Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-845/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Imprimir al presente el trámite previsto en el Libro II, Títulos I y II -Proceso Ordinario- del CPC y C (arts. 297 y 308, siguientes y concordantes).-
2Recaratular los presentes en los siguientes términos: “Alonso Daniela Alejandra c/ Honorable Concejo Deliberante de Las Heras s/ Conflicto de Poderes”, Expte. Nº A-845/20, dejando debida constancia en el sistema de gestión de los expedientes de la Secretaría.-
3Hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada, ordenando al Honorable Concejo Deliberante de Las Heras la suspensión de lo dispuesto en el artículo 1º la Resolución H.C.D. Nº 056/20, lo que importa la reincorporación de la Sra. Daniela Alejandra Alonso en su calidad de Concejala de la localidad de Las Heras. Ello, previa caución juratoria que deberá prestar la actora en estos actuados.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-845/20-TSJ Sentencia N° 443 Actor: ALONSO DANIELA ALEJANDRA Demandado: HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HERAS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 18-12-2020 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 443 FOLIO Nº 1676/1678 PROT. ELECT. TSS1 005 O.201
Río Gallegos, 18 de diciembre de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “ALONSO DANIELA ALEJANDRA c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HERAS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº A-845/20, veni- dos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la presentación que efectúa la Sra. Daniela Alejandra Alonso en su calidad de Concejala de la localidad de Las Heras, mediante la que promueve demanda contencioso administrativa en contra del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Las Heras con el objeto de que se declare la anulación total de la Resolución H.C.D. Nº 056/20. Además, solicita se dicte una medida cautelar innovativa.-
II. Relata que mediante la resolución precitada, el Honorable Concejo Deliberante de esa localidad la suspendió de su cargo, sin goce de haberes, y adoptó idéntica medida respecto a los asesores que conforman el bloque que ella integra. Ello, hasta tanto se dirima la denuncia penal incoada en su contra por parte de la Presidenta de ese cuerpo.-
Al sustentar su pretensión cautelar, solicita que se retrotraiga la situación de hecho y de derecho al estado anterior al dictado de la Resolución H.C.D. Nº 056/20, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.-
Dice que la medida adoptada contrapone el ordenamiento constitucional nacional y provincial, la Ley Nº 55 y, en particular el Reglamento Interno del Concejo Deliberante que únicamente habilita, en su artículo 36, la suspensión de un edil en caso de que incurra en “falta más grave” y durante un lapso máximo de un mes.-
Sostiene que su pedido cautelar resulta verosímil, por cuanto la resolución impugnada se apoya en una flagrante violación de sus derechos y los de sus dependientes, al ser ejecutada en contraposición al ordenamiento jurídico vigente. Puntualiza que bajo la apariencia de una suspensión, el Cuerpo Deliberativo decretó su destitución y la eliminación de una banca.-
Por otro lado, postula que la subordinación temporal de una medida sancionatoria a la tramitación de un proceso judicial generado por una denuncia provoca un daño irreparable. Agrega que ese peligro en la demora consiste en que mientras se sustancia el proceso principal se pueden provocar situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que procura. En tal sentido, alega que durante este lapso de tiempo el departamento legislativo municipal tomará decisiones, votará ordenanzas, sin respetar la composición establecida por la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio, lo que redunda en un grave avasallamiento de la representación política.- Ofrece caución juratoria.-
Afirma que en el presente caso se encuentra en juego el debido proceso, la proscripción del abuso del derecho y el derecho al trabajo, con directa incidencia en la dignidad humana y la representación política.-
Precisa que la medida innovativa peticionada debe incluir asimismo a los integrantes de su bloque, por cuanto la resolución puesta en tela de juicio extiende de manera absurda e ilegal la suspensión a aquellos.-
En dos presentaciones ulteriores, la accionante aclara que la demanda se presentó como contenciosa administrativa en forma genérica, entendiendo que corresponde a este Alto Cuerpo imprimir carácter al trámite, en el marco del conflicto de poderes suscitado y, además, solicitó la habilitación de días y horas inhábiles.-
Posteriormente, este Tribunal corrió vista al Sr. Agente Fiscal ante este Cuerpo, quien al contestarla concluye que el Excmo. Tribunal Superior de Justicia es competente para entender en los presentes autos, expidiéndose en idéntico sentido sobre la competencia para conocer en la cautelar.-
III. Que, corresponde definir -respecto de la acción- cuál será el adecuado marco legal por el que en definitiva deberá transitar el presente proceso.-
Que, ingresando en el estudio del sub lite, se observa prima facie que el objeto de la pretensión importa el planteamiento de un conflicto de po- deres dentro del seno del municipio de la localidad de Las Heras. Razón por la cual este Tribunal Superior de Justicia, por imperio del mandato constitucional a que aluden los artículos 15, 132 inciso 1) y 149 de la Constitución Provincial y del artículo 79 de la Ley Nº 55 -Orgánica de las Municipalidades-, es competente para entender en la causa.- Nuestro ordenamiento procesal carece de un procedimiento específico a aplicar en los supuestos de conflictos de poderes y no pudiendo impedirse el ejercicio de la propia competencia por ausencia de normas rituales que la rijan, corresponde establecer o fijar las pautas procedimentales a seguir de conformidad a las particulares circunstancias que se plantean, con estricto apego a la garantía de la defensa en juicio y debido proceso en sus formas esenciales; teniendo presente el criterio que fuera sustentado por este Alto Cuerpo en precedentes similares (cfr. Otros Recursos, Tomos I, Reg. 18, Folio 44/50; Reg. 55, Folio 154; II, Reg. 86, Folio 219; IV, Reg. 215, Folio 755/759; VI, Reg. 287, Folio 1104/1107; VII, Reg. 315, Folio 1214/1215; Reg. 352, Folio 1336/1338 y VIII, Reg. 376, Folio 1430/1431 y Reg. 378, Folio 1434/1435, entre otros).- Conforme a lo reseñado anteriormente, se debe hacer uso de las facultades conferidas por el artículo 15 de la Constitución Provincial, como así también de las atribuciones ordenatorias e instructorias que otorga el artículo 36 del CPC y C, teniendo en cuenta además las modificaciones introducidas a dicho cuerpo legal por la Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y el criterio adoptado por este Tribunal Superior de Justicia en precedentes semejantes (cfr. Otros recursos, Tomo VIII, Reg. 406, Folio 1543/1546 y Reg. 407, Folio 1547/1549), por lo que corresponde determinar que la causa tramitará sujeta a las normas procedimentales del juicio ordinario previsto en los artículos 297 y 308, siguientes y concordantes del Libro II, Títulos I y II del CPC y C.-
IV. Asimismo corresponde recaratular los presentes en los siguientes términos: “Alonso Daniela Alejandra c/ Honorable Concejo Deliberante de Las Heras s/ Conflicto de Poderes”, Expte. Nº A-845/20, en el SIPED, dejando debida constancia en el sistema de gestión de los expedientes de la Secretaría.-
V. Que, con relación a la medida cautelar peticionada, la Sra. Daniela Alejandra Alonso solicita que se deje “…sin efecto de (sic) la Resolución 056/20 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Las Heras de fecha 26 de noviembre del corriente año y en consecuencia, reestablecer los derechos conculcados, mandando a restituirme en mi banca y abonándose los salarios que se me adeudan y los que se le adeudan al personal de mi bloque.” (cfr. pág. 5) y precisa que “…la medida innovativa debe incluir también a los integrantes de mi bloque por cuanto la Resolución estableció de manera ilegal y absurda extender a los mismos la medida…” (cfr. pág. 13).- En casos como el de autos, este Alto Cuerpo ha establecido inveteradamente que su admisibilidad reviste carácter excepcional, de modo que los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Esta necesidad deriva esencialmente de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y de la consideración del interés público en juego.-
No obstante, este cimero Tribunal ha declarado excepcionalmente que esta premisa general “…no es óbice para decretarlas cuando, como en la especie, se los impugna sobre bases 'prima facie' verosímiles como contrarios a normas constitucionales o legales.” (cfr. Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 360, Folio 1360/1362).-
En tales condiciones, corresponde acceder a la medida cautelar solicitada, aunque con un alcance distinto al pretendido (cfr. art. 205 del CPC y C).-
En mérito a la solución que se adopta resulta necesario precisar que el sub lite presenta particularidades que lo distinguen de otros casos en los que este Tribunal ha denegado el dictado de medidas cautelares, frente a la mayor prudencia que exigen en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión. En el estrecho marco de conocimiento que ofrece el estudio de la cuestión, aparece con suficiente claridad que el mantenimiento de la situación padecida por la actora, podría generar, en las excepcionales y particulares circunstancias que se verifican en el sub lite, mayores e irreparables daños, que deben ser evitados.- Esta marcada singularidad viene dada por el hecho de que la suspensión de la concejala, dispuesta por el artículo 1° de la Resolución H.C.D.
Nº 056/20, surte efectos desde su dictado, es decir, desde el 26 de noviembre pasado y hasta tanto se resuelva la denuncia penal presentada por la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante. De este modo, el carácter provisional que la propia resolución le atribuye a la suspensión aparecería revestido de contornos extremadamente laxos, en tanto su espacio temporal, en realidad, se encuentra condicionado a un evento externo a la afectada e, incluso, al propio accionar del Departamento Deliberativo municipal, tal como lo es la duración de un proceso penal, lo que arroja un fuerte manto de incertidumbre en cuanto a la efectiva duración de la medida.- Debe tenerse en cuenta que el órgano deliberativo municipal reconoce fundamentalmente un origen popular y traduce una composición pluralista, por lo que el particular contexto descripto genera -según surge en esta incipiente etapa procesal- una imprevisión institucional trascendente.
Es que el conflicto suscitado involucra un acto que impacta prima facie en el ejercicio de la representación que el pueblo ha conferido a la funcionaria implicada, afectando no solo a la misma, sino también, ante el eventual caso de que proceda, impediría que se activen los mecanismos pertinentes para su reemplazo.- No debe perderse de vista que la finalidad del proceso cautelar se afinca en el objetivo esencial de asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho debatido.
Ciñéndonos, entonces, al grado de summaria cognitio propio de este estado del proceso, es dable indicar que en el presente caso se presenta el fumus boni iuris exigible a una decisión precautoria.- En el caso de marras se aprecia igualmente un peligro en la demora, conforme a lo expuesto precedentemente, que torna imperativo resguardar los derechos argüidos hasta tanto se dirima definitivamente la cuestión debatida y se esclarezcan los derechos que a la postre cada parte invoque. Es que, de mantenerse la suspensión de manera indefinida y sujeta a la duración de un proceso penal, tal como lo postula la decisión impugnada, se podrían generar perjuicios de imposible reparación ulterior. Pudiendo estar comprometida la vigencia de principios constitucionales que rigen nuestra organización política, el perjuicio es, a priori, observable, como para justificar la medida peticionada.- De esta manera, con la resolución aquí decretada se asegura que, cuando recaiga sentencia, ésta no será de cumplimiento imposible, preservándose adecuadamente los derechos cuya vulneración se alega.-
No obstante lo expuesto, cuadra precisar que el reclamo sobre las remuneraciones que no habrían sido percibidas por la concejala como corolario de la resolución puesta en tela de juicio excede el margen de intervención de este Tribunal en el marco del conflicto de competencia suscitado, por lo que no resulta dable aquí examinar su fundabilidad. Idéntica consideración cabe extender a la reparación de los derechos que se dicen conculcados respecto a los asesores que integran el bloque “Compromiso y juventud”, por lo que su dilucidación quedará sujeta -en su caso- a las acciones que los interesados estimaren convenientes por la vía procesal pertinente.- En tales condiciones -y sin que implique prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión debatida en autos- corresponde hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada, ordenando al Honorable Concejo Deliberante de Las Heras la suspensión de lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución H.C.D. Nº 056/20, lo que importa la reincorporación de la Sra. Daniela Alejandra Alonso en su calidad de Concejala de esa localidad. Ello, previa caución juratoria que deberá prestar la actora en estos actuados (cfr. art. 200 y ctes. del CPC y C), la que en este supuesto se considera suficiente teniendo en cuenta las particularidades del caso y la verosimilitud examinada.- Que, por todo ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Imprimir al presente el trámite previsto en el Libro II, Títulos I y II -Proceso Ordinario- del CPC y C (arts. 297 y 308, siguientes y concordantes).-
2. Recaratular los presentes en los siguientes términos: “Alonso Daniela Alejandra c/ Honorable Concejo Deliberante de Las Heras s/ Conflicto de Poderes”, Expte. Nº A-845/20, dejando debida constancia en el sistema de gestión de los expedientes de la Secretaría.-
3. Hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada, ordenando al Honorable Concejo Deliberante de Las Heras la suspensión de lo dispuesto en el artículo 1º la Resolución H.C.D. Nº 056/20, lo que importa la reincorporación de la Sra. Daniela Alejandra Alonso en su calidad de Concejala de la localidad de Las Heras. Ello, previa caución juratoria que deberá prestar la actora en estos actuados.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta-; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1005O.201 Tomo: IX Sentencia: 443 Folio N°: 1676/1678 Secretaría: 1
Fin de la sentencia