Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-845/20-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el pedido de liquidación mensual efectuado por la accionante en PE262727-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-845/20-IMC-TSJ Interlocutorio N°: 465 Actor: ALONSO DANIELA ALEJANDRA -CONCEJAL DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HERAS- Demandada: CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HERAS Objeto: CONFLICTO DE PODERES -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 11-11-2022 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 465 FOLIO Nº 1756/1761 PROT. ELECT. TSS1 011O.221
Río Gallegos, 11 de noviembre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “ALONSO DANIELA ALEJANDRA -CONCEJAL DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HERAS- C/ CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HERAS S/ CONFLICTO DE PODERES -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº A-845/20-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Que, la concejala Daniela Alejandra Alonso denuncia el incumplimiento del Concejo Deliberante de las Heras de una resolución judicial dictada por este Tribunal Superior de Justicia y, en consecuencia, solicita la liquidación mensual de astreintes (cfr. PE262727-2021).-
Dice que el cuerpo deliberativo de la localidad de Las Heras no ha obedecido la orden impartida por este Alto Cuerpo, a través de la decisión asentada en el libro Otros Recursos, en el Tomo IX, Reg. 449, Folio 1694/1701, que le impuso una sanción pecuniaria compulsiva hasta tanto diera cabal y estricto cumplimiento a otra resolución anterior, registrada en el mismo Tomo IX, al Reg. 443, Folio 1676/1678 del 18 de diciembre de 2020, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Tomo cit., Reg. 445, Folio 1681/1684.- Manifiesta que en la actualidad “las cosas siguen igual” y sigue sin cobrar su sueldo.-
En consecuencia, pide que se ordene el depósito de los montos resultantes del incumplimiento a la fecha y, de allí en más, se continúe con mensualidades de treinta días; además, precisa que ese depósito debería efectuarse en su cuenta sueldo o, en su defecto, en una cuenta a abrirse en la sucursal del Banco Santa Cruz de la localidad donde reside.-
Ulteriormente, mediante providencia del 21 de octubre de 2021, se le hizo saber a la presentante que debía acompañar la liquidación pertinente, a los efectos previstos en el artículo 481 y concordantes del CPCyC (cfr. PE188610-2021), lo que concretó a través de la PE274322-2021.-
En esta última, la concejala practicó liquidación parcial y solicitó que, en virtud del carácter alimentario del derecho que viene siendo afectado, una vez aprobada la liquidación, se ordene embargo y depósito del importe en una cuenta judicial con apertura en la sucursal de Las Heras, con autorización del retiro de los fondos (cfr. PE274322-2021).-
Corrido el traslado pertinente, la Presidenta del Concejo Deliberante de Las Heras indicó que la demandada no se encuentra en mora por no haberse intimado a la ejecución del pago, bajo apercibimiento de ejecución a los fines de que la sentencia se torne ejecutoria. Puntualizó, asimismo, que no correspondía que se practique liquidación alguna, por cuanto su parte dio cabal y estricto cumplimiento a lo ordenado por este Alto Cuerpo, al disponer el 12 de mayo del corriente año la reincorporación de la accionante en su calidad de concejal (cfr. PE303780-2021).- Pasan los presentes al Acuerdo en PE210556-2021).-
II. Inicialmente se impone señalar que la ejecutabilidad de las astreintes es una característica inherente a su naturaleza conminatoria y sancionatoria, toda vez que si no fueran susceptibles de ser ejecutadas judicialmente se convertirían en una figura absolutamente inútil y carente de sentido (cfr. González Bartalay, Felipe Miguel: “Las astreintes en el Derecho Administrativo”, 1ª ed., La Plata, LEP, 2018, pág. 49). De no ser ejecutables, serían meramente declarativas, perdiendo de ese modo su sentido y finalidad, convirtiéndose -al decir de Jorge. J. Llambías- en “sables de papel” (cfr. Frías Silva, Hernán: “La ejecutabilidad de la sentencia que aplica astreintes”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/3397/ 2011).- Su ejecutabilidad encuentra apoyo normativo en lo dispuesto por el artículo 478, inciso 2°, del CPCyC; “…ello, por supuesto, una vez firme el auto que las impone y previo practicar liquidación […] El trámite sería el de ejecución de sentencia. También procedería la ejecución parcial: esto es, que aunque la astreinte esté corriendo todavía, puede, en un punto, liquidarse el monto devengado hasta una fecha y mandarse a ejecutar esa suma, con prescindencia de que luego sigan devengándose mayores montos.” (cfr. Quadri, Gabriel H.: “El esquema sancionatorio en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (tercera parte)”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/9672/2012).- A partir de estas premisas, corresponde determinar si en el presente caso debe llevarse adelante la ejecución pretendida por la accionante.-
Para lograr tal cometido, cabe recordar que el 18 de diciembre de 2020 este Alto Cuerpo hizo lugar a una medida cautelar peticionada por la concejala Daniela Alonso, ordenando su reincorporación (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 443, Folio 1676/1678). Luego de ello, el 22 de abril de 2021, volvió a emitir una decisión, intimando a la accionada al cumplimiento de la resolución precitada, bajo apercibimiento de aplicarle una multa diaria en los términos de los artículos 37 y 491 del CPCyC (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 445, Folio 1681/1684). El 11 de mayo de 2021 el Concejo Deliberante de Las Heras emitió la Resolución H.C.D. Nº 041/2021 disponiendo a partir del día siguiente la reincorporación de la concejala, sin goce de haberes y de forma provisoria, lo que llevó finalmente a este Tribunal a imponerle por Resolución del 13 de agosto de 2021 -cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 449, Folio 1694/1701, cit.-, una sanción pecuniaria compulsiva de $15.000, por cada día hábil, desde que su decisión se encuentre notificada y ejecutoriada y hasta tanto la demandada de cabal y estricto cumplimiento a lo ordenado anteriormente, es decir, hasta tanto la reincorporación se concrete con goce de haberes, durante el trámite del presente pleito.-
III. Sobre esta base, la accionante pretende la ejecución de las astreintes fijada. Peticiona, entre otras cuestiones, que sean liquidadas de manera mensual (cfr. PE262727-2021).-
Este último pedido no puede ser receptado favorablemente, por cuanto el proceso de ejecución de sentencia no es más que la materialización de lo resuelto en el pronunciamiento que lo origina al que no puede enmendar ni ampliar pues lo desnaturalizaría. En consecuencia, el alcance de la ejecución está determinado por lo sentenciado. La liquidación a concretar debe acompasarse a las precisas pautas señaladas en la sentencia, pues la fase ejecutoria ha de estar delimitada por el alcance de la sentencia que dinamiza y, a su vez, legitima la determinación de la suma líquida a oblar, sin que sea admisible resolución alguna que contraríe lo decidido (cfr. Sucunza Rusterholsz, Matías Alejandro - Verbic, Francisco, en López Mesa, Marcelo J. [Director], “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2014, Tomo IV, págs. 574/575).-
IV. Despejado lo anterior, corresponde analizar la oposición articulada por la demandada (cfr. PE303780-2021) a la liquidación practicada por la actora en PE274322-2021.-
El traslado contemplado en el artículo 481 del CPCyC tiene por finalidad que la contraria concrete las observaciones que tenga respecto de lo liquidado, ejerciendo su derecho de defensa.-
En este momento la impugnación debe estar dirigida a la liquidación misma. Se puede impugnar, entre otras cuestiones, el procedimiento, la técnica o la operación en sí misma por haberse apartado de las bases de la sentencia (cfr. Falcón, Enrique M.: “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2006, Tomo V, pág. 78).-
Así las cosas, el argumento por medio del cual la accionada sostiene que no corresponde practicar liquidación alguna, en tanto su parte dio cabal cumplimiento a lo ordenado por este Alto Cuerpo mediante la Resolución H.C.D. Nº 041/2021 del 12 de mayo del 2021, resulta inviable a los efectos de resistir la ejecución pretendida y debe desestimarse sin más, desde que ésta no es la oportunidad para realizar planteos adicionales en torno al alcance, justicia y razonabilidad de lo decidido (cfr. Sucunza Rusterholsz, Matías Alejandro - Verbic, Francisco, en López Mesa, Marcelo J. [Director], Código y Tomo cit., pág. 606). En tal sentido, se ha afirmado que: “…al encontrarse las multas impuestas en la etapa procesal de ejecución de sentencia, cualquier planteo defensivo realizado fuera del estrecho marco fijado por este trámite sumarísimo no puede ser tratado, de otro modo se desnaturalizaría la esencia y finalidad de este tipo de procedimiento. Concretamente, una vez iniciada la ejecución de las astreintes, resulta a toda luz inadmisible que el obligado contumaz pretenda obtener su modificación o desafectación, ya que ello implicaría introducirse en el análisis de la causa de la obligación, materia vedada en esta etapa procesal.” (cfr. Frías Silva, Hernán, ob. cit.).- Tampoco asiste razón a la demandada, en cuanto aduce que no se encuentra en mora por no haberse intimado a la ejecución del pago, bajo apercibimiento de ejecución, a los fines de que la sentencia se torne ejecutoria.-
Al respecto, cabe traer a colación lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, quien tiene dicho que: las astreintes “…no consisten en una obligación convenida interpartes, menos aún entre el tribunal y una de las mismas, sino que su naturaleza es eminentemente sancionatoria, poseyendo una función compulsiva y conminatoria para lograr la efectiva obediencia a un mandato judicial, siendo aplicables desde que el auto que las impone es notificado y ejecutoriado. En el sub examine el auto de imposición se encuentra no sólo notificado sino también ejecutoriado, por lo que la vía de cobro es el proceso de ejecución de sentencia.” (cfr. Sala Civil y Penal, “Rodríguez, Dante D. c/ Autolatina Argentina S.A. de Ahorro para Fines Determinados”, del 17/12/2004, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: 35000944).- En nuestro caso, la resolución que impuso la sanción conminatoria fue notificada al Departamento Deliberativo de la localidad de Las Heras conforme PE205806-2021, sin que la misma haya articulado cuestionamiento alguno contra aquella, por lo que resultan de plena aplicación las consideraciones vertidas precedentemente.-
A mayor abundamiento, también resulta dable destacar que: “El incumplimiento por parte del obligado al emplazamiento produce que, en forma automática y una vez vencido el plazo, nazca la obligación de pagar astreintes, de acuerdo a la modalidad que haya fijado el juez. Va de suyo que el deudor caerá en mora ex re, sin necesidad de otro requerimiento de pago o interpelación” (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 4ª Nominación de Córdoba, “Milanta, Marisa Claudia c/ Municipalidad de Córdoba s/ Abreviado - Fijación de plazo”, del 27/04/2021, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/13293/2021), lo que termina de sellar la suerte adversa del argumento analizado.- En suma, las resistencias plasmadas por la accionada carecen de entidad suficiente y por ende deben ser rechazadas.-
V. Arribados a este punto, incumbe examinar la liquidación parcial practicada en PE274322-2021.-
La accionante computa desde el 24 de agosto hasta el 6 de octubre del 2021, un total de 32 días hábiles de incumplimiento. En razón de ello, y teniendo en cuenta la suma fijada de $15.000 por cada día hábil de incumplimiento, arriba a un total de $480.000.
Siguiendo a Aldo Bacre, es dable apuntar que las astreintes, una vez decretadas, tienen vigencia desde que el auto que las aplica es notificado y ejecutoriado, y se extinguen con la cancelación de la obligación principal, o el hecho sobreviviente que torne imposible el cumplimiento. Sólo comienzan a devengarse cuando se encuentra firme la sentencia que las impuso e importan una obligación de cumplimiento sucesivo, con vencimientos periódicos (cfr. autor cit., “Ejecución de sentencia”, 1ª ed., Buenos Aires, La Rocca, 2010, pag. 281).- En el presente caso, las condiciones prefijadas se encuentran cumplidas y la liquidación se encuentra ajustada al contenido de la Resolución dictada por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 449, Folio 1694/1701, cit.).-
Por lo tanto, corresponde aprobar la liquidación practicada en PE274322-2021, en cuanto ha lugar por derecho.-
VI. En la presentación aludida, la accionante solicita, igualmente, que se ordene embargo y depósito del importe en una cuenta judicial con apertura en la sucursal de la localidad de Las Heras, con autorización al retiro de los fondos.-
El embargo pretendido no puede ser favorablemente receptado en virtud de lo establecido por el artículo 220, inciso 3° del CPCyC, los artículos 19 y 20 de la Ley Nº 24.624 y el artículo 1° de la Ley Nº 25.973.-
Conforme a la norma adjetiva mencionada, no se trabará nunca embargo sobre bienes exceptuados de dicha medida por ley. Si bien se encuentra contenida dentro de la regulación del embargo preventivo, resulta de aplicación para el caso del embargo ejecutorio, en razón de lo dispuesto por el artículo 234 del CPCyC.-
Por su parte, el artículo 19 de la Ley Nº 24.624 estipula, en su parte pertinente, que: “Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos […] Quienes en virtud de su cargo hubieren tomado razón de alguna medida judicial comprendida en lo que se dispone en el presente, comunicarán al Tribunal la imposibilidad de mantener vigente la medida en virtud de lo que se dispone en esta ley.”.- Seguidamente, en su artículo 20 indica que: “Los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Nacional o a alguno de los entes y organismos enumerados en el artículo anterior al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el presupuesto General de la Administración Nacional…En el caso que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo Nacional deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el del ejercicio siguiente…”.- La inembargabilidad de los fondos públicos como rasgo permanente ha sido extendida a los municipios a través de la Ley Nº 25.973, la que en su artículo 1° prescribe: “Declárase aplicable en beneficio de las provincias, los municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a los fondos públicos que le pertenecen, el régimen de inembargabilidad establecido por los artículos 19 y 20 de la Ley 24.624 y sus normas complementarias, o las que en el futuro las sustituyan.”.- Esta “…norma nacional que, en su único artículo, extiende a las provincias y municipios el ‘privilegio’ con que contara ya la Nación, resulta directamente operativa en la totalidad de provincias y municipalidades sin necesidad de adhesión alguna…” (cfr.
Rey Vázquez, Luis E.: “Efectos de la sentencia contenciosa administrativa. La inembargabilidad en la ejecución”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/2053/2013). Así las cosas, el dictado de la Ley Provincial Nº 3.109 y, en especial, lo dispuesto en su artículo 8°, debe entenderse exclusivamente a los efectos de instituir el procedimiento a seguir y los órganos con funciones equivalentes dentro del ámbito municipal, tendientes a lograr la implementación de los artículos 19 y 20 de la Ley Nº 24.624. A guisa de ejemplo, resulta dable mencionar que ante la falta de regulación del Municipio de Río Cuarto de un trámite específico para el cumplimiento de las sentencias firmes dictadas en contra del Estado Municipal, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contenciosoadministrativo de 1ª Nominación de Río Cuarto declaró también la aplicación de la Ley Nº 25.973 y, consecuentemente, los artículos 19 y 20 de la Ley Nº 24.624 (cfr.
“Colabelardino, Mario Genis c/ Municipalidad de Río Cuarto s/ demanda contencioso administrativa s/ incidente de regulación de honorarios” del 28/11/2013; www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/91006/ 2013).- “La télesis del instituto de la inembargabilidad de fondos, que constituye una norma permanente del ordenamiento jurídico…lejos de establecer una suerte de exención de responsabilidad patrimonial de[l]…Municipio, persigue el establecimiento de pautas razonables a fin de que puedan enfrentar la deuda en el marco propio de su liquidez, fruto de una previsión presupuestaria genuina.” (cfr. Rey Vázquez, Luis E., ob. cit.). El propósito de la norma no es otro que el de evitar que la administración pueda verse situada por imperio de un mandato judicial perentorio en el trance de no poder satisfacer el requerimiento por no tener los fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la administración (cfr.
Fallos: 265:291 y 322:2132).- Tampoco pasa por alto el hecho de que: “…el art. 19 de la llamada ‘ley de presupuesto general de la Administración Nacional’, no veda ‘toda posibilidad de embargo’…sino sólo declara la inembargabilidad de los ‘fondos’, correspondientes a los ‘medios de financiamientos’ que estuvieran ‘afectados a la ejecución presupuestaria del sector público’ y fueren utilizados ‘para atender las erogaciones previstas en el presupuesto del erario’. En este sentido, no se declara la inembargabilidad genérica, ilimitada e indeterminada de ‘todo’ el patrimonio del Estado, sino sólo de tales fondos y con tal afectación, quedando -en cambio- excluidos del beneficio legal aquellos otros bienes (muebles o inmuebles) que siendo propiedad de la Municipalidad deudora que no importen medios de financiamiento ni se relacionen con la ejecución del presupuesto del sector público.” (cfr.
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, “Giansetto Renato Livio Augusto c/ Municipalidad de Córdoba - Ejecutivo (Expte. Nº 225174/36) - recurso de casación e inconstitucionalidad” (G-07/06), del 19/04/2010; voto en minoría de los Dres. Armando Segundo Andruet (h) y M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel).- Empero, en el caso de marras la ejecutante se ha limitado a peticionar el embargo y depósito del “importe”, término que alude a la cuantía de un crédito o una deuda (cfr. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea].
) y nada ha alegado en torno a la viabilidad de embargar otros bienes. Cabe recordar que “El embargo, en nuestro derecho, no es genérico sino específico […]. Por lo tanto, la primera función o efecto sustancial es determinar, individualizar o especificar los bienes objeto de realización. […] La elección de los bienes corresponde, en primer lugar, al acreedor.” (cfr. Rodríguez, Luis A., “Tratado de la ejecución”, ed. Universidad, Buenos Aires, 1984, Tomo I, pág. 113).- Ahora bien, es de máxima importancia advertirle a la accionada que: “…constituye una obligación de la parte ejecutada, colaborar y arbitrar todas las medidas conducentes a la ejecución del fallo en un tiempo razonable, en el que se excluyen las dilaciones desproporcionadas, irrazonables o arbitrarias que no se sustenten en causa de justificación constitucional o legalmente prevista, interpretada y aplicada del modo más favorable a la ejecución del crédito” (cfr. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba: “Respaldo S.R.L. c/ Bravo, Silvia Mónica s/ presentación múltiple - ejecutivos particulares - cuerpo de ejecución (civil) de astreintes” del 11/04/16, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/57944/ 2016). Es que si bien las normas precitadas reciben el principio de previsión hacendal de las erogaciones como límite al posible “despojo” de los fondos públicos por vía de ejecuciones individuales, de ninguna manera resulta que entre las facultades del deudor esté la de postergar indefinidamente el pago de la acreencia.- Sin perjuicio de ello, habiéndose determinado el quantum adeudado, corresponde ordenar a la accionada que deposite en una cuenta de autos que se abrirá en el Banco Santa Cruz S.A., la suma de pesos cuatrocientos ochenta mil ($480.000), en el plazo de diez (10) días. Ello, en función de la previsión presupuestaria que debió haber realizado oportunamente.-
VII. Ante el eventual incumplimiento de esta orden, la accionante se encontrará habilitada para denunciar bienes muebles o inmuebles que sean propiedad de la Municipalidad deudora y que no importen medios de financiamiento ni se vinculen con la ejecución del presupuesto del sector público. Ello, a los fines de viabilizar la traba del embargo pertinente, en el marco de la ejecución actual.-
VIII. Es que, tal como lo ha sostenido reiteradamente el Máximo Tribunal del país, lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Nº 25.973 no significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales, pues ello importaría colocarlo fuera del orden jurídico (cfr. Fallos: 329:2312, 2726, 4170 y 331:391). Como bien afirma Eduardo García de Enterría: “…cuando el fallo se incumple por los poderes públicos ello constituye un grave atentado al Estado de Derecho y por ello el sistema jurídico ha de estar organizado de tal forma que dicho incumplimiento, si se produce, no puede impedir en ningún caso la efectividad de las sentencias y resoluciones judiciales firmes.” (cfr. autor cit., op. cit., en López Mesa, Marcelo: “La ejecución de sentencias contra el Estado y las astreintes (¿Son realmente efectivas las astreintes para compeler al Estado a cumplir las sentencias dictadas en su contra?), www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: 0003/000011).- En base a las consideraciones expuestas, el embargo y consiguiente depósito del importe en una cuenta judicial en los términos peticionados, deben ser rechazadas.-
IX. Es por todo lo expuesto que resulta procedente rechazar el pedido de liquidación mensual efectuado por la accionante en PE262727-2021; desestimar la oposición efectuada por la accionada en su PE303780-2021; aprobar la liquidación realizada por la accionante en su PE274322-2021, en cuanto ha lugar por derecho, por la suma de cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000) y rechazar el embargo solicitado en PE274322-2021. Ordenar a la accionada que deposite en una cuenta de autos que se abrirá en el Banco Santa Cruz S.A., la suma de pesos cuatrocientos ochenta mil ($480.000), en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente resolución.-
X. Asimismo, hacer saber a la accionada que, ante el eventual incumplimiento de la orden enunciada en el punto anterior, la accionante se encontrará habilitada para denunciar bienes muebles o inmuebles que sean propiedad de la Municipalidad deudora y que no importen medios de financiamiento ni se vinculen con la ejecución del presupuesto del sector público. Ello, a los fines de viabilizar la traba del embargo pertinente. Así lo voto.- Voto de los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Miguel Basanta y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Si bien compartimos íntegramente con el relato efectuado por la distinguida colega preopinante en cuanto a los antecedentes de la causa, expresamos nuestra disidencia parcial a la solución arribada, específicamente en relación a lo dispuesto en los considerandos VII y X del voto precedente.-
Consideramos que en este caso se da una particularidad que resulta de suma gravedad y que requiere de diferente solución, dado el artero incumplimiento de la demandada de la resolución de este Tribunal.-
Así, y en primer lugar, debemos acudir a nuestro Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, que en su artículo 95 dispone: “Los funcionarios y agentes a quienes se ordene cumplir la sentencia son personal y solidariamente responsables con la entidad estatal respectiva por los daños y perjuicios que ocasione su irregular actuación.”. Este artículo resulta, por analogía, aplicable a los hechos que motivan el presente, por las razones que se indican a continuación.- La analogía (art. 2° del Código Civil) es un procedimiento de integración del derecho por el cual se aplica a un caso determinado la solución que las normas prevén para otro caso similar, a condición de que se den los siguientes elementos: “…a) Similitud de situaciones. b) Similitud de la ratio legis [o identidad de razón]...La determinación de esa semejanza requiere de un juicio de valor formulado por el juez...Será menester, además, que a juicio del juez ambos casos deban ser regulados de la misma manera, es decir, que haya semejanza en los motivos o la finalidad de la norma. Esta semejanza radica en que las dos situaciones susciten igual razonamiento jurídico, lo que indica que debe haber una misma regulación.” (cfr. Bueres Alberto J., Dirección, “Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias”, T° 1 A, Ed. Hammurabi, 1ra. ed., Bs. As., 2016, pág. 53).- Resulta de importancia recordar, que: “La Corte ha sostenido, con acierto, que la regla de interpretación que preveía el art. 16 del CC excedía los límites del derecho privado para proyectarse como un principio general vigente en todo el orden jurídico interno. A nuestro juicio, el valor de la norma del art. 2º del CCCN también se erige como un principio orientador de la interpretación e integración del derecho de alcance amplio.” (cfr. aut., ob. y pág. cit.).- Expresado ello, se aprecia sin dudas, que en el presente caso resulta de aplicación por analogía el artículo 95 del CPCA, Ley N° 2600, similitud de situaciones y similitud de la ratio legis; es decir, que nos hallamos ante dos situaciones que suscitan igual razonamiento jurídico, por lo cual debe aplicarse una misma regulación.-
Entonces, considerando lo expuesto y la gravedad de la situación que ha acontecido en el presente expediente, al no acatarse por el Concejo Deliberante de Las Heras una decisión de este Tribunal Superior, se requiere de una medida ejemplar.-
Es que, ni el Estado ni sus agentes pueden tener prerrogativas para burlar el control judicial de su accionar ilícito y menoscabar la protección jurídica de los administrados, postura contraria pone en juego las garantías y derechos reconocidos internacionalmente (art. 75, inc. 22 de la C.N.), pilares del orden social.-
Debe recordarse, que las astreintes fueron impuestas al Concejo Deliberante de Las Heras en la Resolución registrada al Tomo IX, Otros Recursos, Reg. 449, Folio 1694/1701 (cfr. PE205541-2021), haciéndose efectivo el apercibimiento dispuesto en la Resolución Tomo IX, Otros Recursos, Reg. 445, Folio 1681/1684 (cfr. PE101489-2021), ante el incumplimiento parcial de la Medida Cautelar ordenada en la Resolución Tomo IX, Otros Recursos, Reg. 443, Folio 1676/1678 (cfr. PE39872-2020).- Si de algo no puede ser despojado un magistrado es de su “imperium” y de su facultad de ejecutar sus órdenes. Con más razón, cuando es una herramienta para la labor judicial sumamente útil para lograr la protección al ciudadano frente a las arbitrariedades de la Administración y un freno a la impunidad.-
Es por lo expuesto, por aplicación por analogía del artículo 95 del CPCA, Ley Nº 2600, que en el caso de que la presente resolución resulte en un nuevo incumplimiento por parte de la demandada, los concejales del Concejo Deliberante de Las Heras que deban hacer cumplir la presente resolución, serán personal y solidariamente responsables con la accionada, por los daños y perjuicios que ocasione este incumplimiento. Así lo votamos.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto en minoría de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández; y la disidencia parcial mayoritaria y concordante de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau; Fernando Miguel Basanta y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el pedido de liquidación mensual efectuado por la accionante en PE262727-2021.-
3. Aprobar la liquidación realizada por la accionante en su PE274322-2021, en cuanto ha lugar por derecho, por la suma de pesos cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000).-
5. Ordenar a la accionada que deposite en una cuenta de autos que se abrirá en el Banco Santa Cruz S.A., la suma de pesos cuatrocientos ochenta mil ($480.000), en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ser personal y solidariamente responsables los concejales del Concejo Deliberante de Las Heras que deban hacer cumplir esta resolución con la accionada, por los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento. A cuyo fin, líbrese oficio a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE) al Banco Santa Cruz S.A., a efectos de disponer la apertura de la cuenta de autos.-
6. Regístrese y notifíquese a las partes intervinientes; y en la persona de los Concejales del Concejo Deliberante de Las Heras.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1011O.221 Tomo: IX Interlocutorio: 465 Folio N°: 1756/1761 Secretaría: 1
Fin de la sentencia