALONSO ANA C/ COMPASS ASSITANCE SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.INCUMP.CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)” en materia de: contrato de asistencia al viajero, deber de denunciar el siniestro, valoración de la cláusula según las circunstancias, nulidad de la cláusula de reducción del plazo de prescripción. 1-63171-2018 - "ALONSO, ANA NELLY C/ COMPASS ASSISTANCE SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Nº Reg. ............
Nº Folio ..........
En la Ciudad de Azul, a los 30 días del mes de Abril de 2019 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental - Sala I- Doctores Yamila Carrasco, Lucrecia Inés Comparato y Esteban Louge Emiliozzi, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ALONSO, ANA NELLY C/ COMPASS ASSISTANCE SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ", (Causa Nº 1-63171-2018), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores COMPARATO-LOUGE EMILIOZZI-CARRASCO.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia de fs. 450/456 vta.? 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION: la Señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
I.a. Inicia demanda ANA NELLY ALONSO por daños y perjuicios contra COMPASS TRAVELER ASSISTANCE S.A. e IRU TURISMO (Sr. Daniel Perez), por los daños de fuente contractual sufridos por la suma de $ 46.040, o lo que en mas o en menos surja de la prueba, más intereses, costos y costas. Relata que en el mes de agosto de 2009 contrató por medio de la empresa IRU TURISMO un seguro de asistencia internacional al viajero de la empresa COMPASS TRAVELER ASSITANCE S.A. pagando la suma de $ 400 por el producto más caro, denominado “Elite Schegen” que incluía amplia cobertura frente a enfermedades y accidentes.
Nunca se le entregó póliza alguna, sino una copia impresa de la computadora, bajo la denominación de “voucher”, con su nombre, la fecha de emisión, el nombre de la agencia “IRU Turismo” y la marca inserta de la firma Compass Traveler Assistance.
Alega que nunca nadie le explicó cómo proceder en caso de siniestro, o se le indicó persona responsable alguna que pudiera asesorarla en el destino al cual viajaba. Relata que el día 22 de diciembre de 2009, estando sola, viajando por el país de Alemania sufrió una caída en el pavimento de una ruta de ese país. Que concurrió al Hospital mas cercano del pueblo de Ettlingen (Clinica St. Vincentius, en la ciudad de Karlsruhe), en donde le hicieron estudios y le descartaron fracturas, recentándole antiinflamatorios (Voltaren, Ibuprofeno y Novalgina). Al ver que el dolor no era producto de ninguna lesión, según lo manifestado por el hospital, decide no informar a Compass Traveler Assitance, puesto que los gastos eran menores.
Al pasar los días notó que el dolor no cedía, y pese al primer diagnóstico, decide ir a hacer una nueva consulta a otro Hospital.
El día 02-01-2010 concurrió al Hospital DiakonissenkrankenhausKarlsruhe-Ruppürr, donde estuvo internada 20 días a causa de haberse originado una fractura en la vértebra dorsal 12, y una amplia embolia pulmonar, cuestiones que no habían surgido con anterioridad.
Que estando internada el personal del hospital intentó comunicarse con Compass Traveler para notificar la internación, y luego de una dificultosa comunicación, logran notificar lo sucedido y enviar la HC el día 05- 01-2010 (tres días después de haber ingresado al nosocomio), y que proceda a la cobertura de lo pagado que ascendió a 3715,77 euros Dice que en ningún momento tuvo respuesta de la aseguradora. Solo se limitaron a mantener un intercambio de emails con Edgardo Daniel Perez, titular de IRU Turismo, donde comunican que no responderían por el accidente. No lo cubrirían.
Cuantifica el daño. Ofrece prueba y funda en derecho, destacando fundamentalmente la Ley de defensa de los consumidores y usuarios (ley 24240).
b) Contesta demanda el Señor EDGARDO DANIEL PEREZ – aduciendo ser titular de “IRU TURISMO.- Efectúa la negativa procesal de rigor de todos los hechos expuestos en la demanda.Plantea excepción de prescripción y de falta de legitimación pasiva. Respecto de la excepción de prescripción, manifiesta que de la propia documental adjuntada por la actora, surge en la Clausula C.12 del contrato que toda acción derivada de la relación entre la actora y COMPASS prescribía a los 180 días consecutivos a contar de la ocurrencia del hecho. Que al haber ocurrido el hecho el 22/12/2009 y haber iniciado la demanda en Junio de 2010, la acción estaría prescripta. En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva no me explayaré toda vez que no ha sido cuestionado lo resuelto en la sentencia de grado.- Alega que resulta mendaz la supuesta falta de información que le imputa a su persona. Dice que la actora reconoce haber sabido que era una carga de ella avisar a la compañía de seguros inmediatamente de producido un accidente, sumado a que no era la primera vez que la actora viajaba. Dice que los teléfonos de contacto surgen claramente en la primera hoja del voucher acompañado.
Dice que no existió incumplimiento alguno de su parte, por ser extraño y ajeno a la relación contractual de asistencia celebrada. Que la actora tenía pleno conocimiento que se sujetaba a las reglas y condiciones establecidas en la póliza que ella contrató. Que en igual situación estaría si hubiera contratado la asistencia por internet, en Ezeiza, o cualquier vía online.
Explica que su función sería la de un auxiliar del comercio, en los términos del artículo 53 de la ley 17418, destacando que “El agente o productor NO ES HABIL PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, cumplen una tarea solo material o accesoria como percibir el pago de las primas y entregar los instrumentos emitidos por el asegurador.” Resalta que en todo momento ha prestado su ayuda y colaboración con la Sra. Alonso.- Cita las condiciones de la póliza que excluirían la cobertura de las dolencias padecidas por la actora.
En lo que refiere a la contestación de demanda, propiamente dicha, su defensa considera que la falta de anoticiar en tiempo oportuno exime de responder. Que ello incluso está reconocido en el propio relato de la actora, al decir que luego de la caída (22/12) concurre al Hospital más cercano, y como no le diagnostican nada, decide no informar a la compañía (por no querer perder tiempo con trámites administrativos), revelando que sí sabría el mecanismo legal para poner en marcha la cobertura. Aduce la falta de responsabilidad de la aseguradora con fundamento en que la caída de la actora fue por su propio peso y no por un accidente o factor externo. Menciona las exclusiones de cobertura. Cita las normas de la póliza. Solicita rechazo de los rubros. Ofrece prueba.
c) A fs. 224/228 la actora contesta las excepciones, las que resultan diferidas para el momento de dictar sentencia (fs. 229).
A fs. 233 se decreta la rebeldía de COMPASS ASSITANCE S.A.
d) Producidas las pruebas el Sr. Juez dicta sentencia a fs. 450/456 vta., allí resuelve: 1) Hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios deducida por ANA NELLY ALONSO contra COMPASS ASSISTANCE S.A. y EDGARDO DANIEL PEREZ –titular de “IRU Turismo”; y en consecuencia, condenando a éstos últimos a abonarle a aquel en el plazo de diez (10) días de consentida la presente, la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 09/100 ($79188,09), dicha suma llevará intereses, debiendo los mismos correr y abonarse desde el día del hecho y hasta el efectivo pago, y liquidarse a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días TASA PASIVA DIGITAL, vigente en los distintos períodos de aplicación; 2) Impone las costas de la demanda que se acoge a la parte demandada vencida (art. 68 y concds. del CPCC) y 3) difiere las regulaciones de honorarios.-
Asimismo es dable decir que desestima las excepciones de falta de legitimación pasiva y de prescripción con fundamento ésta última en la nulidad por abusiva de la cláusula que impone el aviso a Traveler Assistance en el término de 24 hs. de producido el accidente o dolencia bajo apercibimiento de la caducidad del seguro.-
e) La sentencia mencionada es apelada a fs. 463 por la parte demandada, elevados los autos a la Alzada expresa agravios a fs. 488/491 sin recibir responde de la actora.- Mediante escrito electrónico de fecha 6/12/2018 dictamina el Sr. Fiscal General, llamándose autos para sentencia a fs. 497.-
II. Que en autos se reclaman los daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato de asistencia internacional al viajero, que a fin de tratar luego los agravios me referiré en forma sucinta a éste tipo de contrato.-
Tal como lo señala Santiso Javier, en su artículo de doctrina publicado en L L2018-D,41 “La protección del usuario del servicio de asistencia o seguro en viaje” con cita de doctrina y jurisprudencia, el contrato de seguro de viaje es un vínculo que establece la obligación del asegurador de brindar a quien se encuentra de viaje en el exterior del país la cobertura médica necesaria frente a la situación imprevista de una afección o un accidente. Es una contratación que, en razón de la fluidez del tránsito internacional que nos caracteriza, se ha vuelto tan necesaria como la cobertura misma de salud, en este caso, en el exterior del país.
En líneas generales, pero sobre todo en este caso, la persona que realiza un viaje al exterior, cualquiera sea su motivo, cuando sufre una enfermedad o padece un accidente, requiere de atención médica. Es en ese estado que se ve superado por una situación de extrema vulnerabilidad, ya que está en un país extraño, con un padecimiento de salud que puede presentar cuadros de distinta gravedad, desconociendo la idoneidad de los médicos, el resultado de su diagnóstico, qué tratamiento debe seguir, qué recursos tiene y frecuentemente su dificultad de comunicación por un desconocimiento o conocimiento precario del idioma local. Es difícil imaginar un contexto de mayor vulnerabilidad y, consecuentemente, de mayor necesidad de cobertura y asistencia, objeto principal del contrato al cual ha adherido.
Es un contrato mediante el cual una de las partes (la empresa) promete a la otra (usuario o viajero) la prestación de servicios en el caso de ocurrencia de accidente o padecimiento de una enfermedad o cualquier percance que pudiera suscitarse en un viaje realizado al exterior del país, contra el pago de un precio anticipado.
Su naturaleza le permite ser ubicado dentro del marco de los contratos de seguro. La ley 17.418 (Adla, XXVII-B, 1677) prevé el seguro de accidentes personales y responsabilidad civil, en los que pueden incluirse la atención médica y la asistencia jurídica. No obstante, cierta parte de la jurisprudencia ha establecido que resulta erróneo calificar al contrato de asistencia al viajero dentro de los contratos de seguro, toda vez que la entidad administradora no reviste el carácter de aseguradora ni las obligaciones asumidas por ella encajan en la perspectiva de la ley 17.418 ni se encuentra sujeto al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación (Cámara Nacional de Comercio Sala E, 24.02.2000, “Suarez Nélida…”). Presenta a su vez características propias del contrato de medicina prepaga (leyes 23.660 y 23.661), con la particularidad de que su contratación no es permanente sino temporal, siempre a través de terceros radicados fuera del territorio nacional.
Es así que, entiendo el contrato de seguro de viajes, es un contrato atípico, resultando determinante a efectos de regular la relación contractual, las cláusulas generales y particulares suscriptas por las partes, sin perjuicio de que, analógicamente, puedan aplicarse las reglas derivadas del contrato de medicina prepaga y de la ley 17.418 (conf. Borka Marcelo “El contrato de asistencia al viajero” public. DJ 2005-2, 901). Lorenzetti en su obra “Tratados de los Contratos” T° 3 señala a su vez que a los contratos de medicina prepaga puede aplicarse analógicamente las reglas del seguro, sin perjuicio que se trata de un contrato atípico (ob. cit. pág. 148).
En otro orden es dable señalar que la integración de este contrato se da mediante la adhesión del viajero al formulario de requerimiento de la empresa. En este caso resulta necesario aclarar que es celebrado entre la aseguradora de la cobertura (sujeta la prestación a la ocurrencia de la condición de accidente o enfermedad), que no es la que presta el servicio, sino que esta concreta una diversidad de contrataciones con empresas o médicos e instituciones en los países en donde asegura la cobertura, en favor del contratante adherente, que es el viajero.
Claramente y tal como lo resolviera el Sr. Juez de la instancia de origen, en cuestión que ha venido firme a la Alzada, al contrato en ciernes le resulta aplicable la Ley de Defensa del Consumidor conforme art. 1197 CC, art. 42 CN, arts. 5 y ssgtes. de la ley 24.240/26.361.- Así es que, más allá de resultar aplicables analógicamente a dicho contrato la normativa relativa a los contratos de seguro y de medicina pre paga, todo ello debe serlo bajo la órbita de la ley del consumidor (ley 24.240).-
Por último y tal como lo señala el autor citado en su artículo doctrinario, también nos encontramos frente a un contrato de adhesión, hoy legislado en el Código Civil y Comercial, que si bien no resulta aplicable al presente en virtud de la fecha en que sucedió el hecho, sí puede ser citado como doctrina interpretativa, en tal sentido el Código Civil y Comercial de la Nación definió el contrato por adhesión como aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción (art. 984 del Cód. Civ. y Com.). Seguidamente se estipulan los requisitos para las cláusulas generales (art. 985) y particulares (art. 986), lineamientos de interpretación (art. 987), la definición y la sanción para las abusivas (art. 988), para finalizar con la exigencia del control judicial y su integración contractual (art. 989).-
Luego de ésta breve referencia al contrato de asistencia al viajero, me abocaré al tratamiento de los agravios de la parte demandada apelante.- El primer agravio a tratar (si bien es el último planteado por la apelante) se refiere a la prescripción de la acción.- La parte demandada alega que conforme surge de la cláusula C12 del contrato suscripto por la actora toda acción prescribe a los 180 días consecutivos a contar desde la ocurrencia del hecho que la originara, que habiendo ocurrido el hecho el día 22/12/2009, la acción prescribió el día 22/06/2010, habiéndose iniciado la presente acción el día 16/12/2010.-
En la sentencia de grado, dicha excepción no fue tratada, toda vez que se la confundió con la defensa de caducidad del seguro por la supuesta falta de denuncia del siniestro en el término de 24 hs.- Planteado el agravio es dable decir que, como es sabido se aplica al consumidor la normativa que le resulta más favorable, arts. 3 y 37 de la ley 24.240, y ninguna convención entre partes puede reducir el plazo de prescripción (aplicación por interpretación doctrinaria del art. 2533 del CCyC).- Es lo cierto que si bien el C.C. no contaba con una norma similar la doctrina y jurisprudencia mayoritaria negaba total validez a las cláusulas de abreviación de los plazos de prescripción, tal como lo señala López Herrera en su obra “Tratado de la Prescripción Liberatoria”, págs. 370/371. Entre los fundamentos indica:
“a)Es cierto que no hay en el Código Civil ninguna disposición que las prohíba, tampoco que las permita. Pero sí hay una disposición que no autoriza renunciar el derecho de prescribir “para lo sucesivo” (art. 3965 C.C.). Abreviar un plazo de prescripción bien puede ser interpretado como renunciar a prescribir en el futuro. El plazo existe de antemano porque lo puso la ley, las partes lo que hacen es renunciar de antemano a valerse por él.”
“b)Pero si bien el Código Civil guarda silencio, no sucede lo mismo con el resto del ordenamiento.”
“En el derecho del consumidor hay una norma clara que la prohíbe y que ya hemos mencionado (art. 37, inc. b, ley 24.240). Podrá replicarse a esto que es un derecho que precisamente surge para proteger al consumidor desvalido frente a la absoluta libertad contractual, pero que en el resto del ordenamiento, donde las relaciones son entre iguales, no hay razón para limitar la autonomía de la voluntad. Lo que haría la ley en estos casos sería dispensar al acreedor de la prueba de la anulabilidad como sostiene Llambías, porque se presume que en estos casos se presta al abuso.” “Las cláusulas de abreviación son, por los motivos que acabamos de expresar, nulas de nulidad absoluta, y no anulables. Lo que es nulo, por lo tanto, es la cláusula misma de abreviación, la imposición de un plazo distinto al fijado por la ley, y no lo corto o angustioso del plazo como sostiene cierta doctrina.” A fin de determinar si la cláusula que establece el plazo de prescripción fijado en el contrato en ciernes resulta nula por ser más abreviado dicho plazo que el legal, corresponde determinar qué ley le resulta aplicable, toda vez que como vimos se trata de un contrato atípico.-
Siguiendo lo dicho al inicio del presente apartado, en primer término debemos estar a la ley del consumidor toda vez que le resulta indiscutiblemente aplicable conforme lo ya expuesto, y subsidiariamente y por analogía podría aplicarse la ley de seguros o de medicina prepaga.- En ese marco es dable decir que a la fecha de los hechos denunciados (Diciembre de 2009/Enero de 2010), regía la ley 24.240 reformada por la ley 26.361, que en su artículo 50 preveía:
Prescripción. Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.”, tal el texto de dicha norma.- Si bien dicha norma hoy se encuentra modificada, resulta aplicable en orden a la fecha del contrato en ciernes.- Es lo cierto tal como lo señala Kemelmajer, que las normas jurídicas tienen una eficacia limitada en el tiempo y en el espacio, como sucede en cualquier otra realidad humana ellas surgen en un determinado momento y se extinguen en otro (“La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes” ed. Rubinzal Culzoni, pág. 18 citada en la obra de Stiglitz y Hernandez “Tratado de Derecho del Consumidor” tº IV, páf. 94).-
Respecto de la interpretación de la ley 24.240 conforme redacción del art. 50 por ley 26.361, la SCBA dijo: “… queda claro que a partir de la reforma introducida por la ley 26.361 al régimen normativo de usuarios y consumidores, ninguna duda cabe acerca de que el plazo de prescripción establecido por el art. 50 de la ley 24.240 incluye a las acciones judiciales emergentes de los contratos de consumo, entre los que cabe contabilizar, según las circunstancias, a los contratos de seguro. Por caso, el que sirve de asiento a la discusión ventilada en autos. Siendo que la póliza respectiva amparaba el camión de propiedad del actor, cuyo uso personal no ha sido discutido, ninguna duda cabe albergar en cuanto a que el plazo de prescripción trienal resultaría hoy ser el de aplicación en la especie, no pudiendo invocar en su favor la compañía aseguradora el plazo anual previsto en la ley especial de seguros. Ello así, en tanto el aludido precepto -en su actual redacción- resultase de aplicación al sub judice.” (SCBA causa C. 107.516, "Canio, Daniel Gustavo contra Seguro Metal Coop. de Seguros. Cumplimiento contractual” del 11/07/2012), es dable aclarar que dicha causa se resolvió conforme la ley 24.240 en su original redacción toda vez que era la ley aplicable conforme las fechas del hecho dañoso y el inicio de la demanda.-
Conforme lo expuesto resulta a todas luces claro que la cláusula C12 que establece el plazo de prescripción de 180 días consecutivos contados a partir de la ocurrencia del hecho para toda acción legal derivada de la relación entre la actora y Compass Assistence, resulta nula por establecer un plazo menor al fijado en la ley 24.240.-
Aun aplicando la ley más favorable al apelante, asimilando analógicamente el contrato de seguros de viajes en el exterior con el contrato de seguros, y sin aplicar la reforma vigente a la fecha del hecho a la ley del consumidor, el plazo mínimo de prescripción previsto sería de un año (art. 58 de la ley 17.418), de modo tal que aún en dicha hipótesis la acción no se encontraba prescripta al momento de interponer la demanda, en consecuencia se desestima la excepción de prescripción opuesta por la demandada.-
Despejada la cuestión atinente a la prescripción me abocaré al primer agravio esgrimido por la apelante que se refiere al plazo de caducidad del seguro y a la ruptura del nexo causal por la propia conducta de la actora.-
Cita las cláusulas contractuales que establecen como obligación de la asegurada dar aviso inmediato ante un siniestro o accidente, debiendo comunicarse con Compass Traveler Assistence antes de comprometer cualquier gasto de salud, asimismo invoca el plazo de 24 hs. en el que debe dar aviso a fin que la empresa pueda determinar los pasos a seguir.- Manifiesta que la actora obró irresponsablemente y con total conocimiento de las cláusulas del contrato que oportunamente le fueron explicadas.- Que fue su decisión consiente y deliberada no dar aviso de la caída ocurrida el día 22 de Diciembre y de su atención en la Clínica ST. Vincentius conforme surge de su propio relato.- Que al continuar el viaje luego de la caída, provocó un agravamiento del daño.- Que no puede ampararse la conducta desaprensiva de la actora que continúo su viaje y que puso en conocimiento del accidente 14 días después de sucedido, aun conociendo el plazo previsto en el contrato, no correspondiendo declarar nula la cláusula identificada como C.6.2.- Cita lo normado por los arts. 510, 1201, 1724 y 1725 del CC, solicita se haga lugar a los agravios y en consecuencia se desestime la acción impetrada.-
En la sentencia en crisis, el Sr. Juez de la instancia de origen, luego de enmarcar la cuestión en una relación de consumo, declaró nula la cláusula C.6.2 por abusiva y de imposible cumplimiento para quien está de viaje.- Luego resolvió en el marco de la responsabilidad objetiva de la empresa y condenó a la misma al pago de los daños reclamados.-
En primer lugar he de decir que no comparto lo resuelto por el Sr. Juez en cuanto a la nulidad de la cláusula C.6.2, que dispone: Obligatoriedad de informar dentro de las 24 hs.-
Ello así por varios motivos, por un lado entiendo que la actora no podía desconocer la misma, ello surge de la misma documental por ella adjuntada (fs. 8/40), de lo testimoniado por Marta Delia Nina de Azpiroz (fs. 354) quien manifiesta que se le explicó claramente a la actora los alcances y mecanismos de la cobertura.- Asimismo entiendo que al emprender un viaje sola de 6 meses por Europa, al menos se trata de una persona con capacidad y conocimientos suficientes para poder interpretar y conocer los alcances del contrato en ciernes, no se trata de una persona improvisada o que realiza su primer viaje al exterior.- Y ello surge también de su conducta frente a la caída, así tuvo la iniciativa y capacidad de ir sola a un centro asistencial y tomar la decisión de no avisar a la compañía demandada, al menos para solicitar consejo o asistencia.-
Teniendo por cierto que la actora conocía la cláusula en ciernes, corresponde determinar si aún así resultaba abusiva.- En cuanto a la interpretación de si una cláusula resulta abusiva se refirió la Cámara de apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributaria de Mendoza Jurisdicción Cuarta, en causa Martinez c/ Velasco s/ ordinario” del 13.06.2011 publicado en MJ-JU-M67115, la causa mencionada también trataba sobre el plazo de caducidad del seguro de asistencia al viajero analizado bajo el prisma de la ley 24.240: “En lo concerniente a las cláusulas de caducidad cuyo incumplimiento afecta el derecho del beneficiario, se ha sostenido que las cláusulas contractuales que consagren cargas de comportamiento deben ser juzgadas en punto a su eficacia, en consideración a las posibilidades normales de cumplimiento por el asegurado, ya que si se desentienden de un marco de razonabilidad pueden llegar a transformarse en condiciones de imposible cumplimiento (Arts. 530, 533, 537, in fine , CódCiv.), materialmente ilícitas en tanto contrarían la buena fe y el equilibrio contractual, y abusivas en razón de generar una ventaja exagerada en favor del asegurador y un perjuicio inequitativo al asegurado (STIGLITZ, Rubén. "Cláusulas abusivas en el contrato de seguro. Control administrativo previo. Control judicial" en Revista de Derecho Privado y Comunitario. 19. Seguros -I. Ed. Rubinzal-Culzoni, pág.25).”
“Por su parte, en materia de contratos de consumo, más reciente, se apunta a investigar la abusividad no ya en general, sino en los distintos ámbitos de la contratación para el consumo de diferentes bienes y servicios (MOSSET ITURRASPE, Jorge. "Defensa del Consumidor. Ley 24.240" 2da. Edición Actualizada. Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 118).”
A la luz de dichos conceptos entiendo que no resulta abusiva ni insensata dicha cláusula, nuestra ley de seguros prevé en el art. 46 de la ley 17.418 un plazo de tres días para la denuncia de un siniestro bajo apercibimiento de caducidad del seguro y en el caso de medicina prepaga sabido es que, la persona solo puede atenderse en los lugares de salud previstos en su plan, no cubriéndola en otros centros de salud y en muchos casos la atención ha de ser con autorización previa.- Por otra parte en la cláusula C.6.2.1 se prevén situaciones en las que puede resultar imposible dicho aviso (ej., frente a un estado de inconsciencia, etc.): “si fuera imposible en una emergencia comunicarse con una central COMPASS TRAVELER ASSISTANCE para solicitar la autorización previa arriba mencionada, el Titular podrá recurrir al servicio médico de emergencia más próximo al lugar donde se encuentre. En todos estos casos el Titular deberá comunicar a COMPASS TRAVELER ASSITANCE la emergencia sufrida y la asistencia recibida desde el lugar de ocurrencia, lo antes posible y siempre dentro de las 24 hs. de producido el evento, en cuyo caso deberá proveer las constancias y comprobantes originales que justifiquen tal situación. El no cumplimiento de esta norma exonera a COMPASS TRAVELER ASSITANCE de toda obligación y responsabilidad”.-
Recientemente en causa nº 63.831 “Chavez…” del 16/4/2019 me referí a la importancia de la cláusula relativa al aviso de siniestro, que si bien se trataba de un contrato de seguro resulta dable citarlo mutatis mutandis: “…el art. 46 de la ley de seguros “tiene su razón de ser en la necesidad que tiene el asegurador de tomar inmediato conocimiento de la ocurrencia de un siniestro con el objeto de verificar las circunstancias que lo rodean y determinar su verosimilitud, si se corresponde con la cobertura que ofrece su póliza, si fuera del caso tomar las medidas conservatorias necesarias para disminuir las consecuencias del daño, desbaratar eventuales fraudes, reunir las pruebas que resulten del caso” (López Saavedra, Domingo M., Ley de Seguros 17.418 -comentada-, Tomo I, pág. 273).-
Asimismo la Cámara Nacional de apelaciones en lo Comercial Sala B en causa “P.J.A c/ S.A. Argentina de Servicios…” del 25.02.2014, publicado en LL on line AR/JUR/5578/2014, como también la Cámara de apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributaria de Mendoza Jurisdicción Cuarta, en causa Martinez c/ Velsco s/ ordinario” del 13.06.2011 publicado en MJ-JU-M67115 (ya citada), resolvieron a favor de la vigencia de dicha cláusula considerando que no resulta abusiva en las circunstancias que en cada caso se resolvió.-
Ahora bien, entiendo que en el presente caso no puede imputarse a la actora el incumplimiento de dicha cláusula ni el agravamiento del daño, Veamos; el día 22 de Diciembre sufre la caída, ese mismo día se atiende en la clínica St. Vicentius en la ciudad de Karlsruhe, allí en cuestión que no ha venido controvertida, luego de realizarle estudios le dicen que no tiene fractura o lesión por la caída y le indican la toma de analgésicos para el dolor.- Ello a su vez es corroborado por el perito médico de autos (fs. 434 vlta).- Frente a tal diagnóstico, ¿qué debía comunicar la actora a la compañía de asistencia?, ¿que se había caído y no tenía lesión alguna?, siendo que tenía los medios económicos suficientes optó por comprar ella misma los medicamentos toda vez que no resultaba demasiado oneroso, conducta que entiendo ante las circunstancias descriptas no resulta reprochable.-
Por otra parte ¿se puede culpar a la actora de tal diagnóstico?, estimo que no, ¿Cuál habría sido la conducta de la aseguradora ante tal diagnóstico? Realizarle otras placas en otro centro? Nada dijo al respecto la aseguradora y tampoco sería la conducta habitual realizar más estudios conforme las máximas de la experiencia, que integran la sana crítica (doctr. art. 384 del C.P.C.C.).-
Así las cosas, al sentirse mal la actora con el correr de los días, nuevamente va a un centro asistencial, esta vez al Hospital Diakonissenkrankenhaus, allí queda inmediatamente internada (conf. historia clínica de fs. 65/75), en tal ocasión le diagnostican que tenía una fractura de vértebra.- Conforme el relato de la actora y que no ha sido desconocido por la demandada desde el primer día de internación el Hospital intentó comunicarse con Compass Traveler Assistance, logrando recién tres días después enviarles la historia Clínica.- Es así que entiendo el plazo de 24 hs. previsto en la cláusula C.6.2 comenzó a correr ante esta internación, toda vez que si bien la lesión pudo haberse producido con la caída del día 22 de Diciembre, la actora fue diagnosticada con fractura recién el día 2 de Enero de 2010.- Es lo cierto que no fue la actora quien intentó comunicarse con la aseguradora sino el Centro Asistencial, más ello no fue cuestionado y sería por otra parte a todas luces inconducente que se pretendiera que solo la asegurada se comunicase.- No está demás agregar que por el grave cuadro de salud que presentaba la actora al momento de acudir al Hospital el día 2 de Enero, le resultaba aplicable la cláusula transcripta C.6.2.1 En conclusión, entiendo que la actora no incumplió las obligaciones que preveía el contrato, que no fue responsable del agravamiento del daño toda vez que desconocía que tenía una fractura y que no rompió el nexo causal con su conducta posterior.- Reitero, no puede imputarse a la actora un proceder erróneo al continuar su viajes frente al diagnóstico dado en el primer Centro de Salud en el que fue atendida.-
Así las cosas, habiendo quedado enmarcada la relación de las partes en la órbita de la responsabilidad contractual (art. 1197 del CC), y asimismo en una relación de consumo, correspondiendo la aplicación del art. 42 de la CN, que impone un deber de seguridad con carácter objetivo, y de los arts. 2, 3, 4, 5, 37, 38 y ccdtes. de la ley 24.240 ref. por ley 26.361, y conforme lo hasta aquí expuesto en cuanto que no se tuvo por incumplido por la parte actora las obligaciones surgidas del contrato en ciernes ni tampoco se ha probado la ruptura del nexo causal como así tampoco invocado otra eximente de responsabilidad por la demandada, he de confirmar la sentencia de la instancia de origen, por otros fundamentos.-
En relación a ésta última cuestión he de decir citando lo resuelto por esta Alzada en otras oportunidades que el Tribunal de Alzada no se encuentra obligado a seguir el razonamiento del recurrente, como así tampoco se encuentra obligada a confirmar la sentencia y desestimar el recurso interpuesto por los mismos fundamentos tenidos en cuenta en la sentencia cuestionada (ésta Sala causa n° 62086 del 14/09/2017 “Meaca…”).-
Claramente ha sido expuesta dicha cuestión por mi estimado colega Dr. Esteban Louge Emiliozzi conforme seguidamente se transcribe: “Sobre este tema me he referido en causa n° 58.316 "Mespolet" del 10 de diciembre de 2013. Allí señalé: “Sobre el particular, la doctrina y la jurisprudencia tienen dicho que “...el tribunal (en referencia a la Alzada) no está cercado en su razonamiento por la argumentación del recurrente; debe ceñirse a los puntos objetados, oportunamente planteados, pero girando alrededor de ellos tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el juez de primer grado” (Azpelicueta, Juan José y Tessone, Alberto “La Alzada. Poderes y Deberes”, pág. 189, y jurisprudencia allí citada; esta Cámara, Sala II, causas nº 49.720 y 51.123, “Sabella”, del 06.06.06. y 28.06.07., respectivamente; esta Sala, causas n° 53.113, “Marrese”, del 05.08.09.; n° 54.756, “Municipalidad de Rauch”, del 05.05.11.; n° 56.038, “Maistruarena” del 06.03.12.; n° 56575, “Ebarlin”, del 30.08.12., entre otras). Prosiguen diciendo estos autores que “...no es necesario que coincida el razonamiento de la Alzada con el volcado por la parte en el recurso. Eso sí, se insiste, para no trasponer la valla infranqueable que supone el ejercicio de la congruencia, las nuevas razones que oficiosamente aporte el tribunal no deben desembocar en una transformación o modificación de los elementos de la pretensión u oposición”.
En la misma orientación, ha dicho nuestro Superior Tribunal que “El hecho de que la Cámara desestime el recurso interpuesto (…) utilizando argumentos diversos a los señalados por el juez de primera instancia, no implicó vulneración de la regla estatuida en el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial. En efecto, rechazar la apelación (…) por fundamentos distintos a los tenidos en cuenta por el peticionante (luego apelante) (…) y por el magistrado de origen al resolver dicho escrito (C. 88.683, “Monterisi”, del 12.12.2007, primer voto del Dr. Hitters)”.- Por último estimo dable citar dos fallos de nuestro Superior Tribunal Nacional en consonancia con lo hasta aquí expuesto: “Conforme la regla del iuranovit curia, el juzgador tiene no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirigirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes, facultad que deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional de la Justicia” (CSJN 16.12.1976 “Paz de Goñi…” public. En LL 1977-A-259). Por ello en un caso planteado entre exconvivientes, la Corte Federal dejó sin efecto una sentencia que había rechazado la acción de división de condominio planteada por la conviviente por falta de legitimación en tanto el bien figuraba inscripto a nombre del demandado, y la actora no había interpuesto la acción correspondiente a fin de lograr la escrituración para justificar la cotitularidad del dominio. El fallo remitió al dictamen del procurador según el cual el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva no podía ser turbado por un excesivo rigor formal en la interpretación de las normas procesales (CSJN, 5.11.2002 “Portilla Elena c/Cuevas Hugo s/ División de condominio”, fallos 325:2929, public. En RDF n° 46. 2010, pág. 68).-
Así las cosas, en orden a todo lo expuesto a lo largo del presente voto, –reitero- ha de confirmarse la sentencia apelada por otros fundamentos.-
Así lo voto.-
Los Señores Jueces Doctores LOUGE EMILIOZZI y CARRASCO, adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTION: La Señora Juez Doctora COMPARATO dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo: 1) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; 2) Confirmar por otros fundamentos la sentencia de fs. 450/456 vta.; 3) Con costas al apelante perdidoso (art. 68 cpcc).-
Así lo voto.-
Los Señores Jueces Doctores LOUGE EMILIOZZI y CARRASCO, adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
S E N T E N C I A –
POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC, se RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; 2) Confirmar por otros fundamentos la sentencia de fs. 450/456 vta.; 3) Con costas al apelante perdidoso (art. 68 cpcc), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 ley 8904 y 14.967.-Notifíquese y regístrese.-
Yamila Carrasco Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Lucrecia Inés Comparato Esteban Louge Emiliozzi Juez Juez -Sala 1- -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- -Cám.Civ.Azul- Ante mi Dolores Irigoyen Secretaria -Sala 1-
-Cam.Civ.Azul-
Fin de la sentencia