Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 13.330
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Rechazar el pedido de deserción del recurso de apelación de la parte demandada; 2°) modificar la SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) elevar el rubro “Pago de la Póliza. Daño material. Valor del rodado.” –pto. V- al importe de pesos SEISCIENTOS MIL ($600.000,00); b) hacer lugar al rubro Privación de uso en el importe de pesos CIEN MIL ($100.000,00); c) disponer que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo la mora 16/04/2015 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos. 3°) confirmar el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 5°) imponer las costas generadas en esta instancia recursiva a la demandada vencida (arts. 68 del C.P.C.C.).5°) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ALONSO JOSE C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO LM-13330-2016
Juz. Civ. y Com. Nro.: 2 RSD Nro.: 135 /21 En la ciudad de San Justo, a los 02 días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, encontrándose los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera- incluidos dentro de las previsiones de la Res. de Presidencia SCBA Nº 165/2020 (Secretaría de Personal) y atento a lo que surge de las Resoluciones Nº 10/20 (art. 1º apartado 1b - b.1.1), Nº 14/2020 (art. 7) - (Secretaría de Planificación) y Nº 2135/18 - (Secretaría de Servicios Jurisdiccionales),sus modificatorias y prórrogas, celebran Acuerdo Ordinario Telemático para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “ALONSO JOSE C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO” (LM-13330-2016), practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: DR. TARABORRELLI- DR. PÉREZ CATELLA – DR. POSCA - resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. Cuestión: ¿corresponde declarar la deserción del recurso de apelación de la parte demandada?
2. ¿Es justa la resolución apelada?
3. cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 28/09/2020 el sentenciante de grado, resolvió: “HACER LUGAR PARCIALMENTE A LA DEMANDA PROMOVIDA POR JOSE ALONSO CONTRA SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA.
En consecuencia, condeno a esta última a abonar al primero la suma de $170.000 (ciento setenta mil pesos), sin actualización monetaria, con más los intereses establecidos en el Considerando Sexto. Previo a ello, deberá el accionante dar cumplimiento con los recaudos señalados en el Considerando 6.1.b., debiendo por tanto transferir los restos de la cosa siniestrada a la aseguradora libre de todo gravamen, entregar el certificado de la inscripción registral de la baja del automotor y depositar los rezagos en el lugar que se le indique. Fecho, dentro del plazo de diez días, deberá la demandada vencida, abonar la suma mencionada en primer término, bajo apercibimiento de ejecución.-Segundo: DESESTIMAR EL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES 25.561 Y 23-928.-. Tercero:
IMPONER LAS COSTAS DE CONFORMIDAD CON LOS POSTULADOS DEL
CONSIDERANDO SEPTIMO y postergando la regulación de honorarios de los letrados y peritos intervinientes para su oportunidad legal”.
Contra dicha forma de resolver, apelaron la parte demandada con fecha 03/10/2020, recurso que fuera concedido libremente y con efecto devolutivo el día 08/10/2020. Por su parte, el actor también hizo lo propio mediante presentación electrónica de fecha 07/10/2020, recurso que fuera concedido libremente el día 08/10/2020.
Una vez en condiciones, el día 6/11/2020 se radican las presentes actuaciones ante esta Sala Primera. Puestos los autos en secretaria el día 12/11/2020, la parte actora expresó agravios mediante presentación de fecha 9/12/2020, mientras que la demandada mediante presentación del día 10/12/2020. Así las cosas, con fecha 11/12/2020 se les dio a ambas partes por presentadas en legal tiempo y forma sus fundamentaciones, las cuales recibieran réplica por su contraria el día 23/12/2020 la demandada y el día 28/01/2021 el actor.
El día 26/02/2021 contestó la vista conferida la fiscalía de cámara departamental, pasando los autos para sentencia el día 05/03/2021 y posterior sorteo de orden de estudio. Sin perjuicio de ello, el día 13/05/2021 se suspendió el plazo para dictar sentencia, al advertirse la existencia de causa penal. En consecuencia, una vez elevada dicha IPP a esta instancia, se reanudo el plazo oportunamente suspendido.
II. Fundamentación de la parte actora De los agravios expuestos por el actor, se observa que este se queja en lo medular por los montos en los cuales ha prosperado la demandada, los cuales considera bajos. Expone dicha parte, que se agravia en tanto el sentenciante ha ordenado el pago de la indemnización por destrucción total del automotor siniestrado Marca Volkswagen Modelo Passat 1.8. Sedan 4 Puertas año 1999, en un monto exiguo por cuanto ignora el valor actual y real de su reposición transcurridos más de cinco años desde el robo, conculcando – entiende- el principio de la reparación plena que ordena reponer las cosas al estado anterior al evento dañoso. Que conforme lo estatuido por el art. 7 del nuevo Código Civil y Comercial - sustancialmente análogo al art. 3 CC-, la cuestión a dilucidar en el sub lite queda parcialmente sujeta -al margen de la normativa específica en materia de seguros- a las previsiones del derogado Código Civil, y parcialmente ajustada al nuevo Código Civil y Comercial. Que la determinación del incumplimiento contractual y de los daños indemnizables se rigen por el Código Civil atento la fecha del incumplimiento, pero la cuantificación del daño debe ser valorado a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación en tanto resulta una consecuencia no agotada del incumplimiento contractual verificado.
Que la obligación principal a cargo del asegurador posee como límite máximo el monto de la suma asegurada (art. 61, Ley 17.418), o la medida en que la cobertura fue por él asumida, sólo en tanto y en cuanto la compañía aseguradora haya cumplido normalmente dicha obligación. En el caso bajo análisis, la conducta de la aseguradora ha sido obstruccionista y dilatoria y tiene por resultado el transcurso de más de cinco años sin que el asegurado haya percibido la suma asegurada.
Que la ilegítima dilación en el cumplimiento de la prestación a cargo de la compañía aseguradora no puede operar en desmedro del consumidor asegurado, ya que con esta conducta reprochable no sólo se le provoca el daño derivado de esa injusta dilación, sino, además, la injusta merma producto del aumento de valor del vehículo siniestrado- en la garantía de indemnidad que respecto del riesgo y la medida asegurada había asumido la compañía demandada (arts. 506, 508, 509, 511, 512 y ccs. del Cód. Civil).
Que tal proceder dilatorio no puede erigirse en un beneficio para la empresa de seguros, que se vería necesariamente tentada a obstaculizar los reclamos de cobertura de sus asegurados, pues le resultaría marcadamente más rentable posponer en el tiempo el pago peticionado -de modo de licuar el valor real de la suma nominalmente asegurada-, que cumplir en tiempo y forma el compromiso contraído.
Que cabe destacar que el pago de la indemnización correspondiente a valores actuales, encuentra asidero jurídico en la circunstancia de que la obligación asumida por la aseguradora tiene por objeto una deuda calificable como deuda de valor.
Que la función eminentemente indemnizatoria que cumple la prestación a cargo del asegurador, y que permite calificarla como deuda de valor, es recogida por los artículos 61, 62 y 68 de la Ley de Seguros, en cuanto dichos preceptos prevén, que el asegurador se obliga a “resarcir, conforme el contrato, el daño patrimonial causado por el siniestro y que el asegurado no puede pretender una indemnización que supere el monto del daño sufrido. Que siendo ello así, entiende que ante un supuesto de mora en el cumplimiento por parte del asegurador, debe ordenarse el pago de la indemnización a valores actuales -en tanto deuda de valor - de conformidad con lo normado por el art. 772 del Código Civil y Comercial.
Entiende el actor que yerra el juez de grado al momento de fijar la suma de $ 170.000.- sin actualización monetaria que impide en modo alguno colocarlo en la misma situación en que se encontraba con anterioridad al siniestro, pues inevitablemente surge el siguiente interrogante: ¿qué unidad podría adquirir hoy el asegurado con ese dinero? ¿acaso un rodado de las mismas características como argumenta el sentenciante? la respuesta es negativa y ello es fácilmente comprobable –destaca- tan sólo con efectuar una búsqueda en portales de internet de venta de automotores - tales como Mercado Libre- concesionarias o agencias, en los cuales un automotor de las características como el de marras -esto es modelo Volkswagen Modelo Passat 1.8, Sedan 4 puertas, año 1999- .tiene un valor en el mercado que abarca desde los $ 270.000.- a los $ 470.000.
Que S.S. incurre en una contradicción en su fallo habida cuenta que transcribe el dictamen del perito interviniente en autos quien ha determinado que "un vehículo como el del actor en muy buenas condiciones en general a la fecha de la pericia tiene un valor de alrededor de $ 200.000". Que debe considerarse que el informe pericial data de fecha 14/08/2018, es decir ya pasados más dos años. Si el experto a quien el juez ha designado en virtud de sus conocimientos técnicos y formación en la especialidad, ha informado que el vehículo siniestrado a la fecha de la presentación de la pericial tenía un valor de $ 200.000.- por qué S.S. – sostiene- ha fijado el monto de la indemnización en un importe inferior ($ 170.000.-).Que el valor de la unidad que toma el magistrado obtenido del sitio web de DNRPA resulta inferior a aquél real que se maneja en el mercado automotor. Que las tablas de valores elaborada por la DNRPA, es únicamente a los fines de cálculo de los aranceles que perciben los Registros Seccionales por los trámites de transferencia e inscripción inicial de los rodados, pero en modo tienen su correlato en la realidad.
Que por otro lado, la póliza establece en su cláusula CG DA 4.2: - DAÑO TOTAL: "El procedimiento para la determinación del valor de venta al público al contado en plaza del vehículo asegurado, será el siguiente: Para la determinación del valor de venta del vehículo objeto del seguro al momento del siniestro, el Asegurador deberá basarse en las cotizaciones efectuadas por concesionarios oficiales o empresas revendedoras habituales y/o publicaciones especializadas."
En consecuencia, entiende que corresponde tomar el valor actualizado del vehículo según las cotizaciones efectuadas por concesionarios oficiales o empresas revendedoras o publicaciones especializadas que son aquellas que mejor reflejan otros aspectos que no fueron tenidos en cuenta por el magistrado en su fallo. Por lo cual, luego de citar jurisprudencia que entiende respaldatoria, solicita se eleve el monto del rubro en cuestión.
Por otra parte, se agravia por cuanto el juez condiciona el pago de indemnización por parte de la aseguradora a la acreditación de la inscripción de la baja definitiva de la unidad asegurada ante el RNPA y la entrega de los restos del vehículo siniestrado, libre de todo gravamen, toda vez que omite considerar –entiende- que esta parte demandó por daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual y teniendo en cuenta el palmario incumplimiento de la aseguradora, lo dispuesto por los arts. 37 y 40 bis de la ley 24.240, y los gastos que ha debido afrontar el accionante durante los cinco años que tramitó el pleito, considera que es improcedente que se incluya tal condicionamiento. Solicitó el apelante se eleven los montos indemnizatorios hasta su más justo importe, ponderándose la privación de uso del rodado, lucro cesante y gastos efectuados, cada uno de ellos indemnizables en forma autónoma. Asimismo, se queja el actor por el rechazo del rubro privación de uso. Que el menoscabo ocasionado al actor por la falta de uso resulta de la inmovilización del vehículo, y en consecuencia, al verse imposibilitado de utilizarlo, es inevitable el empleo de otros medios de transporte, con su costo agregado, a los fines de trasladarse. Que resulta evidente la importancia que posee la disponibilidad de un automotor en la vida cotidiana de cualquier persona, en materia de facilidad de traslado, comodidad, seguridad y confort, que no necesita de ninguna prueba.
Que no conjugó el Magistrado que el vehículo fue siniestrado precisamente en su lugar de trabajo, es decir que era utilizado para movilizarse hacia y desde el comercio donde cumplía tareas, además del uso que le daba en general en su vida familiar, social, recreativa, etc. Que ello constituye un elemento suficiente para demostrar que el demandante se servía de la cosa y, por lo tanto, que su privación le causa perjuicio. Que de acuerdo al criterio del sentenciante expuesto en el fallo en crisis, a los fines de probar el daño ocasionado por la privación del uso del automotor, el actor tendría que acreditar los gastos que ha desembolsado para reemplazar el faltante, es decir, los boletos de colectivos, recibos de taxis o remis, o el costo del alquiler de otro rodado. Que esa postura ignora lo que sucede en la vida real, pues en la mayoría de los casos el propietario que se ve privado de su vehículo no puede afrontar los costos de pagar taxis o automóviles de alquiler para así cubrir todos los servicios que le prestaba el bien del que se servía. De modo que casi inexorablemente, tiende a privarse de algunas ventajas: la comodidad del desplazamiento, los paseos, u otros usos que le brindaban utilidad, satisfacción o placer. Y todo ello, sin duda le irroga un daño cierto, aunque no resulte fácil mensurarlo o estimarlo económicamente. Que la privación de uso genera un daño resarcible que debe ser indemnizado por la demandada.
Que la privación de uso deviene admisible desde que se pierde el uso y goce de la cosa, al perder la disponibilidad del dominio. Que dicha indisponibilidad ha sido acreditada con la prueba aportada al proceso por cuanto la experticia rendida en autos, ha detallado en forma pormenorizada los daños que presentaba el rodado, los que fueron coincidentes con el acta labrada oportunamente al momento de su recupero: el vehículo presentaba faltantes de tapa de tanque de nafta, radio estéreo, manija de guantera, de sistema de encendido, de partes del motor, de batería, rueda de auxilio, matafuego, bolsas de primeros auxilios y chaleco refractario, rayones y abolladura en el paragolpes delantero y trasero, faltante de pintura en la parte del capot.
Que el perito ha podido constatar que el automotor posee abolladuras en varias partes de la chapa externa, como capot, guardabarros derecho, paragolpes ambos, que da la idea de que después del robo fue usado hasta que no anduvo más el motor y fue abandonado; que bajo el volante la instalación eléctrica del tablero estaba faltante, fue arrancada de su lugar, como así también la parte eléctrica detrás del volante del conductor. Que dicho perito concluyó que "un vehículo en estas condiciones puede recuperarse, pero su costo de ponerlo en funcionamiento superaría el monto de un vehículo igual al del actor que se encontrara en buenas condiciones, por lo que este perito considera que se debe considerar destrucción total".
Que el vehículo quedó totalmente inmovilizado por el plazo de más de cinco años como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la aseguradora. Es decir, el actor se ha visto impedido de disponer de su unidad por todo ese lapso de tiempo ante la actitud dilatoria de la demandada quien omitió el pago de la suma asegurada en la póliza. Que si la accionada hubiera abonado en tiempo y forma el monto cotizado por el automotor siniestrado, el actor hubiera adquirido otra unidad y habría podido disponer de un rodado para cubrir todas sus necesidades. Por otra parte, refiere que la indemnización por privación de uso de un vehículo que ha sufrido daños totales, no puede ser cuantificada en función del tiempo que hubiere conllevado hipotéticamente su reparación.
Advierte que no tiene lógica que la privación de uso se considere una consecuencia mediata reparable cuando conlleva un tiempo aunque reducido, pero se la considere no reparable cuando signifique un lapso mayor (como en el caso de marras, la duración de un juicio por el término de cinco años), que es cuando el perjuicio es más grande. En suma, luego de citar jurisprudencia que entiende respaldatoria, solicita que al momento de sentenciar se revoque la decisión de grado sobre este parcial y se admita el reclamo por privación de uso y lucro cesante.
Finalmente, se queja el actor por la tasa de interés puro del 6% aplicado el fallo recurrido, solicitando se revoque la decisión del juez de grado y se admita la aplicación y cómputo de intereses sobre el capital adeudado desde la fecha del hecho hasta el total y efectivo pago de la deuda con más las costas del proceso a la tasa BIP más alta del Bco. de la Pcia de Bs As. Refiere que la adopción de esta postura requerida en cuanto la aplicación de la tasa BIP o la más alta que abone el Bco. Pcia, no varía la sustancia de la doctrina legal sentada por el Alto Tribunal provincial, ya que se acata la aplicación del género tasa pasiva y solo se selecciona una de sus especies posibles, que satisface los requisitos exigidos por la misma, que sea tasa pasiva, que se trate de una operación de depósito a treinta días y que se liquide sin capitalización. Que el propio Alto Tribunal provincial sostuvo en varias causas que la aplicación de la tasa pasiva digital no importa el quebrantamiento de la doctrina legal establecida, sino una de las variantes que puede ofrecer el tipo de tasa de interés pasiva. En suma, luego de citar jurisprudencia que considera avalan su postura, expuso que la adopción de una tasa de interés como la propone el magistrado de instancia inferior promueve el incumplimiento de las obligaciones en desmedro del patrimonio del acreedor y un apartamiento del escenario económico actual. Que la tasa de interés aplicada redunda en un beneficio para el deudor vencido por cuanto es el actor -acreedor- quien termina asumiendo el costo de la mora, esto es luego de transcurridos más de cinco años que duró el pleito para reconocer los derechos que le fueron denegados por la aseguradora, en una actitud dilatoria y maliciosa.
II. A.- Fundamentación de la parte demandada De los agravios presentados con fecha 10/12/2020 se observa que la accionada se queja –en lo medular- por la procedencia de la demanda. En efecto, expuso que el accionante invocó en la demanda que le fue robado su rodado, que procedió a efectuar la denuncia policial por ante la Comisaría Distrital este 1era. de Gregorio de Laferrere y la denuncia de siniestro ante la aseguradora. Que también sostuvo que a los fines de cobrar el seguro del vehículo cumplió con todos los trámites exigidos (certificado de dominio, denuncia de robo ante el RNPA, baja del impuesto automotor ante el Municipio de Morón, formulario CETA, baja ante ARBA, libre de deuda y finalmente la baja del automóvil ante el Registro de la Propiedad Automotor).
Que a posteriori (con fecha 20/04/201) se verificó el hallazgo de su vehículo, por lo que concurrió a la Comisaría de González Catán, y detalló los faltantes y daños al momento de su aparición. Que en esa ocasión el vehículo le fue entregado a él, aún propietario, en carácter de depositario judicial, sin poder enajenarlo o permutarlo sin autorización de la Fiscalía Interviniente. Que sostuvo finalmente que dicha circunstancia se comunicó a la Compañía Aseguradora y que se presentó la totalidad de documentación restante (reconociendo de esta forma que restaba presentar documentación y que la misma no había sido presentada al momento del hallazgo). Que su mandante afirmó en su responde que en razón de la denuncia efectuada el día 2/3/2015, por el robo ocurrido el día anterior, el asegurado debía cumplir con las cargas dispuestas en su póliza, detalladas en la cláusula CG-CO 3.1 y su anexo (Anexo CG-CO 3.1 - Constancias o Documentación que debe Proporcionar el Asegurado en caso de Siniestro de Conformidad con la Cláusula CG-CO 3.1 de las Condiciones Generales).
Dicha cláusula fue transcripta por la aseguradora, detallando que debía acompañarse: “a) Denuncia policial original y copia. b) Constancia de denuncia de robo o hurto o constancia de baja por destrucción total, según corresponda, expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor mediante Formulario tipo 04, debiéndose dejar constancia en observaciones, entidad Aseguradora y número de póliza. A elección de la Aseguradora deberá gestionar el formulario 04-D para las bajas por destrucción total. c) Constancia del informe al registro Seccional de la Propiedad Automotor que correspondiere, en los casos en que se pretenda el pago de un importe a indemnizar superior al cincuenta por ciento (50%) del valor de mercado del vehículo siniestrado. d) Certificado de estado de dominio extendido por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, acreditando que sobre la unidad no pesan embargos, gravámenes u otros impedimentos que permitan la libre disponibilidad del bien (Formulario 02). e) Constancia de titularidad del automotor robado o hurtado, emitido por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, de acuerdo al Anexo I, Capítulo VIII, Sección 2da. del digesto de normas del Registro Nacional de Propiedad del Automotor. f) Constancia de la solicitud de la baja de patente ingresada en la Dirección de Rentas de la respectiva jurisdicción. g) Comprobante de pago de patentes. h) Libre Deuda del Tribunal de Faltas y Libre Deuda de la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial (Ley Provincial Nº 13927 y su Decreto Reglamentario Nº 532/09). i) En caso de existir acreedor prendario, certificado de deuda. j) Cesión de derechos a favor de la Aseguradora, mediante firma en Formulario Nº 15 provista por la misma, para su posterior inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. k) Impuesto de emergencia a los Automóviles -Año 1990-, o cualquier tributo que en el futuro lo gravase. l) Juego de llaves del Vehículo) y sobre la necesidad de encontrarse presentada esta documentación no existe controversia”.
Por lo cual, refiere que al tiempo del hallazgo de la unidad no se había cumplido con la totalidad de la documentación y que dicha circunstancia fue reconocida por el propio asegurado (doctrina de los propios actos). En consecuencia y de acuerdo con lo establecido en la cláusula CG-RH 4.2 de la póliza vinculante, considera la apelante que no correspondía el pago de la indemnización.-
Que la cláusula CG-RH 4.2 - ROBO O HURTO TOTAL …IV) disponía que: “si el vehículo fuere hallado antes de vencer el plazo para pronunciarse sobre la procedencia del siniestro (artículo 56 de la Ley Nº 17418) o antes de completarse la remisión al Asegurador de la documentación a que se refiere la Cláusula CG-CO 3.1 - PRUEBA INSTRUMENTAL Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, o antes de efectuarse el pago indicado en dicha Cláusula, la responsabilidad de éste se limitará a indemnizar solamente el robo o hurto parcial que se comprobare siempre que esta cobertura estuviera pactada en el Frente de Póliza. Y que en el sub-exámine, esa cobertura no estaba contratada (conf. póliza vinculante).
Que existe en el fallo cuestionado una "solución jurídica errónea" basada en una falta de razonabilidad entre las consideraciones vertidas y la decisión volcada. Que el mismo juzgador luego de disponer que el actor debe realizar la baja para poder percibir la indemnización: “estimo que la obligación de la aseguradora de pagar el capital asegurado queda condicionada a la acreditación de la inscripción de la baja definitiva de la unidad asegurada ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y que sean puestos a disposición de aquella los restos del vehículo siniestrado, libre de todo gravamen”, hace lugar a la demanda, cuando de sus mismas afirmaciones –refiere la apelantese desprende que no se había entregado la documentación necesaria con anterioridad al hallazgo y que aún se encuentra pendiente de entrega. Que ello es corroborado por la contestación a las explicaciones solicitadas a la perito contadora quien indicó que de los registros contables compulsados no surgía que el asegurado hubiese aportado la documentación exigida en la cláusula CG-CO 3.1, Póliza N° 169837. Reitera que este error en el resultado, importa la ilegalidad del fallo y la injusticia del mismo, tornando la sentencia en absurda y por ende, arbitraria.
En consecuencia, advierte que para que comenzara a correr el plazo para abonar debía de estar presentada la documentación, que el asegurado no la presentó, que el vehículo fue hallado antes de la presentación de la documentación por lo que le correspondía al asegurado recuperar su rodado, y que la compañía hubiese debido abonar los daños parciales si hubiese tenido contratada esta cobertura, extremo no verificado en el presente (ya que la póliza no cubría ese riesgo). Entonces, el asegurado, en conocimiento de los términos de lo que había contratado, debió al recuperar su rodado, repararlo, no pudiendo imputar a esta parte su propia desidia.
Que los términos del contrato vinculante estipulaban que en supuesto de ser hallado el rodado sin que se hubiese entregado la documentación pertinente, no correspondía hacer efectiva la indemnización, sino que el asegurado debía recuperar su vehículo y al efecto en nada incidía la aceptación o no del siniestro. Entonces, entiende la apelante que luego de comprobar que dicha documentación no había sido entregada (extremo que si verificó por cuanto inclusive ordenó que el asegurado debía entregar la baja del rodado previo a percibir la indemnización), debió el juez de grado rechazar la demanda.
LA SOLUCION
III. El pedido de deserción del recurso de apelación por la parte actora Previamente, por una cuestión metodológica, corresponde resolver el planteo que formula la parte accionante al contestar los agravios, solicitando la deserción del recurso de apelación interpuesto por la demandada, toda vez que –según su opinión- no se ajusta a las prescripciones legales del artículo 260 y 261 del Cód. Proc.
Corresponde al respecto recordar que en atención a la necesidad de salvaguardar el principio de defensa en juicio (art. 18 CN), la facultad que acuerda el art. 266 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación (arts. 260 y 261 del CPCC de la provincia de Buenos Aires) debe ser utilizada con un criterio restrictivo; vale decir, acudir a ella cuando de una manera clara y acabada se opera una trasgresión a la citada preceptiva legal. En este sentido, en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica del fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación, según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho con la mentada carga procesal (conf. CNCiv. Sala B, in re “Hinckelmann c. Gutiérrez Guido Spano s/liq. de sociedad conyugal”, del 28/10/2005; íd., en autos “Menéndez v. Alberto Sargo S.R.L s/daños y perjuicios”, del 23/11/2005; id. CNCiv. Sala H, del 15/06/2005; esta Sala expte. N° 78.929/05).
En efecto, de la atenta lectura de la pieza de agravios que fuera presentada electrónicamente con fecha 10/12/2020 surge a todas luces y prima facie, desde la óptica puramente formal que dicho escrito que impugna el pronunciamiento de Primera Instancia, constituye una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la apelante –desde su ángulo de visión subjetivo- considera equivocado. Por lo tanto, corresponde decretar el rechazo del pedido de deserción del recurso, por ajustarse la pieza cuestionada, desde la óptica técnico-formal y “prima facie” a las prescripciones legales del art. 260 y 261 del C.P.C.C. Máxime, el criterio en el que se encuentra enrolado esta Sala Primera del mínimo agravio.
Por las consideraciones legales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA Por análogos fundamentos el Doctor Pérez Catella y el Doctor Posca también VOTAN POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de ésta instancia jurisdiccional, me abocaré al tratamiento de los mismos, debiendo destacar que salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Asimismo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225). Del mismo modo, que solo serán tratados aquellos agravios que constituyan una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considerado equivocado.
III. La Ley De Defensa Del Consumidor. Relación De Consumo. La ley de Seguros Nro. 17.418. El Contrato de Seguro Automotor. Destrucción Total La Ley de Defensa del Consumidor nro. 24.240 y sus leyes modificatorias, define como consumidor o usuario a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social (art. 1). Del mismo modo, el art. 2 dice que el proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional actividades (…) de comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. El art. 42 de la C. N. y 38 de la Const. de la Pcia. de Bs.As., establecen que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad, e intereses económicos. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el texto del art. 7 regula pertinentemente que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Además, agrega que en las relaciones de consumo se aplican las normas más favorables al consumidor y deben ser aplicadas e interpretadas conforme con los principios de protección del consumidor, y en los supuestos de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. (art. 1094 del C. C. y C. N.). El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor (art. 1095 del C. C. y C. N.).
Por su parte La Ley de Defensa del Consumidor nro. 24.240 y sus modificatorias, también establecen armónica y concordantemente que en caso de duda se aplica la norma más favorable para el consumidor o usuario. Igualmente, en cuanto a la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor.
Este derecho que ha nacido para llevar protección al débil jurídico encuentra su antecedente en la situación de minusvalía en que se ve colocado el hombre moderno al interactuar con los "proveedores" de bienes de consumo y su corpus está integrado por un conjunto de mecanismos jurídicos específicos, desarrollados para paliar esa situación de hiposuficiencia y prevenir el acaecimiento de menoscabos a los derechos de los consumidores (v. Rusconi, Dante D.; Manual de Derecho del Consumidor, Abeledo Perrot, pág. 1).(C. 120.955, "Chiesino, Roxana Helena contra 'Thiara S.A.'. Escrituración". SCBA 07/03/2018).
La relación de consumo —con anclaje y reconocimiento constitucional en el art. 42, CN— es un concepto más amplio y abarcativo que la típica relación contractual. En los términos de la LDC, la relación de consumo es el vínculo jurídico —y no solo contractual— que se entabla entre el consumidor y los proveedores de bienes y servicios. Lo que caracteriza al derecho del consumidor es el principio de protección al débil jurídico en el marco de una relación que se presenta como estructuralmente desigual y asimétrica a la que la ley pretende equilibrar. De un lado, se ubica el consumidor que es el sujeto que requiere de especial tutela, y del otro, los proveedores de bienes y servicios, que son los sujetos particularmente obligados, por su carácter de profesionales o expertos.
La relación de consumo es entonces, el elemento que decide el ámbito de aplicación del derecho del consumidor, por consiguiente, debe comprender todas las situaciones posibles en las que el consumidor — como débil jurídico— debe ser protegido, ya sea antes durante y después de contratar, o cuando es dañado por un ilícito extracontractual, o cuando es sometido a una práctica de mercado, o cuando actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente. La doctrina y la jurisprudencia han subrayado que "el propio art. 42, CN. adopta esta expresión de relación de consumo para evitar circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a todas las circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios.
(Responsabilidad bancaria en las relaciones de consumo. Legitimación del consumidor que pide daño directo y justicia gratuita Autor: Darcy, Norberto C. Publicado en: LA LEY 29/07/2020, 29/07/2020, 8 - RCyS2020-IX, 79 Cita Online: AR/DOC/1239/2020). Kemelmajer de Carlucci expresa que “las leyes de protección de los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata. La norma tiene clara raigambre constitucional y está estructurada sobre la base de una razonable aplicación del principio protectorio propio del Derecho del Consumo, que el CCyC recoge no sólo en los artículos 1096/1122 sino que extiende a otros ámbitos específicos.” (cfr.autcit “La aplicación del Código Civil a las relaciones y situaciones jurídicas preexistentes”, segunda parte, Ed.
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2016, pág. 60/61; Heredia, Pablo “El derecho transitorio en materia de contractual”, en Revista CCyC, año 1, N° 1, págs. 3, 14).
Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, regula los contratos de consumo a partir de su artículo 1092 conforme lo expuesto “ut supra”, regulando sobre la relación de consumo, su interpretación, disponiendo asimismo en su artículo 1097 y siguientes que: “Trato digno. Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias” (art. 1097), “Trato equitativo y no discriminatorio. Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial, la de la nacionalidad de los consumidores”.
Del mismo modo, resulta por demás evidente que entre las partes, actor tomador del seguro –Alonso José-, y la demandada Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, aseguradora, existe una relación de consumo en los términos precitados por la ley 24240, por lo cual en la especie dicha normativa y sus principios, deben ser aplicados para la resolución del caso sometido a estudio de este juzgador. Asimismo, va de suyo entonces que modernamente se aplica la idea o el concepto de diálogo de fuentes del derecho, integrando el macro sistema (en nuestro caso dicha Ley de Seguros 17.418, incorporada al Código de Comercio) con el micro sistema jurídico impuesto por la de Defensa del Consumidor Nro. 24.240, con sus modificaciones, interpretando armónicamente y de modo concordante dichos ordenamientos jurídicos, que se complementan entre sí.
Ahora bien, la ley de Seguros 17418 dispone en su artículo 1 que: “Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto”. El fin perseguido con el seguro es la traslación de un riesgo a un tercero, para que sus eventuales consecuencias graviten sobre éste, que lo asume mediante el pago de una prima o cotización. (Halperin Isaac, Nicolás H. Barbato. “Seguros. Exposición crítica de las leyes 17418, 20091 y 22400. Ed. Lexis Nexis. Depalma, pág. 51).
Asimismo, el art. 46 establece que: “Denuncia del siniestro. Denuncia El tomador, o derechohabiente en su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los tres días de conocerlo. El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si interviene en el mismo plazo en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro o del daño. Informaciones. Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin. Documentos. Exigencias prohibidas. El asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el asegurado. No es válido convenir la limitación de los medios de prueba, ni supeditar la prestación del asegurador a un reconocimiento, transacción o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales sobre cuestiones prejudiciales. Facultad del asegurador. El asegurador puede examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro, o constituirse en parte civil en la causa criminal”. Del mismo modo, su artículo siguiente, dispone (art.47): “El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado, en el supuesto de incumplimiento de la carga prevista en el párrafo 1º del artículo 46, salvo que acredite caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia”; como así también, el artículo 48 regula que: “El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cumplir maliciosamente las cargas previstas en el párrafo 2º del artículo 46, o exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas para acreditar los daños”. Finalmente, el art. 56 reglamenta que: “El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2º y 3º del artículo 46. La omisión de pronunciarse importa aceptación”.
Así las cosas, se llama cargo o modo a la cláusula por la cual se impone una obligación excepcional al adquirente de un derecho. Esta institución del cargo o modo es de frecuente aplicación en materia de seguros. El cargo impuesto al asegurado es condicional resolutorio y se rige también por los arts. 559, 561, 562, 564 y 565 del Cód. Civ. El cargo condicional resolutorio, consiste en la inclusión de una condición potestativa a cuyo cumplimiento se subordina la irrevocabilidad de un derecho ya adquirido. El hecho que constituye el cargo debe ser posible y lícito al tiempo de establecerse y al tiempo de cumplirse. El cumplimiento del cargo con efecto condicional, hace adquirir el derecho o consolida el derecho ya adquirido, sin necesidad de que se verifique o se declare judicialmente el cumplimiento. En derecho privado, es una modalidad de la obligación que consiste en una prestación de carácter excepcional y accesorio impuesta al adquirente de un derecho.
Las cargas pueden provenir de imposiciones contenidas en la ley (cargas legales) o surgir del acuerdo de voluntades, es decir, de los contratos (cargas convencionales art. 1197, del Código Civil), en el marco de disponibilidad descripto en el art. 36 de la Ley de Seguros.
El art. 46 de la ley de Seguros nro. 17.418, consagra las denominadas cargas complementarias (o accesorias) que pueden asumirse en la posibilidad de exigir al asegurado información necesaria para verificar el siniestro, o bien para poder determinar la prestación a su cargo, solicitarle pruebas instrumentales cuando sea razonable que las suministre el asegurado, y pedirle que le permita las indagaciones necesarias para las verificaciones antes señaladas. Estas cargas complementarias deben estar guiadas por la necesariedad, razonabilidad, adecuación y posibilidad material de su realización. O sea deben ser necesarias para que el asegurador pueda conocer acabadamente el siniestro, sus causas y extensión del daño, deben ser razonables, o sea, adecuadas a las circunstancias del caso y características personales del asegurado y también deben ajustarse a la mecánica y plazos propios del contrato de seguros y deben ser posibles de cumplir por parte del asegurado (Piedecasas Miguel A., Régimen Legal del Seguro, Ley 17.418, Ed. Rubinzal–Culzoni, Editores, Bs. Bs. Año 1999, págs. 191/2).
Debe existir correspondencia entre las cargas impuestas al asegurado y la caducidad del derecho que se le impone, entre ellas: a) razonabilidad y, b) adecuación; porque se trata ni más ni menos que la pérdida del derecho a ser indemnizado y además siendo el cargo o la carga un accesorio de lo principal, el incumplimiento de ese cargo o carga, para acarrear la caducidad de la obligación de indemnizar el siniestro, reitero, que debe ser determinante y razonable para producir la caducidad del derecho a ser indemnizado por el siniestro de robo o hurto, o destrucción total.
La sanción por incumplimiento de estas cargas complementarias convenidas en el contrato de póliza de seguro, es la pérdida o la caducidad del derecho a ser indemnizado, pues el asegurado ha incurrido con su incumplimiento en una conducta culposa, que se presume por el mero incumplimiento de la carga impuesta.
Ha dicho la doctrina que el incumplimiento de las cargas implica una sanción severa consistente en la pérdida del derecho a ser indemnizado; y queda eximido de cumplir la carga cuando la imposibilidad de hecho, es sin culpa o negligencia del asegurado y no tenga causa u origen en culpa o negligencia del incumplidor. (Roulion Adolfo A., Código de Comercio Comentado, Tomo II, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2005, pág. 71). En estos casos siendo una carga “post siniestral” el asegurador solo se liberará de cumplir su obligación si acredita que el incumplimiento de esta carga convencional influyó en la extensión de la obligación asumida y obedeció a culpa o negligencia del asegurado (autor y opus cit., pág. 72). (Esta Sala Primera, in re:"Retamar Roberto Cristian Marcelo c/ Aseguradora Federal Argentina s/ Daños y Perjuicios", causa nº 2927/1R.S.D. Nº: 99/13 Folio Nº: 710, 27/06/2013, voto de suscripto).
A mayor abundamiento, ha tenido oportunidad de expedirse la Cámara Vecina del Departamento Judicial de Azul, refiriendo que: “Frente a un contrato de seguro -y del mismo modo que lo señalara mi estimado ex colega Dr. Bagú en causa nº 59036 “Morua…” del 14.04.2015- tanto asegurado cuanto asegurador, ya sea por voluntad de la ley o de las partes, asumen comportamientos que alguno de aquellos debe ejecutar a fin de conservar sus derechos. Esos comportamientos conforman las denominadas cargas contractuales y pueden consistir en un hacer, en un dar o en no hacer”. “Ante la destrucción de un automotor se presenta como carga del asegurado el denunciar el siniestro y el cumplimiento de la información complementaria, mientras que para el asegurador conlleva la carga de aceptar el siniestro en tiempo oportuno y en su caso pagar la prima que correspondiere. El incumplimiento de uno u otro acarrea sanciones de diferente naturaleza que el legislador estableció. Denunciar el siniestro es una carga del asegurado y tiene como consecuencia colocar al asegurador en condiciones de verificar si el siniestro corresponde a un riesgo cubierto, constatar la conducta del asegurado, sumar elementos probatorios de corresponder, tomar medidas necesarias para la protección de sus intereses en relación al riesgo asumido.1 - 65592 - 2020 - RIGADA ALEJANDRO OSCAR C/ BOSTON CIA ARG. DE SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
“En consonancia con que el contrato de seguro es calificado como de “ubérrimae bona efidei”, los sujetos deben conducirse con lealtad y colaboración en forma recíproca y dinámica, mediando una línea muy delgada entre los derechos y deberes necesarios para mantener el equilibrio de las prestaciones.- Siguiendo con la cuestión atinente a las cargas del asegurado y asegurador, en lo que aquí interesa corresponde centrarnos en la carga – valga la redundanciaprevista en el art. 56 de la ley de seguros, a tal fin he de citar lo dicho en causa n° 56707 “Villarreal…” del 27/09/2012: “…Piedecasas en su obra “Régimen Legal del Seguro”, señala: “El artículo 56 de la Ley de Seguros ha sido siempre objeto de un detenido análisis por la doctrina y la jurisprudencia, en virtud de que se torna un claro ejemplo de las cargas que pesan sobre el asegurador, con su consecuente caducidad de origen legal, sirviendo como contrapartida de las cargas y obligaciones del asegurado y tendiendo al correcto funcionamiento del seguro.
Resulta “doctrina aceptada” considerar esta obligación de pronunciamiento que consagra el artículo 56 como una cuestión sustancial y no formal, encuadrada en las previsiones comprendidas por el artículo 919 del Código Civil (hoy art. 263 CCyC) y que instituye un plazo de caducidad inderogable por convención de las partes, aplicable aun de oficio, y que corre a partir de la denuncia del siniestro y sólo puede interrumpirse mediante el requerimiento expreso por parte del asegurador de información complementaria, y su transcurso sin pronunciamiento por parte del asegurador importa indefectiblemente la aceptación del siniestro, de la cobertura y de la extensión del daño a resarcir, implicando un reconocimiento de los derechos del asegurado y conjuntamente un impedimento para invocar defensas de liberación posteriormente…El pronunciamiento por parte del asegurador, entonces, ha sido calificado como deber, carga, obligación, que debe ser interpretada con todo rigor, no derogable por convención de las partes, con un transcurso que comienza a partir de la denuncia del siniestro y que sólo puede ser interrumpido por la exigencia de información o documentación complementaria razonable y si no se pronuncia en forma precisa, cierta, clara y fundada, implicará aceptación no sólo del derecho del asegurado, sino también de la extensión del daño y un impedimento posterior para oponer cualquier defensa respecto del siniestro y su resarcimiento.
Estas consecuencias son aplicables de oficio (ob. cit., pág. 216 y 218, el destacado me pertenece).” “Así es que, recibida la denuncia, y como surge claramente de las citas antes transcriptas, puede el asegurador requerir información complementaria para pronunciarse sobre los derechos que incumben al asegurado, siempre y cuando todo ello sea solicitado dentro del plazo previsto por el art. 56 y que además sea pertinente y necesaria (conf. Stiglitz “Derecho de Seguros” Tº II pág. 541).- El art. 46 de la ley de seguros incluye un enunciado de facultades del asegurador consistentes en exigir del asegurado la información necesaria para verificar el siniestro, o la extensión de la prestación a su cargo, requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que las suministre el asegurado y permitir las indagaciones necesarias a tal fin.- Tales enunciaciones constituyen cargas del asegurado.- Al decir de Stiglitz “siempre en torno a las informaciones complementarias añadimos que la exigencia contenida en el art. 46-2, ley de seguros debe ser recabada por el asegurador.
De allí que se haya resuelto que “el asegurador que invoca el incumplimiento por parte del asegurado de los recaudos exigidos por el art. 46 de la ley 17.418, debe probar la existencia de una solicitud expresa de su parte no satisfecha por el tomador” (ob.cit. pág. 553).- Sigue diciendo el mismo autor: “El requerimiento de información complementaria y de prueba instrumental debe ser expreso, concreto temporáneo, razonable, relevante y pertinente o necesario… requiriendo de una solicitud expresa del asegurador” (ob.cit pág. 657).- Asimismo en el marco de la buena fe y razonabilidad del requerimiento del asegurador, aparece como aconsejable que las informaciones complementarias, indagaciones y elementos probatorios a que se hace referencia en el art. 46-2 y 3 de la LS de ser materialmente posible, se unifiquen en un único requerimiento y no se fraccione sucesivamente en el tiempo.-(RIGADA ALEJANDRO OSCAR C/ BOSTON CIA ARG.
DE SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)" JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA Reg Nº 92 Folio Nº 556. Cámara de Apelaciones Departamento Judicial de Azul- Sala I-.11/08/2020).
IV.-Los antecedentes del caso. Valoración de la prueba aportada al proceso A los fines de dar solución al presente caso bajo juzgamiento, corresponde hacer un análisis pormenorizado de los hechos, las pretensiones y defensas opuestas por cada una de las partes como así también de la prueba glosada al expediente. Del mismo modo, para su resolución no solo debe tenerse como norte lo dispuesto por la ley de seguros 17418 sino también las normas tuitivas de la ley de defensa del consumidor, quien nos impone que en caso de duda la balanza debe inclinarse a favor de la parte más débil de la relación jurídica, vale decir, del consumidor.
En consecuencia, corresponde preguntarse: ¿Se encuentra acreditado el incumplimiento contractual de la parte demandada? O en caso contrario, ¿Corresponde eximir del pago a la parte demandada por incumplimiento en las cargas impuestas al consumidor? Veamos:
A fs. 24/35 se presentó el actor Alonso José e inicia demanda de cobro ordinario de sumas de dinero contra Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada por la suma de $280.000,00, en concepto de pago de seguro del vehículo, con más su actualización, intereses y daños y perjuicios sufridos. Con respecto a los hechos, refirió el accionante que: “el día 01 de marzo de 2015 siendo las 12.30 hs. aproximadamente, momento en que me encontraba finalizando mi jornada laboral en la confitería ubicada en la calle Piedrabuena 6126 de Gregorio de Laferrere, Provincia de Buenos Aires, conocida con el nombre de fantasía “La Rueda”, donde el suscripto presta tareas, dos individuos armados de sexo masculino ingresaron a robar por la puerta de acceso de la parte de atrás del local que da a la calle Esteban Echeverría –siendo que la persiana de ingreso ya estaba cerrada- sustrayendo dinero y todas las pertenencias que teníamos los empleados, y al emprender la fuga lo hacen con el vehículo de mi titularidad que se encontraba allí estacionado.
Ese mismo día, procedí a efectuar la denuncia penal ante la Comisaria Distrital Este 1ra. De Gregorio de Laferrere (…) asimismo, realice la pertinente denuncia del siniestro ante mi compañía aseguradora Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada Póliza 43/02/169837/000 cual fuera registrado bajo el número 08/507604. A los fines de cobrar el seguro del vehículo cumplí con todos los trámites exigidos por la demandada, esto es presentación del certificado de dominio, denuncia de robo ante el RNPA, baja del impuesto automotor ante el Municipio de Morón, CETA, la baja ante ARBA emitiendo libre de deuda y finalmente la baja del automotor ante el registro de la propiedad. La demandada emite a esta parte, constancia del valor de venta al público al contado en plaza del vehículo asegurado, cotización de fecha del 04 de abril de 2015, por un valor de $93.600 (…) la que se abonaría por medio de cheque.
En fecha 20/04/2015 concurro a la comisaria de González Catán, partido de La Matanza, habida cuenta de que me comunicaron que habían hallado el vehículo y se encontraba secuestrado en esa dependencia. Conforme consta en la declaración testimonial el vehículo fue encontrado con faltantes que se detallaron (…) conforme acta que se acompaña de fecha 20/04/2015 el vehículo fue entregado en esas mismas condiciones mencionadas al suscripto en carácter de depositario judicial sin poder enajenarlo o permutarlo previa autorización de la fiscalía interviniente. Se comunicó de ello a la compañía y se presentó la totalidad de la documentación restante con el objeto de percibir el seguro del vehículo como se había cotizado, habida cuenta que ya estaba concluido el trámite de solicitud de baja ante el RNPA.
Pese a ello, la demandada se negó a abonar al suscripto el importe por el vehículo asegurado, viéndome obligado a remitir CD 678076272 de fecha 17/06/2015 que dice: “me dirijo a Ud., en mi carácter de titular del rodado marca Volkswagen modelo Passat 1.8 sedan 4 ptas. Dominio CSJ484 y en virtud del contrato de seguro que nos vincula (…) con motivo del robo del que fui víctima el día 01/03/2015 por parte de dos masculinos quienes huyeron con mi automóvil conforme denuncia policial presentada ante vuestra compañía. Habiendo procedido a efectuar la pertinente denuncia del siniestro ante la aseguradora, registrado el siniestro bajo nro. 08/02/507604 y realizado todos los trámites por Ud., incluida la solicitud de baja ante el registro automotor a los efectos de cobrar el seguro del vehículo, en fecha 20/04/2015 tome conocimiento que el rodado se encontraba secuestrado en la comisaria (…) atento a ello y toda vez que el suscripto ha concluido el trámite de solicitud de baja del automotor RNPA y ha presentado en tiempo y forma la totalidad de la documentación exigida, intimo plazo perentorio de 10 días hábiles abone la suma de $93.600 (…) ante las respuestas evasivas de la demandada en torno al cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, esta parte remite nueva CD 668826569 de fecha 31/07/2015 que dice: “me dirijo a Ud. en mi carácter de titular del rodado (…) a los fines de responder su carta documento E00000005726190, la cual se rechaza por falsa, maliciosa e improcedente.
Niego y rechazo el contenido de CD Nros. 05508380 y G00000000116090, toda vez que nunca fueron recepcionadas por quien suscribe. Niego y rechazo el contenido de Carta Documento Nro. 04904380. Niego y rechazo que la liquidación del siniestro estaba condicionada al cumplimiento de las cargas que se me impusieran. Niego y rechazo no haber cumplimentado dichas cargas toda vez que esta parte dio cabal cumplimiento a todos los trámites por Ud. requeridos, como oportunamente se le manifestara en mis misivas anteriores (…) le reitero que el suscripto ha concluido el trámite de solicitud de baja del automotor RNPA y ha presentado en tiempo y forma la totalidad de la documentación exigida (…) Advierta S.S. que el vehículo se encuentra en mi domicilio desde el 20/04/2015 tal como fue hallado luego del robo por la Comisaria de González Catán.
Por tener la baja definitiva-trámite que fue exigido por la demandada para abonar el seguro- no puede circular, ni venderse ni permutarse (…) pese a las reiteradas intimaciones efectuadas a la demandada, nunca abonó al suscripto el seguro por el vehículo siniestrado, evadiéndose de su obligación legal y contractual…”.
Con dicho escrito de demanda, se vislumbra que el actor acompañó diversos medios probatorios. En efecto, se encuentra glosado a fs. 2 un formulario 04 triplicado del dominio CSJ 484, propietario Alonso José, dejándose constancia en observaciones que: “certifico que con fecha 01/03/2015 fue registrada la denuncia por robo efectuada ante la Comisaria Distrital Este 1° G. de Laferrere por Alonso José, DNI 16.916.795”, a fs. 3 formulario 02 triplicado, CSJ 484 “D” solicitud de certificado de estado de dominio. Bloquea el dominio por quince (15) días hábiles. (…) afectaciones personales al dominio, posesión o uso del vehículo y constancias varias: Robado”, a fs. 4 se observa un certificado de estado de dominio de dicho rodado (CSJ484) VW Passat 1.8 de titularidad de Alonso José desde el 26/12/2012. Robado: fecha de denuncia policial 01/03/2015, fecha de inscripción de robo: 07/04/2015”.
A fs. 5 se observa el formulario 13: 01018157, dominio CSJ 484 (…) José Alonso (…) al día dela fecha se constató la inexistencia de deuda por infracciones de tránsito en las jurisdicciones consultadas. A fs. 6 se glosó el libre de deuda del Impuesto automotor del Municipio de Morón, habiéndose dejado constancia que: “dominio actual CSJ 484, Municipalidad de Morón, tesorería 10/04/2015 (…) identificación del titular: Alonso José DNI 16916795: certifico la inexistencia de deudas municipales para el dominio automotor indicado en este formulario. Observaciones: baja por robo”.
A fs. 7 formulario M-219 Impuesto a los automotores, certificado de baja como contribuyente. Motivo por el que se solicita la baja “robo o hurto”, dominio actual CSJ484, nombre y apellido del contribuyente Alonso José, DNI 16916795, el automotor referenciado ha sido dado de baja de los registros del municipio de Morón por motivo indicado, sin deuda hasta 01/2015. Fecha de efectividad: 07/04/2015”.
A fs. 12 obra constancia de titularidad, en el cual expresó que: “se deja constancia de que el dominio CSJ484 marca Volkswagen modelo Passat 1.8 con motor nro. APT009315, con chasis nro. WVWZZZ3BZXE421734 es de propiedad de Alonso José DNI 16916795 desde el 26/12/2012. La denuncia de robo o hurto automotor fue inscripta en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor 01115 el 07/04/2015”.
Del mismo modo, a fs. 8 acompañó la denuncia penal labrada en la fiscalía interviniente el día 01 de marzo de 2015 a las 23.00 hs. y a fs. 11 acta en la cual se lo instituye como depositario judicial del vehículo. Finalmente, a fs. 14 se observa el formulario que contiene el detalle de la documentación que debía presentar el asegurado en casos de robo/hurto/destrucción total y a fs. 15 en copia simple lo informado por la aseguradora en el cual se hizo saber al Sr. Alonso José que en relación al siniestro de referencia 8/507604 “comunicamos a usted que de las averiguaciones obtenidas de concesionarias y/o casas revendedoras habilitadas, el valor de venta al público al contado en plaza del vehículo asegurado a la fecha del siniestro es de pesos noventa y tres mil seiscientos ($93.600,00). Lugar y fecha: Ramos Mejía, 06/04/2015”.
Corrido el traslado de demanda, a fs. 45/55 vta. –véase presentación electrónica de fecha 15/05/2017- contestó la aseguradora “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada”.
En efecto, dicha parte accionada expuso como defensa que: “Mi poderdante había contratado con la parte actora, Señor JOSE ALONSO, un contrato de seguro que fue instrumentado mediante póliza número 43/02/169837, con vigencia desde las 12 hs. del 18/02/3015 hasta las 12 hs. del día 18/08/2015, y tal como reza en las Condiciones Particulares de la misma, se tuvo por OBJETO DEL SEGURO el vehículo marca VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 T TRENDLINE, Motor: APT009315 Chasis:
WVWZZZ3BZXE421734 PAT.: CSJ 484 - USO: AUTO PARTICULAR, AUTO,
por el que se aseguraba, entre otros, el robo o hurto total de la unidad por $ 78.000”.
“Ahora bien, el asegurado denunció el acaecimiento de un robo total con fecha 2/3/2015 acaecido el 1-3-2015 a las 21,30 hs. Debía a partir de entonces, cumplir con las cargas dispuestas en la póliza vinculante, especialmente con las detalladas en la cláusula CG-CO 3.1 y el anexo transcripto a continuación de la cláusula, que disponen: “PRUEBA INSTRUMENTAL Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN. En caso de pérdida total del vehículo por daño y/o Incendio o robo o hurto, y si procediere la indemnización, esta queda condicionada a que el Asegurado entregue al Asegurador los documentos que se enuncian en el impreso agregado a la póliza como Anexo a esta Cláusula. Completada la entrega de la documentación y no ofreciendo esta inconvenientes ni existiendo motivo de rechazo del siniestro, el Asegurador procederá a su pago dentro de los quince días de presentada en regla dicha documentación (…) En otros términos, el asegurado debió de presentar la documentación enunciada no siendo ocioso señalar que es el mismo demandante (doctrina de los propios actos) quien reconoce no haber cumplido con la documentación al tiempo del hallazgo de la unidad.
De esta forma, insisto, al momento del hallazgo no se había dado cumplimiento a las cargas obligatorias y en consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en la cláusula CG RH 4.2 (APARTADO IV) no correspondía el pago de la indemnización. (…) A mayor abundamiento destaco que dispone la cláusula CG-RH 4.2 - ROBO O HURTO TOTAL…IV) El procedimiento para establecer el valor de venta al público al contado en plaza y las normas referentes a la indemnización a cargo del Asegurador, serán las determinadas en los apartados II y III de la presente Cláusula. No obstante, si el vehículo fuere hallado antes de vencer el plazo para pronunciarse sobre la procedencia del siniestro (artículo 56 de la Ley Nº 17418) o antes de completarse la remisión al Asegurador de la documentación a que se refiere la Cláusula CG-CO 3.1 - PRUEBA INSTRUMENTAL Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, o antes de efectuarse el pago indicado en dicha Cláusula, la responsabilidad de éste se limitará a indemnizar solamente el robo o hurto parcial que se comprobare siempre que esta cobertura estuviera pactada en el Frente de Póliza.
Los daños totales o parciales que hubiera sufrido el vehículo, aún aquellos que se hubieran producido para posibilitar el robo o hurto, se indemnizarán únicamente de hallarse cubiertos dichos riesgos y previa deducción del importe que se indica como franquicia en el Frente de Póliza, conforme a lo establecido en las Cláusulas CG-DA 3.2 - DAÑO PARCIAL o en las Cláusulas CG-IN 3.2 –. Huelga dejar plasmado que en el sublite no se acreditó que se haya efectuado la baja del rodado ante el Registro de la Propiedad al momento del hallazgo, extremo que queda desconocido. A todo evento, se hace notar que en los casos similares de aparición de vehículos, solo hubiese sido viable que se indemnizaran los daños parciales cuando estaban contratados, empero en el caso de marras estos daños no están amparados por la póliza vinculante”.
“De acuerdo con lo expuesto se enviaron cartas documento al Sr. Alonso al domicilio denunciado en la póliza: Carta documento Andreani nro 04904380 Ramos Mejía 21 de abril de 2015. Ref. siniestro 08/02/507604 (CDINT.31733). En congruencia con la liquidación del siniestro Nro. 08/02/507604 tramitado por la sustracción el automóvil dominio CSJ 484, y en cumplimiento de lo establecido en la cláusula CG-RH 4.2 ROBO O HURTO TOTAL de la póliza 43/169837, le informamos del hallazgo del rodado, el cual se encuentra en dependencias de la COMISARIA 5 de GONZALEZ CATAN, LA MATANZA, interviniente del Dto Judicial- Atento a ello deberá obtener la restitución del bien por su cuenta y orden, debiendo acercarse a oficinas de esta asegurado sitas en AVENIDA SAN MARTIN 141, de RAMOS MEJIA de lunes a viernes de 9,00 a 16,00 hs. a fin de comunicar los pormenores de la aparición y presentar las constancias policiales de tal hallazgo, todo ello con el objeto de verificar las obligaciones y prestaciones emergentes del hecho. Hasta tanto, quedan suspendidos los términos de pronunciamiento de esta aseguradora, establecidos en el art. 56 de la ley de seguros 17.418, debiendo Ud. Cumplir con su carga, según lo establece el art. 46 y concordantes de la normativa citada. Queda usted notificado”
. Continuó la demandada en su escrito de contestación: “Luego de pasada una considerable cantidad de tiempo, el 17 de junio de 2015 el asegurado envío la carta documento 678076272 con términos inadmisibles, falaces e improcedentes, que fue respondida por mi mandantes mediante carta documento Andreani Nro 05508380 en los siguientes términos: “Ramos Mejía 24 de junio de 2015.- Siniestro 08/02/507604 (CDINT 35.424) Rechazamos los términos de su cd 678076272 por falaces e improcedentes, tal como se le comunicara mediante cd nro. 04904380, la liquidación del siniestro estaba condicionada al cumplimiento de las cargas que se le impusieran y que aún no cumplimentara (la aseguradora transcribió en dicha CD lo supuestamente requerido con fecha 21/04/2015) (…) por lo expuesto, ninguna prestación adeuda esta aseguradora, correspondiendo declinar toda responsabilidad por el siniestro, atento la pérdida de su derecho a ser indemnizado en virtud de su incumplimiento de los plazos para la presentación de la información complementaria que prevé el art. 46 de la ley citada.
Queda Ud. debidamente notificado, intimándolo a que cese en su infundado reclamo haciendo reserva de derechos por los perjuicios que su indebido accionar genere a esta empresa”. Que: “Luego de la improcedente misiva enviada por el accionante de fecha 14-7-2015, mi representada volvió a responder mediante CD Andreani nro. 00000005726190 en los siguientes términos: Ramos Mejía 23 de julio de 2015. Rechazamos los términos de su cd n 669717790 por falaces e improcedentes, en respuesta a la misma apelamos también a la transcripción de nuestras anteriores nros. 055008380 y g00000000116090: rechazamos los términos de su cd 678076272 por falaces e improcedentes, tal como se le comunicara mediante cd nro. 04904380, la liquidación del siniestro estaba condicionada al cumplimiento de las cargas que se le impusieran y que aún no cumplimentara.
Para mayor ilustración, transcribimos su texto:(la aseguradora vuelve a transcribir el texto de la CD de fecha 21/04/2015) (…) Por lo expuesto, ninguna prestación adeuda esta aseguradora, correspondiendo declinar toda responsabilidad por el siniestro, atento la pérdida de su derecho a ser indemnizado en virtud de su incumplimiento de los plazos para la presentación de la información complementaria que prevé el art. 46 de la ley citada. Queda ud. debidamente notificado, intimándolo a que cese en su infundado reclamo haciendo reserva de derechos por los perjuicios que su indebido accionar genere a esta empresa”.
Finalmente, expuso la aseguradora que habría remitido 2 nuevas cartas documento con fecha 09/10/2015, en el cual le habrían contestado al actor en respuesta a la CD de fecha 31/07/2015 que: “Ramos Mejía, 9 de octubre de 2015. Se rechaza por improcedente e inexacta su cd n 691506087, en relación al siniestro n 08/507604, se reiteran y ratifican en todos sus términos las cd nros05508380, 05726190 y 06261010. Mal puede pretender el cobro de una indemnización por robo del vehículo asegurado, cuando el hallazgo del mismo se produjo antes que Ud. cumplimentara y entregara a la aseguradora la totalidad de la documentación correspondiente (clausula cg rh 4.2 robo o hurto total punto iv) consecuentemente el recupero de la unidad antes que el pago resultara exigible, libera a la asegurado respecto del mismo, sin perjuicio de la constatación que deberá efectuarse para evaluar la configuración de algún riesgo cubierto conforme póliza, debiendo para ello indicar el domicilio donde se encuentra el mismo a los fines de poder verificar el estado del rodado. Se niega y desconoce que personal de esta empresa hubiera inspeccionado el vehículo y sacado fotografías del mismo y de la documentación a la que refiere. Se niega que se le hubiera negado la entrega de documentación alguna, sin perjuicio de que dicha entrega hubiera resultado extemporánea, atento a lo que Ud. mismo refiere al manifestar que se presentó en la compañía a los fines de entregar la documentación correspondiente luego del hallazgo del vehículo siniestrado. Se niega y desconoce que se le deba abonar suma alguna como consecuencia del robo del vehículo (en virtud de la aparición del mismo antes de que el pago resulte exigible) y que a todo evento la misma deba ser actualizada, más intereses y lucro cesante. Ante lo expuesto, su reclamo e intimación devienen improcedentes, careciendo por ello Ud. de legitimación y derecho para intimar como lo hace como así también de fundamentos legales para accionar judicialmente como refiere. Queda Ud. debidamente notificado cerrando intercambio epistolar”.
Con respecto a la CD de fecha 4 de noviembre de 2015, expusieron que: “mis mandantes remitieron CD ANDREANI nro. 00000006485990 en los siguientes términos: “No obstante la oponibilidad de nuestra CD de fecha 09/10/2015 por haber sido enviada al domicilio que registrara frente a esta aseguradora, transcribimos su tenor a continuación: se rechaza por improcedente e inexacta su cd n 691506087, en relación al siniestro n 08/507604, se reiteran y ratifican en todos sus términos las cd nros05508380, 05726190 y 06261010. Mal puede pretender el cobro de una indemnización por robo del vehículo asegurado, cuando el hallazgo del mismo se produjo antes que Ud. cumplimentara y entregara a la aseguradora la totalidad de la documentación correspondiente (clausula cg rh 4.2 robo o hurto total punto iv) consecuentemente el recupero de la unidad antes que el pago resultara exigible, libera a la asegurado respecto del mismo, sin perjuicio de la constatación que deberá efectuarse para evaluar la configuración de algún riesgo cubierto conforme póliza, debiendo para ello indicar el domicilio donde se encuentra el mismo a los fines de poder verificar el estado del rodado. Se niega y desconoce que personal de esta empresa hubiera inspeccionado el vehículo y sacado fotografías del mismo y de la documentación a la que refiere. se niega que se le hubiera negado la entrega de documentación alguna, sin perjuicio de que dicha entrega hubiera resultado extemporánea, atento a lo que Ud. mismo refiere al manifestar que se presentó en la compañía a los fines de entregar la documentación correspondiente luego del hallazgo del vehículo siniestrado… se niega y desconoce que se le deba abonar suma alguna como consecuencia del robo del vehículo (en virtud de la aparición del mismo antes de que el pago resulte exigible) y que a todo evento la misma deba ser actualizada, más intereses y lucro cesante. Ante lo expuesto, su reclamo e intimación devienen improcedentes, careciendo por ello Ud. de legitimación y derecho para intimar como lo hace como así también de fundamentos legales para accionar judicialmente como refiere. Queda Ud. debidamente notificado cerrando intercambio epistolar”.
En consecuencia, consideró la demandada que ninguna indemnización correspondía otorgarle al accionante, solicitando se rechace la demanda, con costas. Por otra parte, luego de contestada la demanda, a fs. 56 se informó al sentenciante de grado que: “juntamente con la presentación electrónica que antecede no se ha adjuntado el testimonio de la sustitución del Poder General Judicial, ni la copia de póliza ni las cartas documento Andreani Nº 04904380, 05508380, 00000005726190, 00000006485990, 0000006413180 y 0000006485990, tal como se dice acompañar. Es todo cuanto puedo informar. 23/05/2017”. Por lo cual, si bien ambas partes han reconocido el intercambio de cartas documentos, adelanto que la parte demandada no acompañó la prueba documental de la existencia de las mismas. En efecto, la carta documento “04904380” (que dijo haber remitido la aseguradora), hubiese sido de vital importancia, pues era esa en la que –según la accionada- se expuso la obligación al actor de acompañar documental adicional, máxime cuando el Sr. Alonso ha negado su recepción.
Del mismo modo, a fs. 72/87 se gloso únicamente la póliza de seguros – no la documentación restante del siniestro-, en virtud de la intimación efectuada por el sentenciante de grado a fs. 70 vta., el cual dice: “proveyendo a fs. 69 al pto. II: intímese a la contraria para que dentro del plazo de 5 días acompañe en autos las copias de la documentación requerida, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 386 del CPCC”. No escapa a este juzgador que de fs. 69 pto. II el actor solicitó: “que habiendo sido requerida la póliza de seguro con la documentación restante del siniestro, y encontrándose en poder de la accionada, es que solicito se la intime a presentarla en autos bajo apercibimiento de ley”. Una vez más, se advierte que la demandada no ha aportado elemento probatorio alguno que avale su postura, pues no ha presentado la documentación del siniestro pese a la intimación efectuada por el sentenciante de grado. De este modo, se advierte una total falta de colaboración con la justicia, por parte de la misma, con el objeto de escudriñar la búsqueda de la “verdad objetiva”.
Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (art. 1198 del Cód. Civ.). De modo tal, que la conducta observada por la parte demandada durante la sustanciación del proceso constituye un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la no procedencia de su respectiva pretensión. El fundamento de la aplicación de esta doctrina debe encontrarse en la colaboración que han de prestar los justiciables al dictado de una sentencia justa. Se le imputa a la accionada el principio de autorresponsabilidad. La conducta procesal configura una fuente de prueba, como un hecho de precisa existencia y que servirá como presupuesto de prueba para otro hecho, a manera de indicio. En el proceso no solo tiene eficacia la manifestación de la voluntad, sino también el silencio, consistentes en evasivas, la falta de ofrecimiento de pruebas, y en general las actitudes omisivas, la falta de colaboración de la parte sin aportar los elementos probatorios que ella está en condiciones para producirlas, ocultándolas para obtener un beneficio a su favor, actuando en violación al principio de la buena fe procesal (véase Fenochietto- Arazi, Cód. Proc. Comentado, T° I, Ed. Astrea, págs. 569/571). Por otra parte la demandada es una organización Cooperativa de Seguros y se encuentra en mejoras condiciones administrativas, económicas, jurídicas y contables para ofrecer y producir los medios probatorios, en búsqueda de la vedad objetiva y la sentencia justa. Todo ello, por aplicación de la distribución dinámica de la carga probatoria.
Asimismo durante la ejecución del contrato –por tratarse de una relación de consumo, en donde la parte vulnerable es el actor- debe la aseguradora y más por tratarse de una cooperativa de seguros, asesorar, informar y colaborar con el asegurado, para que el mismo pueda satisfacer su interés primario y legítimo, que es percibir la indemnización correspondiente, que tiene su causa en un siniestro en su perjuicio. Y es por ese motivo, el fin por el cual contrató una póliza de seguro. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los servicios que provee y las condiciones de su comercialización. La información debe ser proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión (arts. 42 de la C.N. y 4 de la ley 24.240). El deber de información, debe suministrarse también durante la ejecución del contrato, es un derecho cuyo desarrollo se remite a los arts. 4, 6, 9, 10, 25, 28, 34 y 37 de la ley 24240, afirmado por la doctrina nacional y extranjera (TSJ Córdoba, Sala Cont. Adm., 1/9/2.009, “Simonelli de Labadie, c/ Pcia. de Córdoba, cit., por Vitolo Daniel, Defensa del Consumidor, Ed. Ad-Hoc, pág. 117). El consumidor tiene derecho a una información veraz y adecuada, al igual que se merece condiciones de un trato digno y equitativo (arts. 42 C.N. y 38 de la Const. Pcia. de Bs. As.). La información debe ser clara, objetiva, veraz, detallada, eficaz, y suficiente sobre las características esenciales del contrato (art. 1.110, 1.094 y 1.095 del C.C. y C.). Todos estos deberes legales e imperativos en cabeza de la aseguradora, deben suministrarlos también durante la ejecución del contrato de seguro, habiendo la misma omitido su cumplimiento, por cuanto ello no ha sido acreditado en autos (arts. 375 y 384 del Cód. Proc.).
Es importante tener en consideración que la accionada es un cooperativa de seguros, que su accionar y que por su participación en el mercado del seguro, se basa en principios y valores del cooperativismo, entre ellos, a saber: autoayuda, responsabilidad propia, democracia, igualdad, equidad y solidaridad y creen en los valores éticos de la honestidad, la apertura, la transparencia, la responsabilidad social y el cuidado de los demás. Es decir, que cumple una verdadera función social económica, donde -a mi juicio- la persona humana es el eje del sistema como destinatario social-económico, todo ello con fundamento en los Tratados de Derechos Humanos, especialmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 75 inc. 22 de la C.N.). La accionada es una Cooperativa regida por la ley 20.337 siendo entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. También se les aplica la ley 20.091, denominada de entidades de seguros y su control, estableciendo que el ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora están sometidas al régimen de la presente ley (art. 1°). Y pueden realizar operaciones de seguros las cooperativas y de seguros mutuos (art. 2° y 17°).
Que la ley 17.418 de Seguros fue sancionada en el año 1967 a la luz de la vigencia del Código de Comercio, en cuyo código de fondo, el actor principal -como sujeto de derechos es el comerciante (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7), declarando en el art. 8 los actos de comercio en general, entre ellos: “a los seguros” (inc. 6°).
Con la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor nro. 24.240 en el año 1993, se desplaza a la figura del comerciante y a los denominados actos de comercio, por otro sujeto de derechos designado como el consumidor y/o el usuario, originado en las “relaciones de consumo”, creando un régimen jurídico de orden público, protegiendo al consumidor por ser la parte más débil en la contratación, tomando mayor importancia, relevancia y protagonismo el “consumidor”, en toda relación de consumo (art. 42 C. N.).
Ahora bien, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial (año 2.015), se afianza jurídicamente la figura de consumidor y se regulan los contratos de consumo, desde los arts. 1.092 hasta el 1122), desplazando definitivamente al comerciante y a los actos de comercio.
Estimo que los derechos deben ser ejercidos de buena fe, sin incurrir en abuso de derecho por la posición dominante en el mercado del seguro, frente al vulnerable consumidor (arts. 9, 10 y 11 del C. C. y C.).
Además, el contrato de seguro cumple una verdadera función socialeconómica y humana, cuyo destinatario es el asegurado o un tercero. Y este norte, no debe perderse de vista, porque ilumina jurídicamente a toda la relación de consumo, que tiene su génesis en un contrato de seguro, y bajo esta óptica o principio, se produce el diálogo de las fuentes del derecho, aplicables al presente sub-judice”.
Continuando con el análisis, vislumbro que a fs. 95 obra la consulta de titularidad del vehículo dominio CSJ484, habiéndose dejado constancia que Alonso José resultaba titular del rodado Volkswagen Passat 1.8 desde 26/12/2012.
A fs. 99/99 vta. se ordenó recibir la presente causa a prueba. Es así que a fs. 132/136 el Municipio de Morón –conforme impresión de la ficha del rodadoinformó que: “atento a la solicitado este departamento cumple en informar que el dominio CSJ484 se encuentra dado de baja por robo, con fecha de efectividad 07/04/2015”.
Por otra parte, con fecha 14 de agosto de 2018 el perito ingeniero Oscar H. Martino presentó electrónicamente la experticia requerida, refiriendo que: “Por lo observado desde esa fecha el vehículo permaneció en el predio sin usarse ni ponerse en funcionamiento, no posee batería, las llantas y cubiertas que tiene colocadas no son originales del vehículo, son otro modelo y tamaño, aparte bajas de presión y deterioradas, está en mal estado de pintura, quemada, y posee abolladuras en varias partes de la chapa externa, como capot, guardabarros del derecho, paragolpes ambos. Que da idea de que después del robo fue usado hasta que no anduvo más el motor y fue abandonado. La parte inferior no se pudo verificar pero se observa que el vehículo está casi tocando el piso lo que evidencia que ha sufrido un mal uso, como si hubiera sorteado saltos en altura y caídas sobre el pavimento con impacto en su parte inferior. En su interior fue desarmado su autorradio, bajo volante la instalación eléctrica del tablero esta faltante, fue arrancada de su lugar, como así también la parte eléctrica detrás del volante del conductor, puede verse en las fotos que se adjuntan en el anexo. En cuanto a el estado de la parte mecánica este perito puede decir que no se pudo poner en marcha desde que su estacionamiento por lo que se puede decir que un vehículo cuyo motor esta sin funcionar desde hace más de 3 años ya no tiene recuperación, habría que hacer el motor a nuevo, con repuestos originales y revisar además, que no se pudo hacer, la caja automática el diferencial, suspensión, dirección y todas las partes mecánicas del vehículo ventilación refrigeración eléctrico dirección hidráulica, etc. Como vera V.S. un vehículo en estas condiciones puede recuperarse, pero su costo de ponerlo en funcionamiento superaría el monto de un vehículo igual al del actor que se encontrara en buenas. Condiciones, por lo que este perito considera que se debe considerar destrucción total. De acuerdo a los escritos de autos el vehículo fue dado de baja ante el RNPA, patentes, rentas, registro automotor, formulario zeta a nombre de la Compañía de seguros”. Dicha pericia, recibió pedido de explicaciones por la parte demandada las cuales fueron brindadas por el experto en la AVC.
En dicha Audiencia de Vista de Causa videograbada, el perito frente a las explicaciones solicitadas por la demandada, contesto en lo que nos interesa que: ¿Puede Ud. afirmar si las cubiertas y llantas del automóvil fueron cambiadas antes o después del recupero del vehículo? De ninguna manera. El auto fue visto luego de tres años y medio en el lugar donde estaba estacionado después que lo hallaron. El auto fue trasladado a un lugar donde estuvo estacionado hasta ahora porque ni en marcha se pudo poner y que las cubiertas no son las originales. Cubiertas de rodados más chicas, cambiadas por otro coche. ¿Puede Ud. establecer la fecha exacta en la que se produjeron las abolladuras y quemaduras de pintura que menciona en la pericia?
No, tampoco. La carrocería no estaba tan mal y quemada por el sol –durante el tiempo que estuvo a la intemperie- y tiene partes abolladas como los paragolpes y guardabarros delanteros. Esas quemaduras fueron por el sol. ¿Puede establecer si fueron producidas antes o después del recupero del vehículo? El perito expone que entiende que las quemaduras por el sol fueron producidas por el tiempo que estuvo ahí el vehículo. Las abolladuras, es muy probable hayan pasado durante el secuestro del vehículo, que estuvo transitando hasta que fue hallado –cuestión que supone-, pues si el vehículo estuvo estacionado sin moverse no se pudo abollar –entiende-. Por lo cual, finaliza su relato exponiendo que los daños deben de haber surgido con el robo.
¿En caso que el vehículo hubiese sido convenientemente preservado y puesto en marcha con regularidad a lo largo de los más de tres años que lleva detenido a la intemperie, sus partes mecánicas podrían estar, en la actualidad, en buenas condiciones? El perito contestó que lo duda, porque primero para ponerlo en marcha hay que revisarlo completamente, no tenía aceite. Si el vehículo fue trasladado en esas condiciones, evidentemente, mientras lo usaron los ladrones se ve que lo agotaron hasta que el motor no anduvo más y lo han abandonado en ese momento. Estuvo andando sin aceite, cosa que para ponerlo en marcha hay que adecuar una cantidad de condiciones y es un costo elevado. ¿Puede Ud. afirmar si la instalación eléctrica y la radio fueron dañadas antes o después del recupero del vehículo?.
No, el perito refiere que lo vio después”. Del mismo modo, con fecha 31/08/2018 se encuentra presentada la pericia contable, en la cual se dejara constancia que: “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada lleva sus libros en legal forma. Fueron exhibidos los siguientes libros obligatorios en uso: -Libro Inventario y Balances N° 12, Registro 1177, Matrícula 1341, 1000 folios, copiador, Rúbrica N° 89799 del 26/01/2018, funcionario habilitante CP. Laura Moich, Departamento Registro y Archivo de la Subsecretaría Provincial de acción Cooperativa. Ultimo registro folio 109. -Libro Diario N° 40, Registro 1177, Matrícula 1341, 1000 folios, copiador, Rúbrica N° 89318 del 27/09/2017, funcionario habilitante CP.
Laura Moich, Departamento Registro y Archivo de la Subsecretaría Provincial de acción Cooperativa. Ultimo registro folio 548. -Para el resto de los libros obligatorios Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada cuenta con autorización para ser llevados por medio de hojas móviles otorgada por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, autorización que tuve a la vista. Expediente N° 2215-26.553, Legajo N° 12/3749, Resolución N° 1317, Fecha 22/10/1984. 2) Extraerá copia de la denuncia de siniestro que hubo de haberse efectuado como consecuencia del hecho y acompañará copia íntegra de la póliza. Habiéndose requerido la demandada no exhibió la denuncia de siniestro realizada por el actor.
Habiéndose requerido la demandada no puso a disposición de la perito el Libro de Siniestros de la fecha en que aconteció el hecho reclamado en autos. (…) Tuve a la vista la póliza N° 169837, la que se corresponde a la copia documental agregada por la demandada a fojas 72/87. (…)5) Si con anterioridad a la promoción del presente la aseguradora hubo de haber destinado parte de su capital al pago de alguna acción instada como consecuencia del hecho de autos. De los registros contables de la demandada no surgen pagos realizados al actor como consecuencia del siniestro reclamado en autos. (…) Detalle todos los datos referidos a la póliza citada, nombre y domicilio del asegurado, datos del vehículo, objeto del seguro, riesgos y montos cubiertos, Póliza N° 169837.
Nombre asegurado: Alonso José. Domicilio: Brandsen 2368 (1704) Ramos Mejía. Objeto del seguro: auto sedan modelo 2002. Marca Volkswagen Passat 1.8 T Trendline. Motor: APT009315. Chasis: WVWZZZ3BZXE421734. Patente: CSJ484. Uso particular. Riesgos cubiertos y montos cubiertos: Responsabilidad civil máximo por acontecimiento $ 4.000.000.- Daño total $ 78.000.- Incendio parcial $ 78.000.- Incendio total $ 78.000.- Robo o hurto parcial $ 78.000. Robo o hurto total $ 78.000. Indique cuáles son las cargas con las que debía cumplir el asegurado dispuestas en la póliza vinculante, especialmente con las detalladas en la cláusula CG-CO 3.1 y el anexo transcripto a continuación de la cláusula, aclarando si la transcripción contenida en este responde es correcta (…) Anexo CG-CO 3.1 - Constancias o Documentación que debe Proporcionar el Asegurado en caso de Siniestro de Conformidad con la Cláusula CG-CO 3.1 de las Condiciones Generales.
Denuncia policial original y copia. Constancia de denuncia de robo o hurto o constancia de baja por destrucción total, según corresponda, expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor mediante Formulario tipo 04, debiéndose dejar constancia en observaciones, entidad Aseguradora y número póliza. A elección de la Aseguradora deberá gestionar el formulario 04-D para las bajas por destrucción total. Constancia del informe al registro Seccional de la Propiedad Automotor que correspondiere, en los casos en que se pretenda el pago de importe a indemnizar superior al cincuenta por ciento (50%) del valor de mercado del vehículo siniestrado. Certificado de estado de dominio extendido por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, acreditando que sobre la unidad no pesan embargos, gravámenes u otros impedimentos que permitan la libre disponibilidad del bien (Formulario02).
Constancia de titularidad del automotor robado o hurtado, emitido por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, de acuerdo al Anexo I, Capitulo VIII, Sección 2da. del digesto de normas del Registro Nacional de Propiedad del Automotor. Constancia de la solicitud de la baja de patente ingresada en la Dirección de Rentas de la respectiva jurisdicción. Comprobante de pago de patentes. Libre Deuda del Tribunal de Faltas y Libre Deuda de la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial (Ley Provincial Nº 13927 y su Decreto Reglamentario Nº532/09). En caso de existir acreedor prendario, certificado de deuda. Cesión de derechos a favor de la Aseguradora, mediante firma en Formulario Nº 15 provista por la misma, para su posterior inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
Impuesto de emergencia a los Automóviles -Año 1990-, o cualquier tributo que en el futuro lo gravase. Juego de llaves del Vehículo.6) Si de acuerdo a lo establecido en la cláusula CG RH 4.2 (APARTADO IV) y toda vez que el asegurado ha reconocido que no aportó la documentación al momento del hallazgo, no correspondía el pago de la indemnización (…) No le consta a la suscripta que el asegurado haya reconocido que no aportó la documentación al momento del hallazgo”. Dicha pericia, recibió pedido de explicaciones por la parte demandada mediante presentación de fecha 09/09/2018, la cual fuera contestada por la perito mediante presentación de fecha 12/09/2018, refiriendo que: “De acuerdo a lo solicitado, se informa que de los registros contables compulsados no surge que el asegurado haya aportado la documentación exigida en la cláusula CG- CO 3.1 Póliza N° 169837”.
Con respecto a esta explicación brindada por la experta, adelanto que debe ser analizada necesariamente con lo detallado “ut supra”, al referir que “Habiéndose requerido la demandada no puso a disposición de la perito el Libro de Siniestros de la fecha en que aconteció el hecho reclamado en autos”. Por lo cual, mal podría informarse que el actor no haya acompañado la documentación exigida, cuando es la propia demandada quien no aportó los libros adecuados para que sean examinados por la perito contadora. Vale decir, los libros compulsados no eran los idóneos para demostrar o informar con esos registros que el actor no había acompañado la documentación requerida.
Adelanto que dichas experticias y sus explicaciones se ajusta a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituye un dictamen con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia de los peritos, los principios científicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece.
Por otra parte, contamos con la Audiencia de vista de causa videograbada, conforme acta que se encuentra glosada a fs. 146/147. En la misma se observa que absolvió posiciones la aseguradora Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada a través de su letrada apoderada Dra. Claudia Noemi Ferreira, quien a tenor de las posiciones ofrecidas por el accionante en su escrito de inicio: 1) Para que jure como es cierto que la compañía de seguros asumió la responsabilidad del contrato con el actor: si es cierto, 2) para que jure como es cierto que oportunamente se presentó la totalidad de la documentación exigida por la compañía. No, no es cierto (cuando el sentenciante pregunta que documental faltó, la letrada no pudo precisar que elementos denuncia como faltantes a pesar que afirma que faltó el aporte por el actor de ciertos documentos requeridos e intercambios telegráficos; 3) para que jure como es cierto que esta parte cumplió con el trámite de baja definitiva ante el RNPA como exigió la compañía aseguradora.
No, no es cierto, no les consta. Asimismo, en dicha audiencia también absolvió posiciones el actor Alonso José. En consecuencia, frente al pliego de posiciones presentado por la parte demandada –y sin perjuicio de haber sido desestimadas más de una posición por S.S-, el actor absolvió: “Es cierto que Ud. había contratado una póliza con seguros Bernardino Rivadavia cooperativa limitada 4302169837, si es cierto. Es cierto que la misma amparaba al vehículo marca Volkswagen Passat 1.8 Trenlinea patente CSJ 484. Si es cierto. Es cierto que la misma poseía una vigencia desde las 12 hs. del 18/02/2015 hasta las 12 del día 18/08/2015. Si es cierto. Es cierto que el vehículo se encontraba asegurado cubriendo el robo o hurto total de la unidad.
Si es cierto. Que el vehículo se encontraba asegurado cubriendo el robo o hurto de la unidad por la suma de $78.000,00. Es cierto. Con un ajuste. Es cierto que ud denunció el acaecimiento de un robo total con fecha 02/03/2015. Si es cierto. Denunciando que el robo total acaeció el 01/03/2015 a las 21.30 hs. si es cierto. Es cierto que para poder cobrar la indemnización Ud., sabe que debía cumplir con las cargas dispuestas en la póliza vinculante. Si es cierto. Es cierto que el vehículo fue hallado, si es cierto. Aclara el actor que fue hallado después de siete semanas, según la compañía, le hicieron ir a una comisaria en González Catán y le obligan a retirarlo, a pesar de ya haber firmado el formulario CETA.
La comisaria lo obliga a llevarse el auto porque estaba a nombre de él al momento del robo y que ahí no podía estar. Entonces, la compañía le negó el traslado y que ellos ya no tenían más nada que ver, pese a haberle hecho realizar la baja del vehículo, baja patente, CETA firmado a nombre de la compañía donde él le llevó toda la documentación y le dijeron que esperase”. Preguntando S.S. a quien le llevó la documentación, manifestó el accionante que al sector administrativo. Que dicho sector le refirió que mantenga dicha documental y que al lugar iba a ir el perito a ver el auto, habiéndole mandado dos. Que ante el paso del tiempo tuvo que contactarse con un abogado”.
A esta altura del estudio y consideración de los medios probatorios producidos en autos, resulta necesario y evidente destacar que durante la ejecución del contrato del seguro, el reclamo del actor se inicia por el siniestro de robo y luego el automotor aparece con daños, que superan holgadamente el 80% del valor real del mismo, con lo cual nos conduce a determinar que el siniestro constituye destrucción total del mismo y de ese modo corresponde jurídicamente que la aseguradora demandada indemnice o resarza el valor actualizado de dicha unidad automotriz. Es decir, que se produjo una mutación o cambio de la causa-fuente que da origen o nacimiento –como fuerza jurígenaal deber o la obligación de resarcir a favor del actor, el siniestro acaecido (arts. 496, 497 y 499 del Cód. Civ.).
Asimismo, continuando con la valoración de dicha prueba en la AVC, se observa: “Es cierto que Ud. envío a Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada una CD en fecha 17/06/2015. No recuerda, pero al exhibirle el sentenciante de grado dicha carta documento el actor reconoció su firma y nro. de documento. Es cierto que Ud. envió una CD a Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa con fecha 14 de julio. Contesto: no recuerdo la fecha. Es cierto que Ud. remitió a Seguros Bernardino Rivadavia CD de fecha 31/07/2015. Contestó que sí, toda vez que S.S. le exhibió la CD. Es cierto que Ud. abandono el vehículo de su propiedad. No es cierto. Manifestó “que el auto fue guardado a la espera que el seguro venga, vino con dos inspecciones y a la espera de la contestación de ellos. Yo el auto no es que lo deje en la calle…lo deje en un galpón prestado”.
Finalmente, se encuentra acollarada a estas actuaciones la IPP Nro. 1821/15. De la mismo vislumbro que a fs. 1/1 vta. se encuentra la denuncia efectuada por dicho robo por el actor el día 01 de marzo de 2015. A fs. 12/12 vta. se llevó adelante al examen de visu del rodado, en el cual se han detallado los daños que padecía el automotor al momento del hallazgo, los cuales son: faltante de insignia de la marca, tapa de tanque de nafta, radio estéreo, manija de guantera, de sistema de encendido, de partes de motor, de batería, rueda de auxilio, matafuegos, bolsa de primeros auxilios, chaleco refractario, rayones y abolladuras en el paragolpes delantero y trasero, faltante de pintura en la parte del capot. A fs. 13 las fotocopias que ilustrarían las fotos del rodado. Asimismo, a fs. 14 se declaró el actor Alonso que, si bien dicho automotor encontrado era de su propiedad, no reconocía las chapas patentes y que a simple vista presenta faltante de sus 4 ruedas (llanta y cubierta), ya que las colocadas se encontraban en mal estado de conservación y no correspondían a las que tenía su automóvil al momento del robo. Del mismo modo, detallo como faltante: la perilla de apertura externa de capot, faltante de tapa de tanque de nafta, insignia, radio, manija de guantera, sistema encendido (tambor y llave), parte de cubre sistema de encendido, alfombras, en cuanto al área de motor, faltante de baria y del baúl, rueda de auxilio, kit de emergencia, (crique, llave de crique, baliza, matafuego, bolsa de primeros auxilios y chaleco), como así también daños en pintura y abolladuras, paragolpes delantero y trasero, sistema mecánico, dirección y frenos. Por otra parte, observo el acta de secuestro de fs. 18, la entrega en carácter de depositario de fs. 19 al Sr. Alonso y su transformación en definitiva a fs. 22.
Así las cosas, luego de un relato pormenorizado de las constancias de autos, adelanto que el recurso de la parte demandada no podrá prosperar, pues se encuentra –a ver de este sentenciante- acreditado el incumplimiento contractual de la apelante en perjuicio del patrimonio del actor.
Con respecto a la documental acompañada por el actor en su escrito de inicio, advierto que la asegurado en su contestación de fecha 15/05/2017, expuso: “Niego autenticidad a la documental adunada, que no revista la calidad de documento público y que no sea expresamente reconocida por mi parte. Sin perjuicio de no negar autenticidad a los certificados agregados, desde ya niego que los mismos hayan sido aportados a mis mandantes. No habiéndose agregado a las copias de traslado la supuesta cotización de vehículo que atribuye a mi representada niego autenticidad a la misma negando veracidad a su contenido, niego autenticidad a las cartas documentos que pudieren existir adunadas a excepción de las que expresamente se mencionan en el acápite siguiente”. Por lo cual, habiendo reconocido la autenticidad de los certificados agregados, considero que deben ser tenidos por válidos e incorporados a la causa –véase fs. 2 formulario 04, fs. 3 formulario 02, certificado de estado de dominio de fs. 4, formulario 13, impuesto automotor de libre de deuda de fs. 6/6 vta. del Municipio de Morón, certificado de baja de fs. 7 ante el mismo municipio, constancia de titularidad de fs. 12, copia de formulario M050 de fs. 21, copia certificado de transferencia de automotores (CETA) de fs. 22-.Dichos certificados incluso, son de fecha anterior al hallazgo del vehículo con fecha 20/04/2015 –vale decir, entre fecha 07/04/2015 y 16/04/2015-, lo cual hace presumir también, que a dicha fecha del hallazgo el actor habría cumplido con la totalidad de la documentación detallada a fs. 14 –documento en el cual se observan los requisitos que el accionante debía presentar por robo, hurto, destrucción total-.
Asimismo, presumo que la cotización acompañada a fs. 15 que fuera negada por la demandada, por falta de agregación en el traslado, la misma resulta válida, la copia de la nota de fs. 15 tiene el membrete de “Seguros Rivadavia” con firma estampada de su representante.
En consecuencia, conforme quedara acreditado, la parte actora ha dado cumplimiento con los recaudos que impone la ley de Seguros. Veamos, la denuncia de siniestros fue realizada en tiempo y forma con fecha 02/03/2015, el actor ha acompañado diversos medios probatorios o prueba documental glosada a las actuaciones que la accionada no ha logrado contrarrestar e incluso reconocer su validez.
Por otra parte, la accionada no ha logrado demostrar bajo ningún elemento probatorio idóneo que el actor no haya cumplido con la documental exigida por la aseguradora demandada, pues más allá de no haberse desvirtuado la CD de fecha 31/07/2015 en la cual expone el actor que ya ha dado cumplimiento con todos los recaudos exigidos administrativamente por la aseguradora –CD que incluso fuera reconocida por el actor en la AVC al serle exhibida por el sentenciante-, la accionada tampoco ha logrado demostrar ni especificar que documental no habría presentado el Sr. Alonso. No escapa a este Juzgador, que en la prueba pericial contable la perito contadora refirió que la demandada no puso a su disposición los libros de siniestros, por lo cual dicha conducta no puede más que perjudicar a la accionada en su falta de cooperación y buena fe, pues evidentemente era dicha parte demandada quien se encontraba con mejores condiciones de probar, todo ello en función de su capacidad económica, financiera, jurídica y administrativa. A lo largo del examen de las constancias de autos, advierto que el actor –consumidor y vulnerable en la relación contractual-, ha presentado diversos elementos que dan convicción a este sentenciante de que la parte demandada fue quien incumplió con sus obligaciones contractuales y legales.
Si bien la apelante, refirió en su contestación de demanda que: “Hasta tanto, quedan suspendidos los términos de pronunciamiento de esta aseguradora, establecidos en el art. 56 de la ley de seguros 17.418, debiendo Ud. Cumplir con su carga, según lo establece el art. 46 y concordantes de la normativa citada”. Dicha imposición quedo desprovista de sustento legal al no lograr demostrar incumplimiento alguno por parte del actor. Es la aseguradora quien no acreditó encontrarse con derecho a rehusarse al pago exigido por el Sr. Alonso José. Reiteradamente he sentenciado que el contrato de seguro debe ejecutarse y cumplirse de buena fe por parte de la demandada aseguradora, atendiendo al fin social y solidario del contrato de seguro y su cobertura asegurada y más por tratarse de una cooperativa de seguros, la persona jurídica demandada. Por otra parte, y tal como he referenciado “ut supra” tampoco demostró la apelante la intimación fehaciente que refiere haber hecho al actor en el cual se le imponía la carga de presentar documentación adicional, nótese que la aludida carta documento de fecha 21/04/2015 que la demandada aduce haber enviado al accionante, nunca fue probada –pues no fue acompañada oportunamente ni acreditada en la etapa procesal adecuada- y el accionante también ha desconocido la recepción de la misma.
A mayor abundamiento es doctrina legal de esta Sala Primera, que:
“corresponde aplicar a este caso sometido bajo examen en la Alzada, el principio de la distribución dinámica de la prueba. Al respecto, es conocida la regla que beneficia a la parte económicamente débil por sus dificultades de acceso a la prueba, de aplicación en el Derecho de daños principalmente en el ámbito de la responsabilidad contractual". (Lorenzetti, Ricardo Luis: "Teoría general de distribución de la carga probatoria", Revista de Derecho Privado y Comunitario nro. 13 -Prueba-I, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, febrero 1997, pág. 79). El autor en el referido trabajo doctrinario al formular un distingo entre cargas dinámicas y mejores condiciones probatorias, señala: "Hemos descripto las reglas que regulan la posición probatoria: principio pro damato, profesionalidad, existencia de contrato, etcétera." El análisis económico del Derecho ha desarrollado una regla atinente a la posición probatoria; esto es, externa al proceso, indicando que debe adjudicarse la carga a quien está en mejores posiciones probatorias". "El significado de "mejor" se relaciona con las más eficiente en el sentido de que a quien ya tiene la información o la prueba le resulta más barato animarla al proceso. Todo ello se relaciona con una visión particular del proceso adversarial que, en los inicios de la escuela del análisis económico, queda sometido a las reglas modélicas del mercado". (ob.cit. pág. 87). Por lo cual, en la especie es la parte demandada la que mejor se encuentra -a los fines probatorios, reitero- en condiciones económicas, financieras, administrativas, contable y jurídica.
En los autos: “Tasistrato, M. G. c/ T.A.L.P.S.A. y otro s/ daños y perjuicios”. R.S.D. 24/04 del 7/09/04“, el distinguido colega de Sala Dr. Posca, votó en un caso similar en este sentido: “La defensa del consumidor desde el incipiente derecho comparado viene abrigando la certeza que el oferente debe cooperar en materia probatoria o bien corresponde facilitarle la prueba al consumidor. Quedarían prietas en injusta trama las demandas no asistidas por un compromiso mayor del demandado, cuando las cuestiones a dilucidar revisten connotaciones específicas”.
Finalmente, la documentación a la que el Sr. Juez de grado alude como faltante, es tal como lo ha expuesto el actor en su escrito de contestación, quien expresamente refirió: “La baja registral del rodado ante el Registro que ordena el sentenciante de manera previa al pago de la indemnización al asegurado, obedece a que el siniestro fue calificado por S.S. como "destrucción total" - según el informe del perito experto en la materia, daños constatados y prueba rendida en autos- de acuerdo lo establece la normativa citada”, pues oportunamente el actor cumplió con la carga de la baja por robo ante dicho organismo.
En suma, considero que en función de los diversos medios probatorios glosados y valorados en autos, como así también frente a la inactividad probatoria por la parte demandada, corresponde que en el caso bajo examen se rechacen los agravios vertidos contra esta parcela y se confirme la sentencia apelada en cuanto ha determinado la responsabilidad contractual de la empresa aseguradora.
Por otra parte, el actor se queja por que el juez condiciona el pago de indemnización por parte de la aseguradora a la acreditación de la inscripción de la baja definitiva de la unidad asegurada ante el RNPA y la entrega de los restos del vehículo siniestrado, libre de todo gravamen, toda vez que omite considerar –entiende- que esta parte demandó por daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual y teniendo en cuenta el palmario incumplimiento de la aseguradora, lo dispuesto por los arts. 37 y 40 bis de la ley 24.240, y los gastos que ha debido afrontar el accionante durante los cinco años que tramitó el pleito, advierte que resulta improcedente que se incluya tal condicionamiento. Al respecto, considero que en este punto no asiste razón a la parte actora, toda vez que tales trámites resultan condición previa –cargo- que debe cumplir el accionante o asegurado como requisito para acceder a la indemnización por parte de la aseguradora condenada en autos, por lo cual sus agravios deben ser desestimados.
En suma, estimo y así lo juzgo que resulta acertado el corolario arribado por el Sr. Juez Colega de Primera Instancia, quien concluye en su decisorio que: “…. de todo lo hasta aquí expuesto, la omisión de parte de la compañía de seguros accionada, de haberse pronunciado en el término indicado, implicó la aceptación del derecho del accionante y por ende se tiene por incumplido el contrato de seguro en tratamiento. Por lo que desde ya adelanto que la demanda habrá de prosperar (arts. 42, Consti. Nac.; 1071, 1198, 1201, 1204 y concs. Cód. Civ; 46, 49, 56 y concs. ley 17.418; 3, 19 y cdtes., ley 24240 y 163, CPCC)”.
Atento a como ha prosperado dicha parcela de la sentencia, corresponde ahora abocarme al resto de los agravios del actor, que giran en torno a los rubros indemnizatorios.
V. Pago de la Póliza. Daño material. Valor del rodado. Deuda de valor. Destrucción total Como primera cuestión, debo aclarar que la reparación integral devenida por el incumplimiento del asegurador constituye un daño cierto cuya cuantificación resulta una deuda de valor. Contribuye a la solución propuesta considerar la naturaleza de la obligación pendiente. Se trata de una deuda de valor cuya consideración se afirma en la actualidad de la cuantificación del reclamo.
MOSSET ITURRASPE sostiene: “Técnicamente se afirma que en la deuda dineraria “el dinero es el objeto inmediato de la obligación”, su componente específico actúa in obligatione e in sollutione; es decir, se debe dinero y se paga dinero”.
“En la deuda de valor, en cambio, el dinero aparece sólo “como sustitutivo del objeto especificado”, esto es como sustitutivo de la prestación dirigida a proporcionar bienes con valor intrínseco. En la deuda de valor el dinero opera únicamente in solutione; aunque se paga dinero, la deuda no es de dinero, sino de valor” (MOSSET ITURRASPE, Jorge: “Límites a la indexación”. Ley 24.283, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 1994, págs. 21/22). Expresa la doctrina especializada: “La obligación resarcitoria que el juez debe imponer al deudor es una deuda de valor”.
“La liquidación del quantum indemnizatorio en dinero, tiende a restablecer el equilibrio patrimonial afectado en razón del perjuicio (tal el contenido del crédito resarcitorio del acreedor)”.
“De modo que el juez debe determinar cuál es el importe que se ha de considerar equivalente al valor del interés lesionado al acreedor. Esto es, la medida de la indemnización”. (STIGLITZ, ob. Cit. Pág. 249).
Al respecto la jurisprudencia ha señalado que: “Es procedente el reclamo interpuesto contra una compañía aseguradora para que el rubro “monto asegurado” prospere por el valor de reposición del rodado siniestrado, si aparece como un hecho evidente la diferencia que existe entre el valor de reposición de una unidad a la fecha del evento y el costo actual de similar bien, pues ello no puede beneficiar a la aseguradora en desmedro de su contraparte, máxime ante el incumplimiento en la ejecución de su obligación” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, 19/12/2005 – “Robles, Roberto E. c/ Royal Sun Alliance Seguros Argentina S.A., La ley Online: AR/JUR/7672/2005).Aparece como un hecho evidente la diferencia que existe entre el valor de reposición de una unidad a la fecha del evento y el costo actual de similar bien (aún merituando la antigüedad del siniestrado). Ello no puede beneficiar a la aseguradora en desmedro de su contraparte ponderando, reitero, el incumplimiento en la ejecución de la obligación”.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul ha decidido que : “…la ilegítima dilación en el cumplimiento de la prestación a su cargo no puede operar en desmedro del consumidor asegurado, máxime cuando el pago a valores actuales encuentra asidero jurídico en la circunstancia de que se trata de una deuda de valor en los términos del art. 722 del Código Civil y Comercial, aplicable en forma inmediata conforme el art. 7 del mismo ordenamiento, en el principio de buena fe y la confianza y lealtad que las partes se deben recíprocamente (arts. 1061 y 1067, CCCN).” (“Di Tomaso, Graciela Paulina y Otro/A c/ San Cristóbal Soc. Mutual de Seguros s/ Daños y Perjuicios Incumplimiento Contractual (Exc. Estado)”, del 10 de mayo de 2016, voto del Dr. Peralta Reyes). En el mismo antecedente se señaló: “Si bien como regla la obligación principal a cargo del asegurador posee como límite máximo el monto de la suma asegurada o la medida en que la cobertura fue asumida, ello se mantiene incólume siempre que haya cumplido con la obligación de pago o, al menos, sustente su postura reticente en razonables dudas en punto a su procedencia”. (J.C.C Nº 4 Azul, Causa nº: 2-60346-2015 “Di Tomaso Graciela Paulina Y Otro/A C/ San Cristobal Soc. Mutual De Seguros S/Daños Y Perjuicios Incumpsent. del 10/05/16)
En este aspecto se ha considerado: “Si el principio resarcitorio tiende a colocar a la víctima-asegurado- en la misma situación que tenía con antelación al suceso y ello se obtenía -verbigracia-en ese momento mediante la entrega de una suma de dinero que permitiera adquirir al contado un automóvil Renault 12, de nueve años de uso, lejos está de satisfacerse ese principio, si ahora se le pretende otorgar una cantidad de dinero que solo le bastaría -o tal vez no- para comprar un rodado de alrededor de dieciocho años de antigüedad. Si es obvio que de ese modo no se pone al asegurado en la misma situación que poseía antes del siniestro, también es cierto que se estaría prohijando la conducta morosa de la compañía de seguros, quien cuanto más se perpetúe en su incumplimiento, más desmerece y lesiona el interés del asegurado y más favorecida se verá en su posición, habida cuenta que a medida que transcurra el tiempo de incumplir más disminuirá el precio del automóvil, llegando incluso - por vía de hipótesis-, a que la extensión del pleito unido a la reticencia a pagar de la aseguradora podría hacer desaparecer la deuda cuando el vehículo usado pierda su valor de recambio por la amortización total de su valor (arg. art. 1068, 1137 y 1197 del Código Civil).” (CC0001 QL 10800 RSD-32-10 S 31/05/2010 Juez BUSTEROS (SD): “Rojas, Antonio Miguel c/Zanet, Fabricio y otros s/Daños y perjuicios”, B2904624 JUBA).
En consecuencia: “La exacta medida del menoscabo patrimonial -daño material- que sufrió el actor como consecuencia de la consumación del riesgo asegurado por la demandada (robo del automotor) y que esta se negó a indemnizar, viene dada según la clara letra del contrato cuyo cumplimiento se reclama, por "el valor de venta al público al contado en plaza al momento del siniestro, de un vehículo de igual marca, modelo y características, afectado al transporte público de personas con uso de reloj taximetro". Dicho valor a ese momento conforme determina el fallo arrojaba la suma de cuatro mil setecientos pesos (incluido el equipo de gas), empero la reparación integral que corresponde no se cumple si se le abona al asegurado la cifra histórica allí establecida, pues si bien la cantidad debida de acuerdo a lo estipulado se debe estimar a la fecha del hecho, esto es a condición de que la empresa aseguradora pague en el tiempo prudencial que insuma la entrega de la documentación, agregados los días que precepta la respectiva cláusula contractual y su anexo de las condiciones generales, más no en el supuesto de ser conminada judicialmente a hacerlo y como se viera acontece casi nueve años después del siniestro.” (CC0001 QL 10800 RSD-32-10 S 31/05/2010 Juez BUSTEROS (SD): “Rojas, Antonio Miguel c/Zanet, Fabricio y otros s/Daños y perjuicios”, B2904623 JUBA).
El nuevo Código Civil y Comercial de La Nación, asimilando la vanguardia de la doctrina, regula la cuantificación de un valor, disponiendo que “Si la deuda consiste en un cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda…” (Art. 772 – primera parte-). (similar criterio en los autos caratulados:
“ORTIZ SERGIO BENITO C/ LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS
S.A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Causa n° 4788/1_R.S. D. Nro.: 172 /17 Folio Int. Nro.: 1327. 19/09/2017. Voto del Dr. Posca).
Así las cosas, sentada dicha doctrina y jurisprudencia, y pasando a analizar el agravio del accionante, tal como expuse “ut supra”, el perito ingeniero calificó al auto robado del actor como destrucción total en función del deterioro que tenía. En efecto, reitero, expuso: “Por lo observado desde esa fecha el vehículo permaneció en el predio sin usarse ni ponerse en funcionamiento, no posee batería, las llantas y cubiertas que tiene colocadas no son originales del vehículo, son otro modelo y tamaño, aparte bajas de presión y deterioradas, está en mal estado de pintura, quemada, y posee abolladuras en varias partes de la chapa externa, como capot, guardabarros del derecho, paragolpes ambos. Que da idea de que después del robo fue usado hasta que no anduvo más el motor y fue abandonado. La parte inferior no se pudo verificar pero se observa que el vehículo está casi tocando el piso lo que evidencia que ha sufrido un mal uso, como si hubiera sorteado saltos en altura y caídas sobre el pavimento con impacto en su parte inferior. En su interior fue desarmado su autorradio, bajo volante la instalación eléctrica del tablero esta faltante, fue arrancada de su lugar, como así también la parte eléctrica detrás del volante del conductor, puede verse en las fotos que se adjuntan en el anexo. En cuanto a el estado de la parte mecánica este perito puede decir que no se pudo poner en marcha desde que su estacionamiento por lo que se puede decir que un vehículo cuyo motor esta sin funcionar desde hace más de 3 años ya no tiene recuperación, habría que hacer el motor a nuevo, con repuestos originales y revisar además, que no se pudo hacer, la caja automática el diferencial, suspensión, dirección y todas las partes mecánicas del vehículo ventilación refrigeración eléctrico dirección hidráulica, etc. Como vera V.S. un vehículo en estas condiciones puede recuperarse, pero su costo de ponerlo en funcionamiento superaría el monto de un vehículo igual al del actor que se encontrara en buenas condiciones, por lo que este perito considera que se debe considerar destrucción total.”.
Asimismo, dicho experto refirió en la AVG, que “El auto fue trasladado a un lugar donde estuvo estacionado hasta ahora porque ni en marcha se pudo poner y que las cubiertas no son las originales. Cubiertas de rodados más chicas, cambiadas por otro coche (…) tiene partes abolladas como los paragolpes y guardabarros delanteros. (…) Las abolladuras es muy probable hayan pasado durante el secuestro del vehículo, que estuvo transitando hasta que fue hallado –cuestión que supone-, pues si el vehículo estuvo estacionado sin moverse no se pudo abollar –entiende-.Por lo cual, finaliza su relato exponiendo que los daños deben de haber surgido con el robo.¿En caso que el vehículo hubiese sido convenientemente preservado y puesto en marcha con regularidad a lo largo de los más de tres años que lleva detenido a la intemperie, sus partes mecánicas podrían estar, en la actualidad, en buenas condiciones? El perito contestó que lo duda, porque primero para ponerlo en marcha hay que revisarlo completamente, no tenía aceite. Si el vehículo fue trasladado en esas condiciones, evidentemente, mientras lo usaron los ladrones se ve que lo agotaron hasta que el motor no anduvo más y lo han abandonado en ese momento. Estuvo andando sin aceite, cosa que para ponerlo en marcha hay que adecuar una cantidad de condiciones y es un costo elevado”. De la lectura de la póliza de seguro se colige que los riesgos cubiertos y valores asegurados eran: Responsabilidad Civil Seguro Voluntario. Riesgo Cubierto - Suma Máxima por Acontecimiento: 4.000.000; Daño Total: $78.000; Incendio Parcial: $ 78.000; Incendio Total: $ 78.000; Robo o Hurto Parcial: $ 78.000; Robo o Hurto Total: $ 78.000.- Todo ello con un ajuste automático del 20% con pago Anticipado.
Ahora bien, de la lectura de la Cláusula CG-DA 4.2 de la póliza vinculante surge que: "Habrá DAÑO TOTAL cuando de la reparación o reemplazo de las partes afectadas al momento del siniestro, sea igual o superior al 80% del valor de venta al público al contado en plaza de un vehículo de la misma marca y características del asegurado."
El perito mecánico dictaminó mediante presentación electrónica de fecha 14/08/2018 destrucción total del automotor siniestrado, por cuanto su reparación superaba el valor real del mismo.
A mayor abundamiento, observo las fotografías que habría acompañado el experto en su pericia en las cuales se ilustran el estado del vehículo –véase presentación de fecha 14/08/2018- y lo detallado en la causa penal ut supra referenciada, lo cual demuestra que a la fecha del hallazgo el vehículo del actor se encontraba realmente con importantes faltantes y averías.
En el caso concreto debe tenerse en cuenta que el actor reclama el valor de un automóvil marca Volkswagen Modelo Passat 1.8, Sedan 4 Puertas, Dominio CSJ484, año 1999 (véase fs. 12, consulta de titularidad y certificado de dominio de fs. 4) y que el siniestro es de fecha 01/03/2015. Por lo cual, a los fines de dar resolución al presente rubro corresponde compulsar páginas oficiales (ver informe de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) en la dirección web https://www.dnrpa.gov.ar/valuacion/informacion/06-04-2021.pdf). Dicha base estadística mencionada, por ser fidedigna y tener además carácter oficial, contiene los valores actuales y objetivos con relación a las distintas marcas y modelos de automóviles cuya consulta permite considerar la pretensión del apelante.
Asimismo, contamos como pauta referencial las páginas conocidas popularmente que se dedican a la venta de todo tipo de artículos y servicios, como Mercado Libre, la cual también es utilizada por millones de usuarios para la compra y venta de vehículos.
(https://listado.mercadolibre.com.ar/volkswagen-passat-1.8-
1999#D[A:volkswagen%20passat%201.8%20%201999). Del mismo modo, la página “De motores” resulta ser otra página de consulta popular.
(https://demotores.com.ar/vehiculos/?q=(And.(C.Marca.Volkswagen._.Modelo.P assat.)_.Ano.range(1999..2000)).
En consecuencia, tomando dichas pautas como referencia y habiendo fijado este sentenciante que el presente rubro se trata de una deuda de valor, que debe fijarse y liquidarse al momento de sentenciar, como así también que sin perjuicio de lo estipulado por las partes en el contrato de póliza –véase fs. 78 y siguientes-, la parte demandada se encuentra en mora, corresponde elevar equitativamente y actualizar a la fecha de este decisorio el presente rubro en el importe de pesos SEISCIENTOS MIL ($600.000,00), suma que considero justa.
A los fines de dar respuesta a este agravio, resulta menester destacar que en la especie este sentenciante ha realizado un nuevo reexamen y estudio de la cuestión, apartándose del criterio sostenido hasta entonces. En una primera etapa, se consideraba que este rubro “privación de uso” formaba parte de lo que suele denominarse 'lucro cesante”. Los tribunales se inclinan a exigir una prueba muy precisa y detallada de los perjuicios, negándose a repararlos si ella no se brindaba.
Sin perjuicio de ello, por este camino se llegaba a soluciones disvaliosas, puesto que se dejaba sin indemnizar perjuicios que eran reales, pero no podían ser objeto de la prueba directa que se requería en razón de dárseles el trato de “lucros cesantes", por lo cual, comienzan los diversos Tribunales a conceder esa indemnización. Se considera, con acierto, que la "imposibilidad de utilizar el vehículo durante un determinado lapso (…) configura un perjuicio que debe ser indemnizado pues si no la reparación dejaría de ser integral". “El vehículo tiene por finalidad tanto el esparcimiento como su utilización como medio de trabajo", en razón de que "el automóvil, por su propia naturaleza, está destinado al uso" y con él se satisfacen -o pueden satisfacer- necesidades espirituales y materiales". Comporta un daño resarcible la sola privación del uso de un automotor en virtud de afectar uno de los atributos del dominio. La sola privación del vehículo importa por si un daño indemnizable, a título de daño emergente, aunque no se compruebe el perjuicio real y concreto, ni se pruebe su utilización en tareas lucrativos. (Luis Moisset de Espanés, Automotores. Privación del uso. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (República Argentina) http://www.acader.unc.edu.ar).
Del mismo modo, por aplicación analógica (art.171 de la Const. de la Prov. Bs. As. y art. 2 del CCyCN) que se realiza en este voto, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul ha tenido oportunidad de manifestar que: “En punto a la prueba del aludido daño, esta Sala señalaba en la causa “Lazzarino” (voto del Dr. Galdós) que “en general se sostiene que la privación de uso de un automóvil es de por sí un daño indemnizable pues se presume que quien lo utiliza lo hace para llenar una necesidad’ (Borda, Guillermo ‘Tratado de Derecho Civil Argentino Obligaciones’ T.II ps.370/371; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio- Zannoni ‘Códigos...’ T.5 p.275 y ss.; S.C.B.A.
Ac.27251, 24/6/60 ‘Rassori’, DJJ 119- 553/54; Ac.47079, 20/11/91 ‘Sellaro’). De tal suerte que la sola privación de uso –sin necesidad de acreditar su afectación a actividad productiva constituye la materialidad del daño (arts.1068, 1069, 1083, 1094 y concs. Cód.Civ,; ver Zavala de González Matilde ‘Daños a los automotores’ p.118 y ss.).” (causa n° 39300, “Lazzarino, Ismael…”, del 19/5/98, E.D. 178-335 con nota de Jorge Bustamante Alsina). Se subrayó en ese precedente que “La tendencia jurisprudencial mayoritaria adhiere a la tesitura que entiende que la indisponibilidad del vehículo puede dar origen a un daño emergente – generalmente presumido- o a un lucro cesante, sujeto a prueba’ (ver Zavala 60346 24 de González, ‘Daños a los automotores’ T.1 ps. 92, 99, 130, 150”).
(esta Sala, causa cit. “Lazzarino”; en igual sentido, causas n° 56.236, “Sala, Jorge Ulises, del 05/07/12 y nº 58761, "Galarza, Blanca Beatriz, del 17/07/14). Respecto de la ausencia de prueba concreta en torno a lo erogado, ha dicho la citada autora que “sería ciertamente engorroso y no siempre posible la acumulación detallada de los múltiples comprobantes de expedición no habitual que acrediten, por ejemplo, el importe de los varios viajes en taxímetro. Recuérdese además que el objeto del resarcimiento parte del derecho, de contenido económico, de sustituir el uso impedido, y que se contaba con ese derecho a partir de la propia indisponibilidad del vehículo, de suerte que es indiferente el comportamiento que en los hechos haya concretado la víctima; lo que importa es el que, jurídicamente, tenía facultad de desplegar con la indemnización, que debió anticipar el responsable, en lugar de abonarla al cabo del proceso”.
(Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños. Tomo 1. Daños a los automotores, ob. cit., pág. 131).
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de La Nación, ha tenido oportunidad de expedirse sobre la cuestión, refiriendo que: “En lo que hace a la privación de uso particular del automóvil, su resarcimiento se impone e atención a que la indemnización debe ser integra.” (Silvia Susana Piccini y o. c/ Prov. de la Rioja y o. s/ daños y perjuicios” CSJN, 14/10/1992).
Sentado ello, y adentrándome al tratamiento de la cuestión, no escapa a este sentenciante que en la póliza celebrada entre las partes se ha dispuesto sobre este tópico que: “CG-CO 8.1 Privación de uso: El asegurador no indemnizara los perjuicios que sufra el Asegurado por la privación del uso del vehículo, aunque fuera consecuencia de un acontecimiento cubierto” –véase fs. 81.-. Por lo cual, corresponde preguntarse si en la especie y atento a las características del caso bajo estudio, ¿Corresponde estarse a lo pactado por los litigantes?
Al respecto, ha sentenciado cierta jurisprudencia que: “Es importante señalar que el Sentenciante, adecuadamente a mi criterio, no condenó al pago de la indemnización por privación de uso como consecuencia del cumplimiento del contrato sino justamente lo contrario. Si la aseguradora hubiera abonado el monto correspondiente a la destrucción total del vehículo asegurado dentro del plazo que el contrato le otorgaba, este rubro no hubiera podido ser reclamado por la limitación que se establece en la póliza, pero al caer en mora la demandada, la limitación también cae. La privación de uso constituye una delimitación objetiva del riesgo, el incumplimiento del contrato de seguro por parte del asegurador, habilita al asegurado a reclamar la misma como contenido de una pretensión de daños y no como cumplimiento del objeto (riesgo) del contrato de seguro.- En lo que hace a la cláusula limitativa se ha resuelto que la mera privación del uso del vehículo es susceptible de producir un perjuicio resarcible y que no empece a ello la aludida cláusula ya que la misma resulta aplicable cuando la aseguradora ha cumplido en término con su obligación de resarcir el siniestro, y no cuando ha incurrido en mora” (CNCom., Sala E, 25/3/1988, “Silva, J. c. LefaCoop. deSeg.”, La Ley, 1989-C, 152; CNCom., Sala C, 18/8/1994, “Gómez, J. c. Anta Cía. de Seg.”, La Ley, 1995-B, 301; CNCom., Sala E, 22/6/1995, “Miraglia, D. c. Libertad Cía.deSeg.” inédito). En efecto, en el marco de un proceso por cumplimiento de un contrato de seguro y daños y perjuicios, se tiene expresado que “si el asegurador se halla en mora en el cumplimiento de su obligación, deviene inaplicable la limitación del reclamo a los términos del contrato” (CNCom., Sala E, 5/9/2003, “Romano W. c. H.S.B.C., La Buenos Aires”, RCyS, 2005-I-116).” (fallo citado, Sucesores de M. O. A. c/ Liderar Compañía General de Seguros s/ ordinario. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico. Fecha: 12-abr-2017. Cita: MJ-JU-M-105761-AR | MJJ105761 | MJJ105761).
En consecuencia, considero que encontrándose en mora la parte demandada en el cumplimiento del contrato, y su culpa se presume por el mero incumplimiento (arts. 509 y 512 del CC), dicha cláusula que exime a la aseguradora del pago de la privación de uso, deviene en el presente caso inaplicable.
En suma, corresponde que el presente rubro prospere, cuantificándolo económicamente y de modo equitativo, con prudencia y razonabilidad en la suma de pesos CIEN MIL ($100.000,00) (art. 1068, 1069 y 1083 del CC y art. 165 del CPCC).
VII. Computo de los intereses Con respecto a los agravios de la parte actora, teniendo en cuenta que la SCBA en los autos caratulados: "Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte La Perlita S.A. y otros. Daños y perjuicios" C. 123.090, Ac. 2078, ha afirmado que: “… deviene aplicable la doctrina legal recientemente sentada por este Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), a la que adherí tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; arts. 1.069, 1.109 y concs., Cód.
Civ.; hoy 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy, 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.).” (conf. causa cit.) y que “… para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód.
Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (conf. arts. 7, 768 inc. "c", 770 y concs., Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 109.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016 y posteriores, dejando a salvo la opinión que adoptara en tales precedentes).” (conf. causa cit), poco trecho queda recorrer para advertirse que en la especie corresponde confirmarse la sentencia apelada, en cuanto dispuso que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo la mora 16/04/2015 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf.
Doctrina legal S.C.B.A “Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5-2016, “Vera” C. nro.: 120.536 sent. 18/04/ 2018). Dicha forma de decidir, importa rechazar los agravios de la parte actora, en virtud de que este Juzgador considera que debe estarse al criterio sostenido por nuestro Tribunal Superior Provincial. Asimismo, y a los fines de dar mayor respuesta al apelante, recientemente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 02/03/2021 en los autos caratulados: “Banegas Natalia A. c/ Bodo Fátima Liliana s/ Daños y Perjuicios”, en trámite ante este Tribunal, hizo lugar al recurso extraordinario oportunamente presentado y ordenó modificar la tasa de interés fijada por mayoría –tasa pasiva más alta- en la sentencia definitiva de fecha 10/10/2019 dictada por esta Sala Primera, debiendo estarse a la tasa pura del 6% anual.
De la atenta lectura de la sentencia de grado se observa que S.S. ha rechazo las parcelas reclamadas por el actor como lucro cesante y gastos que debió afrontar para la baja del rodado.
Ahora bien, de la expresión de agravios del actor Alonso, observo que ha manifestado: “Por lo expuesto, es que solicitamos a V.E. en su hora sentencie, admitiéndose los agravios de esta parte y eleve los montos indemnizatorios hasta su más justo importe, ponderándose la privación de uso del rodado, lucro cesante y gastos efectuados cada uno de ellos indemnizables en forma autónoma habida cuenta los dicho en fallos dictados por el nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación” (…) “y admita el reclamo por (…) lucro cesante conforme lo expuesto y citas jurisprudenciales brindadas”.
Sin perjuicio de ello, adelanto que dichos agravios no podrán prosperar toda vez que no existe por parte del apelante una crítica concreta y razonada en dicha pieza recursiva que permita apartarme de los sólidos fundamentos brindados por el juez colega de la instancia de grado, debiendo estarse a su rechazo.
IX. Las costas de Segunda Instancia Atento al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial, estimo que las costas generadas en esta Instancia debe ser impuestas a la demandada vencida. Ello, por estricta aplicación del principio objetivo de la derrota. (art. 68 del C.P.C.C.).
Por todas las consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales expuestas, VOTO POR PARCIALMENTE LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos al Doctor Taraborrelli, el Doctor Pérez Catella y el Doctor Posca también VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA TERCERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que:
1. SE RECHACE el pedido de deserción del recurso de apelación de la parte demandada; 2°) SE MODIFIQUE LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) SE ELEVE el rubro “Pago de la Póliza Daño material. Valor del rodado.” –pto. V- al importe de pesos SEISCIENTOS MIL ($600.000,00); b) SE HAGA LUGAR al rubro Privación de uso en el importe de pesos CIEN MIL ($100.000,00); c) SE DISPONGA que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo la mora 16/04/2015 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos. 3°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 4°) SE IMPONGAN las costas generadas en esta instancia recursiva a la demandada vencida (arts. 68 del C.P.C.C.).5°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO
Por análogos fundamentos, el Dr. Pérez Catella y el Dr. Posca adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1º)
RECHAZAR el pedido de deserción del recurso de apelación de la parte demandada; 2°) MODIFICAR LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) ELEVAR el rubro “Pago de la Póliza. Daño material. Valor del rodado.” –pto. V- al importe de pesos SEISCIENTOS MIL ($600.000,00); b) HACER LUGAR al rubro Privación de uso en el importe de pesos CIEN MIL ($100.000,00); c) DISPONER que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo la mora 16/04/2015 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos. 3°) CONFIRMAR el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 5°) IMPONER las costas generadas en esta instancia recursiva a la demandada vencida (arts. 68 del C.P.C.C.).5°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia