Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-845/20-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Aprobar la liquidación realizada por la accionante en PE885069-2023, en cuanto ha lugar por derecho, por la suma de pesos tres millones novecientos setenta y cinco mil ($3.975.000).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-845/20-IMC-TSJ Interlocutorio N°: 474 Actor: ALONSO DANIELA ALEJANDRA -CONCEJAL DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HERAS- Demandada: CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HERAS Objeto: CONFLICTO DE PODERES -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 14-12-2023 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 474 FOLIO Nº 1792/1795 PROT. ELECT. TSS1 008 O.231
Río Gallegos, 14 de diciembre de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “ALONSO DANIELA ALEJANDRA -CONCEJAL DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HERAS- C/ CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HERAS S/ CONFLICTO DE PODERES -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº A-845/20-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que mediante PE885069-2023 la concejala Daniela Alejandra Alonso practica liquidación parcial en el marco de la ejecución de astreintes oportunamente fijadas por este Tribunal Superior de Justicia.-
Por su parte, la letrada patrociante de la demandada, Dra. Paola Hormachea, incorpora en PE1007415-2023 tres archivos en formato PDF: el primero, denominado “Se presenta. Solicita tomar vista y suspensión de plazos procesales” (ESC00211292.pdf) y los restantes anexan documental (ESC00211293.pdf y ESC00211294.pdf).-
En PE630761-2023 se confirió el traslado de la liquidación indicada. Se advirtió, asimismo, que el escrito obrante en PE1007415-2023, ESC00211292.pdf ostentaba vicios que le restaban virtualidad, por lo que se hizo saber que previo a proveer debería cumplir con lo dispuesto en los artículos 6°, 8° y 9° del Anexo I del Reglamento SIPED.-
Mediante PE1020896-2023, ESC00215466.pdf el Sr. Cristián David Mercado, en su carácter de Presidente del Concejo Deliberante de las Heras, reitera el contenido de PE1007415-2023, ESC00211292.pdf. Solicita el cese de las astreintes fijadas. Peticiona, igualmente, que en lo sucesivo y en aquellos casos que se deban abonar alguna indemnización, multa o liquidación se aplique la Ley Provincial N° 3107 (sic), a la que la Municipalidad de Las Heras adhirió a través de la Ordenanza N° 1518/17.- Oportunamente, se ordenó el traslado de la presentación PE1020896-2023 y de la documental obrante en PE1007415-2023 (ESC00211293.pdf y ESC00211294.pdf) (cfr. PE635076-2023).-
Ninguno de los traslados conferidos fueron contestados.-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE656789-2023.-
II. Inicialmente, corresponde abordar el pedido introducido por la concejala Alonso en PE885069-2023. A tales efectos, y a fin de propiciar una mejor comprensión del conflicto que media entre las partes, se torna conveniente recapitular brevemente la forma en la que se ha desarrollado la cuestión que nos convoca.-
El 18 de diciembre de 2020 este Alto Cuerpo hizo lugar a una medida cautelar peticionada por la concejala Alonso, ordenando su reincorporación (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 443, Folio 1676/1678). Luego de ello, el 22 de abril de 2021, volvió a emitir una decisión, intimando a la accionada al cumplimiento de la resolución precitada, bajo apercibimiento de aplicarle una multa diaria en los términos de los artículos 37 y 491 del CPCyC (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 445, Folio 1681/1684). El 11 de mayo de 2021 el Concejo Deliberante de Las Heras emitió la Resolución H.C.D. Nº 041/2021 disponiendo a partir del día siguiente la reincorporación de la concejala, sin goce de haberes y de forma provisoria, lo que llevó finalmente a este Tribunal a imponerle por Resolución del 13 de agosto de 2021 -cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 449, Folio 1694/1701- una sanción pecuniaria compulsiva de $15.000, por cada día hábil, desde que su decisión se encuentre notificada y ejecutoriada y hasta tanto la demandada de cabal y estricto cumplimiento a lo ordenado anteriormente, es decir, hasta que la reincorporación se concrete con goce de haberes, durante el trámite del presente pleito.- El 11 de noviembre de 2022, este Alto Cuerpo aprobó la primera de las liquidaciones realizadas por la accionante y ordenó a la accionada que deposite en una cuenta de autos a abrirse en el Banco Santa Cruz S.A. la suma dineraria allí determinada (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 465, Folio 1756/1761) y el 3 de julio del corriente año aprobó dos nuevas liquidaciones, ordenando depositar otra suma más de dinero en la cuenta de autos (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 471, Folio 1783/1784).-
III. Bajo el contexto enunciado anteriormente, la accionante lleva a cabo una nueva liquidación parcial con origen en la sanción conminatoria oportunamente indicada.-
Computa desde el 2 de abril de 2022 al 24 de abril de 2023, un total de 265 días hábiles. En razón de ello, y teniendo en cuenta la suma fijada de $15.000 por cada día hábil de incumplimiento, arriba a un total de $3.975.000 (cfr. PE885069-2023).-
Anteriormente este Alto Cuerpo admitió la procedencia de la ejecución parcial de las sanciones pecuniarias compulsivas, al sostenerse que: “'…aunque la astreinte esté corriendo todavía, puede, en un punto, liquidarse el monto devengado hasta una fecha y mandarse a ejecutar esa suma, con prescindencia de que luego sigan devengándose mayores montos.'…” (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 465, Folio 1756/1761 cit.).- También se expuso que: “'…el proceso de ejecución de sentencia no es más que la materialización de lo resuelto en el pronunciamiento que lo origina…La liquidación a concretar debe acompasarse a las precisas pautas señaladas en la sentencia…'” (cfr. fallo cit.).-
En el presente caso, las condiciones prefijadas se encuentran cumplidas y la liquidación se encuentra ajustada al contenido de la Resolución dictada por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 449, Folio 1694/1071 cit.); adicionalmente, debe recordarse que en la última de las liquidaciones parciales aprobadas se computó hasta el 1 de abril de 2022 (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 471, Folio 1783/1784 cit.) Por lo tanto, corresponde aprobar la liquidación practicada en PE885069-2023, en cuanto ha lugar por derecho.-
IV. Asimismo, la accionante solicita que se ordene embargo, atento que la suma de dinero representa el único ingreso que posee (cfr. PE885069-2023).-
En relación al embargo peticionado, este Alto Cuerpo ya se ha expedido de manera adversa en la resolución registrada en Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 465, Folio 1756/1761, en mérito a la inembargabilidad de los fondos públicos (cfr. arts. 220, inc. 3° y 234 del CPCyC; arts. 19 y 20 de la Ley N° 24.624 y art. 1° de la Ley N° 25.973), por lo que corresponde adoptar una solución de idéntico tenor en la presente oportunidad.- Sin perjuicio de ello, y al igual que lo decidido en la oportunidad indicada, habiéndose determinado la cuantía adeudada y resultando de aplicación por analogía en el presente caso lo dispuesto en el artículo 95 del CPCA, Ley Nº 2600 (cfr. fallo cit., voto de la mayoría), corresponde ordenar a la accionada que deposite en la cuenta de autos (cfr. PE735761-2022, OTR00029479.pdf), la suma de pesos tres millones novecientos setenta y cinco mil ($3.975.000), en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente resolución, bajo apercibimiento de ser personal y solidariamente responsables los concejales del Concejo Deliberante de Las Heras que deban hacer cumplir esta resolución con la accionada, por los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento.-
V. Despejado lo anterior, deviene pertinente expedirse en torno a la solicitud de cesación de astreintes introducida por el Presidente del Concejo Deliberante de Las Heras en PE1020896-2023, ESC00215466.pdf.-
Al sustentar su pedido, alega que: “…ya han cumplimentado la sentencia dictada en los autos principales en su totalidad…” (sic), detallando que se le ha comenzado a abonar los salarios de manera normal a la concejala Alonso, lo que comprueba con el recibo de haberes acompañado en PE1007415-2023, ESC00211294.pdf.-
Liminarmente, conviene precisar que la decisión que, a la postre, desencadenara la aplicación de astreintes a raíz de su incumplimiento, no fue una sentencia definitiva. El 18 de diciembre de 2020 este Alto Cuerpo ordenó, con carácter cautelar, que la autoridad demandada reincorporara a la concejala Alonso (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 443, Folio 1676/1678 cit.). Al fundamentar esta medida, se explicitó que con ello se pretendía asegurar que cuando recaiga sentencia definitiva ella no sea de imposible cumplimiento y se advirtió que lo resuelto no implicaba prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión debatida.- De modo ulterior, y ante la denuncia de la actora, el 13 de agosto de 2021 este Tribunal Superior de Justicia verificó que se había reincorporado a la concejala Alonso, aunque sin goce de haberes, lo que importaba un incumplimiento parcial de la medida reseñada precedentemente. Así las cosas, se dispuso aplicar una sanción pecuniaria compulsiva de $15.000 por cada día hábil, hasta que la demandada diera cabal y estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución dictada el 18 de diciembre de 2020 (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 449, Folio 1694/1701 cit.).- Con base en cuanto antecede, ha de considerarse que con la documental glosada en PE1007415-2023, ESC00211294.pdf (consistente en un recibo de haberes perteneciente al período 06/23 de la concejala Alonso) la demandada ha dado debido cumplimiento a la medida cautelar emitida por este órgano jurisdiccional.-
Debe tenerse en consideración que “…se requiere un incumplimiento actual y subsistente. La naturaleza conminatoria y sancionatoria pierde toda su fundamentación y razón de ser si la obligación que ha sido impuesta al deudor ya se encuentra satisfecha en plenitud por éste. En ese derrotero, el incumplimiento debe persistir en el devenir del tiempo para permitir que las astreintes a aplicarse al incumplidor satisfagan su finalidad principal, toda vez que si ello no es así, su aplicación resultará abstracta e irrelevante…” (cfr. fallo cit.). Las astreintes “…se extinguen con la cancelación de la obligación principal, o el hecho sobreviviente que torne imposible el cumplimiento…” (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 465, Folio 1756/1761).- También ha sostenido este Tribunal Superior de Justicia que “las astreintes…no hacen cosa juzgada y pueden ser impuestas o levantadas en cualquier etapa del proceso…Las astreintes presentan dos caracteres relevantes: su discrecionalidad -porque los jueces pueden imponerlas, acrecentarlas, disminuirlas o dejarlas sin efecto según su arbitrio-; y su provisionalidad porque no pasan en autoridad de cosa juzgada…” (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 431, Folio 2353/2357).- En virtud de lo antedicho, y con sustento en lo dispuesto por el artículo 37 del CPCyC, debe hacerse lugar a la solicitud bajo estudio, debiéndose dejar sin efecto la aplicación de las astreintes impuestas mediante resolución asentada en Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 449, Folio 1694/1701 a partir del 1 de junio de 2023. La fecha prefijada obedece al hecho de que es a partir de ese lapso temporal que se ha demostrado el acatamiento de la orden judicial (cfr. PE1007415-2023, ESC00211294.pdf).-
VI. Resta evaluar el último de los pedidos introducidos en PE1020896-2023, ESC00215466.pdf referente a que en lo sucesivo y en aquellos casos que se deba abonar alguna indemnización, multa o liquidación se aplique la “Ley provincial N° 3107” (sic), a la que la Municipalidad de Las Heras adhirió a través de la Ordenanza N° 1518/17, conforme la documental adjuntada en PE1007415-2023, ESC00211293.pdf.- La Ley Provincial N° 3107 actualmente se encuentra derogada y mediante ella se creó una “Unidad Ejecutora para la Atención de Obras de Mantenimiento y Refacción de Edificios Escolares”, siendo evidente que -en realidad- el Presidente del Departamento Deliberativo de Las Heras intentó aludir a la Ley Provincial N° 3109, a través de la cual la Provincia de Santa Cruz adhirió al “Régimen de Inembargabilidad de los fondos públicos presupuestarios establecidos por los Artículos 19 y 20 de la Ley Nacional 24.624 y sus normas complementarias, o las que en el futuro las sustituyan, de conformidad con lo establecido por la Ley Nacional 25.973” (cfr. art. 1°).- Es de utilidad reiterar aquí los fundamentos ya vertidos por este Alto Cuerpo en la citada resolución, inscripta en Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 465, Folio 1756/1761 frente a un pedido de embargo de la actora.
En esa oportunidad, se sostuvo que: “…en virtud de lo establecido por el artículo 220, inciso 3° del CPCyC…no se trabará nunca embargo sobre bienes exceptuados de dicha medida por ley. Si bien se encuentra contenida dentro de la regulación del embargo preventivo, resulta de aplicación para el caso del embargo ejecutorio, en razón de lo dispuesto por el artículo 234 del CPCyC”. Luego de transcribir la literalidad de los textos contenidos en los artículos 19 y 20 de la Ley N° 24.624 (que, en apretada síntesis, estipulan la inembargabilidad de los fondos públicos nacionales) y el artículo 1° de la Ley N° 25.973 (que, en pocas palabras, extendió este beneficio a las provincias y los municipios), se dijo que esta última norma “…'…resulta directamente operativa en la totalidad de provincias y municipalidades sin necesidad de adhesión alguna…'…Así las cosas, el dictado de la Ley Provincial Nº 3.109 y, en especial, lo dispuesto en su artículo 8°, debe entenderse exclusivamente a los efectos de instituir el procedimiento a seguir y los órganos con funciones equivalentes dentro del ámbito municipal, tendientes a lograr la implementación de los artículos 19 y 20 de la Ley Nº 24.624…” (cfr. fallo cit.).- Como resulta dable colegir, entonces, este Alto Cuerpo a lo largo del presente trámite ya ha tomado en consideración el carácter de inembargabilidad de los fondos públicos municipales, por lo que en la actual oportunidad basta con tener presente lo informado por el Concejo Deliberante demandado.-
Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Aprobar la liquidación realizada por la accionante en PE885069-2023, en cuanto ha lugar por derecho, por la suma de pesos tres millones novecientos setenta y cinco mil ($3.975.000).-
3. Ordenar a la accionada que deposite en la cuenta de autos abierta en el Banco Santa Cruz S.A. (cfr. PE735761-2022, OTR00029479.pdf), la suma de pesos tres millones novecientos setenta y cinco mil ($3.975.000), en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ser personal y solidariamente responsables los concejales del Concejo Deliberante de Las Heras que deban hacer cumplir esta resolución con la accionada, por los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento.-
4. Hacer lugar al pedido introducido en PE1020896-2023, ESC00215466.pdf por el Presidente del Concejo Deliberante de Las Heras y, en consecuencia, dejar sin efecto la aplicación de las astreintes impuestas mediante resolución asentada en Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 449, Folio 1694/1701 a partir del 1 de junio de 2023.-
5. Tener presente lo informado por el Concejo Deliberante de Las Heras en PE1020896-2023, ESC00215466.pdf.-
6. Regístrese y notifíquese a las partes intervinientes; y en la persona de los Concejales del Concejo Deliberante de Las Heras.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Dra. Romina Vanessa Saúl –Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1008O.231 Tomo: IX Interlocutorio: 474 Folio N°: 1792/1795 Secretaría: 1
Fin de la sentencia